Sinesio López Jiménez
El cardenal Cipriani tiene apetitos materiales desmedidos, casi hobbesianos. No sólo quiere imperar en los predios de la Católica sino que también pretende imponer algunas políticas públicas al gobierno y al país. En ambos casos, sin haber sido democráticamente elegido. ¿Cuál es entonces el fundamento de su poder? Mi hipótesis es que Cipriani cultiva una concepción teocrática de la política y desde allí exige la plenitudo potestatis, esto es, la plenitud del poder. Fundamenta sus pretensiones políticas con criterios religiosos. Para él no ha existido la secularización en el campo de la ideas (siglo XIV) ni en el de la historia social (XVII y XVIII). Tampoco ha existido la monarquía absoluta (siglo XVII) que derrotó a las guerras religiosas y a las aristocracias, que separó lo público de lo privado y que colocó en este ámbito a las creencias religiosas.
Cipriani se ha quedado congelado en la historia teocrática del Medioevo que tuvo plena vigencia entre los siglos IX y XV. En esa época los papas inventaron una historia que hacía reposar la titularidad del poder en Dios, que les otorgaba la administración de esa titularidad como sus representantes en la tierra y que, en esa misma condición, los facultaba a coronar a los emperadores para que ejercieran legítimamente el poder. (Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia). La titularidad del poder (principium potestatis) estaba separada del ejercicio del mismo. Todo eso hacía que el Estado feudal clásico careciera de soberanía pues no era el titular del poder y estaba limitado por la Asamblea de los príncipes en el ejercicio del poder, especialmente en la organización de un ejército propio y en la capacidad impositiva.
La monarquía absoluta unificó la titularidad y el ejercicio del poder en la persona del monarca. Este ejercía legítimamente el poder porque era el titular del mismo. Esta fue la obra de Richelieu en Francia. (Cipriani no es obviamente Richelieu). La revolución francesa (1789) separó nuevamente la titularidad del poder de la forma de su ejercicio, otorgó esa titularidad a los ciudadanos y permitió que éstos eligieran a sus representantes y a sus gobernantes para que ejercieran el poder con legitimidad. Desde entonces los ciudadanos son los nuevos soberanos que, a través de elecciones legítimas e institucionalizadas, autorizan a gobernar a los que triunfan en ellas.
El pensamiento reaccionario (Donoso Cortés, Carl Schmitt y otros) sostiene que, con la revolución francesa y la instauración del liberalismo (Francia) y del republicanismo (USA), las sociedades modernas han entrado en una situación de excepción (ruptura del monopolio de la violencia, instauración de diversos órdenes políticos, emergencia de varios órdenes legales, aparición del caos, la inestabilidad política y la ingobernabilidad) y que la única forma de salir de ella es a través de una decisión política soberana que instaure un nuevo orden político, constitucional y legal.
Sabiéndolo o no, el cardenal Cipriani (¿el Opus Dei?) combina la concepción teocrática del poder con el pensamiento reaccionario o decisionismo de derecha. ¿Qué es eso de que el Gran Canciller elije al rector escogiéndolo de una terna presentada por la Asamblea?. Su facultad de decisión se funda en el hecho de que es el Gran Canciller que, a su vez, encuentra su legitimidad de origen en otro hecho básico de carácter religioso: La Primacía de la Iglesia. Pero la PUCP no es una institución de la Iglesia sino que es una asociación civil sin fines de lucro que se rige las leyes peruanas sin que ello impida su orientación católica y la de la mayoría de sus integrantes, respetando la libertad y el pluralismo.
La cosa es más grave cuando Cipriani y otros obispos pretenden bloquear determinadas políticas públicas apoyándose en criterios religiosos. Que lo hagan con sus fieles, pero ¿por qué quieren imponer esos criterios a todos los peruanos presionando y utilizando el poder del Estado?.

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Sinesio López Jiménez
La controversia entre el Cardenal Cipriani y la PUCP no versa sobre un asunto religioso, aunque tiene una arista religiosa. Tampoco es un problema principalmente jurídico sobre la propiedad de los bienes de la PUCP, aunque tiene un lado legal y se desarrolla en ese campo. No es, desde luego, un problema académico, aunque puede verse también desde ese ángulo. A mi juicio, el problema de fondo es político y puede ser resumido con crudeza de la siguiente manera: Con el pretexto de reivindicar el correcto uso de la herencia dejada por Riva Agüero a la PUCP, Cipriani pretende apropiarse de todos los bienes de la PUCP (incluidos los que ésta adquirió con el producto del trabajo de varias generaciones que laboraron en ella) con la finalidad de expulsar de sus aulas a todos los que no piensan como él (incluidos los católicos que no son conservadores) y llenarlas con las huestes del Opus Dei y sus socios ultramontanos.
Para lograr este objetivo, Cipriani hizo un acuerdo bajo la mesa con el ex-presidente García y con algunos dirigentes apristas con la finalidad precisa de presionar al Tribunal Constitucional (TC) y de influir en los jueces que tenían en sus manos el conflicto legal. El resultado previsible no se dejó esperar. Cipriani obtuvo un triunfo parcial y parcializado, como lo dije en su momento. Ahora lo esgrime para sostener que los tribunales le han dado la razón. Es cierto: Se la han dado sin tenerla, por presión de García y compañía. El runrún de entonces era que alguno de los integrantes del TC modificó el sentido de su voto a cambio de permanecer más tiempo en su puesto. Este es un tema que amerita una investigación por el actual Congreso de la República.
Para desgracia de Cipriani, su candidata favorita perdió las elecciones generales de este año, el nuevo gobierno mantiene la neutralidad en este conflicto y se espera que los jueces decidan sin presión de ningún tipo. En esas condiciones políticas desfavorables, Cipriani acude al Vaticano y a los órganos eclesiales que tienen que ver con la educación católica para que le saquen las castañas del fuego. Estas instancias eclesiales pretenden obligar a la comunidad universitaria de la PUCP a cambiar la elección de las autoridades de la PUCP para que Cipriani entre por la puerta grande. El viernes 23 la Asamblea Universitaria de la PUCP decidirá en forma democrática si entrega la universidad al Opus Dei o mantiene una universidad libre y pluralista en la que es posible combinar la autoridad de la fe con la crítica de la razón como en la mejor tradición de la escolástica republicana de Tomás de Aquino.
Cipriani es un político reaccionario y un decisionista de derecha. El cree que la PUCP vive una situación de excepción (de caos, de confusión, de desorden y de influencias demoníacas) y que sólo puede ser salvada por una decisión política que imponga un nuevo orden legal, académico y administrativo: el del Opus Dei. Es fundamentalista pues fusiona la política con la religión. Cuando habla en RPP cree que está en el púlpito y que su palabra es la ley. Es un político duro y rudo, apoyado por la ultraderecha política y mediática. Sus adversarios de la PUCP, en cambio, son gente bien educada, democrática, de buenos modales, tolerante, que confía en la justicia y que mantiene el conflicto, a mi juicio erróneamente, en el ámbito puramente legal.
El Concilio Vaticano II permitió el tránsito de lo que Habermas ha llamado la publicidad representativa a la publicidad moderna basada en el diálogo y en “el uso público de la razón” (Kant). Actualmente la Iglesia Católica ya no debiera tener sólo fieles (sometidos a la autoridad de la fe) sino una combinación de públicos y fieles como producto del diálogo entre la razón y la fe. Me pregunto si ha llegado ya la hora de decirle a Cipriani lo que el brillante monje Marsilio de Padua le dijo al Papa en 1324 en su famosa obra Defensor Pacis: “Ud. dedíquese a llevar almas al cielo y deje que la sociedad civil resuelva sus necesidades materiales mediante la producción y la distribución”.
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Sinesio López Jiménez
Como en el verso de Vallejo, el Estado peruano nació un día en que Dios estuvo enfermo. Por eso, no es el dios mortal de Hobbes que, en nombre del Dios inmortal, impone su autoridad. Nuestro estado es pequeño y débil. Es más pequeño que la sociedad y que el territorio en el que debiera ejercer su jurisdicción. Hay zonas geográficas, especialmente las altonandinas, a las que no llega el Estado. Es más débil que otros Estados de la región y es débil también para ejercer la autoridad e imponerla a ciertos grupos sociales que se colocan fuera de la ley. ¿Qué explica la debilidad del Estado peruano?. Mi hipótesis es que ella obedece a un conjunto de características que lo definen.
En primer lugar, es un Estado sometido a la cultura patrimonial. Esta se expresa en diversas situaciones. Cuando un partido triunfa en las elecciones cree que ha obtenido el Estado como botín y se dispone a coparlo con sus militantes apelando al supuesto derecho que le da el triunfo electoral. Esto es lo que han hecho los partidos mejor organizados, muy duchos en las lides de atiborrar al estado con sus clientelas partidarias. Cuando los ciudadanos gestionan algún tipo de servicios en el estado, lo primero que los burócratas les hacen sentir es que ellos son dueños de la función que tienen y que los van a atender, no porque la ley los obliga, sino porque son buena gente y en reciprocidad les piden, en el peor de los casos, una coima. Cuando los grupos económicos buscan atarantar al Presidente para que nombre a personas de su confianza en los puestos claves del Estado es igual. Todos ellos se sienten dueños del Estado.
En segundo lugar, es un Estado que tiene islas de modernidad, pero la mayoría de sus aparatos, especialmente aquellos que tienen ver con los servicios y derechos de la población, está anquilosada y sometida a formas tradicionales de organización y funcionamiento. En tercer lugar, nuestro Estado, como la mayoría de los estados de AL. no es democrático. Sus políticas sociales (educación y salud) no llegan a todos los peruanos y peruanas por igual. Lo mismo sucede con la ley, la justicia y la seguridad. En cuarto lugar, el Estado es más criollo que andino y amazónico. Así nació y así sigue. Lo criollo se ha estirado, sin embargo, más allá de la costa y lo andino y amazónico se ha encogido en sus propias regiones, pero el Estado tiene problemas para acomodarse y expresar a la sociedad pluricultural compleja que somos. Podría adecuarse sin renunciar a su carácter unitario.
En quinto lugar, El Estado es limeño. Las otras regiones tienen menos estado con todo lo que eso implica: menos poder, menos presupuesto, menos servicios, menos desarrollo. En sexto lugar, el nuestro es un Estado pobre. ¿Qué se puede hacer con el 14% de presión tributaria?. Sólo se reproduce en malas condiciones con una burocracia ineficiente y mal pagada. Con los escasos recursos que le quedan no puede realizar políticas sociales de calidad para todos ni puede hacer que la seguridad y la justicia imperen igualmente para todos. En sétimo lugar, la burocracia es ineficiente. Perú, a diferencia de otros países de AL (Brasil, por ejemplo), no tuvo una reforma burocrática (que Europa tuvo en el siglo XIX). Por eso, nuestra burocracia no es weberiana: racional, objetiva, impersonal, eficiente.
¿Qué consecuencias trae la debilidad del Estado?. Varias, pero quiero señalar brevemente tres. En primer lugar, un estado débil es la principal causa de la falta de gobernabilidad del país. La capacidad de gobierno y su desempeño dependen, en gran medida, de la fortaleza institucional del Estado. En segundo lugar, un estado débil afecta la calidad de la democracia. Las frecuentes fallas y la baja calidad de la democracia no dependen tanto de su diseño institucional como de la debilidad y del carácter antidemocrático del Estado. En tercer lugar, un estado débil no ayuda al crecimiento y al desarrollo. Por lo general, el Estado y el desarrollo con procesos que se acompañan. A más Estado, más desarrollo.

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Sinesio López Jiménez
El triunfo electoral otorga el gobierno, pero no brinda gobernabilidad. Ayuda, pero no la garantiza. Es un factor necesario, pero no suficiente. La capacidad de gobernar en democracia (o desempeño democrático) depende también de la eficacia decisoria, la transparencia y la legitimidad de la acción de gobierno (governing), de la estabilidad de las instituciones (governance) y de las condiciones favorables (nivel de desarrollo, estado democrático, nivel de desigualdad). Eso es lo que sostiene la teoría convencional. Me parece, sin embargo, que el señalamiento de este conjunto complejo de factores de gobernabilidad es insuficiente porque deja de lado un elemento que, a mi juicio, es decisivo: la evaluación y el manejo inteligente de las relaciones de poder en todos los niveles de la vida social en cada situación concreta.
Una rápida evaluación de estos factores muestra que el talón de Aquiles de la gobernabilidad está en los factores institucionales (el sistema electoral, el sistema de partidos, la forma de gobierno) y en las condiciones (crecimiento sin distribución, debilidad del Estado, altos niveles de desigualdad) más que en la acción de gobierno y en la evaluación y manejo de las relaciones de poder. El sistema de mayoría en dos vueltas electorales, a diferencia del sistema de pluralidad que define la competencia en una sola vuelta, no ayuda a la gobernabilidad en la medida que genera un pluralismo extremo y una fragmentación parlamentaria.
El colapso de los partidos tampoco ayuda a la gobernabilidad porque produce volatilidad electoral, fragmentación política, personalización de la política, racionalidad pragmática de los electores y emergencia de los medios y los poderes fácticos como epicentros de gravedad política en la vida social. El presidencialismo plebiscitario, a diferencia de lo que llama Nolhen presidencialismo renovado basado en coaliciones sociales y políticas, es una forma de gobierno que no contribuye a la gobernabilidad porque es alérgico al desarrollo de las instituciones.
El principal factor estructural que genera ingobernalidad es, sin embargo, la debilidad del Estado. Ella proviene del patrimonialismo tradicional y moderno (la captura estatal), de su modernización limitada (los aparatos económicos funcionan más o menos bien pero los sociales son un desastre), de su carácter antidemocrático (las políticas sociales de salud, educación, seguridad y justicia no llega a todo el territorio ni a toda la población), de su sentido discriminatorio (no reconoce la pluriculturalidad compleja del país), del centralismo económico y estatal y de sus deficiencias burocráticas (falta de gerencia y de gestión públicas eficientes).
La acentuada desigualdad que, de acuerdo a los investigadores serios, se aproxima a un Gini de 0.6 tampoco ayuda a la gobernabilidad. El crecimiento (no discuto su tipo y su calidad) sin distribución no ayuda mucho a la gobernabilidad, pero es un buen punto de partida en la medida que constituye una condición necesaria para impulsar una política de concertación que garantice el crecimiento con inclusión. Si la gobernabilidad es deficitaria por el lado de las instituciones y de las condiciones estructurales, ¿qué explica entonces el cierto nivel de gobernabilidad que existe actualmente?.
Mi hipótesis es que la gobernabilidad proviene de la acción del gobierno y del buen manejo de las relaciones de fuerza que han permitido organizar un gabinete y una política de concertación, particularmente con el mundo empresarial. El hueso duro de roer es la derecha política y mediática que mimó tanto a García, pero que al presidente Humala no está dispuesta a perdonarle el mínimo traspiés. Le disgusta la política de la gran transformación así como el equipo de gobierno que la impulsa. Le friega también que la agenda política actual no provenga de sus caprichos banales, sino de las propuestas de cambio del gobierno.
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