Sinesio López Jiménez
Una de mis preocupaciones intelectuales y políticas desde hace cuatro décadas ha sido la cuestión del Estado en el Perú y en AL. A fines de los 70 publiqué El Estado oligárquico en el Perú: un ensayo de interpretación (Revista Mexicana de Sociología, Año XL/vol.XL/n.3, Julio set. l978) que se discutió mucho en los medios académicos de AL. En la misma línea de preocupación publiqué después otros artículos y dos libros (El Dios mortal, IDS, 1991; Ciudadanos reales e imaginarios, 1997). En la PUCP tengo a mi cargo el curso de Teoría del Estado en el que reviso las ideas de los principales autores de las diversas corrientes del pensamiento actual sobre el tema.
En mis reflexiones sobre el Estado hay algunos temas centrales que me han preocupado y me siguen preocupando. En primer lugar, el patrimonialismo que permite a los que acceden al Estado apropiarse de sus aparatos e instituciones y administrarlos como si fuera su chacra, apelando a un derecho. Este es un viejo concepto weberiano que fue retrabajado en forma creativa y brillante por Julio Cotler en su libro ya clásico Clase Nación Y Estado (IEP, 1978) y que sobrevive aún como un componente de la cultura política en Perú y en AL. En los estados neoliberales actuales de AL, el patrimonialismo reaparece como captura del Estado por parte de los operadores de los grandes grupos empresariales, esto es, como patrimonialismo moderno para usar los términos del ex presidente Fernando H. Cardoso.
En segundo lugar, la modernización de algunos aparatos estatales y el atraso de otros, que es una característica de los Estados de los países heterogéneos de AL (Guillermo O´Donnell), producen lo que yo he llamado un Estado hemipléjico: Los aparatos económicos funcionan más o menos bien, pero los aparatos sociales son un desastre. Las reformas económicas neoliberales produjeron islas estatales de modernidad pero han sido incapaces por producir un aparato estatal moderno y eficiente. Han faltado y faltan las reformas de segunda generación que llamó Moisés Naim en su momento.
En tercer lugar, el carácter antidemocrático de algunos estados de AL hace que las políticas públicas (especialmente las sociales de educación y salud, la seguridad y la justicia) no lleguen a todo el territorio y a toda la población por igual. En los Estados de los países homogéneos (Uruguay, Chile, Costa Rica), en cambio, las políticas públicas llegan a todo su territorio y a toda su población. En los países andinos, son las poblaciones serranas rurales pobres y muy pobres adonde no llega el Estado. Son las zonas con poca o ninguna densidad del Estado (PNUD). Todo esto forma parte del divorcio histórico no superado entre el Estado y la sociedad andina y amazónica.
En cuarto lugar, el carácter discriminatorio de los Estados andinos ha determinado que ellos no reconozcan la pluriculturalidad de sus respectivas sociedades. En el caso peruano, el Estado no considera la situación multicultural compleja que caracteriza al país. Los quechuas y aymaras demandan, por ejemplo, mejores formas de integración y de respeto a ciertos derechos específicos (acceso a la educación, a la salud, a la justicia y a la seguridad en su propia lengua) y a sus tradiciones y cultura. Las etnias de la selva, en cambio, demandan el reconocimiento de su identidad, la autonomía del territorio que ocupan y formas de representación propia. Nuestro Estado no está organizado en función de una nación pluricultural compleja.
En quinto lugar, las burocracias (civiles, militares y policiales) de los estados latinoamericanos no son siquiera weberianas, esto es, no son eficientes, racionales, objetivas, impersonales. Todas estas características de los Estados de AL y del Perú constituyen el punto de partida para formular las orientaciones básicas de una adecuada reforma del Estado: Desprivatizar, modernizar, democratizar, nacionalizar (adecuar el Estado a la nación pluricultural) y gerenciar el Estado para ponerlo al servicio de todos los ciudadanos y las ciudadanas del país.