Sinesio López

Son duros de matar y se resisten a morir. Los cavernícolas son una especie inextinguible. No los afecta el tiempo, ni la cultura, ni la ciencia ni los cambios climáticos. Han cambiado sólo la fachada, pero por dentro siguen siendo los mismos. En pleno siglo XXI siguen repitiendo las mismas monsergas de sus congéneres del siglo XIX. Los indios no existen, les decían a los criollos liberales de entonces. La comunidad política somos nosotros. Los liberales, sin embargo, tendieron puentes al predominante mundo andino con el que coexistían en el mismo territorio. Los indios, decían, son nuestros hermanos y compatriotas. Tenemos que construir con ellos una misma patria. Lo que hicieron por integrarlos fue, sin embargo, muy poco. No se trataba de diseñar una política de reconocimiento de una sociedad multinacional o plural. La explotación y la opresión coloniales habían transformado al imperio incaico en una clase campesino-indígena. El Perú de entonces, como el de ahora, era sólo una sociedad multiétnica en la que coexistían diversos grupos culturales con linderos imprecisos y movedizos. Ni los quechuas ni los aymaras pedían el reconocimiento de su propia identidad, ni la autonomía de los territorios que ocupaban, ni una representación política propia. Habiendo perdido su base territorial con la encomienda colonial y la élite dirigente con la derrota de Túpac Amaru, lo único que pedían era una mejor forma de integración: buen trato, eliminación de la servidumbre, derechos ciudadanos, respeto a sus tradiciones, a sus costumbres y a su lengua.

Lamentablemente las diversas leyes decimonónicas que buscaron integrar a los campesinos indígenas a la república fueron puramente formales sin ninguna incidencia en la vida real. La servidumbre y la discriminación étnica y racial pesaron más que las formalidades jurídicas. El reconocimiento de algunos derechos civiles y políticos no los convirtió en ciudadanos. Ni la participación política abierta en elecciones poco o nada institucionalizadas los transformó en electores. Los cambios vinieron en el siglo XX cuando el ministro de Justicia, Instrucción, Beneficencia y Culto, Jorge Polar, cambió la estrategia jurídica por la educativa para integrar al mundo andino. El poder ejecutivo retomó la educación que estaba en manos de los municipios, determinó las necesidades educativas a través de un censo (1902), le dedicó el 20% del presupuesto, creó las normales para formar a los maestros y envió a estos al campo. Pero algo falló: la propuesta educativa. Para el civilismo educar era castellanizar. La educación partía de desconocer al otro, su cultura, su identidad, su lengua. La estrategia consistió en una especie de homogeneización cultural forzada de los indígenas por medio de la educación impartida en español. Pese a esas limitaciones, la ciudadanía política pasó del 2% en 1900 al 7% en 1930.

En la década del 40 cambia la propuesta educativa. Se pasa de la homogeneización forzada a una homogeneización amable a través de la educación bilingüe gracias a la presencia del indigenismo en el timón del Ministerio de Educación. Pero el bilinguismo en la educación fue sólo un método pedagógico y no una política de reconocimiento del mundo andino. Los gobernantes de entonces (Bustamante y el Apra) no tuvieron la voluntad, ni la fuerza (y quizá tampoco las condiciones) para desplegar una política estatal de reconocimiento indígena. Pese a ello, la educación siguió avanzando más en covertura que en calidad. Sus efectos se hicieron sentir: En 1962 el 18% de los peruanos votaron en las elecciones de entonces. El avance en la ciudadanía política obedeció más a los progresos de la educación que a los cambios en las reglas de juego electoral (el voto a las mujeres en 1956).

Como en otros aspectos de la realidad, el cambio radical vino con la dictadura militar del 68. Velasco dispuso una política estatal de reconocimiento del mundo andino. La ley 21156 de 1972 establecía que, a partir de abril de 1976, la enseñanza del quechua era obligatoria en todos los niveles de educación de la República y que a partir del 1 de enero de 1977 el Poder Judicial debía adoptar las medidas a fin de que “las acciones judiciales en las cuales las partes sean sólo de habla quechua se realicen en ese idioma”. La ley encargaba asimismo a los Ministerios de Guerra, Marina y Aeronáutica el cumplimiento de la ley y al Misterio de Educación, “la preparación y edición de diccionarios, texto, manuales y otros documentos para el pleno cumplimiento de la ley”. Más allá de la autoria dictatorial y de algunos errores de la ley, la política de reconocimiento era justa. Ella devolvía la palabra, la identidad y el protagonismo a quienes la opresión colonial y republicana se los había arrebatado. Pero volvieron los cavernícolas y acabaron con todo. Eran pocos, como hoy, pero eran. Lo peor de todo esto es el juego de políticos sin proyecto y sin dignidad que se dejan arrastrar de la nariz por los cavernícolas de siempre y los obligan a defender las posturas más retrógradas del país. Es una lástima y una vergüenza que García permita a los cavernícolas ponerle la agenda.