Sinesio López Jiménez

La solución judicial del caso Fujimori es incompleta si no va acompañada de una solución política y de una reconstrucción histórica. Pese a que tienen vasos comunicantes, esas diversas soluciones tienen sus propios escenarios, actores específicos y una lógica peculiar. Y cada una tiene también sus propios tiempos. Año y medio (si no más) ha durado el debate jurídico y la sentencia judicial. El proceso ha sido ejemplar y transparente, iluminado por los reflectores de todos los medios. Los fiscales y los jueces han mostrado una profunda formación jurídica, capacidad analítica, objetividad e imparcialidad en un tema difícil que despierta todas las pasiones. Los abogados de las partes en conflicto han tenido también un comportamiento responsable y respetable. La solidez de la sentencia se expresa en la pregunta precisa “¿está probado que…?” y en la respuesta lapidaria “sí, lo está”. El documento condenatorio consta de 247 preguntas con sus respectivas respuestas sobre la masacre de Barrios Altos, el asesinato de los estudiantes y un profesor de la Cantuta, los secuestros de Gorriti y Dyer Ampudia y otros delitos posteriores.

El argumento central de la sentencia se puede resumir del siguiente modo: Fujimori avaló, apoyó y autorizó el financiamiento estatal de una estructura organizada (el grupo Colina) por Montesinos y otros mandos militares destinada a eliminar (extrajudicialmente) a supuestos subversivos de Sendero Luminoso y del MRTA. De acuerdo al fallo judicial, ninguno de los 25 asesinados de Barrios Altos y La Cantuta era, sin embargo, senderista. Una vez producidos los asesinatos, Fujimori felicitó a los integrantes del grupo Colina y recomendó su ascenso por acciones distinguidas. Más aún: Conocidos los asesinatos por la opinión pública gracias a algunos medios y a la oposición política, el general Hermoza, (subordinado de Fujimori, quien, como presidente de la república, era el Comandante en jefe de las FF:AA.), sacó los tanques a la calle para amedrentar a la oposición, Fujimori mismo obstaculizó la aplicación de la justicia y la mayoría parlamentaria fujimorista trató de ocultar la responsabilidad del gobierno y de los mandos militares. Producida la condena de los responsables del asesinato de La Cantuta por un tribunal militar, Fujimori promulgó una ley de amnistía a los condenados por esos crímenes. Si todo eso está probado, la condena era inevitable. Los jueces no deciden sobre la base de indicios sino de pruebas. El fallo judicial contra Fujimori puede ser el punto de partida de un proceso de reestructuración del poder judicial y de recuperación de su dañada imagen.

La solución política es quizás la más difícil y de más larga duración. La política no se reduce a la coyuntura y no sólo es el corto plazo. Se hace política en las coyunturas, pero los actores políticos buscan permanecer en el tiempo. Hay coyunturas que no se cierran y que, cuando se cierran, se reabren por algún nuevo acontecimiento. La larga coyuntura de la violencia terrorista, por ejemplo, pareció cerrarse con la captura de Abimael Guzmán, pero la supervivencia del terrorismo en algunas zonas y los juicios a los terroristas y a los violadores de los derechos humanos la reabren. Hay varios temas en este campo que es necesario discutir. He aquí un breve listado: La emergencia de las fuerzas terroristas y la responsabilidad de la izquierda; la evaluación de las estrategias más eficaces para combatir el terrorismo; la responsabilidad de los partidos y gobiernos democráticos en la lucha contra el terrorismo; la tesis schmittiana según la cual sólo un estado de excepción (producido a través de un golpe) puede restaurar el orden, el monopolio de la violencia y la soberanía; la evaluación objetiva del fujimorismo y de su régimen autoritario en la lucha antiterrorista; el papel de los servicios de inteligencia y de algunas organizaciones policiales en la derrota del terrorismo, la participación activa de las rondas campesinas en la lucha contra el terrorismo y en el proceso de pacificación, el rol jugado por los medios en esa desdichada coyuntura.

¿Qué impacto tiene el fallo en la coyuntura política actual? Las encuestas muestran que la opinión pública sigue relativamente polarizada y que sus alineamientos se mantienen. La encuesta de CPI post-fallo confirma la de INFOPUC pre-fallo judicial en Lima. Según la encuesta de la CPI el 69 % de los limeños está de acuerdo con la condena a Fujimori (36.2% con los 25 años, el 4.3% hubiera preferido una condena mayor y el 28.5%, una menor). Sólo el 26.2% hubiera preferido la absolución. Este un dato macizo que no se puede manipular con sumas y lecturas tontas. Y eso que Lima, sobre todo los en los sectores D y E, es uno de los baluartes del fujimorismo. Mi hipótesis es que el fallo judicial va a producir estragos en el fujimorismo por el simple hecho de ser condenatoria y de revelar una serie de informaciones que no se conocían o habían sido olvidadas. Esa incidencia será mayor si las fuerzas políticas antifujimoristas y los medios alientan un debate político serio sobre los temas arriba señalados.