Sinesio López Jiménez

En la política como en otras dimensiones de la vida el azar existe. Pero ese no es el caso de los petro-audios. Estos tienen sus explicaciones. Aquí sugiero una. Mi hipótesis es que el chuponeo telefónico es una forma de abrir a la mala ciertos estilos políticos (caudillismo patrimonialista), estados y gobiernos cerrados y corruptos. Si los políticos y los funcionarios actuaran con trasparencia, si los gobiernos fueran realmente democráticos y los estados fueran abiertos a la crítica y a participación de los ciudadanos, el chuponeo sería innecesario.

Hablan mucho, pero les encanta el secreto del poder que ejercen. Usan la palabra para ocultar, no para revelar. Les disgusta la crítica. La confunden con el delito y la subversión. Sólo les gusta el aplauso. Su juego favorito es el monopolio del poder. Pretenden tener también el monopolio del saber. Ellos creen que todo lo pueden y que todo lo saben. En esa medida, desprecian a los ciudadanos de a pie. Se creen dueños del país. Todo lo quieren poseer (si son estatistas) o todo lo quieren vender, incluido el mar como en el Otoño del patriarca (si son liberales). Como niños con juguetito nuevo, se deleitan con la exhibición de su poder. Les encanta la solemnidad y la rigidez del gesto. El poder que ejercen (y les gusta ejercer) se traduce en expresión corporal. Caminan como pavos reales. Como al patriarca de García Márquez les encanta el monólogo y les disgusta el diálogo. Ahora, la pregunta por un millón de soles. ¿De quien es este perfil? ¿De Velasco Ibarra?, ¿De Hugo Chávez? ¿ De García?. En realidad, ese perfil puede ser de cualquiera de ellos. Es el perfil de los caudillos y de los que se sienten caudillos.

Todo poder tiende a ser monopólico y cerrado. Esta parece ser una aspiración universal que cultivan los que lo detentan tanto en Occidente como en Oriente. La monarquía absoluta europea tuvo todos los monopolios (principio de potestad, la decisión, la fuerza, la ley, la administración, la justicia –Hobbes postulaba incluso el monopolio de la propiedad-) y fue un estado cerrado. Los estados oligárquicos de América Latina no han tenido esos monopolios, pero han sido cerrados y les ha encantado el silencio. Ellos se parecen más a los estados feudales clásicos que a las monarquías absolutas. El estado feudal clásico poseía una soberanía limitada. La titularidad del poder reposaba en Dios y en su representante en la tierra, el Papa. Este los coronaba en nombre de Dios, les autorizaba el ejercicio legítimo del poder y les vendía la idea de que eran herederos del Imperio Romano. (Algunos se lo tomaron en serio y disputaron el poder al Papa). La asamblea de príncipes, además, regulaba su capacidad coercitiva e impositiva. No existía, en la práctica, la idea de soberanía. El poder de los estados oligárquicos, en cambio, no provenía de la mano invisible de Dios sino de la santidad de las costumbres, del control limitado de la fuerza o de una participación electoral muy limitada.

Todos estos estados en Europa y en AL desaparecieron gracias a las luchas democráticas de los ciudadanos. Las democracias acabaron con el monopolio del poder (salvo el de la coerción) y con la cerrazón y los secretos. Esto supuso tres cosas: la apertura al diálogo, al debate público y a la competencia (la libertad); la inclusión política de todos los ciudadanos a través de la participación electoral (la igualdad política y la representación); y la actuación transparente del Estado y del gobierno (a través de la accountabilitiy). Inglaterra se abrió primero a la libertad y luego a la participación; Alemania de la República de Weimar, primero a la participación y luego a las libertades y Francia, a las dos cosas al mismo tiempo a través de la revolución de 1789. América Latina ha salido de sus estados oligárquicos a través de tímidas aperturas a las libertades (los liberales) y a través de la participación (los populismos). Como es obvio, en AL no existió la ruta francesa. Las democracias tempranas (Chile, Costa Rica y Uruguay) recorrieron la ruta liberal-democrática a cabalidad. Las democracias tardías (la del Perú entre ellas), en cambio, no han logrado recorrer plenamente ni la ruta liberal-democrática ni la ruta democrática-liberal. Colapsaban y venían las dictaduras. Estas se agotaban y volvían las tímidas democracias, dibujando, de ese modo, un movimiento cíclico. Las democracias tardías son incompletas.

En el proceso de construcción democrática ha jugado un papel central la crítica. Más amplia y eficaz en Europa que en AL. La crítica desplegada en los cafés, en los salones, en la prensa, en las logias secretas, en las universidades y la academia (la Ilustración) abrió los estados cerrados, cuestionó sus monopolios y contribuyó a convertir las monarquías absolutas (los estados oligárquicos en AL) en monarquías constitucionales y en democracias en el caso europeo. La crítica consistió en hacer público lo que, en el Estado, era cerrado y secreto. Ella desempeñó el mismo papel del chuponeo de ahora en lo que se refiere a los asuntos del Estado. En resumen, creo que la moraleja que fluye de mi análisis es clara. Menos caudillos, más apertura, más critica, más transparencia, más democracia.

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Sinesio López Jiménez

Antes revelaron lo que hoy ocultan. El significado de las cosas en la política no es siempre el mismo. El depende no sólo del sentido que los políticos buscan otorgar a sus actos sino también del contexto en el que actúan. Los petro-audios, que revelaron en su momento la corrupción del gobierno aprista, hoy la ocultan. El interés de una gran corporación (en competencia) con sangre en el ojo hizo estallar el escándalo de los petro-audios que mostraban la vergonzosa corrupción del gobierno aprista en la concesión de los pozos petroleros a otra corporación, buscando llevarse de encuentro, al mismo tiempo, a Petro-Perú y a sus altos funcionarios. Hoy el gobierno ha logrado controlar la situación que se le había escapado de las manos. Quedan, sin embargo, algunos muertos y heridos: La Discovery Petroleum International, Petro-Perú y sus intentos de volver a la exploración. El fujimorismo y Unidad Nacional acudieron en auxilio de García y del gobierno elaborando el vergonzoso informe en mayoría de la Comisión Investigadora del Parlamento para ocultar la corrupción. La coalición derechista trata de controlar los daños, limpia a los ministros de toda responsabilidad y circunscribe la corrupción a una red de funcionarios públicos en connivencia con algunos empresarios y sus representantes.

Al mismo tiempo la Fiscalía y García (en coordinación) tienden una cortina de humo del ocultamiento del delito, presentan y colocan en el primer plano de la escena a los autores de los petro-audios y del chuponeo, desplazan al último plano a la corrupción que estalló en su cara, ponen en tensión las relaciones del gobierno con la Marina, tratando de salvar al almirante Giampietri, vicepresidente de la República, manipulan a la opinión pública y a los medios que gustosamente se dejan manipular. Algo más: el gobierno y el Apra buscan invertir la figura. Los malos de la película ya no son los verdaderos corruptos sino los mensajeros que presentaron los petro-audios de la corrupción. En realidad, se trata de escarmentar a los que denuncian la corrupción. García imparte, incluso, lecciones a los futuros denunciantes. No vayan, les dice, a los medios. Vayan a la Fiscalía (que está bajo mi control). Ja,ja,ja. Se escucha una estruendosa carcajada. Este el verdadero faenón. ¿Por qué el fujimorismo, unidad nacional y el Apra han formado esta coalición del ocultamiento?. Mi hipótesis es que la coalición de derecha busca principalmente dos cosas. Por un lado, impedir la fusión explosiva de crisis y corrupción que puede acabar con el gobierno de García en malos términos. La coalición derechista no quiere que la experiencia dramática de fines de los 80 se repita.

Por otro lado, esa coalición busca también salvar el modelo neoliberal ocultando la corrupción. Yamashiro, congresista de unidad nacional, sostuvo en el debate que, en estos momentos de crisis internacional que nos afecta, no hay que dudar de todo lo que hace el gobierno, de sus políticas (concesiones, exoneraciones tributarias, óbolos etc.), que la corrupción es localizada y no generalizada, que ella se circunscribe a una red de funcionarios, que los ministros no han cometido delito alguno y que si tuvieron alguna responsabilidad, esta ya fue sancionada con su renuncia. En realidad, el modelo neoliberal y la corrupción están estrechamente asociados tanto en el contenido de sus políticas (privatizaciones, concesiones, autorregulaciones, exoneraciones, convenios de estabilidad tributaria) como en la forma de gerenciarlas y gestionarlas. La destacada politóloga brasileña Eli Diniz, entre otros, ha señalado en su libro Crise, Reforma do Estado e Governabilidade (Fundacao Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 1997) que la concentración de las decisiones en la cúpula del gobierno y en los poderes fácticos, la toma oculta de decisiones (los decretos de urgencia), la imposición de diseños y políticas son características comunes a todos los gobiernos neoliberales de AL que implican una falta de rendición de cuentas (accountability) a las instituciones de control y a los ciudadanos.

El estallido temprano del escándalo del chuponeo telefónico impidió que se consumara el delito por parte de los ministros y de la cúpula gubernamental. La Comisión Investigadora del Parlamento no ha podido encontrar el cuerpo del delito. El informe en minoría de esa comisión encontró sólo responsabilidades políticas, pero no delitos. Eso los hace pasibles de una acusación constitucional y punto. Si el escándalo se hubiera producido en el 2011, los vestigios de los delitos habrían aparecido esparcidos por doquier: el financiamiento de la campaña electoral de algún candidato oficialista, otro lujoso departamento en París, Londres o Nueva York, cuentas cifradas en algún paraíso financiero, desbalances patrimoniales, etc., etc. Tengo la impresión que para García y algunos ministros el escándalo de los petro-audios ha sido una especie de delitus interruptus.
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Sinesio López Jiménez

No bastan los parches. Se necesita una reforma global. El parche tiene sentido si se inscribe en una reforma de todo el sistema electoral. Esa reforma global es una tarea compleja que puede ser desarrollada por un conjunto de especialistas en el tema. Estos, por desgracia, no están en el Parlamento actual sino en la academia y en la consultoría política. Ciertamente el Parlamento tiene que discutirla y aprobarla, pero la propuesta debe provenir de los especialistas. Lo que el Parlamento puede hacer es convocarlos para que formen una comisión de reforma electoral. Vistas las cosas en toda su complejidad, el Parlamento, en realidad, debiera convocar a otras comisiones de reforma institucional: la del sistema de partidos y la de forma de gobierno. Estas tres reformas coherentemente articuladas constituyen la gran reforma del sistema institucional cuyo objetivo fundamental es incrementar el desempeño de la democracia y mejorar su calidad. Es cierto que estos objetivos no se logran sólo con un coherente y eficiente diseño institucional. Hay otros factores que contribuyen decisivamente al logro de esos objetivos. Sin actores consolidados e institucionalizados -ciudadanos, sociedad civil, partidos- y sin condiciones precisas y acotadas –desarrollo económico, estado consolidado, reducida desigualdad y adecuado manejo de la multiculturalidad- es difícil, si no imposible, construir una democracia eficiente y de calidad.

En última instancia, la democracia es el resultado político de la correlación de fuerzas entre las clases sociales como bien lo han demostrado, entre otros, Rueschemeyer, Evelyne Huber y Stephens en su libro Capitalist Development & Democracy (University of Chicago Press, Chicago, 1992). La democratización representa primero y antes que nada un incremento de la igualdad política. Son las relaciones de poder entre las clases sociales las que determinan si la democracia puede emerger, estabilizarse y mantenerse aún en condiciones adversas. Al decisivo factor clasista hay que añadir otros dos factores importantes: La estructura, la fuerza y el grado de autonomía del Estado y sus relaciones con la sociedad civil y el impacto de las relaciones de poder transnacional sobre los dos factores anteriores. Los hallazgos principales de la investigación de política comparada entre países centrales, AL y América Central y el Caribe de Rueschemeyer y otros son aleccionadores y deben ser tenidos en cuenta en cualquier reforma institucional: Las clases trabajadores apuestan más a la inclusión (democracia) pero menos a la constitución (libertad). Las clases altas rurales son las más consistentemente antidemocráticas. Las burguesías son más partidarias de la constitución que de la inclusión de las clases populares. Las clases medias tienen un comportamiento ambiguo tanto en lo que respecta a la inclusión como frente a la constitución y a la competencia. Los campesinos y los trabajadores rurales juegan roles variados dependiendo de su organización autónoma y de su influencia sobre las clases altas. Otro hallazgo importante es el siguiente: Mientras más autónomo es el Estado frente a las desigualdades de la economía y a las discriminaciones de la cultura y la sociedad más es un espacio de igualdad política en el que valen por igual los votos de los ricos y los de los pobres.

¿Cuál de las reformas institucionales –del sistema electoral, del sistema de partidos, de la forma de gobierno- es la más importante o todas tienen la misma importancia? Mi hipótesis es que debiera tener prioridad la reforma de la forma de gobierno porque ella es el eje que, en gran medida, articula a la reforma electoral y a la reforma de partidos. La forma como se organiza el poder del Estado, el nivel de apertura estatal, la dependencia o autonomía entre los poderes ejecutivo y legislativo, los poderes legislativos (veto, decreto-ley, iniciativa legislativa, etc.) y los poderes no legislativos (formación y despido del gabinete, disolución de la Asamblea legislativa, etc) del presidente, todos ellos son elementos que inciden generalmente en el sistema electoral. Este comprende los siguientes componentes: La distribución de las circunscripciones electorales (tipo, tamaño, distribución, umbral), las candidaturas (unipersonal y lista –cerrada y bloqueada, cerrada y no bloqueada, abierta-), la votación (voto único, voto preferencial, voto múltiple, etc, etc) y la conversión de los votos en escaños (hay diversos procedimientos).

La reforma parcial y limitada del voto preferencial para superar las distorsiones que genera (ruptura de la disciplina partidaria, patrimonialismo electoral, etc.) tiene sentido si se le reemplaza por una norma mejor que garantice la democratización de los partidos y si ella hace parte de la reforma del conjunto del sistema electoral. Esa norma mejor es la elección primaria abierta y obligatoria para todos los partidos, organizada por la ONPE en una sola fecha, con la finalidad de acabar con los caudillismos y las jefaturas patrimoniales de los partidos. Una solución mediatizada, como ha dicho Henry Pease, puede ser peor que la enfermedad que quiere curar. En esas primarias hay que mantener el voto preferencial porque, en el caso peruano, su ejercicio eleva la cuota de género.

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Sinesio López Jiménez

Actúa sin consultar, se equivoca, no reconoce su error y es obligado a retroceder. Esta forma de acción política es ya una fórmula del gobierno de García. En el caso de los sueldos de los ministros y altos funcionarios, García cometió un doble error: el primero en el momento del establecimiento de la política de “austeridad” y el segundo, ahora cuando ha intentado corregir el primero. Desde una perspectiva racional, una persona corrige su error si el costo de su corrección es menor que el de su mantenimiento. Este no ha sido el caso. La forma de corrección cuenta, especialmente en la política democrática. ¿Qué costaba a García reconocer su error de primera hora, explicarlo y justificar ante la opinión pública por qué es necesario corregirlo?. Nada. Al contrario, su imagen mejoraba. ¿Qué le impide a García reconocer su error ante la opinión pública? La vanidad que, al decir de Max Weber, es el peor defecto de los políticos porque los induce a la irresponsabilidad. La vanidad les hace creer que son superiores a los ciudadanos a los que hay que dar, no razones, sino órdenes.

Uno de los problemas apremiantes de García, al inicio de su gobierno, era como diferenciarse de Toledo. La segunda vuelta lo obligaba más a la continuidad que a la ruptura. A contracorriente de sus propuestas de la primera vuelta electoral, los votos de la derecha en la segunda (vuelta) y su propia involución política le señalaban el camino del continuismo en los temas centrales de la política: el modelo económico, el régimen democrático, la descentralización, las relaciones internacionales. García necesitaba, sin embargo, dar ciertas señales de renovación para las galerías con respecto al desprestigiado y agotado gobierno toledista. Necesitaba reemplazar la imagen del dispendio, de la impuntualidad, de la juerga y del caos atribuida a Toledo por la de un gobierno austero, puntual, formal y ordenado. En realidad, se trataba de una diferencia en las formas más que en los contenidos. Una de las medidas más celebradas por los medios fue la reducción de los sueldos del presidente de la República, de los ministros, de los parlamentarios y de los altos funcionarios públicos.

Además de diferenciarse de Toledo, esa medida tenía otros sentidos y buscaba otros objetivos: limpiar la imagen del primer gobierno aprista en el que se asaltó el fisco sin medida ni clemencia, asumir una postura republicana austera, moderada y defensora del bien común, difundir la idea de que el estado tenía recursos más que suficientes y que no era necesario, por consiguiente, gravar con más impuestos a los ricos sino impedir que los políticos y los funcionarios públicos los dilapiden. García es un político avisado y perspicaz. Por eso me resulta difícil pensar que no tuvo en cuenta las consecuencias de esa medida de austeridad. Supongamos, sin embargo, que al mejor cazador se le escapa la paloma. Eso significa entonces que García no se comportó políticamente ateniéndose a lo que Max Weber llamó la ética de la responsabilidad. Tampoco siguió la ética de la convicción: Un neoliberal (genuino o converso) no puede cultivar sinceramente una política republicana. Es una contradicción de principios. Sólo los geniales federalistas norteamericanos (Madison, Hamilton y Jay) lograron que el liberalismo (el interés individual) y el republicanismo (el bien común) pudieran coexistir a través de ingeniosos e imaginativos diseños institucionales. Ese no es el caso de García.

¿Qué consecuencias implicaba la política “austera” de García?. Una primera consecuencia fue la fuga de los funcionarios públicos más calificados, lo que trajo, a su vez, el funcionamiento ineficaz y mediocre de las instituciones estatales. El fracaso del publicitado shock de inversiones tiene que ver con la aplicación de esa medida “austera”. Una segunda consecuencia es la disminución de la autonomía del Estado que, como lo han demostrado sociólogos y politólogos (Theda Skócpol, Alfred Stepan, etc), se basa, en gran medida, en la capacidad y en la calificación de los funcionarios estatales. Sólo una élite estatal calificada puede contrarrestar la ambición de las élites privadas y de los poderes internacionales. Estos son los casos de Brasil y Chile en América Latina. Una tercera consecuencia ha sido la corrupción solapada de los funcionarios públicos. Como han dicho abierta y exageradamente algunos ministros, con los sueldos actuales que perciben ellos no pueden parar la olla. En esas condiciones, los políticos y los funcionarios sin escrúpulos, que los hay y en abundancia, buscan cubrir sus déficit (y mucho más) apelando a la corrupción. Los petroaudios, como se ha dicho, son la punta del iceberg. Toda la política del gobierno, especialmente las privatizaciones, las concesiones, los óbolos y las exoneraciones tributarias, hay que ponerla bajo la lupa del control y de la fiscalización. Especial atención hay que prestar a las ventas de los bienes públicos sin razón alguna que lo justifique y en algunos casos contra toda razón, como es el caso del Ministerio de Educación. Nadie vende su casa sino ha comprado otra en donde vivir. Esa venta es irracional, aberrante y se presta a toda suspicacia.

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