Sinesio López Jiménez
El poder económico no la necesita. Tampoco el poder cultural. El único poder que requiere legitimidad es el político. ¿Por qué?. El poder político exige la obediencia de todos, ofrece las razones por las cuales debe ser obedecido y apela al consenso o a la coerción para obtenerla. Los que obedecen necesitan, a su vez, razones para someterse a la autoridad. La legitimidad de ésta reposa en que las razones para gobernar son las mismas que requieren los gobernados para obedecer. Estas razones son los fundamentos de la legitimidad. La historia política occidental ofrece dos fundamentos de legitimidad: la titularidad del poder y el ejercicio del poder. La primera alude al sujeto que detenta el poder o al principio de potestad y la segunda al desempeño de las autoridades. Estos dos fundamentos han ido cambiando a lo largo de la historia en su naturaleza y en la forma como ellos se relacionan.
Por un lado, la titularidad de poder y la legitimidad de la política, apelando a las revoluciones y a las evoluciones, han pasado desde los fundamentos divinos hasta la voluntad de los ciudadanos, pasando por las monarquías absolutas. En el campo de las ciencias sociales a todo este proceso turbulento de la historia política se le denomina secularización que, en el mundo occidental, comienza con el humanismo cívico y el republicanismo entre el siglo XII y el siglo XV. El saeculum (el siglo o el tiempo en el que viven los cristianos) que se ubica entre el pecado y la redención dentro de la historia teocrática es el punto de partida de la construcción de una historia propiamente humana a través del republicanismo cívico del que formó parte Nicolás Maquiavelo quien vivió a caballo entre los siglos XV y XVI. Maquiavelo confrontó simultáneamente la virtud cívica (expresión del republicanismo) con la Providencia (condensación de la historia teocrática de los creyentes), con la fortuna (la incertidumbre de los no creyentes) y con el comercio (el comienzo de la mano invisible del mercado y de los liberales). Pero fue la Monarquía absoluta la que logró la primera secularización de la titularidad del poder y de la legitimidad y fueron las revoluciones modernas las que las colocaron en las manos de los ciudadanos. Por otro, la relación entre la titularidad del poder y la forma de ejercerlo ha cambiado desde la separación entre ellas en la etapa teocrática (en la que el Papa, como representante de Dios en la tierra y de la titularidad divina del poder, coronaba al rey para que ejerza legítimamente el poder) hasta una nueva separación en la etapa moderna (en la que los ciudadanos como titulares del poder elijen a sus representantes y gobernantes para que lo ejerzan) pasando por la fusión de la titularidad del poder con el ejercicio del mismo en la persona del monarca que ejercía legítimamente el poder porque lo detentaba como titular.
La forma de ejercer poder, particularmente el fracaso o los pocos logros del gobierno, cuestiona la legitimidad por desempeño, pero no invalida la legitimidad de origen. Esta nace de la voluntad de los ciudadanos que eligieron a García para que gobernara por un período de cinco años. Ni un día más ni un día menos. Si ahora no nos gusta, no podemos, sin violar la ley y la legitimidad de origen, desprendernos de él a mitad del cruce del río. No nos queda otra, además de protestar legítimamente, que cargar con la cruz y aprender a votar en la próxima elección. García ha descendido al 20% de aprobación ciudadana, su gobierno ha llegado a la mitad del camino que le toca recorrer, pero ya está con lengua afuera y algunos partidos de oposición están exigiendo su revocatoria. Esta exigencia es un grave error político no sólo porque viola la legitimidad de origen sino también porque abre las puertas a la inestabilidad permanente. Si la crisis de legitimidad por desempeño afecta la gobernabilidad, la demanda de revocatoria nos conduce directamente al caos. Algunos políticos y un porcentaje significativo de los ciudadanos sostienen que García, debido al incumplimiento de sus promesas electorales, ha roto el contrato con los ciudadanos que lo eligieron y ha violado, por consiguiente, su legitimidad de origen. Lo mismo sucedió con Fujimori en los 90. Haciendo literalmente de abogado del diablo, yo pregunto: ¿Qué promesas?, ¿las de la primera o las de la segunda vuelta? García fue elegido en la segunda vuelta en la que se produjo una coalición implícita y silenciosa del Apra con la derecha. Más aún: García puede aproximarse a una cifra en la aprobación ciudadana, pero eso sólo acentúa la crisis de legitimidad por desempeño, pero de ningún modo afecta su legitimidad de origen. ¿Puede ésta ser quebrada desde la pérdida de legitimidad por desempeño?. Depende de lo que haga García. Si define a toda protesta social como subversión y a todos los contestarios como enemigos, si su gobierno se torna autoritario y viola abiertamente los derechos de los ciudadanos, entonces la legitimidad de origen estará seriamente amenazada. Por responsabilidad del propio García.