Sinesio López Jiménez
El informe que la CVR publicó hace cinco años sigue siendo un documento que nos interpela a todos. Seguirá interpelándonos en el futuro mientras nos neguemos a tomar conciencia de los problemas de fondo que salieron a luz con el fenómeno de la violencia terrorista. Pero ese informe es, sobre todo, una valiente requisitoria contra los gobiernos y las élites económicas, sociales y políticas del Perú que se niegan a asumir su responsabilidad en la producción y reproducción de las enormes fracturas económicas, sociales y culturales que alimentaron, potenciaron y prolongaron la violencia terrorista por más de veinte años. El documento expresa, desde luego, una condena clara y explícita de la violencia terrorista de Sendero Luminoso y del MRTA así como del terrorismo que el Estado desplegó como respuesta. La CVR tiene razón cuando señala que “el conflicto armado interno vivido en el Perú entre 1980 y 2000 ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos”. Esa violencia no golpeó por igual a todos los peruanos sino que se ensañó con algunas regiones (el centro y el sur andinos), con algunos estratos sociales (los más pobres) y con algunos grupos étnicos (quechuas, aymaras, ashaninkas). Por el número de muertos y desaparecidos (69 mil personas) y por el tipo de víctimas, la violencia terrorista de los 80 y 90 alcanzó niveles y visos de genocidio, comparable con el producido durante la revolución y la derrota de Túpac Amaru (1780-1783) en que fueron aniquiladas más de 100 mil personas. Fueron eliminadas física y jurídicamente todas las élites indígenas que anteriormente eran reconocidas por el poder colonial. La CVR sostiene que “existió una evidente relación entre exclusión social e intensidad de la violencia. No fue casual que cuatro de los departamentos más afectados por el conflicto armado interno (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco) sean ubicados por diferentes estudios (…) dentro de las lista de los cinco departamentos más pobres del país”. Afirma asimismo que la proporción de personas que hablaban quechua u otra lengua nativa fue siempre mayor entre las víctimas fatales reportados a la CVR que en el conjunto de la población”. Concluye que “la verdad que el país necesita asumir en toda su gravedad es que el Perú rural, andino y selvático, quechua y ashaninka, campesino, pobre y con escasa instrucción formal se desangró durante años sin que el resto de la nación se percatara de la verdadera dimensión de la tragedia de ese “pueblo ajeno dentro del Perú” (frase usada por un sobreviviente de la violencia terrorista ante la CVR).
La CVR afirma que “la pobreza no explica por sí sola el estallido del conflicto armado. Es más preciso verlo como uno de los factores que contribuyó a encenderlo y como el telón de fondo en el cual se desarrolló ese drama”. En ese telón de fondo se han desplegado múltiples brechas, siendo las más importantes la desigualdad creciente entre ricos y pobres, la discriminación étnica y racial, el centralismo limeño y costeño. ¿Cuál ha sido la reacción de los gobiernos y de las distintas élites del país ante el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Acaso han hecho suyo el documento en su integridad? ¿Lo han analizado y discutido seriamente? ¿Qué han dicho sobre “los factores de largo plazo que explican el conflicto” y sobre todo qué han hecho para superarlos?. ¿Han hecho algún esfuerzo por tomar conciencia de las profundas fracturas sociales que ellos han producido o han contribuido a mantener?. ¿Han hecho caso algún propósito de enmienda?. ¿Han asumido siquiera alguna de las reformas sugeridas por la CVR?. No. Nada de nada. Su respuesta ha sido el linchamiento del mensajero (la CVR) que trae tan malas noticias. Las respuestas de los gobiernos y de las élites a los planteamientos de la CVR han sido banales: el cuestionamiento de la supuesta militancia política de los integrantes de la CVR, los errores en el señalamiento del número de muertos. Ningún planteamiento de fondo sobre el problema de la violencia terrorista y sus causas.
¿Qué han respondido los gobernantes que, en su respectivo gobierno, abdicaron de su responsabilidad de enfrentar políticamente la violencia terrorista y apelaron más bien a la militarización del conflicto y toleraron el terrorismo estatal? ¿ Qué han hecho para superar los llamados “factores institucionales” que han impedido al Estado tener legitimidad en su relación con la sociedad y que bloquearon su capacidad política para responder adecuadamente al desafío terrorista? ¿ Que han los partidos y algunos dirigentes de izquierda (e intelectuales) que con sus posiciones ambiguas echaron más leña al fuego terrorista?. Poco o nada han hecho los gobiernos para hacer suyo y cumplir el Plan Integral de Reparaciones (simbólicas, en salud, en educación, restitución de derechos ciudadanos, reparaciones económicas individuales y colectivas) así como el Plan Nacional de Investigaciones Antropológico-forences con la finalidad de esclarecer las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. A muchos de ellos no sólo la historia los juzgará. También el Poder Judicial. Así espero.