Sinesio López Jiménez
El estado es constitucionalmente de todos, pero, en realidad, es sólo de algunos. Lo que me preocupa (y nos debiera preocupar a todos) es que García y su gobierno parecen estar de acuerdo con esta brecha entre la ley justa y la realidad injusta. Para recuperar el optimismo, el lunes de esta semana se abrió, bajo el lema de un Estado para todos, la primera mesa de debate del Seminario sobre la Reforma del Estado que, bajo la dirección de Henry Pease, concluye hoy en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El lema es una crítica implícita a un estado que no funciona en todo ni para todos sino que en algunas cosas funciona y en otras no y que funciona bien para algunos sectores pero mal para la mayoría de los ciudadanos. El Worl Economic Forum acaba de publicar el último Informe Global de Competitividad en el que señala, para vergüenza de los gobernantes, que el Perú ocupa el 15 lugar en el mundo en la fortaleza de protección de las inversiones y el último lugar (131) en la calidad de la educación primaria. Puesto en blanco y negro, esto significa que el Estado peruano funciona bien para los ricos, pero pésimo para los pobres. Si se analiza la relación que el Estado tiene con la economía, por un lado, y con la sociedad, por otro, se puede llegar fácilmente a la conclusión siguiente: El Estado opera más o menos bien en el campo de la economía, pero opera pésimo en lo que refiere a la sociedad. El despliegue de las políticas (macroeconómicas, inversión en infraestructura, subsidios al capital y otras) que tienen que ver con la función estatal de promoción de la inversión privada ha obtenido logros importantes en estos últimos 7 años. Sólo las políticas de investigación científica en desarrollo y la remercantilización de la mano de obra no han funcionado en este campo. En cambio, las políticas de seguridad ciudadana, las políticas culturales y, sobre todo, las políticas sociales (educación, salud, lucha contra la pobreza) que tienen que ver con la función estatal de asignar bienes y servicios públicos a la sociedad han operado y siguen operando mal y pésimo.
El Estado depende, sin embargo, para desempeñarse con eficacia, por un lado, de la economía a través de los impuestos y, por otro, de la sociedad a través de la legitimad que ésta le otorga. Pero, ¿qué sucede en este campo?. En el caso peruano, el Estado es financiado por dos fuentes importantes: la renta de de los empresarios y el IGV de los consumidores. El 62% de los ingresos fiscales provienen de los consumidores en el 2006. Hablando en forma clara y precisa, esto significa que todos los peruanos financiamos un Estado que sólo sirve a unos pocos: los ricos. En otras palabras, el nuestro es un estado de los ricos, financiado por todos, incluidos los pobres que, proporcionalmente, son los que más pagan si se considera el bajísimo nivel de sus ingresos. Esta situación injusta alcanzará ribetes de escándalo si se aprueba la reducción del impuesto a la renta al capital que se invierte, propuesta por el Ministro de Economía que, en este como en otros casos, se muestra como el verdadero ministro del capital. Este tipo de políticas podría implicar una reducción significativa de la presión tributaria (15%) que está por debajo de la media latinoamericana y muy debajo de países latinoamericanos como Brasil y Chile. Es obvio que, con esos montos, no se puede brindar a la sociedad una educación ni una salud de calidad ni tampoco una seguridad ciudadana medianamente aceptable. La respuesta esperada de la sociedad es obvia: la desaprobación de las instituciones estatales y de las autoridades gubernamentales. Con este tipo de políticas que favorecen a los ricos y que perjudican a las clases populares y a los pobres los gobiernos pierden legitimidad. Lo que quiero decir es que, en este caso, la pérdida de legitimidad no tiene que ver sólo con el mal desempeño de los gobernantes que se muestran incapaces de corregir estos injustos desequilibrios sino que se funda principalmente en la dinámica misma de estos desequilibrios estructurales que hay que corregir con adecuadas políticas impositivas si se quiere salir de esta fuente estructural de injusticias.
¿Se puede construir un Estado de todos?. Este es un amplio y profundo debate académico y político. Desde la perspectiva académica clásica que ve al Estado como sistema de dominación social institucionalizada (Marx, Weber y otros) que se canaliza a través de la ley, la coerción, la burocracia es difícil, sino imposible, organizar un Estado para todos. Pero en otra perspectiva académica (Theda Skócpol), teóricamente sólida también, el Estado puede ser autónomo con respecto a las clases dominantes privilegiadas y a otros Estados si cuenta con un cuerpo calificado de funcionarios, si las instituciones estatales son densas y eficaces, si el sistema legal ofrece efectivamente a todos los ciudadanos tanto igualdad ante la ley como igualdad de oportunidades, si el Estado domina en todo el territorio y si tiene la adecuada presión tributaria para atender las necesidades sociales. A todo ello puede contribuir una Reforma del Estado bien pensada y mejor diseñada. En este sentido, me parece importante la presencia del Primer Ministro, del Ministro de Defensa, del Presidente de la Corte Suprema y de otros altos funcionarios porque ella muestra su sincera preocupación por este tema fundamental.