Sinesio López Jiménez
Maquiavelo sostenía que el político, para tener éxito, tenía que adecuar su acción al tiempo y a las circunstancias que son cambiantes, manteniendo, sin embargo, su apuesta en el proyecto (de construir un Estado republicano en el caso del florentino). Por eso Rousseau afirmó que Maquiavelo, fingiendo dar lecciones a los príncipes, las dio, en realidad, más grandes a los pueblos. García no es un maquiaveliano ni en el proyecto (republicano) ni en la estrategia o, en todo caso, es un maquiaveliano a medias: cambia su acción de acuerdo al tiempo y las circunstancias, pero cambia también de proyecto. En la primera vuelta, García se presentó como el candidato antineoliberal que enfrentaba a Lourdes Flores, la candidata de los ricos (en sus propias palabras). En la segunda vuelta, se presentó como el candidato del cambio responsable que luchaba contra el caos y el cambio sin un rumbo claro que representaba supuestamente Ollanta Humala. Ganadas las elecciones en la segunda vuelta con el apoyo de la derecha, se transformó en el Presidente de la continuidad neoliberal. Cada cambio en el discurso y en la acción implicaba un desplazamiento social ascendente: de candidato popular (primera vuelta), a candidato de clase media (segunda vuelta) y a Presidente de los ricos (después el 28 de Julio del 2006).
Aplicando sus propias creencias según las cuales en política no hay que ser ingenuos, en la primera vuelta García se presentó con un discurso popular, pero con una fórmula presidencial vinculada al fujimorismo que representa la derecha rudimentaria y corrupta. Esa fórmula era un guiño a los electores fujimoristas (que carecían de una candidatura fuerte) y anunciaba, dado el caso, las futuras coaliciones políticas para contar con una mayoría parlamentaria y tener gobernabilidad. García es al mismo tiempo un caudillo nacionalmente devaluado (la mayoría ya no cree en él) y un caudillo respetado en el partido aprista al que le otorga un sentido instrumental y el que se siente poco o nada sin él. Por esas razones, García impuso al Apra esa fórmula presidencial y colocó también en los primeros puestos a sus propios candidatos al Congreso. Constitucionalmente, García es el Jefe de Estado y representa a la nación, pero, en realidad, es el Presidente de los ricos y, a partir de sus tesis sobre el Síndrome del perro del hortelano, quiere ser y se perfila como el jefe de la derecha en el Perú.
Si se tiene en cuenta los cambios en las relaciones de fuerza entre los actores sociales, políticos y los poderes fácticos, los cambios institucionales y las políticas se puede establecer la siguiente periodización en los dieciocho meses transcurridos del gobierno aprista:
1. La conformación de una coalición de derecha y la fragmentación de las oposiciones (de julio a noviembre del 2006).
2. El shock de las inversiones y la emergencia de una oposición social y regional (de diciembre del 2006 a diciembre del 2007)
a. El calentamiento social o el choque entre el gobierno y la oposición social y regional (primer semestre del 2007).
b. El rentismo como modelo de desarrollo, la liberalización comercial y la confrontación política (segundo semestre del 2007).
1. Coalición de derecha y fragmentación de las oposiciones
En este período García y el APRA logran organizar una coalición política de gobierno y una mayoría que le da gobernabilidad al mismo tiempo que las oposiciones de derecha y de izquierda nacionalista se fragmentan. García pasó ajustadamente a la segunda vuelta, pero su representación parlamentaria, elegida en la primera vuelta, era una segunda minoría. El triunfo electoral en la segunda vuelta, le dio legitimidad para gobernar pero no subsanó la carencia de una mayoría parlamentaria que le diera gobernabilidad. La carencia de una mayoría parlamentaria obligó al gobierno aprista a organizar una coalición informal con la derecha decente de unidad nacional y con la corrupta del fujimorismo. La coalición se expresa en las votaciones congresales sobre los asuntos importantes del gobierno, en la conformación del equipo de gobierno, especialmente del equipo económico, (con el que, al parecer, se sienten identificados, en mayor o menor medida, los apristas, los de Unidad Nacional y los fujimoristas) y en la aplicación de las políticas públicas, especialmente de las políticas económicas. La informalidad de la coalición permite, sin embargo, a sus integrantes defender su autonomía y alegar que sus acuerdos expresados en el equipo de gobierno y en las políticas públicas son meras coincidencias. Al mismo tiempo que se formaba la coalición informal mayoritaria, se disgregaba la primera minoría humalista, dando lugar a tránsfugas y un sector de congresistas (UPP) más tolerante con el gobierno del García. Este, a su vez, se encargó de romper la pequeña coalición de la derechista Unidad Nacional ofreciendo cargos ministeriales a algunos de sus representantes.
Una vez en el gobierno, García se encontró con una economía de mercado blindada por leyes, reglas de juego aceptadas, mecanismos de equilibrio macroeconómico, el peso de los oligopolios, los convenios de estabilidad tributaria, las presiones de los grupos de interés y los miedos de las clases medias y altas ante cualquier cambio que pueda poner en peligro sus pequeños o grandes intereses. Ante esta situación que no quiso cambiar o que se sintió impotente para cambiar, García estableció pragmáticamente una división política de trabajo en el gobierno. En primer lugar, dejó que la derecha, los grandes grupos empresariales y la tecnoburocracia cosmopolita siguieran manejando, desde los aparatos económicos del Estado, la economía de mercado autorregulada. Esto implicó una coalición política de García con los poderes fácticos que manejan la economía. En segundo lugar, García se concentró en lo político y en lo social, pero incluso en estos campos, las propuestas eran tan limitadas que la misma derecha exigía al gobierno reformas en lugar de pirotecnia verbal.
Desde sus inicios, el gobierno fue y es más alanista que aprista en su estilo político y se organizó como un régimen de presidencialismo retórico en su forma política. El nombramiento de ministros, viceministros y altos funcionarios así como las políticas públicas que no tienen que ver con la economía están en manos de García, pero el APRA es la encargada de copar la administración central del Estado con apristas. El alanismo no sólo define el estilo político gubernamental sino que incide también en la forma de gobierno. Más allá de las irrelevantes incrustaciones semipresidencialistas de la Constitución, el gobierno actual es exacerbadamente presidencialista si se le compara con el primer gobierno aprista. En éste, García ejerció un presidencialismo plebiscitario. Fue un decisionista que obtenía su legitimidad de la plaza pública, de las masas y de los famosos balconazos. En el actual, García, en cambio, ejerce un presidencialismo retórico que obtiene su legitimidad, no de la plaza pública, sino de su inserción en la política como espectáculo y de su capacidad para convencer al auditorio a través de los medios de comunicación que, en su mayoría, fueron y son generosos con él. Una de las preocupaciones de García en el primer período era poner la agenda del día o la semana para impedir que los medios se la impongan. Tanto el presidencialismo plebiscitario como el retórico proceden de y se emparentan con el decisionismo y se caracterizan por el desprecio de las instituciones y por cierto desapego de la ley.
Algunas políticas promovidas por García en esta etapa, tales como la pena de muerte y el control de las ONGs, revelaban la voluntad de cambiar las reglas de juego democrático y constitucional para imponer otras de carácter plebiscitario y autoritario. Pero las políticas de más impacto tienen que ver con la descentralización, con las medidas de austeridad, con los vagos anuncios de reforma judicial y de reforma del Estado y con la evaluación de los profesores con la finalidad de mejorar la calidad de la educación y de quebrar al mismo tiempo al Sutep. El chorreo, que fue tan criticado en la campaña electoral, siguió siendo la única política de distribución. García renunció a una de las prerrogativas que tiene todo poder político legítimo: el derecho a la extracción de recursos de las ganancias extraordinarias de las corporaciones mineras o petroleras, como lo venían haciendo Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela.
Este período se cierra con la derrota del APRA en las elecciones regionales y municipales de noviembre en las que la corriente nacionalista de Ollanta Humala tampoco logró mantener su alta votación presidencial. Los 12 gobiernos regionales que tenía el APRA se redujeron a 1 y la alta votación presidencial de Ollanta se redujo también a 1 gobierno regional. Sin embargo, los presidentes elegidos en la mayoría de los gobiernos regionales de la sierra y de la selva tenían una trayectoria de izquierda y compartían o radicalizaban las posiciones nacionalistas de Ollanta Humala.
2. El shock de inversiones y la emergencia de una oposición social y regional
Las elecciones de noviembre del 2006 alentaron la emergencia de una oposición social y regional de izquierda que le dió sentido político a este período. García buscó mantener la iniciativa ofreciendo una serie de medidas de shock político y social, pero la oposición social y regional, pese a que no contaba aún con una centralización política y una representación nacional, hizo tambalear a un desconcertado García, quien perdió también, según las encuestas, el apoyo de la opinión pública.
Apoyándose en la boyante caja fiscal y en las crecientes transferencias a las regiones y al gobierno central (del canon a las regiones, de regalías y de excedentes del Fondoempleo) gracias al incremento significativo de los precios de los minerales en el mercado internacional desde el 2004 en adelante, García propone a las regiones y al gobierno central acelerar las inversiones públicas en diversos proyectos, pero encuentra la principal traba en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del MEF. En el 2004 se transfirieron 451 millones de nuevos soles, en el 2005, S/.1,153; en el 2,006, S/. 2,113 millones de nuevos soles y en el 2007, S/. 4,160 millones de nuevos. Esto significa que en el lapso de cuatro años aumentaron 10 veces las transferencias de las empresas mineras a las regiones y al gobierno central. Sin embargo, las ganancias extraordinarias de las empresas mineras fueron mucho más altas que las transferencias y, sin embargo, lejos de gravarlas como han hecho la mayoría de los países de América Latina, García les pidió un óbolo voluntario.
Las pugnas en torno al SNIP mostraron varios escenarios de conflicto: en el gobierno, en la coalición social y política que manda y corta el jamón y en el escenario social y regional. Luego de un Decreto de Urgencia (el 014), de un forcejeo y negociaciones de García, representante de la nación, con el Ministro Carranza, representante del capital, apoyándose y tensando al mismo tiempo con las regiones, el Presidente logró aflojar ligeramente los nudos creados por la tecnoburocracia que obtiene su poder político de un supuesto saber técnico, amarrando las inversiones públicas. En la pugna de fondo se enfrentaron la oposición social y regional con el poder político y el poder económico en su conjunto. Lo que los gobiernos regionales planteaban no era sólo la transferencia de mayor cantidad de recursos financieros para el desarrollo y para atender las urgentes necesidades de sus regiones sino también una descentralización del SNIP para actuar con mayor flexibilidad y celeridad. El juego de García era doble en este plano: Por un lado, utilizaba a los movimientos sociales y a los gobiernos regionales para presionar a Carranza en el gobierno y en la coalición social y política dominante y, por otro, negociaba con ellos para hacerles algunas concesiones y limitarlos en sus demandas y atribuciones, buscando preservar para sí un rol importante en el manejo de los fondos arrancados al MEF. Ha sido el escenario social y regional el que dinamizaba los juegos de poder en los otros escenarios. Este rol dinamizador ha ido creciendo a medida que la presión distributiva se incrementaba y los acicateados gobiernos regionales y las regiones se vayan convirtiendo en epicentro de la política.
El gobierno encontró otra valla que le impedía avanzar exitosamente en la aplicación del shock de inversiones: la poca calidad de los funcionarios del Estado central, incluidos los ministros (que no podían comprar ambulancias ni patrulleros), y de los gobiernos regionales y su incapacidad para formular, impulsar e implementar proyectos de inversión. Todo eso se tradujo en incapacidad del gasto, lo que sirvió a los voceros de las empresas y de la derecha para sostener que no eran necesarios más impuestos a las ganancias extraordinarias de las mineras porque el Estado ya recibía muchos recursos que era incapaz de gastar. Esta misma ineficacia motivó la necesidad de una reforma del Estado que García redujo a la fusión de OPDs que duplicaban sus funciones, a la desactivación del CND y al fortalecimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros, a la ley del silencio administrativo. La disolución del CND indujo a los gobiernos regionales a establecer una coordinación directa entre ellos que ha favorecido, a su turno, el desarrollo de algunos intentos de reagrupamiento político por parte de diversos presidentes de las regiones.
a. El calentamiento social
El desinterés del gobierno en negociar con las empresas mineras para obtener una mayor renta gravando sus ganancias extraordinarias, las trabas del SNIP para bloquear la inversión pública y la poca o nula calificación de los funcionarios del Estado para gastar bien los dineros públicos llevaron inevitablemente al fracaso del shock de inversiones y desataron las contenidas iras de los movimientos sociales y de los gobiernos regionales.
Por los datos que recoge, organiza y distribuye eficientemente La Defensoría del Pueblo, sabemos que la protesta social se empinó desde 4 casos activos en mayo del 2006 hasta 32 en mayo del 2007 y que los casos que la misma Defensoría llama latentes llegaron a 45. La mayoría (39%) de estos conflictos (activos y latentes) surgió en el 2007 y el resto distribuye su aparición por igual (19%) en los años 2006, 2005 y 2004 y sólo el 4% apareció en el año 2003 o antes. El sismo social de julio del 2007, que no alcanzó aún la intensidad de un terremoto, cubrió prácticamente todo el territorio, pero el epicentro se ubicó en las zonas cocaleras y, sobre todo, en las regiones mineras en donde se desarrollaron el 39% de los conflictos en torno a problemas socio-ambientales. Otro conflicto que cubrió a varias regiones, las de la selva, fue el de las exoneraciones tributarias, un hueso duro de roer para el gobierno. Los únicos movimientos que tuvieron un alcance nacional fueron la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (que ya había paralizado sus actividades a fines de abril y comienzos de mayo y que amenazaba volver a paralizar en solidaridad con los trabajadores de Casapalca) y el SUTEP que entró a la huelga general. A todos estos conflictos de mayor amplitud, hay que agregar los conflictos menores y locales: el 29% que cuestionaban el desempeño de los alcaldes provinciales y distritales y la legitimidad de un presidente regional (el de Huancavelica), el 10% que se producían entre comunidades y el 9% por demandas gremiales. En resumen, el sismo social tuvo varias ondas expansivas que iban desde lo local hasta lo nacional pasando por lo regional y lo pluriregional. Un dato revelador que proporcionó la Defensoría del Pueblo fue el siguiente: la mayoría (29%) de los conflictos se produjeron en las zonas muy pobres, el 27% en las zonas pobres, el 8% en las zonas de extrema pobreza y sólo el 13% se desarrollaron en las zonas no pobres. La pobreza fue el escenario principal en el que se desarrollaron los conflictos sociales. Tres fueron los principales motivos que indujeron a la protesta social: Conflictos de linderos, recursos y decisiones de las autoridades, enfrentamientos por el riesgo de contaminación ambiental y cuestionamiento de las autoridades por presuntas irregularidades. La mayoría (65%) de los movimientos de protesta desplegaron un cierto nivel de violencia: enfrentamientos con la policía, toma de locales públicos, bloqueo de carreteras, secuestro de personas.
Cualquiera haya sido el nivel de violencia de estos movimientos de protesta, incluidos los más agresivos, ellos no buscaban destruir el sistema sino que querían hacerlo funcionar, como apuntó agudamente el politólogo norteamericano James Payne, analizando los movimientos sindicales radicales de los 60 del siglo pasado. En realidad, muchos de estos actos de violencia social eran dramatizaciones que buscaban colocar sus problemas y demandas en la agenda pública, pues las élites empresariales y los gobernantes eran ciegos y sordos a las exigencias que provenían de las clases populares y pobres. Las agendas públicas, por lo general, vienen desde arriba, desde el poder económico, el poder político y desde los medios. Colocar un tema, un problema o una demanda en la agenda pública desde abajo de la escala social exige dramatizaciones a veces extremas, con consecuencias muchas veces funestas. Pero sólo entonces las autoridades de turno, acostumbradas a mirar siempre hacia arriba, se dignan mirar hacia abajo, negociar y, si los reclamantes tienen suerte, resolver el problema. La situación se agrava cuando, debido a la ausencia de partidos políticos que canalicen las demandas y dramatizaciones y que contribuyan a buscar salidas a los problemas, son los mismos movimientos de protesta los que se enfrentan al poder político a través de un tipo de relación sociopolítica que Jurgen Habermas ha llamado el modelo de asedio: el poder se siente cercado, controlado en sus movimientos e iluminado en sus actividades (a veces ocultas) por múltiples faros sociales.
Además de denunciar a “la demagogia que engaña, al apetito político que divide y al desorden que destruye”, García apeló a las amenazas y también a los acuerdos para neutralizar las protestas sociales y regionales. A los presidentes regionales los amenazó con el desafuero y la cárcel si encabezaban movimientos de protesta de sus propias regiones. A los movimientos sociales y al país les propuso un pacto social (que murió casi al nacer) para discutir el salario mínimo. Ese pacto no era una propuesta institucional seria sino una maniobra para burlar la presión distributiva que venía con fuerza. El problema no era sólo el salario mínimo sino toda la estructura salarial que ha quedado brutalmente rezagada con respecto a las utilidades empresariales. Humberto Campodónico ha señalado que algunas empresas recuperarían su inversión en el cortísimo período de tres años mientras los salarios no han logrado salir del abismo en el que los dejó el primer gobierno de García.
b. El rentismo, la liberalización comercial y la confrontación política
Con la finalidad de retomar la iniciativa política que los movimientos sociales y regionales le habían hecho perder, García propuso (en un artículo publicado en el diario El Comercio y que titula El síndrome del perro del hortelano) que las industrias extractivas, principalmente la minería y el gas, sean los pivotes del desarrollo peruano. Se trata de privatizar los bosques amazónicos, vender las tierras comunales, expropiar a los campesinos y pobladores sus tierras para entregar el subsuelo a las grandes corporaciones extranjeras. García cree que el gobierno aprista y él mismo como presidente no pueden impulsar ese proyecto porque tienen la férrea oposición del perro del hortelano (l@s peruan@s que no piensan como él). Lo que allí dice García lo ubica en el polo opuesto de El antiimperialismo y el APRA y de otros escritos fundacionales del partido de Alfonso de Ugarte. Todas las medidas que propone (quitar al Estado la obsesión del control total, estimular al empleado público que presta el mejor servicio, liberar los bienes que el Estado no usa ni trabaja, abrir a la producción y al trabajo las áreas sin uso que tiene el país, establecer nuevos procedimientos para fomentar la inversión) tienen como exclusivo propósito estimular y garantizar la inversión privada. No propone una sola medida que tenga que ver con el perro del hortelano: empleo, el ingreso, la educación, la salud y el bienestar de los peruanos. Tampoco propone medidas de protección del medio ambiente. Todo para el capital, nada para la sociedad ni para el medio ambiente.
Diversas investigaciones (Terry Karl) sobre el tema planteado por García sostienen que los países con industrias extractivas tienen dos grandes retos: la negociación de la renta que deben dejar las grandes empresas internacionales (privadas y estatales) a los países propietarios de los recursos minerales y petroleros y la administración y distribución justa de la misma (renta) entre los diversos sectores sociales de estos países. Las soluciones de estos retos dependen, por un lado, de la capacidad de negociación de los gobiernos con las grandes compañías y, por otro, de las tensiones y negociaciones de los gobiernos con sus respectivas sociedades civiles. Sostiene asimismo que estos países sufren lo que los economistas llaman la maldición de los recursos: A más abundancia de recursos, menos desarrollo. Entre 1970 y 1993 los países más pobres en recursos naturales crecieron cuatro veces más rápido que aquellos que los tenían en abundancia. La historia muestra que ningún país petrolero ha alcanzado el desarrollo y que sólo algunos países que explotan sus recursos minerales (Chile, Malasia, Indonesia, Botswana) han tenido un relativo éxito en su camino al desarrollo.
La corrupción hace parte de la maldición de los recursos. Como bien lo ha señalado Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, cuando en un contrato entre el Estado y las corporaciones se precisan claramente las sanciones que debe pagar aquel si incumple determinadas cláusulas y no se señala, en cambio, la mayor participación estatal cuando los precios internacionales mejoran sustantivamente, esa omisión no es producto de la ignorancia sino que es un síntoma claro de corrupción. Lo mismo sucede cuando, en lugar de renegociar la renta con las compañías extranjeras pretextando la violación de los contratos, el Estado se limita a pasar el sombrero para recibir “contribuciones voluntarias” o cuando el Ministro de Economía propone bajar los impuestos para estimular la reinversión de las compañías mineras cuando éstas no lo necesitan porque los altos precios de los minerales en el mercado internacional son su mejor estímulo.
Acompañando la propuesta rentista de García, el gobierno acentuó en esta etapa su política de liberalización comercial (ingreso libre de varios productos industriales, aprobación del TLC con los EE.UU y con Canadá y búsqueda de aprobación de un TLC con China), desatando la protesta de empresarios industriales, de las organizaciones agrarias y de algunas centrales sindicales, los mismos que se verían afectados por los nuevos convenios establecidos. Para proteger a sus propios trabajadoras los demócratas norteamericanos obligaron al gobierno aprista a respetar los derechos laborales de los peruanos y a establecer medidas de protección del medio ambiente, previa aprobación del TLC. Con la fe del converso neoliberal, García ha planteado a la Unión Europea un TLC sólo con el Perú, instando a dejar de lado a los países “que no creen en el libre comercio”. Esta traición a los países andinos, cuando el Perú más los necesita para enfrentar su diferendo marítimo con Chile, muestra que García ha buscado la solución en la Corte Internacional de la Haya arrastrando los pies.
La liberalización comercial no ha sido un obstáculo para el endurecimiento de la política represiva y confrontacional (permisividad en el uso de las armas a las fuerzas armadas y policiales) contra los movimientos sociales y los gobiernos regionales bajo el pretexto de combatir a las bandas armadas del narcotráfico y a los remanentes del terrorismo que se han mostrado muy activos en el 2007 sin que el gobierno haya logrado éxitos importantes en ese combate.
El shock de inversiones y las políticas fiscales y monetarias del gobierno han incrementado la demanda interna en casi 12%, han acelerado las tasas de crecimiento (8.3 en el 2007), han aumentando las importaciones y han favorecido la emergencia de preocupantes presiones inflacionarias (3.9). Esta difícil situación y la recesión de la economía norteamericana pueden inducir al gobierno a desplegar políticas restrictivas, a reducir los montos inversión en las regiones, dando lugar a renovadas protestas sociales y recomposiciones políticas en el tercer período político que ya se inició.
A un año y medio de gobierno, la caída de García en la valoración ciudadana es acelerada e incontenible: Más de dos tercios de los peruanos y peruanas lo desaprueban, especialmente en el oriente, sur y centro en donde el rechazo se empina hasta el 84%. La desaprobación va acompañada de la pérdida de confianza y credibilidad: El 75% no tiene confianza o tiene poca confianza en el gobierno de García. Las regiones más renuentes a otorgarle un voto de confianza son el centro, el sur y el oriente en donde la mitad de sus poblaciones no le tiene ninguna confianza. Evaluando el desempeño del actual gobierno aprista y sus políticas, la gente se siente igual o peor en lo que se refiere a la creación de empleo (79%), en el control de la inflación (84%), en sueldos y salarios (86%), en la calidad de la educación pública (82%), en el acceso a los servicios de salud (80%), en el acceso al agua y al desagüe (71%), en los problemas de delincuencia e inseguridad (92%), en la reforma del poder judicial (87%), en la lucha contra la corrupción (87%). Las mejoras sólo se sienten en lo que se refiere a los acuerdos comerciales internacionales (37%) y en la promoción de la inversión privada (28%). Todo esto significa que, en opinión de enorme mayoría de la gente, García es desaprobado en la aplicación de las políticas sociales, en las políticas de seguridad ciudadana y en la lucha contra la corrupción y que sólo una tercera parte lo aprueba en las políticas económicas que favorecen, en mayor medida, al empresariado y al capital. El único caso de política social en el que la gente siente una cierta mejora es en el acceso al agua y al desagüe: el 26% cree que su situación ha mejorado en este rubro. Todo esto significa que la mayoría del país cree que García está gobernando para los sectores sociales más acomodados en desmedro de los pobres. Visto desde la legitimidad y desde la gobernabilidad, esto implica que García y su gobierno han perdido legitimidad por desempeño, aunque mantiene, obviamente, la legitimidad de origen. Es probable que esa pérdida sea mayor en las clases populares y pobres de las diversas regiones del país, incluida Lima, la más conservadora de las regiones. Pese a ello, la gente es suficientemente sensata para creer que su segundo gobierno es mejor que el primero. Sorprende, sin embargo, que para la mitad del país el actual gobierno aprista sea igual o peor que el de 1985-1990. En este alto porcentaje están probablemente los pobres de siempre cuya situación de pobreza sigue igual o peor desde el primer gobierno de García o desde antes. Este es el núcleo duro que no le reconoce mérito alguno al Presidente. Dado este sombrío panorama, los recientes cambios ministeriales son notoriamente insuficientes. La mayoría quiere no sólo un cambio de personas sino también de políticas.