La segunda semana de mayo del presente año, la CEPAL publicó su informe “La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe 2006”[1]. Según se detalla en dicho documento, pese a que en la región la Inversión Extranjera Directa (IED) creció 1,5% durante el año 2006, América Latina y el Caribe estarían perdiendo atractivo para los inversionistas extranjeros en comparación con otras regiones en desarrollo. Esto se refleja en la pérdida de importancia de la región como destino de IED, ya que solo el 8% de la IED mundial se destina a América Latina y el Caribe.

Entre las causas del comportamiento de la IED en nuestra región tenemos: la falta de una política más activa para atraer dicha inversión por parte de los gobiernos, así como los conflictos sociales que enfrentan empresas transnacionales dedicadas a la extracción de recursos naturales[2].

La desaceleración de la IED en nuestra región debe servir para reformular las políticas actuales destinadas a la promoción de dichas inversiones. Para poder lograrlo de una manera integral, primero se debe definir de claramente el rol de éstas en el desarrollo del país y el tipo de IED que se desea atraer.

Fuente: CEPAL

[1] http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones
/xml/3/28393/P28393.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl
[2] Uno de los principales destinos de la IED en nuestra región. Leer más »

El pasado jueves 10 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el Decreto de Urgencia (D.U.) Nº 014-2007, que declara en emergencia los proyectos de inversión pública en materia de educación, saneamiento, salud, electrificación rural, pequeñas y medianas irrigaciones, centrales hidroeléctricas; así como las concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos.

El D.U. permitiría aprobar proyectos de inversión tan solo con la elaboración del perfil del proyecto (primera etapa de la fase de pre inversión), dejando innecesario realizar los estudios de pre-factibilidad y de factibilidad; los cuales buscan mejorar la calidad de la información del proyecto a fin de reducir el riesgo en la decisión de inversión[1]. Sin embargo, de esta manera se podría llegar a deteriorar la calidad del gasto público y a malgastar los altos recursos con los que cuentan estos niveles de gobierno producto del crecimiento económico.

Preocupa, también, la forma en que se realizará el proceso de evaluación de viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP), cuya fuente de financiamiento sea operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantía del Estado, considerando que se haría con estudios a nivel de perfil y no con estudios de mayor rigor en la información.

Si bien los gobiernos regionales y locales han tenido muy poca ejecución de su presupuesto asignado para inversiones (la ejecución de los gobiernos locales de sus transferencias por concepto de Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones fue de 66% en 2006[2]) debido, principalmente, a la baja capacidad técnica de estos gobiernos para formular proyectos de inversión que cumplan con los requisitos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la solución no se encuentra en reducir estos requisitos al punto de llegar a aprobar proyectos que no cuentan con un estudio adecuado en cuanto a su pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad.

No obstante, aún se pueden rectificar estas medidas, pues el artículo 3º del D.U. establece que el Gobierno Nacional, en coordinación con el MEF, deberá aprobar los contenidos y parámetros mínimos adecuados de los Perfiles integrales de los PIP para cada sector, en un plazo de 10 días hábiles. Por lo pronto el Ministro de Economía declaró que se harán las precisiones necesarias para establecer que el D.U. abarque sólo obras regionales pequeñas.

[1] Actualmente sólo los proyectos de inversión menores a los S/. 2 millones pueden pasar a la etapa de inversión sólo con el nivel de estudio de perfil.
[2] Boletín de Transparencia Fiscal Enero 2007:
http://www.mef.gob.pe/DGAES/btfiscal/BTF67Feb07.pdf

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Entre el 9 y 30 de abril, el precio del petróleo se incrementó en un 6,83% en el mercado internacional; lo que ocasionó un incremento generalizado en el precio de los combustibles en nuestro país. Así, por ejemplo, las gasolinas de alto octanaje, las de bajo octanaje, y el petróleo, aumentaron en 0,70 céntimos, 0,45 céntimos y 0,40 céntimos respectivamente.

Debido a los efectos negativos que genera el incremento en el precio del crudo sobre la capacidad adquisitiva de los consumidores, es que en el Perú, se crea el “Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles” (FEPC)[1], con la finalidad de disminuir el impacto y la volatilidad de los “shocks” en el precio de este bien. Este fondo establece bandas que se pueden ajustar según varíe el precio del petróleo, de tal manera que si el Precio de Paridad de Importación (PPI) se encuentra por debajo del precio fijado en la banda, la diferencia pasa a favor del FEPC; caso contrario se descuenta del mismo, con lo que se da la posibilidad de que el fondo autogenere sus propios recursos[2]. Sin embargo, el problema es que los constantes aumentos del precio del crudo han causado que el fondo reciba constantes aportes por parte del Estado (hasta diciembre de 2006 el fondo percibió del Estado S/. 290 millones).

Dada la importancia que tiene el FEPC, tanto para los consumidores como para el manejo fiscal, se debe: i) analizar la dinámica con la que se maneja la determinación de la banda, y si esta es adecuada para generar los recursos necesarios para los periodos de alta volatilidad; ya que este objetivo no se está logrando, se deberían revisar los criterios y metodologías para la determinación de estas franjas de precios, Ii) evaluar la conveniencia, o no, de cambiar de regla de precio que permita atenuar los “shocks“ internacionales del precio del petróleo, y finalmente, iii) considerar la necesidad de incrementar el uso de otros combustibles.

[1] Decreto de Urgencia Nº 010-2004 (15 de setiembre).
[2] Para conocer los niveles actuales de las bandas ver “Informe Factores de Aportación y/o Compensación” en www.minem.gob.pe Leer más »

El segundo objetivo de las Metas de Desarrollo del Milenio (2000), busca lograr la enseñanza primaria universal, y señala como meta para el año 2015 velar porque todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de la enseñanza primaria. Para poder llegar a dicha meta, se analizan los siguientes indicadores: i) tasa neta de matrícula[1], ii) tasa de conclusión primaria[2], iii) tasa de alfabetismo de 15 a 24 años.

Al respecto, en el Perú el indicador de tasa neta de matrícula permaneció en 90% en promedio en los años 90s, mientras la tasa de conclusión primaria alcanzó 39% en el 2004, creciendo en 22,7%, respecto a 1991. Asimismo, se observa que los indicadores presentan una alta correlación con el nivel educativo de los padres, así como con el nivel de ingreso de los hogares[3]; lo cual no sorprende pues el desarrollo educativo es una parte esencial (tanto por el lado de la demanda como de la oferta) del desarrollo social y económico.

Por otro lado, si bien es cierto que este segundo “Objetivo de Desarrollo del Milenio” está por cumplirse en el Perú, al haberse logrado grandes progresos en la cobertura del sistema, este objetivo no considera la calidad del servicio. Al respecto, el estudio del Banco Mundial, “Por una educación de calidad para el Perú”[4], muestra que los aprendizajes de los niños son de bajo nivel y están mal distribuidos, y plantea además la necesidad de fijar estándares claros y definidos, a fin de evitar que los ciudadanos se contenten con un servicio de mala calidad y esto lleve a un equilibrio de bajas expectativas en el servicio ofrecido.

[1] Número de niños de 6 a 11 años matriculados en algún grado de primaria entre el número de niños de 6 a 11 años.
[2] Número de niños de 12 años que han culminado la educación primaria entre el número total de niños de 12 años.
[3] Castro, Juan y Gustavo Yamada (2006). “Evaluación de estrategias de desarrollo para alcanzar los Objetivos del Milenio en América Latina”. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
[4]http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL
/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/PERUINSPANISHEXT/0,,content
MDK:21269356~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:501764,00.html Leer más »

La segunda vuelta electoral en Francia ha suscitado el interés internacional por dos motivos. El primero, la coyuntura adversa por la que atraviesa el país, con el menor crecimiento económico dentro de los países de la Unión Europea, un nivel de deuda pública de aproximadamente 66% de su PBI y una tasa de desempleo de 8%. El segundo motivo, la extrema polarización de sus dos candidatos, Nicolas Sarkozy y Ségolène Royal, que representan a la derecha liberal y la izquierda socialista respectivamente. El primero de ellos, con un plan de gobierno que prioriza llevar a cabo las reformas económicas ausentes en el gobierno de su actual líder, el presidente Jacques Chirac. El segundo, con un programa que apunta a mitigar el descontento social producto de los últimos gobiernos franceses.

En materia económica, ambos partidos son fieles a sus raíces ideológicas y presentan propuestas opuestas. “La Unión por un Movimiento Popular”[1], partido de Nicolas Sarkozy, coloca como pilares de su reforma económica la reducción de la deuda pública a menos de 60% del PBI en cinco años, la creación de un capital de riesgo público y préstamo tipo cero para la creación de empresas, la creación de un único contrato de trabajo de duración indeterminada más flexible en cuanto a despidos por razones económicas, y la derogación del actual régimen de 35 horas de trabajo por semana. A su vez, “El Partido Socialista” de Ségolène Royal[2] coloca como eje de su plan económico el aumento del salario mínimo a 1500 euros mensuales, la creación de empleos ayudados o tutorías remuneradas para los jóvenes con más de seis meses en desempleo y una indemnización del desempleo igual al 90% del último salario neto percibido.

En cuanto a la postura francesa respecto de la Europa[3,4], Sarkozy propone la aprobación de una Constitución Mínima que sea analizada por el Parlamento (lo cual haría más fácil su aprobación), mientras S. Royal opta por llevar la decisión nuevamente a referéndum. Independientemente de quién salga elegido, la solución a los actuales problemas de Francia es lograr un crecimiento sostenido, con la liberalización del mercado de trabajo y un menor proteccionismo, lo cual no ha logrado en los últimos 25 años ni los partidos de derecha, ni los partidos de izquierda.

[1] http://www.u-m-p.org/site/index.php
[2] http://www.parti-socialiste.fr/
[3]http://babel.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=fr_es&trurl
=http%3a%2f%2fwww.politique.com%2fdossiers%2ffrance%2farticles%2
fpresidentielles-2007%2fprogrammes-candidats-2007-sarkozy.htm
[4]http://babel.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=fr_es&trurl
=http%3a%2f%2fwww.politique.com%2fdossiers%2ffrance%2farticles%2
fpresidentielles-2007%2fprogrammes-candidats-2007-royal.htm Leer más »

Según estimaciones del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP), el superávit comercial durante el primer trimestre del año habría ascendido a US$ 1 039 millones, 17,1% menor que el registrado durante el 1T2006 (en el año 2006 aumentó 68,3% respecto al año anterior). La tendencia decreciente del superávit comercial se debería tanto a la aceleración de la demanda interna, lo que estaría incrementando fuertemente el impulso importador, como a la falta de proyectos mineros que compensen la disminución en la producción de metales y el menor crecimiento de los precios de exportación.

Según el BCR, la expansión de la demanda interna habría sido alrededor de 10,0% en el 1T2007, liderada por la inversión y el consumo privados; ello habría llevado a que el valor importado aumente 24,4% en el mismo período, donde todos los rubros crecieron a tasas de dos dígitos, destacando la importación de bienes de capital (creció 57,0%).

Por el lado de las exportaciones, éstas aumentaron 13,2% en el 1T2007, luego de registrar una tasa de 37,0% en el año 2006. El crecimiento es explicado casi en su totalidad por los precios de exportación, ya que los volúmenes se encuentran estancados, principalmente, en lo que se refiere a los productos tradicionales. Una de las principales causas del bajo crecimiento de los volúmenes exportados sería el agotamiento de reservas de oro de Yanacocha y la falta de proyectos mineros que compensen la menor producción minera.

Con la dinámica del crecimiento económico actual, donde la demanda interna es el principal impulso de la economía, es probable que el superávit comercial para el 2007 sea algo menor que la actual proyección del BCR de US$ 7 264 millones.

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El “Plan Anual de Transferencias de Competencias 2007” comprende la transferencia de 82 funciones sectoriales y 153 facultades[1]. Entre las principales transferencias tenemos: diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional; impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbano rurales; formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades así como de vivienda y saneamiento.

De igual forma, también se transferirán fondos, programas y proyectos. Entre ellos se incluye la transferencia de la gestión de la atención primaria de la salud, a través de programas piloto (gobiernos regionales); la transferencia de la gestión de los establecimientos educativos, a través de programas piloto dirigidos por los gobiernos locales (municipales, provinciales y regionales); y la transferencia de proyectos de infraestructura social y productiva de FONCODES (a cargo de los gobiernos distritales).

Este proceso de transferencias se encuentra estrechamente relacionado al tema de demarcación y ordenamiento territorial debido a que si este último no queda totalmente claro, el proceso de transferencias podría atravesar por una serie de dificultades. En el año 2006 el 80% de distritos y el 91% de provincias del país tenían mal definidos sus límites, y el 50% de los distritos no cumplía con los niveles mínimos de población establecidos por ley para ser considerados como tales. Por otro lado, algunas provincias vienen duplicando funciones con otros niveles de gobierno [2].

Los gobiernos locales deben de resolver los problemas de carácter territorial para poder llevar a cabo el proceso de transferencias de competencias sin percances. Finalmente, queda preguntarse si este proceso de transferencias, que fortalece a las regiones en la actualidad, podría ser una restricción para la futura creación de macroregiones, proceso que se encuentra paralizado.

[1] Normas Legales Año XXIV – Nº 9804 de “El Peruano”, 15 de abril de 2007. La transferencia de competencia sectoriales a los gobiernos regionales y locales debe de cumplir previamente con los Requisitos Generales y Específicos de Acreditación, según la Ley del Sistema de Acreditación (LSA).
[2] PRODES (2007), “Evaluación Rápida del Proceso de Descentralización 2006: Demarcación y Organización Territorial, Informe de Hallazgos y Recomendaciones”, Enero de 2007, PRODES, p.16-33. Leer más »

Cada vez son más los informes[1] que indican que los efectos de la aceleración del cambio climático están originando una crisis para la humanidad. Éstas están relacionadas con el aumento en los niveles de temperatura atmosférica, derretimiento de glaciales, aumento de los niveles de agua y cambios en la temperatura de los océanos, desertificación, erosión de suelos, extinción de algunas especies biológicas y ecosistemas, cambios en la producción agrícola, ganadera, energética, entre otros. También se suman las acciones de contaminación y sobreexplotación de recursos naturales que realiza el hombre, los cuales son aceleradores de estos procesos.

Estos cambios están impactando en los sistemas productivos de los países, y por lo tanto en la vida de las personas. En particular, la población de los países más pobres sufrirá las peores consecuencias por su dependencia a los recursos naturales y por sus limitaciones para adecuarse a estos cambios. Por otro lado, también se están creando algunas oportunidades con la aparición de nuevos recursos y condiciones climáticas distintas.

Esta situación requiere que las personas empecemos por evitar las acciones que aceleran el cambio climático (contaminar menos y manejar mejor los recursos naturales), y por otro lado que se tomen acciones para adaptarnos a las nuevas condiciones, prevenir desastres naturales, y empezar a aprovechar las nuevas oportunidades que están surgiendo. Esto requiere mejorar los sistemas de información y seguimiento de variables ambientales, mayor formación de personas en temas ambientales (por ejemplo, necesitamos más economistas ambientales), e incorporar estos asuntos en la toma de decisiones políticas, en la elaboración de planes de desarrollo, en los proyectos empresariales, y en la vigilancia y acciones de la sociedad civil en general.

[1] Véase la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las evaluaciones periódicas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el informe Stern sobre la economía del cambio climático, el documental “Una verdad incómoda” dirigida por Davis Guggenheim y protagonizada por Al Gore, y muchos otros informes.
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La “Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal” (LRTF) de 1999 tiene por principio general que el Estado asegure el equilibrio o superávit fiscal en el mediano plazo, acumulando superávit fiscales en los períodos favorables y permitiendo únicamente déficit fiscales moderados y no recurrentes en períodos de menor crecimiento. Por tal motivo, la LRTF creó el “Fondo de Estabilización Fiscal” (FEF) con el objetivo de acumular recursos para épocas recesivas.

Los recursos de este fondo provienen del 10% de los ingresos líquidos por privatizaciones y concesiones, y del saldo presupuestal de libre disponibilidad del Tesoro Público, obtenido al final de cada año fiscal en la fuente de financiamiento “Recursos Ordinarios” (solo cuando éste saldo es positivo). Cuando los recursos acumulados son mayores al 2,0% del PBI, el exceso resultante se destina a amortizar la deuda pública; mientras esté por debajo de ese nivel, se mantiene como ahorro público.

Los ingresos propios del año 2006, entre venta de activos y concesiones, ascienden tan sólo a US$ 6,72 millones; el resto de ingresos corresponde al saldo anterior (US$ 313,88 millones) y a los intereses generados (US$ 5,69 millones), con lo que se acumula un ahorro total de US$ 336,30 millones[1]. Desde su creación en el año 2000, no han ingresado recursos al FEF por concepto de saldo presupuestal; esto debido a que hasta el año 2005 el resultado económico del sector público fue deficitario. Sin embargo, a pesar de que a final del año 2006 hubo un superávit de 2,1% del Sector Público No Financiero, estos recursos aún no han sido transferidos al FEF ya que actualmente el MEF se encuentra realizando, recién, el cálculo del monto que debe trasferirse al FEF por este concepto. Es por tal motivo que el ahorro total tan solo representa el 0,4% del PBI, al igual que en el año 2005.

El monto de ahorro del FEF debería elevarse este año, aprovechando que estamos atravesando momentos de bonanza económica; los indicadores macroeconómicos han presentado un excelente desempeño, incluso superando las proyecciones del MEF[2]. No obstante, se deben tomar las precauciones fiscales necesarias, en caso de que este desempeño pueda, en algún momento, tornarse desfavorable.

[1] Informe del monto de ahorro acumulado del FEF al 2006. MEF.
[2] Informe de seguimiento del MMM 2006-2008, al 2006. MEF. Leer más »

La semana pasada la comisión de economía del Congreso aprobó el proyecto de ley para la exoneración del ISC a los biocombustibles. Asimismo, el último viernes, el Poder Ejecutivo aprobó la norma por la cual se determina el porcentaje de biocombustibles que deberán tener las gasolinas. Al respecto, a partir del 2009 se deberá establecer una mezcla del 5% de biodiesel en las gasolinas, y otros 5% después de 2010. Por otro lado, en el 2009 las gasolinas deberán contener 7,8% de Etanol.

Estas medidas constituyen la base de los beneficios tributarios, dentro del marco de promoción de proyectos de inversión en bioenergía vinculados a la producción agraria de la caña de azúcar, maíz y palma, entre otros. Dichas medidas, acompañadas por las perspectivas de crecimiento futuro de la industria del Etanol, tuvieron un impacto positivo inmediato sobre las acciones de empresas azucareras en la Bolsa de Valores de Lima (BVL)[1].

Sin embargo, habría que tomar en cuenta que la actual “euforia” bursátil contribuiría a una sobrevaluación de dichas acciones, considerando además que estas acciones mantuvieron bajos volúmenes de negociación promedio. Los resultados financieros de dichas empresas aun no muestran mejoras sustanciales[2], mientras que el precio en el mercado internacional de etanol no ha tenido mayores variaciones[3].

[1] Las principales empresas Agroindustriales y Azucareras alcanzaron cotizaciones máximas históricas durante la semana del 16 al 20 de Abril.
[2] Fuente: www.conasev.gob.pe
[3] El precio FOB del Etanol en el Chicago Board of Trade (CBOT) se redujo en 4,2% desde el cierre de marzo de 2007. Fuente: Bloomberg. Leer más »