No es coincidencia que la Unión Europea (UE) y el Banco Mundial concordaran en el año 2005 en sus políticas de ayuda al África, ya que esta se inscribe dentro de una abierta declaración del Grupo del G8 de incrementar al doble la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) para este continente para el año 2010. La Unión Europea ha reforzado estas políticas en el 2006, al poner en marcha desde febrero la “Estrategia conjunta de la UE para el África”. Sin embargo, ¿Son estos intentos realmente significativos?

Al parecer, no. La propia UE ve con escepticismo el poder alcanzar la meta general de destinar 0,7% del PBI de cada país, en ayuda al desarrollo para el 2015, pues, el presupuesto comunitario en esta materia se reducirá de 20% a sólo el 13% para el 2013[1]. Ello hace que dentro de lo ajustado del presupuesto, se designe sólo 15% del total de AOD para el continente africano, el cual de no modificarse no logrará cubrir la meta de ser duplicada para el año 2010[2].

Aunque estas cifras no dejan de lado el hecho de que la UE es uno de las primeras fuentes de ayuda para el desarrollo en África, si reflejan serios problemas políticos, como la falta de apoyo unánime para que se aprueben los cambios en el presupuesto que se necesitan para poder cumplir con las metas de ayuda, por un lado; además de una nueva redefinición de las prioridades de gasto, como dejar de utilizar el 40% del presupuesto en subvenciones agrícolas y reasignarlo a áreas más prioritarias como infraestructura y vínculos comerciales, por el otro lado.

A pesar de que Europa no cumpla con la meta pactada por el G8, no puede alejarse de la realidad del continente más pobre del mundo, debido a su cercanía geográfica y por la importancia que tendrá este en un futuro, ya sea como fuente de recursos naturales y mano de obra barata, como fuente de outsourcing si se mejoran las condiciones actuales, o simplemente como alivio de su actual problema demográfico. Puede pasar de ser una carga en el presupuesto a un movimiento estratégico.

[1] Consejo Europeo. www.coe.int/
[2] G8 Research Group. (%) aproximado año 2004, del total de 43 000 millones de Euros de AOD de la UE. Fuente: Press Release – European Comisión.
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El 2006 comienza de manera extraordinaria. No sólo hay buenos resultados en la actividad económica, el empleo dependiente, la inflación y los balances fiscal y de cuenta corriente, sino que éstos comienzan a reflejare en una mejor confianza y expectativas de los agentes económicos.

En febrero, el Índice de Confianza del Consumidor de APOYO (INDICCA) alcanzó 53 puntos y se ubicó, por primera vez, en el rango optimista de la escala (más de 50 puntos). Esto refleja que un mayor porcentaje de consumidores considera una mejora en la situación económica presente así como en las perspectivas para el futuro. [ver gráfico]

La mejora de la confianza de los NSE D y E fue mayor que la mejora en los NSE de mayores ingresos. De esta manera, la confianza entre los distintos segmentos se hace más homogénea.

No sólo los consumidores han mejorado su percepción y expectativas, sino que, además, los empresarios también muestran un favorable nivel de optimismo. El Índice Mibanco, que analiza la confianza de los empresarios de las micro y pequeñas empresas (MYPEs), alcanzó 66 puntos en febrero y se ubicó por encima del nivel de indiferencia de la escala (50 puntos). Además, según APOYO Consultoría, el 82% de sus clientes del Servicio de Asesoría Empresarial considera que sus ingresos serán mejores en el 2006 respecto del 2005.

Los resultados son importantes puesto que las buenas expectativas de los agentes económicos son el impulso para la activación del círculo virtuoso: confianza empresarial – inversión – empleo – ingresos – confianza de los consumidores – mayor consumo – mayores ventas – confianza empresarial.

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Con la intención de frenar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la primera empresa eléctrica de España Endesa (con importante presencia en Italia y Latinoamérica) por parte del gigante alemán de la electricidad y el gas E.ON[1], el Consejo de Ministros de España aprobó dos medidas que suponen romper el ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea, con la finalidad de defender un sector, que el Gobierno español de Rodríguez Zapatero considera estratégico.

La primera de las medidas, amplía las funciones de la Comisión Nacional de Energía (organismo regulador del sector) para que, todas las operaciones que se produzcan en el sector tengan que pasar obligatoriamente por el filtro de este organismo; especialmente bajo la denominada “función 14” que examina la repercusión de cualquier concentración en los mercados regulados, que hasta ahora estaban exentas las empresas extranjeras, como sería el caso de E.ON.

El nuevo régimen de autorizaciones estaría hecho a la medida de Endesa, pues considera estratégicas las centrales térmicas, nucleares, de carbón, los sistemas extrapeninsulares, los almacenamientos de gas y gasoductos.

La segunda medida limita el derecho de voto de una empresa extranjera pública o controlada por administraciones públicas que adquieran una participación relevante en una empresa energética española.

Despierta suspicacia, que el gobierno español se pronunciara anteriormente a favor de la OPA de la empresa española Gas Natural sobre Endesa (lanzada el 5 del setiembre último), a pesar de la negación del Tribunal de Defensa de la Competencia de España. En vista de la coyuntura, Gas Natural estaría a punto de lanzar una nueva propuesta por Endesa, que mejoraría la OPA de E.ON. Gas Natural tiene la ventaja de haber pasado todos los procesos y autorizaciones administrativas, a diferencia de la empresa alemana.

Si las modificaciones efectuadas por el Gobierno español no son consideradas legales por Bruselas, se abriría un procedimiento legal, en el que el Estado español sería denunciado y se tramitaría por la justicia comunitaria.

Sin duda el desenlace de esta disputa sentará un precedente en la fortaleza de la Comunidad Europea en materia económica. Endesa controla en Perú las generadoras Edegel y Etevensa, así como las distribuidoras Edelnor y la Empresa Eléctrica de Piura, con las cuales tiene alrededor de un 30% de participación de mercado en el sector de energía del país

[1] E.ON es, actualmente, la segunda compañía en Reino Unido en el mercado de generación eléctrica y distribución; número dos en generación y líder en distribución en Europa Central; y la cuarta empresa en generación y tercera en distribución en los países nórdicos europeos.
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Quizá la noticia más común de los últimos meses ha sido el mediocre nivel del debate electoral. Frente a ello, surgió una idea que vale la pena ser pensada y que presentamos a continuación.

Con las elecciones los ciudadanos decidiremos a qué agentes privados otorgamos el manejo monopólico de la gestión pública durante cinco años. Sin embargo, el proceso tal como está diseñado actualmente no contempla una declaración expresa por parte de los concursantes (candidatos) de sus ofertas (compromisos) ni un mecanismo que permita evaluar objetivamente el cumplimiento de los objetivos. Acercar el proceso electoral a un proceso de licitación podría permitir evaluar si quienes gobiernen los próximos cinco años cumplieron sus ofertas, gracias a las cuales ganaron el puesto.

Cabe recordar que el Perú ya asumió el compromiso de cumplir ciertas metas para el 2015, entre ellas, reducir la pobreza extrema a la mitad. Para ello puede ser de notable ayuda el que los próximos gobiernos se comprometan explícitamente a cumplir metas intermedias que hagan posible llegar al 2015 con cambios sociales significativos. Como expusimos en el semanario pasado, en la última sesión de la Comisión para el Desarrollo Social de las Naciones Unidas se revisó el progreso de los diez primeros años (1997 -2006) del compromiso de erradicar la pobreza a nivel mundial y el resultado de la evaluación fue que en ese período hubo una notable falta de progreso social en América Latina. Diez años perdidos. Quizá haya subyacente un problema de incentivos.

Es cierto que en algunos casos resulta difícil medir objetivamente las mejoras, como en la lucha contra la corrupción, exclusión cultural y política, medio ambiente, etc; sin embargo, eso no debería ser impedimento para que los gobernantes asuman compromisos en esos ámbitos y metas explícitas en aquellos que sí pueden ser evaluados con una medición. Entre los temas principales en los que se podrían exigir compromisos medibles figuran los siguientes:

¿Cuánto reducirá el porcentaje de la población en situación de pobreza?
¿Cuánto reducirá la tasa de desnutrición infantil?
¿Cuánto aumentará el porcentaje de viviendas con electricidad y desagüe?
¿Cuántos puestos subirá el Perú en el ranking de rendimiento escolar?
¿Cuánto aumentará la cobertura de los servicios de salud?
¿Cuánto aumentará el porcentaje de trabajadores formales en el sector privado?
¿Cuánto aumentará el ingreso real de los trabajadores del sector privado?

Las respuestas a preguntas de este tipo conformarían la oferta o los compromisos de los candidatos y tomado eso en consideración la población podrá elegir (contratar) la que le parezca la mejor opción. Además, para los que “ganen la licitación” (presidentes y congresistas) estos compromisos serán los objetivos para los cuales la población en su conjunto los está contratando y pagando. Si al final del mandato no se cumpliesen los objetivos se podría generar una multa monetaria proporcional al nivel de incumplimiento, si se sobre-cumplieran entonces ameritaría un “bono de productividad”.

Este mecanismo generaría mejores incentivos, menor populismo, más transparencia, más rendición de cuentas y una evaluación permanente de los presidentes y congresistas en función al logro de objetivos prioritarios. Pero principalmente podría contribuir a fortalecer los derechos ciudadanos y la democracia, además de generar incentivos en los funcionarios hacia la búsqueda de mejoras sociales significativas y sostenibles. Leer más »

El pasado jueves 9 del presente mes, la Comisión Permanente del Congreso de la República finalmente dio luz verde a la “Ley de Fortalecimiento y Modernización de PetroPerú”, norma que tiene entre sus principales lineamientos el retiro de la empresa petrolera estatal del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial (FONAFE), del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones (CONSUCODE), así como la fusión con el organismo encargado de los contratos petroleros (PERUPETRO).

Esta ley que le otorga a PETROPERÚ mayor autonomía en sus inversiones, sobretodo en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos parte de la necesidad, impostergable, de fortalecer el rol de la petrolera estatal en la industria de hidrocarburos nacional. Esta industria, caracterizada por “el requerimiento de inversiones significativas, de carácter específico que da lugar a costos hundidos, con economías de escala y de ámbito (puede haber una producción diversificada con la misma eficiencia) en la refinación y el almacenamiento, y con importantes barreras estratégicas y estructurales que frenan e ingreso de más competidores”[1], cumple con las propiedades de un monopolio natural donde PetroPerú hace el papel de regulador bajo el esquema de empresa pública; esquema mediante el cual “la empresa estatal toma como dado el nivel de producción de la empresa privada y es instruida por el gobierno para establecer el nivel de producto resultante de igualar el precio a sus costos marginales (precio de competencia)”; este comportamiento originaría que en una industria duopólica compuesta por un actor privado (Repsol-YPF) y uno estatal (PETROPERÚ), el precio resultante tienda al de competencia (precio paridad de exportación)[2]. Sin embargo, tal esquema no parece resultar efectivo en la práctica ya que los precios de los combustibles en el mercado se han venido mostrando inclusive por encima de los de paridad de importación, y ya desde 1997 algunos expertos señalaban que “la peculiaridad en la formación de precios de esta industria era que la empresa estatal mostraba síntomas de ir retirándose lentamente del mercado”[3].

Según palabras del responsable del sub-sector Energía y ex director de Petroperú, Juan Miguel Cayo[4], la empresa habría entrado en una etapa crítica de su existencia ya que de no invertir en una planta de desulfurización para producir diesel de bajo contenido de azufre, que deberá de estar lista para el 1ero de enero del 2010, simplemente la empresa dejaría de producir Diesel, su principal producto en el país. Por ello la urgencia de modernizar y fortalecer la capacidad de gestión de la empresa.

La reciente ley busca excluir a la empresa de las normas de CONSUDODE, lo cual resulta positivo si tenemos en cuenta que Petroperú tiene tantas trabas burocráticas para comprar insumos y combustibles terminados, que constantemente pierde oportunidades de negocio importantes.

Su exclusión del FONAFE y del SNIP son temas más delicados pues tal vez la solución pasa por modificar algunas normas de dichos organismos y no la desvinculación total, ya que estos tienen por objetivo llevar un adecuado control de las empresas del estado.

Por otro lado, existe un desacuerdo casi general entre algunos expertos respecto a la fusión con PERUPETRO incluida en la ley, lo que implica que Petroperú sería el nuevo contratante en los contratos petroleros. Estas funciones de promoción, negociación y supervisión de contratos la viene asumiendo eficientemente PERUPETRO desde 1993, una entidad autónoma especializada en estos temas, por lo que sería un error delegar estas responsabilidades a otra empresa sin la experiencia necesaria.

En suma, la Ley de Modernización busca que Petroperú reingrese nuevamente en el “upstream” de la industria de hidrocarburos, facilitándole los trámites para actividades como exploración y explotación; sin embargo, es necesario tener cautela con algunos aspectos de dicha ley, que pueden tener repercusiones negativas.

[1] Fuente: Diario “El Comercio”: Alusión al trabajo de José Távara y Aurelio Ochoa sobre la formación de precios y concentración en el mercado de Hidrocarburos.
[2] Beato and Mas-Colell: “The Marginal Cost Pricing as a Regulating Mechanism in Mixed Markets”. North Holland – Amsterdam. 1984.
[3] Távara, José: “Análisis del Mercado de Combustibles de Uso Industrial”. Macroconsult.1997
[4] Fuente: Diario “Gestión” 15/02/06. Leer más »

La suspensión del permiso de operación de TANS por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha originado un debate en cuanto a sus efectos en la industria aérea nacional y su impacto directo en los precios de los pasajes aéreos, los cuales han mostrado un alza sostenida desde último semestre del año pasado.

¿A qué se debe este aumento?. Si se buscan las causas en el mercado externo, el actual incremento de precios responde a una tendencia de reajuste de costos y aumento en los precios finales para contrarrestar la volatilidad de la demanda de boletos por los turistas luego de los incidentes del 11 de septiembre.

Sin embargo, la respuesta parece tener más causas en la estructura del mercado interno. Si bien es cierto los atentados terroristas es Estados Unidos afectaron la aeronáutica local, no se registra un aumento sucesivo y sostenido de los precios a partir del 2002, sino que el aumento brusco se da recién a mediados del año pasado, a partir de un incidente aéreo de TANS que cobró la vida de 42 personas y que movilizó la demanda casi en su totalidad hacia los otros dos operadores existentes ( Lan Perú y Aerocondor), lo cuales mostraron un incremento de sus precios de casi 1/3 de la tarifa total hacia fin de año. (Ver gráfico).

Aunque el creciente precio del petróleo (en este caso específico de la aeronáutica del Turbo A1) sea también factor desencadenante de esta subida, este no explica el incremento total de las tarifas, debido a que las aerolíneas han previsto este aumento desde inicios del año pasado, con lo cual estaría ya descontado su efecto desde enero y no explicaría, por lo menos en su totalidad, la subida desde septiembre y octubre del año pasado.

Si el aumento de precios en los pasajes aéreos se debe a un aumento del precio de sus insumos o a ineficiencias en la estructura del mercado recién se podrá apreciar tras la próxima entrada de dos nuevas compañías (Waira y Aerolíneas del Perú), que se prevé reasignen el porcentaje de mercado de las actuales aerolíneas y muestren si los precios responden a los costos reales de funcionamiento o a una probable renta oligopólica.
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Latinoamérica ha experimentado una marcada falta de progreso social durante los últimos 10 años. La región se caracteriza por una profunda desigualdad, altos niveles de pobreza y resultados insatisfactorios con respecto a los compromisos asumidos por los países de la región para el año 2015.

Erradicar la pobreza significa erradicar las condiciones y fuerzas que alimentan la pobreza; requiere de políticas fuertes, decisiones presupuestales y la provisión de servicios sociales conducentes a satisfacer las necesidades básicas y respetar los derechos humanos. Además, en su erradicación, se debe prestar especial atención a los grupos más vulnerables y con más desventajas, tales como los ancianos, jóvenes, indígenas y personas con discapacidades; existen evidencias que las mujeres pobres son especialmente vulnerables a distintas formas de explotación.

La pobreza tiene carácter multidimensional, describe un amplio rango de circunstancias asociadas con la dificultad al acceso y carencia de recursos para satisfacer las necesidades básicas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las personas. La pobreza no puede ser medida o atendida estrictamente en términos de ingresos o consumo; pero como punto de partida, las personas pobres deberían tener la oportunidad de mantenerse por si mismos, a través de su trabajo, que debería ser adecuadamente remunerado.

La pobreza requiere la adopción de estrategias bien definidas para atender los asuntos sociales como el desempleo, la exclusión y la falta de accesos a servicios básicos.

Un obstáculo persistente en una situación de pobreza es el limitado acceso a mercados de las personas pobres y su incapacidad de participar en toda la cadena del valor agregado. Los gobiernos deberían fortalecer el capital social y tomar en cuenta los procesos participativos para la toma de decisiones públicas.

Los cambios en la globalización y la revolución tecnológica han afectado la vida y la seguridad de los individuos a nivel mundial, acentuando las desigualdades en y entre los países. Existe un desequilibrio terrible en el mundo, diariamente se tranzan $1.9 billones en los mercados financieros del mundo y al mismo tiempo más de mil millones de personas tienen que sobrevivir con menos de un dólar diario. Este panorama plantea el desafío de contar con la voluntad política de los gobiernos y establecer políticas nacionales e internacionales para realizar un conjunto de reformas que permitan transformar las condiciones actuales de vida de los más pobres. Por lo tanto, es necesario un concepto más amplio de desarrollo económico y social a nivel tanto nacional como internacional que permita esta transformación.

(1) Estas ideas fueron expuestas por el grupo de expertos de América Latina y de otras regiones que participaron de la Cuadragésima cuarta Sesión de la Comisión para el Desarrollo Social de las Naciones Unidas, en la cual se revisó el progreso de los 10 primeros años del compromiso de erradicar la pobreza a nivel mundial (1997-2006). Véase: http://www.un.org/esa/socdev/csd/csocd2006.htm; y, http://www.un.org/News/Press/docs/2006/soc4696.doc.htm Leer más »

Durante la semana pasada se aprobó en el Congreso el Proyecto de Ley que permite la libre desafiliación del Sistema Privado de Pensiones (SPP) para aquellos afiliados que tengan entre 40 y 65 años. Cabe recordar que en mayo de 2004 también se aprobó un dictamen que buscaba regular la desafiliación del SPP mediante una Comisión especial que evaluaría casos puntuales de desafiliación. Sin embargo, este dictamen no se convirtió en ley porque terminó siendo observado por el poder Ejecutivo.

La reforma de los sistemas de pensiones en la mayoría de países siempre ha acarreado un costo que debe ser asumido por el Estado, y por ende por los ciudadanos. Sin embargo, este costo tiende a incrementarse en la medida que se mantengan antiguos esquemas, principalmente por razones políticas, que distorsionan el comportamiento responsable que deberían tener los ciudadanos ante los riesgos de la vejez. Por tal motivo, la constante demanda de los ciudadanos por la libre desafiliación no responde a la libertad de elección consagrada en el artículo 11º de la Constitución, sino a un mercado laboral incapaz de absorber mano de obra de manera permanente; y a los errores de un Estado débil y sin visión que no supo enfrentar el tema no sólo desde una perspectiva fiscalista, sino de protección de los derechos previsionales de aquellos trabajadores a quienes no les convenía trasladarse a un sistema de capitalización individual o de aquellos trabajadores que, de manera estructural, sólo podían generar ingresos bajos durante su vida laboral. Si bien hubo respuestas concretas (jubilación adelantada para desempleados, pensión mínima, bonos de reconocimiento, jubilación especial para trabajadores en actividades de riesgo) estas fueron tardías y muy restrictivas y no han logrado resolver los problemas de aquellos afiliados que no reciben una pensión adecuada y que además sufren las externalidades negativas generadas por un Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que otorga, en la teoría y en la práctica, mejores beneficios.

Finalmente, hay que recordar que la solución privada (SPP) no es la solución perfecta, pero comparada con la solución pública (SNP) resulta siendo todavía muy superior. También, hay que recordar que los resultados del SPP se verán en el largo plazo, por lo menos cuando una generación se jubile en el SPP, sin necesidad de garantías estatales. Mientras tanto, es tarea del Estado tratar de remediar los perjuicios causados contra algunos afiliados del SPP y a su vez terminar por desterrar esquemas antiguos que generan los incentivos incorrectos para los trabajadores. A la clase política le corresponde hacer que esta situación sea creíble y sostenible en el tiempo.
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El 29 de enero culminó la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, realizado en Davos (Suiza), con la participación de los más importantes funcionarios de empresas del mundo, y cuyo fin es proveer de una plataforma de discusión a partir de la cual surjan esfuerzos comunes para generar o implementar nuevas soluciones a desafíos mundiales.

Durante 5 días de sesiones y talleres, los participantes discutieron temas como el actual escenario económico mundial, el desarrollo de China e India, la necesidad de nuevas fuentes de trabajo y de nuevas ideologías, las cambiantes identidades y las luchas alrededor del mundo.

Además de nuevas y creativas iniciativas, surgió el compromiso de tomar medidas que permitan reducir los desequilibrios mundiales, no sólo relacionados con aspectos económicos y sociales, sino también ambientales. De este modo, se detalló nuevos proyectos para socorrer a víctimas de desastres, aliviar el hambre en África, extender la iniciativa anticorrupción del Foro, estimular la inversión y el financiamiento para el desarrollo, e impulsar iniciativas público-privadas. Algunas otras recomendaciones:

• Establecer nuevas políticas que incentiven el ahorro en Estados Unidos y el consumo en China.
• Mejorar las redes de seguridad social nacionales para afrontar el movimiento laboral mundial.
• Reformar el Fondo Monetario Internacional (sistema de votaciones, rol del FMI y arbitraje de tipos de cambio)
• Buscar soluciones diplomáticas a la política nuclear de Irán
• Mejorar la regulación de los fondos de pensiones para mejorar el flujo y rentabilidad de las inversiones.
• Generar una capacidad sostenida para producir vacunas contra la influenza y fiebre aviar (H5N1).
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El pasado martes, 31 de enero, el Senado de los EEUU aprobó la nominación de Ben Bernanke como próximo presidente de la Junta de la Reserva Federal (FED), en reemplazo de Alan Greenspan quien ejerció dicho cargo durante 18 años, y tuvo como principales logros el control de la inflación, el estímulo al crecimiento económico, y la reducción del desempleo. Bernanke, economista egresado de la Universidad de Harvard y Doctor en economía por el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), ha sido presidente del Departamento de Economía de la Universidad de Princeton, presidente del “Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca”, y del 2002 al 2005 perteneció también al Comité Federal de Mercado Abierto de la FED (FED – FOMC), comité que fija las tasas de interés de corto plazo.

No obstante su reconocida trayectoria académica, se critica su limitada experiencia en el sector privado y en los mercados financieros, lo que puede repercutir en la credibilidad del manejo monetario, ya que el nuevo presidente de la FED es considerado por el sector privado como menos drástico que Greenspan en cuanto a la lucha contra la inflación.

Por lo pronto, en cuanto a la reacción de los mercados de capitales, las acciones se recuperaron durante la semana del nombramiento de Bernanke, pero los bonos del Tesoro retrocedieron, elevando las tasas de interés de largo plazo; de igual forma, se espera que estas tasas de largo plazo, inclusive las hipotecarias, se eleven al máximo este año, reflejando las dudas inaugurales sobre el sucesor de Greenspan. Sin embargo, en el corto plazo se espera una continuidad en la política de tasas acomodaticias que mantiene la política monetaria actual; ya que en su última decisión al frente de la FED, Greenspan elevó la tasa directriz a 4.50% y se espera que esta tendencia continúe hasta la próxima reunión (FED-FOMC), la cual se llevará a cabo el 28 de marzo.

Según Diane Swonk, economista de la empresa Mesirow Financial de Chicago, el tema crucial para Bernanke y los mercados financieros es si los incrementos totales en las tasas de interés de corto plazo, después de 14 o 15 incrementos hasta marzo, serán suficientes para calmar las turbulencias en el mercado inmobiliario. Por otro lado no debemos olvidar que existe también otro gran desafío de la economía estadounidense: un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que supera el 6% del PBI, un mercado bursátil con pobre performance durante los últimos años; algunas presiones inflacionarias, y un débil crecimiento del PIB (con una tasa anual de 1,1 por ciento en el cuarto trimestre del año pasado).
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