La excanciller Delcy Rodríguez fue seleccionada como presidenta del órgano legislativo convocado por Maduro
El chavismo gobernante instaló este viernes en el palacio legislativo, acompañado de cientos de seguidores, a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. La foto del fallecido ex mandatario (1999-2013) Hugo Chávez ingresó de nuevo al Parlamento, en el centro de Caracas, cargada por los asambleístas Cilia Flores, la primera dama; Diosdado Cabello, y Delcy Rodríguez, excanciller que fue elegida este viernes presidenta de la flamante Constituyente. (Foto: EFE)
Con el traslado de dos inmensos retratos —uno con la imagen oficial del Libertador Simón Bolívar, y el otro con la del “comandante eterno”, Hugo Chávez—, el chavismo quiso simbolizar el afán de restauración y revancha que inspira la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro e inaugurada este viernes en la tarde en Caracas.
“Volvió, volvió”, coreaban los más de 500 diputados chavistas mientras atravesaban la entrada principal del Palacio Federal Legislativo. Llegaban caminando desde la cercana Plaza Bolívar, portando con ellos las dos imágenes con la devoción que se dedica a las reliquias. Ambas presidían las plenarias de la Asamblea Nacional que la Revolución controló de manera absoluta durante una década, pero fueron removidos de allí cuando en enero de 2016 empezó una nueva legislatura de mayoría opositora.
Sin hallar resistencia, los miembros de la Constituyente, leales al Gobierno, trajeron los cuadros al Salón Elíptico de la sede ceremonial del Parlamento, en pleno casco histórico de la capital venezolana. Ya habían desplazado de ese espacio a los diputados de la Asamblea Nacional, ausentes. Pero llegan además con la misión explícita de disolver ese poder, despojar a sus adversarios de su fuero de inmunidad y poner a algunos de ellos en prisión. Para llevarla a cabo, algunos de los miembros de la Constituyente apenas cuentan con el mandato de 1.000 votos, como se reveló en la víspera que ocurrió con los representantes del llamado sector empresarial.
La excanciller Delcy Rodríguez fue seleccionada como presidenta de la Constituyente, acompañada en la directiva por los exvicepresidentes de la República en las gestiones de Hugo Chávez, Aristóbulo Istúriz e Isaías Rodríguez. La ex ministra de Relaciones Exteriores, hermana del influyente alcalde del Municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, aliado cercano del presidente Maduro, surgió como fórmula de consenso por un cargo al que aspiraban la esposa de Maduro, Cilia Flores, y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
Delcy Rodríguez tomó juramento al resto de sus colegas. En la ceremonia no estuvieron ocupados los 545 asientos del cuerpo deliberativo. El día anterior, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el oficialismo acordaron repetir las elecciones en dos municipios de los Andes, lo que compromete siete curules.
“¿Juran ustedes defendernos de las agresiones imperialistas, de la derecha traidora?”, preguntó retóricamente Rodríguez a los diputados. Un poco más tarde, en su discurso inicial, la presidenta de la Constituyente pidió a sus colegas agradecer al convocante “Nicolás Maduro, que hoy se hizo gigante”. Maduro no asistió al evento, en un gesto para escenificar la soberanía e independencia de la nueva Asamblea frente a los poderes constituidos.
“Vinimos aquí no a destruir nuestra Constitución, sino a eliminar todos los obstáculos que nos han impedido materializar algunos de sus avances”, aseguró Rodríguez. Con ello no solo ratifica el propósito de arrase de la resistencia que anima este proceso, sino que, sobre todo, responde las críticas de sectores disidentes del chavismo que han hecho distancia pública de la Constituyente, señalando que se pretende aniquilar la Constitución “original” de Chávez —la vigente, que data de 1999— para perpetuar en el poder a Maduro y los suyos.
Rodríguez advirtió también a la oposición que “esta Constituyente llegó para hacer justicia”, puntualizando que sus líderes correrán con las consecuencias “si no se deciden a hacer acción política”. Dijo que desde el sábado empezarán a tomar medidas: “No se sorprendan porque ya llegó el poder Constituyente”. La primera sesión regular se iniciará a las diez de la mañana del sábado 5 de agosto.
En horas de la madrugada, agentes de la Guardia Nacional habían forzado la entrada al Salón Elíptico, para tomarlo de manera temprana y evitar que los diputados opositores de la Asamblea Nacional (AN) obstaculizaran la ceremonia. Se trata del lugar protocolar donde reposa el acta original de la Independencia, suscrita en 1811. Pero la incursión resultó innecesaria. Por una parte, el director de Protocolo de la AN había dicho un día antes que colaboraría con la instalación de la Constituyente. Por la otra, los parlamentarios afiliados a la alianza opositora, Mesa de Unidad Democrática (MUD), prefirieron integrarse a la marcha de protesta convocada desde temprano y que intentaba alcanzar, desde varios puntos del este de Caracas, la sede de la Asamblea Nacional.
Al momento de redactar este despacho, la marcha acababa de comenzar. Las fuerzas de seguridad en Venezuela han comenzado a dispersan con gases lacrimógenos a los manifestantes que se dirigían al Palacio Federal Legislativo en Caracas.
Con la instalación de la Constituyente, el chavismo desatendió las resistencias de buena parte de la comunidad internacional y una exhortación de última hora llegada desde el Vaticano, en la que se solicitaba suspender la puesta en vigor de un mecanismo que viene a complicar aún más la crisis política de Venezuela.
EL SUPREMO OPOSITOR ESCOGE EL EXILIO
La Embajada de Chile en Venezuela informó este viernes que recibió en su sede en Caracas a un sexto magistrado, integrante del Trubinal Supremo de Juticia “paralelo” que la Asamblea Bacional de mayoría opositora designó hace dos semanas. Se trata del abogado Luis Marcano Salazar, quien, como otros cinco colegas, se refugió en la legación diplomática chilena en busca de asilo político.
El Canciller Heraldo Muñoz confirmó desde Santiago de Chile la información. “El Gobierno de Chile actuará en esta materia de acuerdo con los principios jurídicos y humanitarios que inspiran su política exterior”, se limitó a decir el ministro.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Panamá anunció que había concedido asilo político a los magistrados Gustavo Sosa Aguirre y Manuel Espinoza Melet. En un comunicado, la cancillería panameño reconoció que ambos juristas solicitaron protección al entrar “hace varios días” a la residencia y misión diplomática de ese país en Caracas.
El parlamento de mayoría opositor nombró el 21 de julio 33 magistrados en sustitución de los jueces designados, de forma ilegal -según el nuevo legislativo- , por la Asamblea Nacional chavista en diciembre de 2015.
La designación no fue reconocida ni por el Gobierno de Nicolás Maduro ni por el Supremo en funciones, leal al oficialismo, que prometió sancionar a los recién nombrados.
Un magistrado, Ángel Zerpa Aponte, ya está en prisión. Además de los otros seis refugiados en la embajada de Chile, el juez de la Sala Penal Alejandro Rebolledo se llegó al exilio en Estados Unidos.
Los trabajadores del BCR, SBS y el Congreso no ingresarán al nuevo régimen de servicio civil.
Imagen: internet
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el miércoles 12 de julio el proyecto de ley que exonera a los trabajadores del Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de la Ley Servir. La autógrafa enviada al Ejecutivo también considera a los trabajadores del Congreso.
El 14 de junio, la Comisión de Economía del Congreso aprobó los proyectos presentados por el BCR y la SBS, analizando la naturaleza de los entidades autónomas. El 12 de julio, la Comisión de Economía presentó un texto sustitutorio, en el que incluyó a los trabajadores del Congreso, sin exponer el análisis de los motivos. Ese mismo día, la Comisión Permanente aprobó el nuevo dictamen.
Si bien los trabajadores del BCR aún no han ingresado al régimen Servir –pues las incorporaciones de las entidades estatales a este régimen forman parte de un proceso que viene tomando varios años –este es un temor latente en la entidad si es que no se aprueba el proyecto de ley.
En abril del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) terminó que la inclusión de los trabajadores del BCR, el Congreso, la Sunat, SBS y la Contraloría no es inconstitucional, por lo que forzó a estas entidades a adecuarse al nuevo régimen laboral del sector público.
Si bien la implementación de la Ley Servir está en curso y todavía no rige en las entidades públicas mencionadas, la SBS y el BCR recurrieron al Congreso para la exoneración de sus empleados de la norma, lo que se concretó hace unos días.
Promulgan ley que excluye del régimen Servir a los trabajadores del Congreso, BCR y SBS
La Ley N° 30647, publicada hoy, señala que el Congreso, BCR y SBS son “organismos autónomos y sus trabajadores se rigen por el régimen laboral de la actividad privada”.
Tal como lo adelantó Gestión, hoy se promulgó la Ley N° 30647, la cual excluye del régimen Servir a los trabajadores del Congreso, BCR y SBS.
La citada norma sostiene que estos son “organismos autónomos y sus trabajadores se rigen por el régimen laboral de la actividad privada”.
Cabe recordar que a inicios de año tanto el BCR como la SBSenviaron sendos proyectos proponiendo su exclusión al régimen de Servir, al considerarse entidades especializadas.
En julio, la Comisión Permanente del Congreso reunió ambos proyectos en un solo dictamen y también agregó la misma disposición para sus trabajadores.
Al respecto, el abogado laboralista Jorge Toyama refirió que la propuesta para excluir a los trabajadores del Congreso del régimen Servir no se justifica, pues a diferencia del BCR y la SBS, no es un organismo especializado ni constitucionalmente autónomo.
“El Congreso no tiene un estatuto particular, es como cualquier otra entidad pública. Ahora cualquier otra entidad pública podría solicitar una medida similar”, advirtió Toyama.
El republicano sigue siendo un presidente de excepción, apoyado por un núcleo duro, pero rechazado por el resto.
Donald Trump en su reunión con senadores republicanos tras el fracaso de la reforma sanitaria. REUTERS
Donald Trump sigue solo. Tras seis meses en el poder y una agenda en agitación permanente, el multimillonario neoyorquino no ha sido capaz de romper con la maldición de su mandato. Continúa siendo un presidente de excepción, apoyado por un núcleo duro de votantes, pero rechazado por el resto. Una fractura, cristalizada en su bajísima valoración en las encuestas, que el fracaso en la aprobación reforma sanitaria ha dejado en evidencia. Ni siquiera en el proyecto más emblemático y anhelado de la derecha ha logrado unir a su propio partido.
La división republicana ha dejado el liderazgo de Trump por los suelos. El legado de Barack Obama ha mostrado mucha más resistencia de la que se suponía y ha permitido que las carencias del multimillonario afloren. Las encuestas lo han señalado desde el primer día. Su valoración es la más débil de un presidente a esta altura del mandato, y su vertiginosa gestión solo polariza más. Pero esta limitación no implica que haya perdido el apoyo de sus bases. Los sondeos, como indica a este periódico el profesor Larry Sabato, director del Centro para la Política de la Universidad de Virginia, se elaboran sobre población general pero a efectos electorales solo importan los votantes registrados, y ahí Trump permanece incólume. Sin otros aliados, pero fuerte.
Con este bagaje, Trump ha entrado en el laberinto. Fracasado su plan de liquidar el Obamacare y aprobar al mismo tiempo un proyecto propio, está tratando de hallar una nueva salida: votar la eliminación del actual sistema y dejar para una discusión posterior su alternativa. El plan es de alto riesgo. Tres republicanos moderados ya han alertado de que no piensan dar ese paso y que sumaran sus votos a los demócratas. Dada la exigua mayoría republicana en el Senado (52 escaños frente a 48), es casi imposible que la iniciativa prospere.
Pero Trump no ha tirado la toalla. Ha pedido al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que someta a votación el fin del Obamacare la semana que viene, y paralelamente él mismo ha convocado una serie de reuniones con los senadores, la primera este miércoles, con el objetivo de recuperar terreno perdido y taponar una fuga irreversible en su presidencia. “La inacción no es solución. Tengo una pluma en la mano lista para firmar. No deberíamos dejar la ciudad hasta tener un plan y sacarlo adelante”, les dijo.
La Casa Blanca es consciente de que sin una mayoría estable en el Senado no sólo la reforma sanitaria, sino su plan fiscal y los presupuestos del año próximo corren peligro. Ante este espectro, Trump, el antisistema que venía a drenar el pantano, ha empezado a buscar su apoyo. No será tarea fácil.
Los republicanos tienen la mayoría en las dos Cámaras, pero forman un universo fractal que hizo de la obstrucción un arma mortal contra Obama y cuyo aguijón sigue vivo. Irredentos, centrados en sus intereses de circunscripción y ultrasensibles a las elecciones de 2018 (renovación total en la Cámara de Representantes y un tercio en el Senado), usan su poder hasta la extenuación y no perdonan los deslices. Trump lo ha sentido en carne propia.
El líder que se presentaba como el gran hacedor de pactos ha cometido en la tramitación de la reforma sanitaria graves errores de estrategia. El primero se vio en marzo cuando intentó forzar la votación de una primera versión en la Cámara de Representantes sin tener mayoría asegurada. In extremis tuvo que retirarla y volver a negociar a puerta cerrada.
El bochorno se ha repetido ahora. En esta segunda fase, obligó al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConell a imponer un doble juego:eliminar el Obamacare y aprobar un proyecto alternativo al mismo tiempo. McConnell y otros senadores le advirtieron de la complejidad de la jugada. Demasiado ambiciosa para lograrla de una sola tacada. Trump insistió. Y la fractura volvió a emerger.
Para los moderados, el plan presentado era excesivamente duro en sus recortes a los más desfavorecidos y hacía prever un colapso en la cifra de asegurados de clase trabajadora (unos 15 millones menos en dos años). Y para los radicales, la ley dejaba escapar con vida el Obamacare. El descontento era evidente. Y Trump no supo manejarlo.
El mismo lunes el presidente cenó con un nutrido grupo de senadores y dedicó la mayor parte de la reunión a recordar sus viajes. “No habló más que de Francia y del Día de la Bastilla”, señaló con sorna un senador republicano. Poco después, la rebelión tomó cuerpo y con la oposición de solo cuatro legisladores la ley se hundió.
JUGANDO CONTRA LAS ENCUESTAS
Donald Trump ha jugado contra las encuestas en la reforma sanitaria. La última elaborada por The Washington Post-ABC y publicada este domingo pasado ya revelaba la falta de confianza en su proyecto. Aunque es cierto que el Obamacare no gusta del todo (sólo el 37% lo apoya con fuerza), aún gusta menos el proyecto alternativo auspiciado por la Casa Blanca (sólo 17% lo apoya con fuerza). Un resultado que se repite incluso entre los trabajadores blancos sin estudios superiores, el sector de voto duro de Trump.
A este factor se suma la propia polaridad del presidente. Excepto en el área económica, donde el 43% aprueba su gestión frente 41% que la rechaza, en el resto de baremos el mandatario suspende. Así el 58% es contrario a su gestión presidencial (36% a favor) y el 55% considera que no ha logrado avances significativos, frente al 38% que sí.
MÁS DE 30 MILLONES DE PERSONAS MÁS SIN SEGURO CON LA DEROGACIÓN DE OBAMACARE
En pleno debate interno, el Partido Republicano sufrió un nuevo jarro de agua fría. La Oficina Presupuestaria del Congreso, un organismo independiente, pronosticó este miércoles que derogar partes de la ley sanitaria actual sin sustituirlas por una alternativa dispararía el número de personas sin seguro médico en EE UU: 17 millones más en 2018 y 32 millones en 2026. Es una cifra muy superior a los 22 millones de personas más sin seguro en nueve años que había calculado el organismo ante la primera propuesta de reforma republicana.
Ante la incapacidad de sumar los votos republicanos necesarios para avanzar con su propia reforma, Donald Trump ha instado a los senadores a derogar primero Obamacare y luego votar por una propuesta que lo sustituya. Pero esa estrategia parece contar con aún menos apoyos entre los legisladores, lo que posiblemente se acentuará con el pronóstico de la Oficina Presupuestaria.
En octubre del año 2016, la congresista del partido Fuerza Popular, Yesenia Ponce, intervino en forma “prepotente” en una sesión del Consejo Regional de Áncash en la que se pedía reconsiderar un acuerdo para entregar más de mil hectáreas a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Por este hecho, la legisladora fujimorista fue denunciada ante la Comisión de Ética, la cual, debatió el informe de la Secretaría Técnica que recomendó suspenderla por 120 días de legislatura con el respectivo descuento de sus haberes. Ponce habría infringido el Código de Ética así como también vulnerado la autonomía de poderes, SIN EMBARGO, de acuerdo con la Resolución Legislativa del Congreso N° 011-2016-2017-CR, SÓLAMENTE se decidió imponerle la sanción de amonestación escrita establecida en el inciso b) del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria (Documento con fecha 11 de mayo 2017). Moraleja: “Otorongo no come Otorongo”.
“Código de Ética Parlamentaria
Artículo 14. Según la gravedad de la falta, por infracción del presente Código se impondrán las siguientes sanciones:
a) Recomendación pública.
b) Amonestación escrita pública.
c) Amonestación escrita pública con multa.
d) Recomendación al Pleno de la suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde tres hasta ciento veinte días de legislatura.
Toda apelación será resuelta en última instancia por el Pleno del Congreso. Cuando la falta sancionada, a juicio de la Comisión de Ética Parlamentaria, presente indicios de la comisión de un delito o de una infracción constitucional, el caso será puesto en conocimiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para los fines de ley.”
