EXP. N.° 03818-2009-PA/TC
SAN MARTÍN
ROY MARDEN
LEAL MAYTAHUARI
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 12 días del mes de octubre de 2010, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Calle Hayen, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roy Marden Leal Maytahuari contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de fojas 390, su fecha 12 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 6 de noviembre de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) de San Martín, solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario del que ha sido objeto; y que, en consecuencia, se le reponga en su puesto de Técnico de Verificación. Refiere que ha laborado mediante sucesivos contratos de locación de servicios; que ha realizado labores de naturaleza permanente, sujetas a un horario de trabajo, bajo subordinación y dependencia, desde el 1 de agosto de 2001 hasta el 1 de octubre de 2008. Adicionalmente, solicita que la demandada se inhiba de realizar actos de hostilización bajo apercibimiento de ser denunciado su representante legal.
El apoderado de COFOPRI contesta la demanda alegando que el demandante prestó servicios mediante contratos administrativos de servicios desde el 1 de julio de 2008 hasta el vencimiento del último de ellos, el 30 de septiembre de 2008, que por tanto, el proceso adecuado para resolver la controversia es el proceso contencioso-administrativo.
La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se apersona y alega que de los documentos presentados por el demandante se desprende con nitidez que prestó servicios no personales y que su regulación es conforme al Código Civil.
El Juzgado Mixto de Tarapoto, con fecha 31 de marzo de 2009, declara fundada la demanda considerando que en aplicación del principio de primacía de la realidad el demandante tenía una relación laboral con el COFOPRI, y que por tanto, los contratos administrativos de servicios que celebró carecían de valor.
La Sala revisora, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar que para resolver la pretensión es necesario una estación probatoria, agregando que el demandante ha iniciado un proceso sobre impugnación de despido arbitrario.
FUNDAMENTOS
§. Procedencia de la demanda y delimitación de la controversia
1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido arbitrario. Se alega que el demandante, a pesar de haber suscrito contratos de locación de servicios, en la realidad prestó servicios bajo una relación laboral.
2. Por su parte, la parte emplazada manifiesta que el demandante no fue despedido arbitrariamente, sino que al vencimiento del plazo de su último contrato administrativo de servicios se extinguió su respectiva relación contractual.
3. De los argumentos expuestos por las partes y conforme a los criterios de procedencia establecidos en el precedente vinculante de la STC 00206-2005-PA/TC, concluimos en el presente caso que procede evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario.
Para determinar ello, corresponde analizar la protección adecuada que se les debe brindar a los trabajadores del régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios contra el despido arbitrario conforme a la sentencia recaída en el Exp. N.º 00002-2010-PI/TC.
§. La protección adecuada contra el despido arbitrario en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios
4. Antes de ingresar a evaluar el fondo de controversia conviene recordar que en el Exp. N.º 00002-2010-PI/TC se emitió una sentencia interpretativa mediante la cual se declaró que el Decreto Legislativo N.º 1057 era constitucional, por las siguientes razones:
a. Es un régimen laboral especial, debido a que reconoce todos los derechos laborales individuales que proclama la Constitución a favor de los trabajadores, a pesar de la calificación asignada por el legislador delegado.
b. Los derechos y beneficios que reconoce el contrato administrativo de servicios como régimen laboral especial no infringen el principio-derecho de igualdad con relación al tratamiento que brindan el régimen laboral público y el régimen laboral privado, ya que los tres regímenes presentan diferencias de tratamiento que los caracterizan y que se encuentran justificadas en forma objetiva y razonable.
5. Efectuadas las precisiones que anteceden, debe recordarse también que en el fundamento 17 de la STC 00002-2010-PI/TC, este Tribunal subrayó que la sola suscripción del contrato administrativo de servicios genera la existencia de una relación laboral.
Consecuentemente, carece de interés que se interponga una demanda con la finalidad de que se determine que, en la realidad de los hechos, el contrato administrativo de servicios es un contrato de trabajo, pues ello ya ha sido determinado en la sentencia de inconstitucionalidad mencionada, que tiene que ser acatada, seguida y respetada por todos los órganos de la Administración Pública.
En sentido similar, debe enfatizarse que a partir del 21 de setiembre de 2010, ningún juez del Poder Judicial o Tribunal Administrativo de carácter nacional adscrito al Poder Ejecutivo puede inaplicar el Decreto Legislativo N.º 1057, porque su constitucionalidad ha sido confirmada a través de la sentencia recaída en el Exp. N.º 00002-2010-PI/TC. Ello porque así lo disponen el segundo párrafo del artículo VI del Título Preliminar y el artículo 82º del CPConst., así como la Primera Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
6. Dichas conclusiones llevan a que este Tribunal establezca que en el proceso de amparo resulta innecesario e irrelevante que se dilucide si con anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de servicios el demandante había prestado servicios de contenido laboral encubiertos mediante contratos civiles, pues en el caso de que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituye un período independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, que es constitucional. Por lo tanto, dicha situación habría quedado consentida y novada con la sola suscripción del contrato administrativo de servicios.
7. Por otra parte, corresponde analizar los alcances del derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios. Para ello, hemos de comenzar recordando que en la STC 00976-2001-AA/TC, este Tribunal delimitó el contenido del mencionado derecho constitucional e interpretó qué debe entenderse por protección adecuada contra el despido arbitrario. En efecto, en la sentencia mencionada se precisó que:
a. El derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario reconocido en el artículo 27º de la Constitución puede ser abordado desde dos perspectivas: i) un régimen de carácter sustantivo, y ii) un régimen de carácter procesal. El régimen de carácter sustantivo contra el despido arbitrario puede ser: i) de carácter preventivo, o ii) de carácter reparador. Mientras que el régimen de protección procesal puede ser: i) de eficacia resarcitoria, o ii) de eficacia restitutiva.
Sobre la constitucionalidad de los regímenes de protección adecuada contra el despido arbitrario, corresponde destacar que en la STC 00976-2001-AA/TC este Tribunal precisó que el establecimiento de un régimen sustantivo no es incompatible con la opción de que el mismo legislador establezca, simultáneamente, un régimen procesal, es decir, que ambos regímenes de protección son compatibles con el artículo 27° de la Constitución.
b. El régimen de protección sustantivo-preventivo contra el despido arbitrario tiene por finalidad que el legislador prevenga, evite o impida que un trabajador pueda ser despedido arbitrariamente, es decir, que busca que mediante una norma con rango de ley se prevea que no se puede despedir arbitrariamente a un trabajador si es que no es por alguna causal y en la medida en que ésta se pruebe, previo procedimiento disciplinario, si fuera el caso.
En el caso del régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios, este régimen de protección sustantivo-preventivo se encuentra previsto en el literal f) del numeral 13.1 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM, cuyo texto dice que el contrato administrativo de servicios puede extinguirse por:
“Decisión unilateral de la entidad contratante, sustentada en el incumplimiento injustificado de las obligaciones derivadas del contrato o en la deficiencia en el cumplimiento de las tareas encomendadas”.
En este supuesto de extinción del contrato administrativo de servicios, el numeral 13.2 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM prevé un procedimiento previo al despido en el siguiente sentido:
“En el caso del literal f) del numeral 13.1 precedente la entidad contratante debe imputar al contratado el incumplimiento mediante una notificación. El contratado tiene un plazo de (5) cinco días hábiles para expresar lo que estima conveniente. Vencido ese plazo la entidad debe decidir, en forma motivada y según los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, si resuelve o no el contrato, comunicándolo al contratado”.
Teniendo presente el contenido de los artículos transcritos, este Tribunal concluye que el régimen de protección sustantivo-preventivo del contrato administrativo de servicios es compatible con la Constitución. En todo caso, debe precisarse que los términos “contratado” y “resuelve o no el contrato” del numeral 13.2 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM deben ser entendidos como “trabajador” y “extingue o no el contrato”.
c. El régimen de protección sustantivo-reparador se materializa cuando una norma con rango de ley no evita que se produzca el despido arbitrario, sino que se limita a reparar patrimonialmente sus consecuencias. Conforme a la STC 00976-2001-AA/TC, el régimen de protección sustantivo-reparador es compatible con la Constitución cuando el trabajador, una vez que fue despedido arbitrariamente inicia “una acción judicial ordinaria con el objeto de que se califique el despido como injustificado, con el propósito de exigir del empleador el pago compulsivo de la referida indemnización”.
Este régimen de protección adecuada se encuentra previsto en el numeral 13.3 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM, el cual dispone que:
“Cuando el contrato administrativo de servicios sea resuelto por la entidad pública, unilateralmente y sin mediar incumplimiento del contratado, el juez podrá aplicar una penalidad equivalente a las contraprestaciones dejadas de percibir, hasta un importe máximo equivalente a dos (2) meses”.
El artículo transcrito pone de relieve que el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios prevé un régimen de protección sustantivo-reparador que tiene una eficacia resarcitoria que es compatible con la protección adecuada que brinda el artículo 27º de la Constitución contra el despido arbitrario. En todo caso, debe precisarse que los términos “resuelto” y “contratado” del numeral 13.3 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM deben ser entendidos como “extinguido” y “trabajador”.
Asimismo, este Tribunal debe precisar que la interpretación constitucional del numeral 13.3 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM debe ser la siguiente:
“Si el despido se produce por terminación injustificada, el empleador tiene la obligación de pagar automáticamente al trabajador la indemnización equivalente a las remuneraciones dejadas de percibir, hasta un importe máximo equivalente a dos meses. En caso de que el empleador no abone en forma automática la indemnización, el trabajador podrá interponer la demanda correspondiente.
Si el trabajador considera que no ha cometido la falta imputada que sustenta su despido o éste constituye una sanción desproporcionada, podrá interponer una demanda solicitando que se le abone una indemnización equivalente a las remuneraciones dejadas de percibir, hasta un importe máximo equivalente a dos (2) meses”.
La interpretación dada es conforme con el principio-valor de dignidad de la persona humana reconocido en el artículo 1º de la Constitución, ya que imponerle al trabajador que es despedido en forma injustificada que inicie un proceso para que se le otorgue una indemnización, supone atribuirle una carga innecesaria que no se encuentra justificada en forma objetiva.
d. En la STC 00976-2001-AA/TC también se precisó que el proceso de amparo constituye un régimen procesal de protección adecuada de eficacia restitutoria que tiene por finalidad la reposición del trabajador a su centro de trabajo y que no puede entenderse, para el caso de los trabajadores sometidos al régimen privado, únicamente circunscrito al Decreto Legislativo N.° 728, sino de cara a todo el ordenamiento jurídico, pues éste no es una agregación caótica de disposiciones legales, sino uno basado en las características de coherencia e integridad.
La anterior consideración permite inferir que en el caso del régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios también el proceso de amparo tendría eficacia restitutoria. Sin embargo, dicha eficacia restitutoria no puede predicarse en el proceso de amparo porque ello desnaturalizaría la esencia del contrato administrativo de servicios, ya que éste es un régimen laboral especial y transitorio que tiene por finalidad iniciar el proceso de reforma y reordenamiento del servicio civil.
La solución de reposición desnaturalizaría la esencia especial y transitoria del contrato administrativo de servicios, por cuanto los contratos de trabajo en este régimen son a plazo determinado y no a plazo indeterminado. Además, conforme al párrafo d) del artículo 7° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquier otra prestación prevista por la legislación nacional.
Consecuentemente, al régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios no le resulta aplicable el régimen procesal de eficacia restitutoria (readmisión en el empleo), sino únicamente el régimen procesal de eficacia restitutiva (indemnización).
§. Análisis del caso
8. Conforme hemos precisado en los fundamentos precedentes, no corresponde analizar en el presente proceso si con anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de servicios, los contratos civiles que suscribió el demandante fueron desnaturalizados.
9. En el presente caso, con el contrato administrativo de servicios y sus cláusulas adicionales, obrantes de fojas 180 a 190, queda demostrado que el demandante ha mantenido una relación laboral a plazo determinado, que culminó al vencer el plazo de la última cláusula adicional. Por lo tanto, habiéndose cumplido el plazo de duración del referido contrato, la extinción de la relación laboral del demandante se produjo en forma automática, conforme lo señala el literal h) del numeral 13.1 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM.
Siendo ello así, ha de concluirse que la extinción de la relación laboral del demandante no afecta derecho constitucional alguno, por lo que no cabe estimar la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
1. Declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado la vulneración de los derechos alegados.
2. Declarar que la interpretación constitucional del numeral 13.3 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM es la siguiente:
“Si el despido se produce por terminación injustificada, el empleador tiene la obligación de pagar automáticamente al trabajador la indemnización equivalente a las remuneraciones dejadas de percibir, hasta un importe máximo equivalente a dos meses. En caso de que el empleador no abone en forma automática la indemnización, el trabajador podrá interponer la demanda correspondiente.
Si el trabajador considera que no ha cometido la falta imputada que sustenta su despido o éste constituye una sanción desproporcionada, podrá interponer una demanda solicitando que se le abone una indemnización equivalente a las remuneraciones dejadas de percibir, hasta un importe máximo equivalente a dos (2) meses”.
Publíquese y notifíquese.
SS.
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y SUS MIEMBROS ESTAN ACTUANDO DE MANERA POLITICA CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS YA QUE EN NINGUN MOMENTO SE PRONUNCIAN SOBRE LOS DESPIDOS INCAUSADOS EN LA SENTENCIA 02-20010-AI SOLO HACEN REMISION A LA SENTENCIA 206-2005 CASO BAYLLON PERO SIN EMBARGO EXISTE OTRA SENTENCIA DONDE ADUCEN QUE EL CAS ES SOLO DE NATURALEZA RESARCITORIA ES QUE ACASO UNA PERSONA QUE HA LABORADO HASTA POR TRES CONTRATOS CONSECUTIVOS COMO CAS TIENE SOLO DERECHO A UNA INDEMNIZACION DE HASTA DOS REMUNERACIONES Y SU FAMILIA QUE PODRA VIVIR CON ESAS DOS REMUNERACIONES, POR LO QUE CONCLUYO QUE EN ESTE CASO EL TRIBUNAL Y SUS MAGISTRADOS SE ORINARON Y LES TEMBLO LA MANO O ES QUE ACASO HAY OTRO INTERES DE POR MEDIO
DE ESTO NO SE PUEDE DUDAR AL PARECER EXISTEN DE POR MEDIO OTROS INTRESES DE NATURALEZA POLITICA.LA COSA JURÍDICA ESTA LIGADA AL GOBIERNO DE TURNO.ESTO ES CICLICO.
DE ESTO NO SE PUEDE DUDAR AL PARECER EXISTEN DE POR MEDIO OTROS INTRESES DE NATURALEZA POLITICA.LA COSA JURÍDICA ESTA LIGADA AL GOBIERNO DE TURNO.ESTO ES CICLICO.
DE ESTO NO SE PUEDE DUDAR AL PARECER EXISTEN DE POR MEDIO OTROS INTRESES DE NATURALEZA POLITICA.LA COSA JURÍDICA ESTA LIGADA AL GOBIERNO DE TURNO.ESTO ES CICLICO.
creo que los contratos cas fueron solamente para engañar a los trabajadores y que el tribunal constitucional nunca fue independiente en sus desiciones sino que actuan bajo las ordenes del presidente Alan garcia. Ojala que con el nuevo gobierno las cosas cambien para los cas, por somos miles los quedariamos en la calle tratando de estirar los remuneraciones por el tiempo que no tengamos trabajo.
Tengo la esperanza que en algun momento los jovenes universitarios se den cuenta que la Ley 1057 de los CAS (la Ley de Alan, el TC y el TLC), tambien les es TAN PERJUDICIAL, tanto, que en el Perú ya no tendría sentido estudiar en la universidad, por cuanto, una vez que culminan estudios, si tienen la suerte de ingresar a una institución a laborar, en cualquier momento lo despiden por haber sido contratado bajo el CAS,
es una lastima que el Tribunal Constitucional no respete su propia resolución y el Derecho a la Dignidad. En efecto, recordemos que la inclusión del CAS se dá por el Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos de Norte America.Pero, por un convenio particular y privado. Motivo por el cual no se puede concebir que exista el CAS en el Sector Público.Pues, se esta recortando el Derecho Laboral y a la dignidad de la persona. Es una lastima de como Políticamente se maneje de ésta manera. El Perú y su gente no es Política… espero que reflexionen…
CAS dicen que es un régimen laboral especial en progresión? penita por los jovenes que aceptan este tipo de sometimiento y donde estuvieron los abogados cuando se cambió este régimen de SNP a CAS, cambiaron de oficio tan fácilmente de régimen laboral????? creo que ya lo perdimos ese derecho.
ES LAMENTABLE QUE MAGISTRADOS DE UN TRIBUNAL CONSTITCIONAL, QUE SEGUN LA CONSTITUCION SON LOS QUE INTERPRETAN EL CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN PUEDA DESCONCER QUE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DEL DEL TRABAJADOR SON IRRENUNCIABLES, MAS CUANDO EL PROPIO TRIBUNAL EN SENTENCIAS ANTERIORES ESTABLECIO QUE LOS DERECHOS QUE DERIVAN DE UN CONTRATO LABORAL SON IRRENUNCIALBES.
CLARO, A LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL NO LOS INTERESA EN LO ABSOLUTO LA SITUACIÓN PERSONAL DE LOS EMPLEADOS DEL ESTADO, PUES NO TIENEN LAS REMUNERACIONES Y GOLLERIAS QUE EL B}GOBIERNOS LES OTORGAN CUANDO HUMILDES TRABAJADORES QUE GNZAN UNA REMUNERACIÓN MENOR A LOS MIL SOLES TIENEN QUE ESTAR A LA DECISIÓN UNILATERAL Y ARBITRARIA DE LOS SEUDOS INTERPRETES DE LA CONSTITUCIÓN.
El contratado por CAS, esta indefenso a la vulneración de sus derechos por cto son irrisorias las indemnizaciones; ahora no olvidemos que mediante esta contratación se legalizo los SNP, entonces ya venían los trabajadores en los sectores públicos desnaturalizados laboralmente; y frente a estos fallos se deja en la más absoluta indefensión a los trabajadores adscritos al CAS.
Para que un Contrato bajo la modalidad de CAS, se de como tal tiene que mediar para la suscripcion del mismo toda la formalidad que la ley establece para esta modalidad de contrato; pero se da el caso que a los trabajadores de diferentes entidades publicas solo les hacen firmar un contrato al que rotulan como CAS y que no cuentan con el respaldo precedente de Formar un Comite, efectuar una evaluacion, y emitir un acto resolutivo aprobando la contratacion de dicho personal por el plazo determinado segun el requerimiento de las areas usuarias.
por lo tanto dichos contratos no solo por llevar el rotulo de CAS deben ser considerados como tal, muy por el contrario solo hacen extensivo el derecho de los trabajadores por que al carecer de las formalidades de ley, se convierten en contratos de Locacion de Servicios; no perdiendo los derechos que la ley establece por el tiempo de permanencia y continuidad en una misma entidad u institucion publica realizando trabajos de dependencia y subordinacion, en forma permanente.
O es que el trabajador por no perder su trabajo y continuar percibiendo lo poco o mucho que el empleador le paga debe renunciar a sus derechos laborales al suscribir un contrato fraudulento ojo no inconstitucional dado que fue suscrito sin los requisitos que la ley establece para dicha modalidad? contractual y como sabemos todo acto administrativo emitido o suscrito contrario a la Ley es NULO.
Una consulta se puede anular una RESOLUCION DE COMISION DE GOBIERNO QUE HA NOMBRADO A 43 SERVIDORES CON FECHA 06/12/10( UNIV.NACIONAL JBG-TACNA) CON OTRA R.R. DE FECHA NOVIEMBRE 2011, ARGUMENTA QUE NO SE HA TOMADO LOS LINEAMIENTOS DEL d.l. 111 servir
PARA TODOS LOS CAS
La verdad todos nos quejamos de los cas,pero a la hora de participar en un sindicato para defender nuestros derechos,todos sacan la vuelta y despues dicen estar reclanado nuestros derechos,QUE DERECHO SI CUANDO SE DEBATIO LA NUEVA LEY DEL CAS EN EL CONGRESO NO UBO NI NUNA VOZ DE PROTESTA,
DESPUES LE HECHAMOS LA CULPA AL TRIBUNAL Y PORQUE NO AL GOBIERNO Y AL CONGRESO???¿?
siempre seguiremos de igual forma porque hay algo que le falta al los jovenes y son cojones por reclamar sus derechos fundamentales como el derecho al trabajo no se supieron levantar cuando se dio una ley anti constitucional como el CAS pero alos jovenes peruanos invito a reclamar igual que los medicos de essalud por sus derechos y demostrar a sus hijos que tienen dignidad ORGANIZAR ALA CLASE TRABAJADORA RQ