Dennis A. García |
Nacional 2011-03-03 |
LA CORNICA

El presidente Felipe Calderón firmó ayer dos iniciativas de ley orientadas a combatir la corrupción mediante las cuales la obtención de una licitación, vía prácticas corruptas, será sancionada con multa de hasta por 30 por ciento el valor del contrato obtenido, y además se establecen mecanismos para el pago de recompensas a quienes contribuyan a descubrir casos de corrupción.

Se trata de los proyectos de Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Durante la firma de las iniciativas, que serán enviadas al Congreso de la Unión, en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Felipe Calderón dijo que se trata de apoyar la competitividad de la empresa responsable y seria, así como de castigar a los malos empresarios que actúan contra quienes generan empleo y desarrollo económico.

“No podemos permitir que ningún contrato tenga lugar fuera de la ley”, dijo con énfasis el mandatario.

Expresó también que “una sociedad que ve con normalidad los actos de corrupción, que los acepta, que los solapa e, incluso, que los promueve, es un caldo de cultivo para la delincuencia”.

De acuerdo con la Ley Federal Anticorrupción, quienes corrompan para obtener beneficios, evadan requisitos, ganen indebidamente una licitación, o quienes funcionen como prestanombres de quienes estén impedidos para participar en contrataciones públicas, serán sancionados hasta con el 30 por ciento del valor del contrato que se obtuvo de manera irregular.

Asimismo, los particulares que violen la ley podrán quedar impedidos para volver a participar en contrataciones públicas por un periodo hasta de ocho años.

En la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, dijo el presidente Calderón, se proponen atribuciones claras, así como procedimientos simples y expeditos, además que contempla facultar a los tres poderes de la Unión, al Instituto Federal Electoral, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Banco de México, para sustanciar y resolver las investigaciones, así como para imponer sanciones.

Por lo que toca a la iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se pretende hacer más sencilla y segura para los ciudadanos la denuncia de actos de corrupción.

En este ordenamiento se prevé un mecanismo de estímulos económicos y reconocimientos a los ciudadanos que contribuyan a identificar conductas corruptas.

Además, se supervisará el patrimonio de los servidores públicos y, cuando se detecten incrementos inexplicables en los patrimonios el Estado, que se cuente con herramientas eficaces para que no quede impune esa falta.

El Presidente de la República, al firmar los documentos, hizo notar que el cáncer de la corrupción eleva los precios de los productos y servicios que adquiere el gobierno, reduce la calidad de los mismos y esos costos se trasladan a los ciudadanos.

En el acto de firma de las iniciativas estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora; el presidente de la Concamin, Salomón Presburger; el presidente de la Canacintra, Sergio Cervantes Rodríguez, así como Anna Lindstedt, embajadora de Suecia en México, y Magdy Martínez-Solimán, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Calderón indicó que en México las malas costumbres han echado raíces, por lo que no se puede permitir que se lastime a la sociedad, se reduzca la competitividad y se detenga el crecimiento del país por la corrupción.

“Durante mucho tiempo, hemos perseguido y sancionado la corrupción desde el punto de vista de la autoridad. Hoy es tiempo de ver a la corrupción también como un fenómeno integral, en el que quien ofrece dinero, dádivas o beneficios, es culpable, como quien recibe ese dinero, las dádivas o los servicios” aseguró el jefe del Ejecutivo desde la Residencia Oficial de Los Pinos.

Y enfatizó: “Se trata de castigar no sólo a quien se deja corromper, sino también a quien corrompe”.