Defensoría del Pueblo presentó recomendaciones para elaborarla

En los próximos meses se debatirá la propuesta de esta norma

Teresa Hernandez Cajo*

La violencia familiar constituye un grave atentado contra los derechos humanos y afecta diversos derechos de quienes la sufren, entre ellos el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad, a la libertad, a la integridad física y psicológica. Sus víctimas se cuentan por millones. De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud (Endes) 2009, el 39.5% de mujeres en relación de pareja la sufren anualmente.
Sin embargo, la violencia también es ejercida contra las mujeres que ya no mantienen relación de pareja con el agresor. Otro dato importante a considerar es que los porcentajes de violencia física y las situaciones de control se incrementan contra las mujeres separadas y divorciadas (83%), en comparación con las situaciones que se producen contra las mujeres casadas/ unidas (68%).
Si bien se requieren estrategias tanto normativas como institucionales y de modificación de patrones culturales, en los últimos meses, los esfuerzos se han centrado en la elaboración de una nueva Ley contra la Violencia Familiar.
En efecto la Comisión Especial Revisora de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, se encuentra a cargo de este enorme desafío que intenta desarrollar una propuesta que responda a las necesidades de las víctimas.
La propuesta en debate implica el reconocimiento de la existencia de barreras en el acceso a la justicia de las víctimas de violencia familiar y la responsabilidad del Estado peruano en eliminarlas “por todos los medios y sin dilación”. Estas barreras son fundamentalmente de orden cultural por parte de operadoras y operadores de justicia e impide que las víctimas reciban un trato respetuoso y acorde con la gravedad del problema que las afecta. En muchos casos se las culpa de los actos de violencia cometidos contra ellas, su versión de los hechos merece poca credibilidad o se justifica de alguna manera al agresor. La consideración de que la violencia es un problema “de pareja”, impide, asimismo, que las instituciones se adecuen para la atención de la situación.
Estas mismas barreras culturales pueden igualmente constituir un obstáculo en la elaboración de una norma que garantice el respeto y el efectivo ejercicio de los derechos de las víctimas cuando acuden a solicitar la intervención del Estado.

Estudios
La Defensoría del Pueblo, desde su creación, ha mostrado interés en este grave inconveniente habiendo desarrollado importantes estudios sobre la respuesta del sistema de justicia frente a la violencia contra las mujeres. En particular los estudios han reportado, entre otros aspectos, que la justicia de paz es ineficiente para atender estos problemas, constituyendo una barrera en el acceso a la justicia de miles de mujeres sobrevivientes de la violencia, quienes reciben en muy pocos casos medidas de protección frente a las cuales no existen mecanismos de concreción y ejecución de las mismas. En la mayoría de los casos estudiados no existe sanción a los agresores y mucho menos se reparan los daños a su salud y a su proyecto de vida.

Por otro lado, un estudio reveló que en la justicia de paz se propician acuerdos conciliatorios que desnaturalizan el propósito de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar y mantienen en riesgo la seguridad e incluso la vida de las denunciantes. Otro estudio de la Defensoría del Pueblo sobre Feminicidios en el Perú, incluyendo examen de expedientes judiciales, ha revelado que en el 82% de casos revisados, las mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, eran víctimas de violencia familiar y el Registro de Feminicido del Ministerio de la Mujer y Desarrollo social ha reportado que el 15.6% de las víctimas había denunciado violencia familiar antes de producirse el homicidio.

*Comisionada de la Adjuntía para la Mujer de la Defensoría del Pueblo

Debate
En los próximos meses se abrirá un interesante debate sobre los contenidos de la propuesta legislativa que se espera contenga nuevos y mejores mecanismos que aborden el problema de manera más humana e integral.
En este marco, el Congreso de la República tiene en sus manos una nueva oportunidad de dar una ley que reforme todo el sistema de justicia y permita la concreción de un sistema intersectorial que funcione articuladamente. Esta responsabilidad debe ser asumida también por los aspirantes al sillón presidencial que deberían pronunciarse sobre las acciones que emprenderán para eliminar la violencia contra las mujeres en nuestro país.

Recomendaciones
1La Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Comisión Especial Revisora de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar del Congreso de la República que se promueva la creación de un tipo penal autónomo de violencia familiar considerando que estamos frente a actos de vulneración de derechos humanos y no de asuntos de mínima lesividad social.

2 También se ha recomendado que se derogue la conciliación del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar.

3Otro elemento fundamental que debe tomarse en cuenta es la celeridad del proceso y sobre todo del otorgamiento de las medidas de protección efectivas que logren el cese de la violencia.

4Por ello debe evaluarse otorgar facultades a los fiscales penales para que las otorguen de forma inmediata sin perjuicio de la convalidación posterior del juez.

5Sin embargo, el reto fundamental consiste en generar cambios en las mentalidades y actitudes que desvalorizan a las mujeres y justifican la violencia contra ellas que obstaculizan en buena medida los cambios promovidos en las normas.

6En este aspecto, la creación de una oferta académica que promueva la formación de los/las operadores de justicia, es de suma urgencia, para promover la implementación de las normas de manera efectiva.

FUENTE: EL PERUANO
28.02.2011