El objetivo del Gobierno es que estos conflictos no se repitan. (Rafael Cornejo)
La falta de prevención y las deficiencias al momento de tomar decisiones fueron las consecuencias de que un total de 191 personas, entre civiles y efectos policiales y militares, perdieran la vida como consecuencia de la violencia derivada de los conflictos sociales que se registrado durante los cinco años del segundo gobierno del presidente Alan García.

Así lo informó el jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, Víctor Caballero Martin, quien dio las cifras oficiales de lo que dejó la administración aprista.

El funcionario precisó que de las 191 muertes por conflictos sociales, 153 corresponden a civiles y los restantes 38 fueron miembros de la Policía Nacional –como los caídos en Bagua– y de las Fuerzas Armadas.

Según sus palabras, durante el gobierno de García, el problema social “se complicó debido a la política represiva” que, en muchos de los casos, dejó de lado el diálogo.

“El gobierno del presidente Ollanta Humala tiene como principal política no permitir más derramamiento de sangre. Nunca más ‘Baguazos’. Nuestra política será la del diálogo permanente para solucionar posibles conflictos. Con el diálogo se evitará que se desate el desborde popular”, puntualizó.

En ese sentido, destacó que es importante que el Parlamento haya aprobado la Ley de la Consulta Previa, y calificó la norma como “una conquista histórica de los pueblos indígenas. Agregó que con este marco legal se evitará más muertes y el Estado no seguirá perdiendo credibilidad ante los pueblos del interior.

fuente: PERU21