Defensor del Pueblo en funciones informó que 88 personas murieron en los últimos cuatro años por el mal manejo en la solución de protestas. Agregó que los conflictos no son un tema policial
Jueves 23 de junio de 2011 – 02:01 pm
(Fotos Andina/El Comercio)
“No podemos esperar que haya muertes para solucionar los conflictos sociales, esa es una pésima forma de resolver los conflictos, una pésima respuesta del Estado”, opinó hoy el defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega Luna.
“[88 muertos] es una cifra bastante alta que lamentablemente nos deja estos conflictos y que aún no hemos aprendido las lecciones del todo, la respuesta del Estado aún continúa siendo insuficiente para atender las grandes expectativas que se generan, pero también hay una violencia desproporcionada por parte de algunos sectores de la población”, consideró el funcionario.
Vega lamentó el fallecimiento de tres personas durante la última controversia en Huancavelica contra la creación de la Universidad Autónoma de Tayacaja e informó que las últimas cifras arrojan un total de 16 víctimas mortales solo en el 2011.
El defensor criticó que en el Parlamento se haya aprobado la creación de la de la Universidad Autónoma de Tayacaja sin el presupuesto correspondiente y sin tener en consideración los procedimientos que están claramente establecidos en la Ley Universitaria. En ese sentido, destacó que la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, haya buscado una solución al problema.
El defensor también cuestionó la reacción desproporcionada de los pobladores de Huancavelica por haberse enfrentado con la Policía y provocar muertes.
“NO ES UN TEMA POLICIAL”
Al referirse a los sucesos en Puno, Huancavelica y Huancayo, Vega Luna comentó que la resolución de los conflictos no es un tema que policial. “La solución está en otro terreno, en el Ejecutivo, el Congreso y los Gobiernos Regionales. Veamos ese lado [porque] la Policía solo entra para cautelar el orden interno”, opinó.
Vega destacó el rol de la Policía Nacional en Puno, donde se ha evitado ejercer cualquier tipo de violencia con los manifestantes que rechazan todas las concesiones mineras.
Agregó que todo cambio en relación de las actividades mineras y petroleras debe realizarse de acuerdo al marco normativo vigente y promoviendo la consulta previa a las comunidades afectadas.
“Hay un conjunto de expectativas y demandas de la población que siente que el crecimiento económico que se observa en el país, no necesariamente llega a estas zonas más pobres y donde justamente está la actividad minera. Ahí hay que tratar de armonizar los intereses de ese crecimiento económico con los intereses de la población y el Estado debe ser el gran articulador de estos dos intereses”, manifestó en entrevista a Radio San Borja.
fuente: EL COMERCIO PERU