LA NACION
Viernes 24 de diciembre de 2010
Publicado en edición impresa
Jorge Urien Berri

Con una invocación a los tres jueces para que “no dejen impunes a los que cometieron delitos bastardeando sus investiduras”, el fiscal Mariano Borinsky pidió condenar a 17 de los 18 acusados por el contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador. Solicitó condenas de ocho años de prisión, de cumplimiento efectivo, para el ex presidente Carlos Menem, y de siete años para su ex cuñado Emir Yoma y el ex ministro de Defensa Oscar Camilión.
Ninguno de ellos se encontraba en la sala del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, que fallaría en abril o mayo del año próximo, tras los alegatos de los defensores, que comenzarán en febrero.
Borinsky, acompañado por el fiscal adjunto Marcelo Agüero Vera, consideró a Menem y a Camilión coautores del delito de contrabando agravado por tratarse de armas, que tiene una pena máxima de 12 años de prisión, y a Yoma, un instigador.
A algunos abogados les sorprendió que sólo pidiera ocho años para el ex presidente, la misma pena solicitada para el intermediario en las operaciones, el teniente coronel (R) Diego Emilio Palleros, quien no era funcionario ni tenía poder de decisión. “Se tuvo en cuenta que Menem y Palleros fueron los únicos que intervinieron desde el principio hasta el final del contrabando”, explicó a La Nacion una fuente de la fiscalía.
Las operaciones
Con abundancia de datos, Borinsky destacó que las operaciones movieron US$ 53 millones entre 1991 y 1995, con siete embarques a Croacia y tres a Ecuador y que los US$ 34 millones facturados por Fabricaciones Militares ingresaron en esa empresa estatal y los US$ 19 millones restantes se habrían “distribuido”. Agregó que los precios de venta eran inferiores a los costos de fabricación y que el pago de cinco millones de dólares a Fabricaciones Militares por reintegros constituyó una estafa.
Las herramientas que permitieron el contrabando, continuó Borinsky, fueron tres decretos secretos firmados por Menem donde constaban destinos falsos y se prohibía a la Aduana verificar la mercadería.
Pese a que el 90% del armamento era del Ejército, el entonces jefe de la fuerza y actual embajador en Colombia, teniente general (R) Martín Balza, fue sobreseído en instancias anteriores, pero ayer Borinsky pidió investigarlo por presunto falso testimonio cometido cuando declaró como testigo en este juicio bajo juramento de decir la verdad. Por la misma razón pidió investigar a una allegada a Yoma, Aurelia Hoffman.
Borinsky también consideró coautores de contrabando agravado a varios ex funcionarios de Fabricaciones Militares: Luis Sarlenga, ex interventor, para quien solicitó seis años; Julio Jesús Sabra (cinco); los coroneles Manuel y Jorge Cornejo Torino (cinco), Carlos Alberto Núñez (seis); Haroldo Luján Fusari (cinco); Carlos Jorge Franke (seis); Edberto González de la Vega (seis); el general Angel Vicario (cuatro años y seis meses), y Teresa Irañeta de Canterino (cinco), además de otros señalados como partícipes necesarios. En cambio, sólo pidió tres años de cumplimiento en suspenso para el ex jefe de la Fuerza Aérea brigadier Juan Paulik y el sobreseimiento por prescripción de la verificadora de Aduana Teresa Cueto.
Entre los imputados, esta mujer, que nada tuvo que ver con las maniobras, fue la única que estuvo presa en un penal. Su codefensor Diego Zysman Bernaldo de Quirós dijo a La Nacion: “Ella es inocente y quiero que el tribunal me permita alegar para que la absuelvan. El fiscal dijo que los decretos de Menem impedían a la Aduana la verificación”.