Los expertos piden que la SGAE utilice la Mediación y no litigue

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Los expertos piden que la SGAE utilice la Mediación y no litigue

24.09.2010 Mercedes Serraller 0
La futura Ley de Mediación representa una oportunidad para racionalizar, abaratar y agilizar los conflictos que enfrentan a las entidades de gestión, especialmente, a la Sociedad General de Autores (SGAE), con los usuarios.

Abogados, mediadores y árbitros aprovecharon ayer una jornada sobre Mediación para hacérselo ver al Ministerio de Justicia, que analiza el Anteproyecto. Justicia estudiará la posibilidad de que la norma obligue a las sociedades de autores a recurrir a la Mediación o al Arbitraje.
Todo ello, cuando los 84 juzgados de lo Mercantil que hay en España han pasado de atender unos 200 concursos al trimestre, a más de un millar. A lo que se suman los pleitos de las entidades de gestión. Sólo la SGAE, por ejemplo, se vio inmersa en cerca de 3.000 juicios (2.300 de ellos, monitorios) entre octubre de 2008 y octubre de 2009. En España, un pleito puede superar los 150.000 euros de coste medio y alargarse más de dos años. Una mediación es a menudo cuestión de días y tiene un coste cercano a los 20.000 euros. Así lo reflejó ayer Javier Fernández-Lasquetty, socio de Elzaburu.
Julio C. Fuentes, subdirector general de Política Legislativa de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, inauguró la jornada La Mediación en los conflictos de Propiedad Intelectual y Tecnología, que han organizan el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO en sus siglas en inglés), en colaboración con la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE).
Fuentes destacó “el interés” del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en el Anteproyecto de Ley de Mediación. El sector espera esta norma con expectación, ya que el pasado 16 de julio el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Arbitraje, pero el de Mediación quedó en el tintero.
Respecto a las medidas para promover la Mediación, Fuentes explicó que la futura norma “no obligará a las partes a acudir a esta fórmula en la mayoría de casos”, en la línea de los países anglosajones, lo que vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva. Tampoco se penalizará a quien obstaculice una mediación. Ésta es una petición recurrente de los abogados. Sugieren que a quien entorpezca una mediación y rehúse sin motivo las ofertas de la contraparte se le impongan no sólo los gastos de la mediación, sino también las costas del proceso judicial posterior. Les parece que es una forma de atraer a las partes y de evitar pleitos innecesarios.
El Anteproyecto sí que impone la Mediación para los conflictos de cuantía inferior a 6.000 euros, pero no establece ninguna otra fórmula que la promueva. Fuentes dijo ayer que Justicia estudia “incentivar a quien facilite el proceso, aunque esta medida podría distorsionarlo”. Además, el representante del Ministerio resumió que “el Proyecto pretende ser una percha que no se entrometa y que trabaje en beneficio de la partes”.
Asimismo, el subdirector general de Política Legislativa recordó que el Ministerio mantiene su posición respecto al mediador, que sólo debe ser licenciado. Ignacio de Castro, vicedirector del Centro de Arbitraje y Mediación de la WIPO, explicó que tienen una lista de 1.500 mediadores y que no aconsejan exigir que estos profesionales reúnan requisitos muy estrictos. A su vez, el representante de Justicia criticó los proyectos de algunas comunidades autónomas, que “exigen unas condiciones inalcanzables a los mediadores”.
En esta línea, el mediador Jon Lang explicó que en Reino Unido hay entre 20 y 30 mediadores profesionales que se dedican exclusivamente a esta práctica. Y sólo cinco o seis de ellos tienen conocimiento de la Propiedad Intelectual e Industrial.
El ‘caso Egeda’
La entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) tendrá un procedimiento interno de resolución de conflictos en la WIPO a partir del próximo 22 de octubre. Así lo anunció ayer Ignacio de Castro, vicedirector del Centro de Arbitraje y Mediación de la WIPO. Algunos de los abogados presentes en la jornada celebraron esta medida, pero lamentaron que sólo se aplique a los socios de la entidad y que no se extienda a sus usuarios. De Castro dijo que la WIPO es consciente del problema y auguró que la medida se acabará extendiendo a los usuarios.

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