Reproduzco la siguiente nota del diario La Primera (16 de julio de 2013), en que se incluye la rectificación que solicité se realice respecto de la nota de ayer 15 de julio, en que se refiere que yo participé en la elaboración de una demanda o denuncia contra los miembros del TC, lo que he negado categóricamente. Preciso además que, contrariamente a lo que se sostiene en la nota de ayer en el sentido que el TC no puede resolver la solicitud del CIP, yo opino que el TC sí debe pronunciarse respecto de dicho pedido, aunque dicho pronunciamiento debe ser declarando su improcedencia liminar.
PRESENTARON ayer acusación que les imputa delitos de ocultamiento de documento y falsedad genérica en caso de los bonos agrarios.
El jurista Guillermo Olivera Díaz planteó ayer ante el Congreso una denuncia constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por haber ocultado la solicitud planteada el 2012 por el Colegio de Ingenieros, que pide que se especifique cuándo el Poder Ejecutivo debe cancelar la deuda por los bonos agrarios y las formas o mecanismos para calcular el monto de la misma.
La demanda está dirigida contra los seis magistrados del TC, Óscar Urviola Hani, presidente; Juan Vergara Gotelli, vicepresidente; Carlos Mesía Ramírez, Fernando Calle Hayen, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda, por los delitos de ocultamiento de documento y falsedad genérica previstos en los artículos 430 y 438 del Código Penal.
El abogado denunciante, Guillermo Olivera, dijo que, por tratarse de un proceso antiguo y millonario, cuyo inicio data del año 1996 y que fue sentenciado el 2001, “respecto de bonos agrarios que el Estado tendría que pagar por una suma que frisa entre US$1,000 y US$4,000 millones a los desconocidos tenedores de dichos bonos, entre ellos el Banco de Crédito del Perú, en el que fue apoderado y gerente el actual presidente del TC, Urviola Hani, cualquier solicitud nueva de parte contraria debe ser notificada a la parte demandada, que es el Congreso y el Poder Ejecutivo”.
VENCIÓ PLAZO
Aseguró que el TC no puede resolver la solicitud del Colegio de Ingenieros pues ya se cumplió el plazo de 10 años que contempla la Ley para que se formule alguna acción legal en torno a este caso que el mismo TC resolvió el año 2001.
En diálogo con LA PRIMERA, el magistrado Fernando Calle Hayen dijo que no puede pronunciarse sobre el caso de los bonos agrarios mientras no ejerza su voto en el TC. Sin embargo, aseguró que al respecto hay un debate muy interesante en esa institución. “La suerte que tiene la Nación es que todos los votos tienen nombre”, apuntó.
Consultado por qué no se envió la solicitud del Colegio de Ingenieros al Congreso y al Ejecutivo, sostuvo que eso lo debe responder Urviola.
Refirió que la votación en el Tribunal Constitucional sobre el pronuciamiento en torno a los bonos agrarios se puede dar en el momento en que lo decida el presidente del TC, aunque otras fuentes dijeron que antes debe haber un debate que puede iniciarse en cualquier momento.
ACLARACIÓN
En la edición de ayer, en el artículo referido a la denuncia planteada por el jurista Olivera Díaz contra los miembros del TC, se consigna algunos puntos de vista coincidentes que el abogado y catedrático de San Marcos Carlo Magno Salcedo Cuadros consignó en su blog sobre el tema, en la redacción da la impresión que también ha participado en la elaboración de la demanda, lo que descartamos ya que Salcedo Cuadros no ha participado en la formulación de la demanda planteada ayer por el abogado Guillermo Olivera, por lo que consignamos la aclaración.