Publicado en El Comercio, edición impresa, viernes 6 de noviembre de 2015, p. A4
El Congreso modificó la ley de partidos para permitir el financiamiento público, pero también flexibiliza finanzas partidarias y sanciones.
Para especialistas, los participantes seguirán recurriendo a fuentes que podrían ser dinero mal habido. La ley aprobada ayer permite que los candidatos reciban dinero directamente, y ya no a través de sus partidos. También eleva los topes para los aportes.
Por: Giovanna Castañeda Palomino y Gerardo Caballero
Después de un debate de tres horas, el pleno del Congreso aprobó el dictamen sobre el financiamiento público y privado a los partidos políticos. Según el presidente de la Comisión de Constitución, Fredy Otárola, se ha logrado así un “segundo hito” en la reforma electoral.
El dictamen que modifica la Ley de Partidos Políticos, fue aprobado por 66 votos a favor, 13 en contra y 7 abstenciones, y fue exonerado de una segunda votación. “Hoy [ayer] comienza la consolidación de la democracia en el Perú, pues se obliga a los partidos a ser transparentes, a rendir cuentas, y el Estado ha asumido su compromiso de capacitación”, declaró Otárola.
¿Qué dice la modificación que solo tuvo a 13 congresistas en contra? Entre los principales cambios a la Ley de Partidos Políticos, el dictamen precisa que el Estado otorgará financiamiento público a los organizaciones políticas y alianzas que obtengan representación en el Congreso. Estos recursos solo podrán ser utilizados para actividades de formación, capacitación e investigación, pero no para la campaña electoral.
Sin embargo, Fernando Tuesta, quien fue jefe de la ONPE cuando se aprobó la ley de partidos en el 2003, criticó este aspecto. Recordó que, salvo Bolivia y Venezuela, en todos los países de América Latina el financiamiento público directo puede destinarse a las campañas. “Lo que no quieren hacer los partidos es sincerar sus finanzas. Los partidos tienen que hacer una campaña para lograr el poder, y las campañas cuestan mucho dinero”, mencionó en conversación con este diario.
Carlo Magno Salcedo, especialista en temas electorales, también consideró que se debe cambiar la lógica del financiamiento partidario, que se apoya en el financiamiento privado. “Por eso tenemos campañas electorales donde entra mucho dinero de origen ilícito. El próximo Congreso debe cambiar totalmente el esquema. Esa es la tendencia en varios países”, comentó a El Comercio, y sugirió que sea el Estado el que compre la publicidad electoral y la distribuya de manera equitativa.
Topes arriba
Otra novedad legal es que, respecto al financiamiento privado, el tope de los aportes de una sola fuente ha sido elevado de 60 unidades impositivas tributarias (UIT) a 200.
Al respecto, Tuesta criticó que se haya “disparado” este tope. “Nadie hace filantropía en la política. Te financian para algo. El tope era precisamente para que los partidos no caigan en manos de quienes ostentan el poder económico y no queden hipotecados”, dijo.
La norma aprobada ayer también señala que la organización política que supere ese tope, omita o adultere información o que incumpla con el uso del financiamiento público recibirá una multa equivalente a no menos de 10 ni más de 30 veces el monto de la contribución recibida en exceso o del dinero público usado indebidamente.
Sin embargo, quienes sí recibirán sanciones políticas serán los candidatos que no informen sobre sus gastos: No podrán participar en procesos electorales durante cinco años.
“Al candidato sí se lo puede sancionar políticamente, impidiéndole postular por 5 años, pero al partido no se le cancela la inscripción por haber incurrido en faltas graves. Esto va en detrimento de lo que establecía la ley”, comentó Tuesta.
En opinión del especialista, es “un problema” que se permita a cada candidato recibir aportes individualmente. Ello quiere decir, explicó, que una sola persona podría aportar 30 UIT a cada uno de los 130 candidatos que integran una lista al Congreso, lo cual puede acabar financiando con 30 UIT la campaña de un partido.
Para Salcedo, esta distinción va a permitir además que prospere el individualismo, lo cual afecta la lógica de la campaña. “Hasta ahora los candidatos debían reportar sus ingresos a través de los partidos. Pero esto va en una dirección que no es correcta”, remarcó.
“Se desconoce la realidad de los partidos”, dijo a este Diario el congresista Javier Velásquez Quesquén, quien fue uno de los que votó en contra. “Esta ley es un saludo a la bandera”, remarcó Yonhy Lescano, parlamentario de AP-FA.