La reforma electoral y su prioridad en el Congreso, según la perspectiva de Carlín. La República, 16 de setiembre de 2015.
Desde febrero pasado, cuando nos sumamos a la campaña “Todos por la Reforma Electoral” promovida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuyo propósito era sensibilizar al Congreso de la República para que debata y apruebe los proyectos de ley de reforma electoral tendientes a mejorar la clase política en nuestro país; advertimos que existía un grave riesgo: que el Congreso apruebe una reforma que en verdad no mejore nada o que, incluso, empeore el actual estado de la cuestión y termine siendo una contrarreforma política. Como advertía tempranamente Juan de la Puente: “Lo peor que podría pasar es que la demanda de reforma termine en contrarreforma”.
Nuestra advertencia surgía a partir del respectivo texto sustitutorio del dictamen de fecha 11 de setiembre de 2014, que proponía medidas contrarreformistas como:
- Elevar el porcentaje de adherentes para inscribir a un partido político del 3% (que ya es muy alto) al 5% del padrón electoral nacional, lo que prácticamente implica cerrar la posibilidad de que puedan inscribirse nuevos partidos políticos. Si nuestro sistema de partidos fuera institucionalizado y conformado por partidos realmente representativos, quizá podría ser aceptable una medida como esa; pero con los “partidos” que tenemos, la mayoría muy desacreditados o solo “cascarones”, esa propuesta, como grafica Carlos Carlín, es “cerrar la argolla”.
- Elevar el porcentaje de invitados en las listas de candidatos del 20% al 25%, que pueden se designados “a dedo” por las cúpulas de los partidos, lo que va en un sentido totalmente contrario a una reforma que garantice una verdadera democracia partidaria en la selección de los candidatos y dirigentes como serían las elecciones primarias organizadas por los organismos electorales conforme a sus respectivas funciones (de modo que el RENIEC elabore los padrones electorales, la ONPE organice los comicios y el JNE fiscalice y resuelva las controversias). Es decir, en lugar de avanzar en la democratización partidaria se pretende afianzar la “dedocracia”, mecanismo no solo autoritario sino, en muchos casos, fuente de negociados en la conformación de las listas.
En la presente legislatura, en que el tema se ha puesto nuevamente en la agenda, no solo no se han corregido los desaciertos señalados, sino, peor aún, se han añadido más medidas contrarreformistas (como se ve del último texto sustitutorio del dictamen de fecha 09 de setiembre de 2015):
- Aunque se pretende hacer efectivo el financiamiento público directo a los partidos políticos, dicha medida (que en principio sería buena) se acompaña de un nuevo régimen de sanciones que se concentra exclusivamente en infracciones relacionadas con el financiamiento público, manteniendo a las infracciones relacionadas con el financiamiento privado sin sanciones efectivas, cuando es precisamente el financiamiento privado la fuente de los malos manejos financieros de los partidos, especialmente durante las elecciones.
- Ya estando en pleno contexto político pre electoral (más allá que el cronograma electoral oficial aún no se inicia), se pretende eliminar la posibilidad de que los partidos nacionales (que en la mayoría de los casos son solo “limeños”) puedan hacer alianzas electorales con movimientos regionales (que, guste o no, son los principales actores políticos en el resto del país) para participar en Elecciones Generales, que las normas vigentes sí permitirían.
Si el Congreso de la República insiste en esa línea, estaría haciendo modificaciones a la Ley de Partidos Políticos que serían más bien una Contrarreforma, un grave retroceso; o un fraude, como ha titulado el diario La República en su portada de ayer.
Tal situación ha llevado a que los organismos electorales, el 16 de setiembre, emitan un comunicado advirtiendo que el texto en debate no ha incorporado los temas centrales de la propuesta presentada por el Sistema Electoral, que buscan brindar mayor legitimidad a sus elecciones internas y promover la transparencia de sus finanzas, y que, por el contrario, algunas de las propuestas podrían constituir un retroceso. En ese sentido, la ONPE y el JNE, tras señalar la gran responsabilidad que tiene el Congreso en esta materia, expresan su confianza en que “las modificaciones que se aprueben en la Ley de Partidos Políticos, contribuyan a consolidar nuestra democracia”.
Yo, por mi parte, no confío y más bien estoy convencido que no existe la voluntad política para hacer siquiera una reforma electoral mínima que, como lo señaló el Jefe del RENIEC en marzo pasado, debería ser un paquete indesligable de tres medidas: primero, que las elecciones internas de los partidos cuenten con la participación obligatoria de los organismos electorales, según sus respectivas competencias; segundo, que se suprima el voto preferencial para la elección de congresistas; y, tercero, que el financiamiento público directo a los partidos políticos sea efectivo, a la par que el financiamiento privado sea objeto de una fiscalización más severa y con sanciones que de verdad sean disuasivas. Es decir, nada de lo que este Congreso está haciendo.
Ya que es meridianamente claro que no es esa la reforma que se pretende hacer, mejor que queden las cosas como están y que sea el próximo Congreso el que se encargue de la reforma política y electoral.
Comunicado de la ONPE y el JNE alertando sobre problemas del dictamen.