Nota del diario Uno sobre el “doctorado” de expresidente García

Reproduzco la siguiente nota periodística realizada a partir de una entrevista que se me realizó, publicada en el Diario Uno, en su edición del domingo 15 de febrero pasado, p. 3 (que no ha sido incluida en la edición web del periódico). Las advertencias que aparecen en el texto debajo del títular y en el primer párrafo no son mías, sino resultado de la libérrima interpretación del redactor.

Demora de Fiscalía puede dejar Impune el caso doctorado bamba

SI FISCAL NO APURA en acusar a expresidente García por delito de ostentación ilegal de grados y títulos, podría archivarse, advierte constitucionalista Carlomagno Salcedo.

Por: Javier Soto (Diario Uno)

La denuncia fiscal contra el expresidente Alan García por el presunto falseamiento del grado de doctor, en su acreditación académica, podría caer bajo el manto impune de la prescripción, si la titular de la acción penal no se apresura en acusarlo, advirtió al diario UNO el jurista Carlomagno [sic] Salcedo.

El hombre de leyes explicó que el delito [por el] que corresponde acusar a García, por este caso, es el de ostentación ilegal de grados y títulos, el mismo que consiste en arrogarse un grado académico o profesional que no se tiene.

“Este delito tiene una pena de cárcel de un año como máximo. Es una pena bastante simbólica”, subrayó.

Advirtió que si se determina que García hubiese incurrido en ese delito “ya habría operado una prescripción, salvo que se demuestre que ha estado haciendo mal uso del grado de doctor, hace menos de un año”.

CONCURSO DE DELITOS

Consideró que en esta denuncia contra García no compete el delito de ejercicio ilegal de la profesión. “(la denuncia fiscal) no califica como falsedad genérica porque ya existe un delito específico: el de ostentación ilegal de grados y títulos. Ese es el delito que le calza a la perfección”, anotó.

Asimismo, explicó que en una eventual denuncia fiscal por el incumplimiento del exmandatario con los requisitos mínimos que las normas determinan para obtener el grado académico de Magíster en Economía de la Universidad San Martín, se podría dar un concurso de delitos.

“Si eso fuese verdad, allí sí habría un concurso de delitos. Por un lado sería el delito de ostentación ilegal de grados y títulos. Y si hubiese utilizado este grado, allí sí estaríamos en la figura de falsedad genérica, cuya pena de carcelería oscila entre dos y cuatro años”, especificó.

Incluso alertó que pese a que el delito de falsedad genérica implica una pena de hasta cuatro años, “no da lugar a que haya una detención”.

CITACIONES

Salcedo indicó igualmente que la Fiscalía está obligada a citar a Alan García por si fuese encausado en todos o cualquiera de los ilícitos antes mencionados.

“En cualquiera de los dos casos, el fiscal a cargo de la investigación tiene que citarlo, porque tiene que respetar el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho de la persona a presentar pruebas de descargo, y del derecho de contradicción, entre otros”, puntualizó.

Específico que en caso sea investigado por el caso de incumplimiento de requisito mínimo para obtener el grado de Magíster, no solo tendría que ser convocado García sino también las autoridades competentes de la universidad que emitió dicho grado académico.

“O sea, quienes han firmado u otorgado este grado. Generalmente esto pasa por el rector, el decano de la Escuela Académica y todas las autoridades académicas y administrativas que han participado” detalló.

PEDIDO FISCAL

El Ministerio Público reimpulsó esta semana la pesquisa sobre la acreditación profesional de Alan García con el pedido de la titular de la Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima, Patricia Miranda Gamarra, a la Secretaría General de Palacio de Gobierno y a la presidencia del Congreso para que le entreguen las copias fedateadas de tratados internacionales y decretos que el exmandatario Alan García suscribió como “doctor”.

La solicitud de Miranda Gamarra se da como parte de la investigación preliminar seguida al líder del Partido Aprista, desde octubre pasado, por el presunto delito de ejercicio ilegal de la profesión.

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