Tras criticar la suscripción de Pacto Ético Electoral, promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por considerarlo un acto solo para la fotografía, Juan Paredes Castro, editor de política de El Comercio, apunta que el problema central del proceso electoral es la inestabilidad política expresada en la falta de partidos y movimientos que demuestren comportamientos internos democráticos, limpios y responsables.
Por ello –siguiendo al mismo Paredes Castro–, habría que aprobar una reforma electoral que tenga por fin superar esa suerte de anarquía electoral que, cada cuatro o cinco años, distorsiona absolutamente las mejores expectativas de delegación de poder por parte de los ciudadanos. Es decir, se requeriría de una reforma legal que ordene e institucionalice el sistema de partidos.
Seguidamente, Juan paredes acusa que, lamentablemente, al JNE “se le sigue paseando el alma y le falta voz y autoridad para defender ante el Congreso iniciativas de reforma electoral que no ha podido sacar adelante hasta hoy.”
El valor del Pacto Ético Electoral puede ser un asunto opinable. Personalmente, no comparto la opinión del editor de política de El Comercio. Sobre lo que no hay duda es que el problema de fondo del sistema político peruano es la extrema desinstitucionalización que padece el sistema de partidos, al punto que es muy discutible la existencia de verdaderos partidos políticos. Como señala Rolando Breña Pantoja (La Primera, 03/08/2014): “Cómo estarán nuestros partidos, movimientos, candidatos, políticos o cuasi políticos, que necesitan que los arreen a un Pacto Ético para que puedan portarse bien y cumplir la ley.”
En lo que no acierta Paredes Castro es en responsabilizar al JNE sobre la no aprobación de la reforma electoral. El año pasado, los tres organismos electorales (JNE, ONPE y RENIEC), conjuntamente, entre otras propuestas, presentaron un proyecto de nueva ley de partidos políticos (Proyecto de Ley N.° 3060/2013-JNE) con el objetivo de institucionalizar el sistema de partidos, con medidas que logren, entre otras cuestiones, que las elecciones internas de las organizaciones políticas sean de verdad democráticas y que se evite la infiltración en las listas de candidatos de gente indeseable.
Para ello, concretamente, los organismos electorales propusieron, a través del referido proyecto de nueva ley de partidos políticos, que las elecciones internas de los partidos para la conformación de las listas de candidatos y de sus cargos directivos sean organizadas simultáneamente por la ONPE; que se realicen con padrones electorales elaborados y depurados por el RENIEC; y que, finalmente, el JNE se encargue de fiscalizar y resolver las controversias de dichos comicios. Asimismo, el proyecto propone que el resultado y orden de ubicación de los candidatos definidos por la voluntad del electorado interno se constituye en la lista a ser presentada para su inscripción ante el JNE y que no puede ser modificada por ninguna instancia interna.
Pero, como es evidente, no son los organismos electorales quienes aprueban las leyes sino el Congreso de la República. A pesar de la reiterada insistencia de los organismos electorales, es en el Parlamento, integrado precisamente por los representantes de los partidos políticos, donde no se ha dado prioridad a la reforma electoral y en donde, al parecer, no existe la voluntad de corregir las debilidades de la Ley de Partidos Políticos que permiten que el término “democracia interna” no signifique nada.
Por eso, Paredes Castro no está apuntando en la dirección correcta. Es al Congreso a quien debería exigirle que, por fin, ponga la reforma electoral en la agenda y la apruebe en la legislatura que recién se inicia. Después será demasiado tarde.
Es al Congreso, no al JNE, al que le corresponde aprobar la reforma de la Ley de Partidos Políticos.