Publicado en La Primera (09 de mayo de 2014), p. 3.
CONTROVERTIDA RESOLUCIÓN deja en el cargo a fiscales supremas nombradas por el CNM y anula nombramiento de Mateo Castañeda, pero a la vez ordena que este sea nombrado fiscal supremo.
Por: Henry Cotos (Redacción)
El Tribunal Constitucional (TC), en respuesta al recurso de nulidad presentado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), emitió ayer una controvertida resolución en la que dispone que las fiscales supremas Nora Miraval y Zoraida Ávalos continúen en el cargo y deja sin efecto el nombramiento de Mateo Castañeda como fiscal supremo, pero a la vez dispone que se le designe en ese cargo cuando se habilite una nueva plaza.
En el punto siete de la parte resolutiva, el TC ordena que el CNM no realice ningún concurso público de fiscales supremos mientras no nombre como tal a Castañeda y lo mismo dispone en el caso de César Hinostroza, quien, al igual que el primero, solicitó su nombramiento al Tribunal.
Los magistrados Carlos Mesía, Gerardo Eto y Ernesto Álvarez eliminaron las partes más polémicas de su resolución del 30 de abril, la destitución de las fiscales supremas Zoraida Ávalos y Nora Mirabal y el nombramiento directo de Mateo Castañeda, pero el fondo del conflicto se mantiene intacto, pues los tres magistrados ordenan que el CNM elija a Castañeda como fiscal supremo y le da el mismo beneficio a Hinostroza.
SIGUEN USURPANDO
Carlo Magno Salcedo, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Marcos, sostiene que con esa resolución los tres jueces buscan revertir la parte más problemática que era la destitución de las fiscales y el nombramiento directo de Mateo Castañeda, lo que originó un consenso amplio respecto a que se habían equivocado.
“Sin embargo, quitando esa parte, insisten en su posición de usurpar funciones del CNM. Insisten en que el Consejo tiene que nombrar fiscales, respecto a los que ya votó y no los ha aprobado. No es que el CNM haya incumplido la sentencia del TC, simplemente lo que mandó el TC es inconstitucional”, aseveró.
El jurista precisó que el Tribunal no le puede decir al Consejo que tiene que votar de determinada manera. “El CNM vota con criterio de conciencia. Las evaluaciones son referenciales. Para que un fiscal supremo sea designado tiene que conseguir una mayoría calificada de 5 votos y si no consigue los votos no puede ser nombrado. Con la resolución el problema subsiste, lo que han hecho solo es trasladarlo para más adelante”, dijo.
Señaló que el TC insiste en el error y lo único que ha hecho con la resolución es tratar de bajar la tensión, pero advirtió que eso podría considerarse delito de prevaricato y usurpación de funciones pues insisten en mantener su tesis de ordenar a los miembros del Consejo en qué sentido tienen que votar.
“Sería lo mismo que ordenarle a un congresista que vote en tal o cual dirección. Subsisten la inconstitucionalidad y las causales por las que han sido denunciados constitucionalmente. No han salido de las irregularidades jurídicas y dejan al CNM atado de manos”, explicó.
Salcedo dijo que un TC recompuesto (con los nombramientos de nuevos magistrados en el Congreso) tiene la oportunidad de revertir este fallo que a todas luces es inconstitucional, lo que corresponde cuando una resolución es nula de pleno derecho.
UNA EXPLICACIÓN
El constitucionalista Enrique Bernales dijo que hace falta una explicación del Tribunal para saber en cuál de los fallos está la verdad. “El TC debe dar una explicación al país, por lo menos que sea una explicación de despedida, porque gracias a Dios por fin parece que se van”.
Cuestionó que el Tribunal diga una cosa y a la semana diga otra, “para luego hacer una melcocha. En todo caso habrá que esperar qué dice el CNM, si persiste en su decisión de enfrentarse o si va cumplir con lo que el TC le ha ordenado”.
El decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, insistió en que el TC no puede disponer que se nombre fiscales y el Consejo tiene potestad de no acatar una resolución que va por encima de lo que dice la Constitución.
En sesión permanente
El CNM se declaró en sesión permanente y por ahora no se pronunciará sobre las resoluciones del TC que dejaron sin efecto la designación de Mateo Castañeda como fiscal supremo, pero que lo obligan a nombrar a este en ese cargo y también al postulante César Hinostroza.
No lo quieren
El CNM ha desaprobado seis veces a Mateo Castañeda, la última de ellas por unanimidad. Es decir, no quieren a Mateo Castañeda como fiscal supremo, pero el TC en su resolución ordena que lo nombren tarde o temprano.
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De mal en peor (editorial)
Una nueva resolución del Tribunal Constitucional, si bien distiende un tanto el conflicto que tres de sus miembros provocaron al invadir los fueros del Consejo Nacional de la Magistratura, y levanta la presión para que este designe a un fiscal supremo, en los hechos persiste en afectar la jurisdicción del consejo.
Como bien apuntan todos los análisis de la supuesta rectificación, se trata de una anulación que en los hechos no anula nada, pues dispone que el consejo nombre de todas maneras al fiscal apadrinado y a otro más, en cuanto haya vacantes en la Junta de Fiscales Supremos. Es decir que solo posterga hasta nueva fecha los nombramientos, eludiendo el hecho sólido e irrebatible de que las designaciones son competencia exclusiva del CNM.
Insiste también en ordenar al consejo cómo votar, que es como define los nombramientos, por el voto de conciencia de los consejeros, siendo solo una referencia las hojas de vida invocadas por los fiscales ahijados para hacerse nombrar.
Un jurista ha comparado acertadamente tal pretensión con una orden del TC al Congreso de la República, a la Corte Suprema o al Jurado Nacional de Elecciones, para que resignen su autonomía y voten determinado asunto como le parece al TC. Y ni siquiera a este, sino a tres de sus miembros, con mandato vencido, para más señas.
La nueva resolución agrava el descrédito en el que han hundido al TC sus precarios inquilinos, en su empeño de imponer fiscales supremos, afán aparentemente ligado a intereses políticos que pretenden controlar a su antojo la Fiscalía, lo que ciertamente es un atentado contra la seguridad jurídica tan necesaria para la democracia y también para la confiabilidad que exigen los inversionistas nacionales y extranjeros para desarrollar sus actividades en el país.
Coincidentemente, el Presidente del Tribunal Constitucional ha anunciado que el pleno de esta corte no sesionará hasta que el Congreso de la República designe a los seis reemplazantes de los magistrados que tienen sus mandatos vencidos.
Tal receso debió hacerse efectivo mucho antes y evitará que jueces que están con un pie fuera del tribunal, resuelvan sobre los temas pendientes. La medida debería presionar a los legisladores para que tomen prontas y responsables decisiones, ajenas a las manipulaciones políticas sectarias que pretenden los seguidores del exdictador.
Pero los ciudadanos se preguntan por qué los miembros del TC, en vez de sacar la insólita resolución que motiva estas líneas, no dejaron la decisión en manos de quienes los reemplazarán, y por qué no les dejaron también el encargo de resolver el primer fallo.