Qué duda cabe que la democracia electoral venezolana tiene serios problemas. Tantos que está en cuestión su carácter democrático. Pero esos problemas no se encuentran en los aspectos que insistentemente se están señalando estos días por quienes no aceptan o ponen en duda el resultado de la elección presidencial del 14 de abril.
Se dice que habría existido fraude electoral, en el sentido que el resultado de lo votado por los venezolanos mediante las máquinas de votación habría sido cambiado para dar por ganador al candidato oficialista Nicolás Maduro, arrebatándole el triunfo al candidato opositor Henrique Capriles.
Ante esa convicción se exigió que se proceda al “recuento” del 100% de los votos, completando el 53% que ya se había realizado en los centros de votación el mismo día de la elección, como propuso Vicente Díaz, uno de cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). En un momento incluso el propio Maduro aceptó tal posibilidad, aunque a las pocas horas se retractó. Tras varios días de tensión, finalmente el CNE aceptó hacer dicho “recuento”.
Sin embargo, no existe en el sistema de votación electrónica venezolano posibilidad de hacer un nuevo escrutinio de los votos. El denominado “recuento” es una auditoría que consiste en contrastar el resultado del escrutinio automatizado realizado por la maquina de votación con las constancias de votación (vouchers) que los electores depositan en una caja tras emitir su voto, con el objeto de verificar que el resultado del escrutinio electrónico coincide con el conteo de los vouchers.
Dicha auditoría, a la que se denomina “Verificación Ciudadana”, se realiza en todos y cada uno de los centros de votación al final de la jornada electoral luego de la trasmisión de resultados. Se hace en acto público y con la presencia no sólo de los testigos electorales (personeros) sino de los ciudadanos que quieran asistir.
En los centros que tienen una o dos mesas se audita una mesa, en los centros que tienen de 3 a 6 mesas se auditan 2 mesas, en los centros que tienen de 7 a 9 mesas se auditan 3 mesas, en los que tienen 10 a 12 mesas se auditan 4 mesas y en los que tienen 13 mesas se auditan 5 mesas. Las máquinas sobre las que se realiza la auditoría se seleccionan mediante sorteo público.
Con dicho procedimiento, en la elección del 14 de abril se auditaron 20672 de las 39018 mesas electorales instaladas en toda la República (53%), sin que se haya reportado ningún caso en que el resultado del conteo de los vouchers haya diferido del resultado del escrutinio automatizado realizado por la respectiva máquina de votación.
Estadísticamente, 53% es una muestra gigantesca. Bastaría auditar un porcentaje mucho menor (como ocurre con los sondeos de opinión, encuestas o conteos rápidos) para determinar si hay o no irregularidades. Sin embargo, ahora se completará la auditoría del restante 47%. No dudo que el resultado será el mismo (confirmar que no hubo cambio fraudulento del resultado de la votación); y no porque el CNE haya manipulado las cajas que contienen las constancias de votación, sino porque estadísticamente la verificación ciudadana o auditoría ya ha confirmado que no hubo manipulación del resultado tal como se expresó por los electores durante el acto de votación.
Cabe anotar que en Venezuela ha existido, por lo menos hasta las elecciones anteriores a éstas, confianza respecto de que los resultados electorales son el fiel reflejo de la voluntad popular expresada a través del voto electrónico. El sistema de votación electrónica venezolano, que es uno de los más sofisticados del mundo, está sujeto a múltiples auditorias y al control de los partidos políticos. La propia oposición política venezolana, por lo menos hasta el año pasado, reconocía plenamente la confiabilidad del sistema.
Tampoco es un problema el hecho, denunciado por estos lares como una gran irregularidad, que el candidato oficialista haya aparecido 14 veces en la cédula, mientras el opositor sólo una vez. Aunque considero que es una norma inadecuada y que genera confusión, la legislación electoral venezolana permite que un mismo candidato pueda ser postulado por más de un partido, sin obligar a los diversos partidos que postulan al mismo candidato a presentarse como una sola alianza electoral. Entonces, si un candidato es postulado por varios partidos su imagen aparecerá en la cédula electrónica tantas veces como partidos lo hayan postulado.
Si en esta oportunidad Capriles apareció una sola vez, fue porque su estrategia dictó que lo postule un solo partido (supongo que para dar una imagen de unidad o de estar participando en una competencia tipo “David contra Goliat”). Sin embargo, en la elección presidencial de octubre de 2012, en que compitieron Hugo Chávez y el mismo Capriles, Chávez aparecía 12 veces en la cédula en tanto Capriles 22 veces. En esa oportunidad nadie denunció ese hecho como irregular. Por cierto, dentro de Venezuela no se cuestiona que Capriles haya aparecido en la cédula una sola vez frente a las 14 veces de Maduro.
¿Quiere esto decir que la última elección venezolana ha sido impecable? De ninguna manera. Pero insistimos, los problemas de los procesos electorales venezolanos no se encuentran en la automatización del voto a través del voto electrónico; sino en otros factores relacionados más con el contexto de realizarse en un régimen político híbrido que no califica como una típica democracia liberal, pero que tampoco puede calificarse como una típica dictadura.
“Reconteo” o Verificación Ciudadana de las constancias de votación, al final de la jornada electoral.
Este tipo de régimen político, al que Steve Levitsky denominó “autoritarismo competitivo”, es nominalmente democrático y permite la competencia electoral, pero no cumple con otras muchas diversas condiciones de los regímenes democrático representativos: efectiva separación e independencia de los poderes públicos; existencia de una oposición política con real capacidad de controlar y fiscalizar al gobierno; irrestricto respeto a la libertad de prensa, de opinión y de pensamiento; sometimiento de las fuerzas armadas al poder civil; etc. En Venezuela, además, el régimen político tiene un discurso oficial revolucionario de filiación castrista, claramente incompatible con la democracia liberal y representativa.
En ese contexto de autoritarismo competitivo y de presentarse como un gobierno revolucionario, el problema de la democracia electoral venezolana está en las condiciones de la competencia que rigen durante todo el proceso electoral (inequidad en la publicidad electoral, violación de la neutralidad que deben guardar las instituciones públicas, uso ilimitado de recursos públicos a favor del candidato oficialista, presencia avasalladora en medios masivos de comunicación de ese candidato frente a la casi invisibilidad del candidato opositor, abierta injerencia de las fuerzas armadas en el proceso, etc.), que otorgan al candidato del chavismo una ventaja prácticamente insalvable.
Salvando las diferencias ideológicas, tales condiciones son similares a las ocurridas en el Perú en las elecciones del año 2000 y que en ese entonces motivó que la Misión de Observación Electoral de la OEA denunciará el proceso electoral como inequitativo y, por tanto, decidiera retirarse antes del día de la votación. Similar también es el resultado: en ambos casos (Perú 2000, Venezuela 2013) el oficialismo ganó las elecciones con muy poco margen. No obstante, debido a las condiciones injustas en que se realizó el conjunto del proceso electoral, el resultado fue cuestionado y considerado fraudulento a pesar de no haber ocurrido propiamente un fraude el mismo día de las elecciones. Es decir, en lugar de un fraude comprobado (en el sentido de haberse cambiado los resultados de lo votado por los electores durante la jornada electoral), hubo una percepción de fraude motivada por todas las irregularidades ocurridas durante el proceso electoral.
Aunque la reciente elección presidencial venezolana contó con la presencia de una Misión Electoral de la UNASUR; esta no fue una Misión de Observación Electoral, que para ser tal tendría que haber estado presente durante todo el proceso electoral y haber tenido la posibilidad de observar y pronunciarse sobre todos los aspectos del proceso, incluyendo especialmente las condiciones de la competencia electoral determinadas por el contexto político. Se trató más bien de una Misión de Acompañamiento Electoral, con facultades limitadas a poder observar únicamente las auditorías al sistema de votación electrónica previas a la jornada electoral y el acto de votación el día del sufragio; estando expresamente prohibida de pronunciarse sobre el contexto político en que se realiza el proceso electoral.
Si la Misión Electoral de UNASUR estaba limitada a poder ver y pronunciarse sólo sobre las auditorías previas y lo ocurrido en la jornada electoral (en donde, como hemos dicho, no está el problema), no había manera que pueda detectar o señalar las verdaderas irregularidades de la democracia electoral venezolana.
A la izquierda, cédula 2012, en que aparece 12 veces Chávez y 22 Capriles. A la derecha, cédula 2013, en que aparece 14 veces Maduro y una vez Capriles.