Publicado en la web de noticias Spacio Libre (24 de diciembre de 2012)
Hace algunos años, en las postrimerías del gobierno de Alejandro Toledo, el Instituto de Estudios Peruanos publicó un interesante trabajo de Martín Tanaka (Democracia sin partidos. Perú 2000-2005: los problemas de representación y las propuestas de reforma política. Lima, IEP, 2005), en el cual el autor presenta su análisis sobre las reformas institucionales (del sistema político) que se propusieron y discutieron durante el periodo que duró ese gobierno.
Tanaka, sin negar la importancia y necesidad de muchas reformas institucionales, hace hincapié en que es “imprescindible tener un diagnóstico claro de qué problemas se necesitan enfrentar en el caso peruano y qué efectos tendrían las reformas propuestas” (Tanaka, 2005: 15-16). Sin embargo, según Tanaka, muchas de las propuestas de reforma comparten un error de diagnóstico: atribuir los problemas del sistema político a los límites del presidencialismo o del régimen político en general, o a la supuesta cerrazón de una “clase política” que requeriría diversas formas de apertura.
A partir de tal error de diagnóstico, continúa Tanaka, existe [existía] un sentido común bastante extendido, según el cual la clave de la democratización estaría en el cambio de las reglas de juego formales del régimen político, en la necesidad de cambiar las reglas propias de una “dictadura” para así pasar a una democracia “verdadera”. En tal sentido, correspondería realizar cambios sustanciales en el plano institucional, buscando ampliar y renovar una representación política supuestamente cerrada y, por ello, carente de legitimidad, incorporando además mecanismos de democracia participativa y directa. (Tanaka, 2005: 9)
Tanaka discrepa con ese sentido común y considera, por el contrario, que el problema de fondo del sistema político peruano está más en los límites que impone una política sin partidos y sin un sistema de partidos (Tanaka, 2005: 16). En tal sentido, “el verdadero problema no está tanto en las reglas formales del régimen como en los protagonistas del juego político: los partidos, o más precisamente, la ausencia de partidos mínimamente consolidados y, por tanto, de un sistema de partidos” (Tanaka, 2005: 9-10).
Siendo esto así –siempre según Tanaka–, las soluciones no pasan por “democratizar” y hacer “participativo” un sistema ya extremadamente fragmentado, volátil, inestable y abierto (Tanaka, 2005: 16). Seguir esa lógica aperturista “sería altamente contraproducente, dada la extrema debilidad de los actores políticos y del sistema de partidos; además, el sistema político se caracteriza ya por ser bastante abierto” (Tanaka, 2005: 10).
Por el contrario – concluye Tanaka–, las reformas institucionales deben apuntar a fortalecer a los partidos y al sistema de partidos; “deben buscar construir partidos nacionales democráticos sólidos, que perduren en el tiempo, y así construir un sistema de partidos que canalice los diversos intereses sociales y políticos sobre la base de lógicas centrípetas de competencia. El criterio que debería orientar las propuestas de reforma es seguir la dirección marcada por la [entonces] reciente Ley de Partidos: elevar las barreras de entrada y propiciar la formación de partidos políticos nacionales estables que puedan ser responsables ante la ciudadanía, limitando la fragmentación y el espacio para opciones improvisadas, antipolíticas y antisistémicas.” (Tanaka, 2005: 10)
En suma, en 2005 Tanaka proponía que las reformas institucionales debían apuntar a construir un sistema de partidos institucionalizado; receta que respondía al siguiente diagnóstico:
“(…) desde la primera mitad de los años noventa, en el Perú funciona una política sin partidos: la política la realizan actores marcados por la desideologización; el personalismo; la volatilidad, improvisación y precariedad de los liderazgos; el cortoplacismo de su racionalidad; y su excesivo pragmatismo; todo ello tiene como consecuencia la práctica imposibilidad de hacer cálculos de mediano y largo plazo, y dificulta el desarrollo de conductas cooperativas. Los partidos existentes muestran un muy precario asentamiento en el país; funcionan básicamente en momentos electorales o en coyunturas muy puntuales; y, en el momento electoral, aparecen actuando casi meramente como ‘ómnibus’ que, gracias a la posesión de un registro electoral, transportan candidatos diversos, sin mayor relación entre sí, a los cargos de elección pública a cambio de apoyos a la campaña central del partido. Así, las candidaturas se negocian con precarios líderes regionales o locales que requieren una plataforma más amplia dentro de la cual insertarse, con lo que la disciplina y cohesión interna son muy bajas.” (Tanaka, 2005: 22-23)
Ha transcurrido más de siete años desde que Tanaka presentó su diagnóstico y aún hoy es plenamente vigente. Y al igual que entonces, nuevamente se han puesto en la agenda diversas propuestas de reforma como remedio al mal de nuestro sistema político.
A diferencia del lustro 2000-2005, hoy parece haber mayor consenso respecto del diagnóstico: que el principal problema de nuestro sistema político se encuentra en la extrema debilidad de los partidos políticos, o más precisamente, en la ausencia de partidos mínimamente consolidados y, por tanto, de un sistema de partidos institucionalizado. En tal sentido, también hay cierto consenso en que lo que se requiere son reformas que apunten a fortalecer a los partidos políticos y a institucionalizar el sistema de partidos.
No obstante, algunas de las recetas que se vienen proponiendo con insistencia no parecen ser las más adecuadas. Es el caso, por ejemplo, de aquella que propone como único remedio la supresión del voto preferencial; propuesta que ha sido incluso asumida por el Gobierno y ha sido presentada como proyecto de ley al Parlamento (Proyecto de Ley N.º 01779/2012-PE) el 30 de noviembre pasado.
Desde hace algunos años hemos advertido sobre el peligro de suprimir el voto preferencial, sin que previamente se asegure que los procesos electorales internos de los partidos políticos sean efectivamente democráticos y garanticen que la selección de los dirigentes y candidatos será el resultado de la voluntad mayoritaria de los militantes (o ciudadanos que quieran participar en las primarias del partido en elecciones abiertas) y no la imposición de las cúpulas.
Como hemos señalado antes, si se elimina el voto preferencial sin haber asegurado antes la pulcritud de los procesos electorales al interior de los partidos, lo único que se fortalecerá será a las cúpulas partidarias, que podrán armar a su antojo las listas de candidatos, quitándole a los ciudadanos el único elemento correctivo que, en el actual contexto antidemocrático, tienen a su alcance: la posibilidad de que puedan modificar la conformación de esas listas haciendo uso del voto preferencial. (Salcedo: 2008)
En tal sentido, la medicina “supresión del voto preferencial” como tratamiento único para superar la “debilidad, fragilidad y precariedad de los partidos”, puede ser muy contraproducente. Es como prescribir un tratamiento para la TBC simple, que puede requerir un único antibiótico, cuando lo que hay que tratar es una TBC multidrogo-resistente (TBC/MDR), que requiere por lo menos tres antibióticos nuevos: un tratamiento inadecuado puede convertir a la enfermedad en una TBC extremadamente multidrogo-resistente (TBC/XMDR) y llevar a la persona a la muerte.
Por tanto, dado que los partidos en el Perú padecen de una enfermedad compleja, se requiere una reforma integral, un combo de varias medicinas que deben administrarse simultáneamente, en que suprimir el voto preferencial sea sólo una de ellas, pero en ningún caso la única.