IMPORTANTE:Actualizaciones necesarias sobre este tema se realizan en el post: "Aumenta consenso: antes de eliminar el voto preferencial se debe mejorar la democracia interna" y, sobre todo, en el post: "Congreso podría aprobar reforma a la democracia interna en los partidos políticos, conforme a la propuesta de la ONPE"

En el artículo La "oferta política" en el Perú. A propósito del debate sobre la reforma política (publicado en este blog el 8 de junio pasado), enuncié brevemente una idea que vengo sosteniendo desde hace algún tiempo, respecto a las propuestas de eliminar el voto preferencial:

“Creo que la misma [la eliminación del voto preferencial] únicamente puede darse si y sólo si previamente se asegura de verdad la democracia interna de los partidos políticos; para lo cual debe, incluso, evaluarse la posibilidad de que las elecciones internas de los partidos sean organizadas por la ONPE y juzgadas por el JNE, ya que es el único modo de garantizar que las ‘oligarquías partidarias’ no acomoden los procesos de democracia interna a su gusto.

Si se elimina el voto preferencial sin haberse asegurado antes la pulcritud de los procesos electorales al interior de los partidos, lo único que se fortalecerá será a las cúpulas partidarias, que podrán armar a su antojo las listas de candidatos, quitándole a los ciudadanos el único elemento correctivo que, en este contexto antidemocrático, tienen a su alcance: la posibilidad de que puedan modificar la conformación de esas listas haciendo uso del voto preferencial.”

Por ello, recibí con expectativa el empeño que estaba poniendo el actual Presidente del Congreso de la República, Javier Velásquez Quesquén, en “amarrar” la eliminación del voto preferencial al efectivo cumplimiento de las normas de democracia interna partidaria, a través de una mayor participación de la ONPE en dichos procesos.

En efecto, según información aparecida en Correo el 28 de agosto pasado, Velásquez Quesquén aseguró, respecto a la eliminación del voto preferencial, que “previamente se tendrá que incorporar a los organismos electorales en la vida interna de los partidos para que estos –como la ONPE– lleven adelante las elecciones primarias y ese resultado sea vinculante.” Y que “si ese resultado es obligatorio ya no habría necesidad que haya voto preferencial”.

Casi un mes después, según informó El Comercio en su edición del 24 de setiembre, el mismo parlamentario aseguró: “La semana próxima discutiremos la eliminación del voto preferencial pero amarrado con otra proposición para que los procesos internos en los partidos políticos sean fiscalizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales”.

No obstante, las decisiones que se vienen adoptando en el seno de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, parece que no apuntan necesariamente en esa dirección y, más bien, serían un indicador que la voluntad política que predomina en el poder del Estado que preside el congresista Velásquez Quesquén, es eliminar el voto preferencial, pero sin hacer ninguna reforma de fondo en materia de democracia interna en los partidos políticos. Veamos.

Conforme noticié a través de este medio en un post anterior, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó, el 22 de agosto pasado, la Proposición Legislativa N.º 2614/2008-ONPE a través de la cual se propuso modificar diversas normas de la Ley de Partidos Políticos, con el objeto de afianzar la democracia interna en los partidos políticos, así como incluir a los movimientos (organizaciones políticas de ámbito regional o departamental) en los alcances de las normas sobre democracia interna.

Seguramente dicho proyecto, como tantos otros que se presentan, iba a pasar inadvertido, si no fuera porque el diario El Comercio, a partir de su edición del 6 setiembre de 2008, decidió darle una amplia cobertura (incluyéndolo incluso como tema de primera plana), no sólo a nivel informativo, sino apoyando firmemente la iniciativa de la ONPE mediante los comentarios del editor de política.

Dicha situación generó la inmediata reacción de diversos líderes políticos En líneas generales, los dirigentes de los partidos que cuentan con representación en el parlamento, no manifestaron su oposición al objetivo central del proyecto de la ONPE (digamos que no es políticamente correcto oponerse a la idea de que en los partidos haya verdadera democracia); sin embargo, la mayoría de ellos señaló que dicha propuesta no bastaba o que era insuficiente, por lo que la misma debería formar parte de un “paquete mayor” de reformas o estar precedida de otras.

Por su parte, el Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, José Vargas Fernández, anunció que el proyecto de ley presentado por la ONPE se trataría rápidamente, y los técnicos de dicha comisión elaboraron con prontitud el predictamen respectivo; sin embargo, en lugar de discutir el proyecto y aprobar el dictamen, dicha comisión, haciendo suya la opinión de cierto funcionario del JNE que pretende negar la iniciativa legislativa a la ONPE, y a pedido del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, terminó aprobando un informe que concluye que la ONPE no tiene iniciativa legislativa directa, contradiciendo una opinión anterior del propio parlamento que concluye que el referido organismo sí tiene dicha atribución, con arreglo al artículo 107 de la Constitución.

Más allá de lo discutible de la decisión de la comisión en lo que respecta a la iniciativa legislativa de la ONPE, la misma, en la práctica, ha significado que el proyecto presentado por este organismo electoral se encarpete, sin que la comisión haya discutido la propuesta de fondo. Es decir, por una cuestión de forma se evitó discutir el tema de fondo.

Entonces, a pesar de los reiterados anuncios del Presidente del Congreso de que la propuesta de eliminar el voto preferencial debería estar necesariamente amarrada a la profundización de la democracia interna en los partidos mediante una mayor participación de la ONPE, y pese a que este parlamentario prometió que “irá hasta las últimas consecuencias para que sus iniciativas sean aprobadas por las diversas bancadas”; lo que ahora tenemos es un dictamen que únicamente aprueba la eliminación del voto preferencial, pero que no realiza ninguna reforma de fondo en materia de democracia interna; lo que nos hace sospechar –mal pensados nosotros– que no existe la voluntad política de democratizar verdaderamente a los partidos y, más bien, lo que se pretende es que las cúpulas partidarias tengan aún más poder del que actualmente tienen.

Nuestras sospechas aumentan cuando no enteramos por los medios de comunicación (ya que el dictamen aún no está disponible en la página web del Congreso), que dicho dictamen, junto con la eliminación del voto preferencial que implica modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, aprueba modificar un solo artículo del capítulo de democracia interna de la Ley de Partidos Políticos, para limitar el tiempo de mandato de las dirigencias partidarias a cuatro años, que también estaba en el proyecto de la ONPE, pero que por sí sola en nada contribuye al objetivo del proyecto. Si en dicho dictamen se encontró espacio para modificar una norma del capítulo de democracia interna de la Ley de Partidos Políticos, ¿por qué no se aprobaron, más bien, las modificaciones que sí apuntan a una reforma de fondo en esta materia? [Actualización (4/dic/2008): el dictamen se publicó[115clicks] finalmente el pasado 20 de octubre y tiene algunas diferencias respecto a lo divulgado por la prensa; concretamente no propone ninguna reforma de la Ley de Partidos Políticos]

Si esa voluntad que sospechamos llega a concretarse, y el Pleno del Congreso elimina el voto preferencial, manteniendo el actual statu quo en que lo que predomina es la “antidemocracia partidaria”, estaremos ante un grave retroceso.

En este caso, pues, el orden de los factores sí altera el producto. Por ello, nos reafirmamos en que primero se debe aprobar una reforma de fondo en materia de democracia interna. Sólo una vez que la misma se haya consolidado, podríamos darnos el lujo de eliminar el voto preferencial. De lo contrario, es muy posible que, una vez suprimido el voto preferencial, los congresistas se “olviden” de aprobar la reforma de la democracia interna.

Tal como ha reconocido el congresista nacionalista Cayo Galindo, según información aparecida en la República el día de hoy, si no hay procesos internos transparentes y supervisados, las cúpulas se impondrán y dispondrán de los primeros lugares en las listas. Entonces, como señala el mismo Galindo, eliminar el voto preferencial “... es peligroso. Si no existe real democracia interna, las cúpulas terminarán gobernando”.

Por tanto, no estamos tan seguros, como lo está Juan Paredes Castro, que la supresión del voto preferencial generará un efecto dominó de la ansiada democratización de los partidos y que los siguientes pasos conducirán al establecimiento de la obligatoriedad de elecciones democráticas internas en los partidos, con vigilancia de la ONPE y del JNE. Ojalá sea yo el equivocado.

Una acotación final: podría ser que el Congreso, aunque a regañadientas, finalmente apruebe una reforma de fondo en materia de democracia interna si la presión de la opinión pública lo obliga a ello.

Y una invocación final: señor congresista Javier Velásquez Quesquén, Presidente del Congreso de la República, esperamos que honre su palabra de ir hasta las últimas consecuencias para que la supresión del voto preferencial esté amarrada al afianzamiento de la democracia interna en los partidos políticos. El país y el sistema democrático se lo agradecerán.


AMPLIACIÓN (27-28/oct/2008):

Especialistas a favor de afianzar democracia interna antes de suprimir voto preferencial

Otros autores han opinado en términos similares a los propuestos en este blog, respecto a la necesidad de afianzar primero la democracia interna en los partidos políticos, antes de suprimir el voto preferencial.

Antonio Zapata, en su artículo "La renovación de los partidos" (La República, 10 de setiembre de 2008), frente a la debilidad del sistema político, expresada en la casi inexistencia de los partidos y el descrédito de los representantes, considera que “el Congreso podría preparar la próxima elección modificando la ley para mejorar la calidad de los representantes.

La mayor parte de la clase política está a favor de que desaparezca el voto preferencial, que introduce una competencia caníbal al interior de los partidos en el momento mismo de la elección, cuando deberían estar más unidos que nunca. Pero, para ello es preciso que las elecciones internas sean limpias y democráticas.” Zapata acota que: “Ello nunca sucederá a menos que la ONPE tome el control de las primarias de los partidos. Si las primarias continúan en manos de comités nombrados por las cúpulas, nunca pasará nada bueno con ellas. A su vez, las primarias deben elegir al 100% de los candidatos. Hoy por hoy, la cúpula mantiene el derecho a nombrar el 20% de la lista y, peor, de colocar el orden en el que irán sus invitados. Así, se desnaturaliza el proceso de las primarias y es obvio que el ciudadano de a pie defienda el preferencial, porque, al fin y al cabo, otorga derecho a elegir.”

Finalmente, Zapata informa que dichos razonamientos se pusieron sobre el tapete en el IV Encuentro Nacional de Actores Políticos Jóvenes, realizado en Ica el 6 y 7 de setiembre pasado, el cual reunió a jóvenes militantes de todos los partidos y de todas las regiones. Cabe señalar que en el referido Encuentro Nacional, tuve la oportunidad de sustentar respecto a la necesidad de realizar una reforma de fondo en la Ley de Partidos Políticos, con el objeto de hacer realidad la esperada democracia interna en las organizaciones políticas, antes de proceder a reformas como la supresión del voto preferencial.

En el mismo sentido, Carlos Reyna, en su artículo "Falsas culpas de un derecho" (La República, 20 de octubre de 2008), tras probar que el uso del voto preferencial por los ciudadanos no es tan marginal como sostienen sus opositores, considera que en el contexto actual, la anulación del voto preferencial es inconveniente por varias razones, entre ellas porque "va a anular un derecho ciudadano sin que se compense con una norma que garantice la democracia interna en los partidos. La única manera sería que la ONPE se haga cargo de las elecciones internas, pero lo que se está proponiendo es que las supervise. Tal como están las cosas, esa supervisión va a ser tan blandita y permisiva como la supervisión de fondos partidarios que supuestamente hace dicho organismo."

Así también, Henry Pease García, en diversos momentos y a través de distintos medios, por ejemplo mediante su artículo "Cómo fortalecer los partidos políticos" (El Comercio, 29 de enero de 2008), considera cuatro medidas para fortalecer a los partidos. La primera de estas medidas "debe reafirmar el derecho de los ciudadanos a decidir sobre sus candidatos pero corrigiendo las distorsiones que se adjudican al voto preferencial. Este solo puede ser eliminado si la ley garantiza que el mismo derecho se ejerce en elecciones primarias abiertas, donde los ciudadanos se inscriben en la ONPE para ejercer su derecho en la lista de un partido político y lo ejercen en un acto electoral que esta oficina organiza bastante antes de la fecha de las elecciones, poniendo una fecha única para todos los partidos. Solo los partidos que usen este sistema quedarán exonerados

del voto preferencial, pues sus votantes ya ejercieron ese derecho y conformaron así su lista. Pero la ley debe mantener el voto preferencial para los partidos que no opten por estas primarias. Con razón mucha gente siente que perdería derechos si simplemente se eliminara el voto preferencial como demandan varios partidos."

Cabe acotar que las propuestas de Henry Pease se fueron afinando a partir de los diversos talleres preparatorios del Seminario Reforma del Estado en el Perú 2007, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinada por el propio Pease, espacio en el cual, frente a la propuesta preliminar de los organizadores de eliminar el voto preferencial, Carlos Reyna destacó la idea que el voto preferencial constituye la profundización del derecho ciudadano de elegir, y que no se puede responsabilizar a su ejercicio por el deterioro de los partidos, ya que ello es una manera de culpabilizar a un derecho ciudadano por la incompetencia de los partidos o los vicios de los candidatos [tales ideas están desarrolladas en su artículo "Sentido del voto preferencial", La República, 04 de junio de 2007]. En el mismo espacio propuse que la supresión del voto preferencial debería estar precedida de la modificación de las normas de democracia interna de la Ley de Partidos Políticos, con el objeto que la ONPE participe de manera obligatoria, y no sólo facultativa, en las elecciones internas de los partidos.

Sobre las opiniones de Zapata, Reyna y Pease, en el sentido que la ONPE debería tomar el control de las primarias de los partidos y hacerse cargo de sus elecciones internas, debo manifestar que, ciertamente, una mejor garantía para lograr una verídica democracia al interior de los partidos sería que dicho organismo electoral no sólo brinde asistencia técnica obligatoria o supervise sus elecciones internas, sino que se haga cargo de las mismas.

Sinesio López, por su parte, en su artículo “El voto preferencial” (La República, 15 de junio de 2007; también disponible en su blog: El zorro de abajo), considera que “en el Perú el voto preferencial ha sido un factor decisivo en el proceso de democratización de los partidos y de las organizaciones políticas en general. Este es su efecto positivo.” Sin embargo, López reconoce que el voto preferencial también ha tenido diversos efectos negativos sobre la organización de los partidos, lo que los ha debilitado como organizadores de la representación política y como actores decisivos de la democracia. En tal sentido, López considera que puestos en una balanza los efectos positivos y los negativos, “es necesario concluir que el voto preferencial ya cumplió su papel democratizador y que es necesario buscarle un sustituto que bien pueden ser, como varios políticos y analistas han sugerido, las elecciones primarias realizadas por los partidos para elegir candidatos bajo la supervisión obligatoria de los organismos electorales del Estado, como sucede en los EEUU. En el caso norteamericano, las elecciones primarias funcionan bien debido a la presencia vinculante del Estado. Este cambio en el mecanismo democratizador de los partidos exige realizar algunas modificaciones y ajustes importantes en la ley de partidos que, dicho sea de paso, no viene funcionando adecuadamente.”

Eliminar el voto preferencial, pero...

De otro lado, hay otros analistas que consideran urgente la eliminación del voto preferencial y, para ello, no ponen como condición necesaria que previamente se afiance la democracia interna de los partidos polìticos con una mayor participación del Estado, a través de los organismos electorales; sin embargo, reconocen que sí es necesario reformar la Ley de Partidos Políticos, sobre todo para poner requisitos más exigentes para la constitución y reconocimiento de los partidos. Veamos.

Fernando Tuesta es uno de los analistas que con mayor insistencia se ha opuesto al voto preferencial, considerando su eliminación "un paso adelante para trasladar al partido una mayor responsabilidad en la constitución de su cuerpo representativo", y sin necesariamente condicionar su eliminación a una mayor participación de los organismos electorales en la democracia interna partidaria, conforme lo sostiene en su artículo "¿Los partidos en manos del Estado?" (El Comercio, 8 de junio de 2007), el cual concluye señalando "voto preferencial no, pero tampoco entregar a los partidos a manos del Estado." Sin embargo, Tuesta no deja de reconocer que se debe proceder también a otras reformas de la Ley de Partidos Políticos, "reduciendo, por ejemplo, a un 10% el número de invitados por partido, quienes no tendrán la condición de militantes... Si desean los partidos, que introduzcan el mecanismo de voto preferencial en su interior. En la inscripción se deben eliminar las firmas de adherentes y documentar la militancia, siendo obligatorio que cada comité provincial deba tener un local. Sin espacio, no hay partido que desarrolle actividad. Si se falsea información, la agrupación no solo no procederá a la inscripción, sino que sus dirigentes podrán ser denunciados penalmente... En un solo día se deben desarrollar las elecciones internas y la sociedad civil debe ejecutar la observación electoral, como bien lo ha hecho y con eficacia. Pero sobre todo, es necesario hacer cumplir las normas y esa es responsabilidad que, en estos casos, no se ha observado con severidad de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que permitió la inscripción de 36 agrupaciones políticas allí donde seguramente no llegaban a una decena." ["Un balance del voto preferencial" (Perú 21, 17 de junio de 2007)].

De otro lado, Carlos Castañeda Castro, en su artículo “Eliminar o mantener el voto preferencial” (publicado en su web site Politikaperu), aunque considera que no hay duda en que el voto preferencial debe eliminarse, admite que se debe tener presente que este mecanismo surgió para atenuar la fuerza que las cúpulas partidarias tenían al momento de confeccionar sus listas parlamentarias. También señala que hay que recordar que las denuncias de irregularidades en las elecciones internas son recurrentes cada vez que hay que nominar a los candidatos. Asimismo, se refiere a las dificultades que hay para hacer carrera política dentro de un partido, sobre todo para los jóvenes sin antecedentes familiares o sin capacidad económica. Finalmente, considera que el problema no está en el voto preferencial, sino en los propios partidos políticos, en sus dirigentes, sus prácticas y costumbres. “Con ley o sin ley se refuerza la informalidad y la proliferación de partidos políticos etiquetas, sólo se afinan como maquinarias electorales que luego hibernan para convivir en el sistema político y ausentarse del sistema social, de la vida cotidiana de las comunidades y de los ciudadanos.”


ACTUALIZACIÓN (13/nov/2008):

Se confirma falta de voluntad política en el Congreso para profundizar democracia interna en los partidos

En este post hemos manifestado nuestra sospecha respecto a que, en el Congreso de la República, no hay voluntad política para democratizar verdaderamente a los partidos y, más bien, lo que se pretende es que las cúpulas partidarias tengan aún más poder del que actualmente tienen; efecto que se producirá inevitablemente si la eliminación del voto preferencial no está precedida o acompañada de una reforma de fondo de las normas de democracia interna de la Ley de Partidos Políticos.

Conforme se deduce de la nota de prensa de la agencia peruana de noticias ANDINA que reproducimos líneas abajo, va quedando claro que, tal como lo sospechábamos, en nuestro parlamento nacional la voluntad política que prima no es aquella tendiente a lograr una verídica democracia interna en los partidos políticos. Veamos.

Emplazan a agrupaciones a definir si quieren o no norma que democratiza partidos

Lima, nov. 12 (ANDINA).- El presidente de la Comisión de Constitución, José Vargas, emplazó a todas las bancadas a definir sí realmente apuestan o no por la democratización de los partidos, pues hasta el momento no demuestran tener la voluntad de debatir el proyecto para que la ONPE supervise sus elecciones internas.

Fue al advertir la constante ausencia de legisladores a esa comisión, lo cual, por falta de quórum, ocasiona que se postergue el debate de esa importante norma

“Emplazo a las agrupaciones políticas a tomar una definición en este tema y que decidan si van a impulsar el proceso de democracia interna o quieren que las cosas sigan como están actualmente”, declaró a la agencia Andina.

Indicó que lo fundamental es realizar la votación de esta norma, porque si existen parlamentarios que no están de acuerdo con ella, entonces, que voten en contra; pero que “no se corran de la responsabilidad de debatir este proyecto de ley”.

Dicho proyecto es importante, porque fortalece las elecciones internas de los partidos políticos, les da legitimidad ante sus militantes y el país, y además abarca también a los movimientos regionales, explicó.

Consideró que la razón de que se dilate la aprobación de dicha ley es porque algunas “cúpulas partidarias” tienen miedo a perder sus “privilegios”.

"Si creen en la democracia, entonces, con mucha mayor razón deben aplicar dentro de sus propios partidos y organizaciones las elecciones internas en sus agrupaciones."

Mencionó que ha informado a la Oficialía Mayor del Congreso sobre los congresistas que no acuden a la sesión de su grupo legislativo y, por lo tanto, ya no le corresponde a él determinar los descuentos de los parlamentarios inasistentes.