Sinesio López Jiménez
El cardenal Cipriani tiene apetitos materiales desmedidos, casi hobbesianos. No sólo quiere imperar en los predios de la Católica sino que también pretende imponer algunas políticas públicas al gobierno y al país. En ambos casos, sin haber sido democráticamente elegido. ¿Cuál es entonces el fundamento de su poder? Mi hipótesis es que Cipriani cultiva una concepción teocrática de la política y desde allí exige la plenitudo potestatis, esto es, la plenitud del poder. Fundamenta sus pretensiones políticas con criterios religiosos. Para él no ha existido la secularización en el campo de la ideas (siglo XIV) ni en el de la historia social (XVII y XVIII). Tampoco ha existido la monarquía absoluta (siglo XVII) que derrotó a las guerras religiosas y a las aristocracias, que separó lo público de lo privado y que colocó en este ámbito a las creencias religiosas.
Cipriani se ha quedado congelado en la historia teocrática del Medioevo que tuvo plena vigencia entre los siglos IX y XV. En esa época los papas inventaron una historia que hacía reposar la titularidad del poder en Dios, que les otorgaba la administración de esa titularidad como sus representantes en la tierra y que, en esa misma condición, los facultaba a coronar a los emperadores para que ejercieran legítimamente el poder. (Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia). La titularidad del poder (principium potestatis) estaba separada del ejercicio del mismo. Todo eso hacía que el Estado feudal clásico careciera de soberanía pues no era el titular del poder y estaba limitado por la Asamblea de los príncipes en el ejercicio del poder, especialmente en la organización de un ejército propio y en la capacidad impositiva.
La monarquía absoluta unificó la titularidad y el ejercicio del poder en la persona del monarca. Este ejercía legítimamente el poder porque era el titular del mismo. Esta fue la obra de Richelieu en Francia. (Cipriani no es obviamente Richelieu). La revolución francesa (1789) separó nuevamente la titularidad del poder de la forma de su ejercicio, otorgó esa titularidad a los ciudadanos y permitió que éstos eligieran a sus representantes y a sus gobernantes para que ejercieran el poder con legitimidad. Desde entonces los ciudadanos son los nuevos soberanos que, a través de elecciones legítimas e institucionalizadas, autorizan a gobernar a los que triunfan en ellas.
El pensamiento reaccionario (Donoso Cortés, Carl Schmitt y otros) sostiene que, con la revolución francesa y la instauración del liberalismo (Francia) y del republicanismo (USA), las sociedades modernas han entrado en una situación de excepción (ruptura del monopolio de la violencia, instauración de diversos órdenes políticos, emergencia de varios órdenes legales, aparición del caos, la inestabilidad política y la ingobernabilidad) y que la única forma de salir de ella es a través de una decisión política soberana que instaure un nuevo orden político, constitucional y legal.
Sabiéndolo o no, el cardenal Cipriani (¿el Opus Dei?) combina la concepción teocrática del poder con el pensamiento reaccionario o decisionismo de derecha. ¿Qué es eso de que el Gran Canciller elije al rector escogiéndolo de una terna presentada por la Asamblea?. Su facultad de decisión se funda en el hecho de que es el Gran Canciller que, a su vez, encuentra su legitimidad de origen en otro hecho básico de carácter religioso: La Primacía de la Iglesia. Pero la PUCP no es una institución de la Iglesia sino que es una asociación civil sin fines de lucro que se rige las leyes peruanas sin que ello impida su orientación católica y la de la mayoría de sus integrantes, respetando la libertad y el pluralismo.
La cosa es más grave cuando Cipriani y otros obispos pretenden bloquear determinadas políticas públicas apoyándose en criterios religiosos. Que lo hagan con sus fieles, pero ¿por qué quieren imponer esos criterios a todos los peruanos presionando y utilizando el poder del Estado?.

Sinesio López Jiménez
La controversia entre el Cardenal Cipriani y la PUCP no versa sobre un asunto religioso, aunque tiene una arista religiosa. Tampoco es un problema principalmente jurídico sobre la propiedad de los bienes de la PUCP, aunque tiene un lado legal y se desarrolla en ese campo. No es, desde luego, un problema académico, aunque puede verse también desde ese ángulo. A mi juicio, el problema de fondo es político y puede ser resumido con crudeza de la siguiente manera: Con el pretexto de reivindicar el correcto uso de la herencia dejada por Riva Agüero a la PUCP, Cipriani pretende apropiarse de todos los bienes de la PUCP (incluidos los que ésta adquirió con el producto del trabajo de varias generaciones que laboraron en ella) con la finalidad de expulsar de sus aulas a todos los que no piensan como él (incluidos los católicos que no son conservadores) y llenarlas con las huestes del Opus Dei y sus socios ultramontanos.
Para lograr este objetivo, Cipriani hizo un acuerdo bajo la mesa con el ex-presidente García y con algunos dirigentes apristas con la finalidad precisa de presionar al Tribunal Constitucional (TC) y de influir en los jueces que tenían en sus manos el conflicto legal. El resultado previsible no se dejó esperar. Cipriani obtuvo un triunfo parcial y parcializado, como lo dije en su momento. Ahora lo esgrime para sostener que los tribunales le han dado la razón. Es cierto: Se la han dado sin tenerla, por presión de García y compañía. El runrún de entonces era que alguno de los integrantes del TC modificó el sentido de su voto a cambio de permanecer más tiempo en su puesto. Este es un tema que amerita una investigación por el actual Congreso de la República.
Para desgracia de Cipriani, su candidata favorita perdió las elecciones generales de este año, el nuevo gobierno mantiene la neutralidad en este conflicto y se espera que los jueces decidan sin presión de ningún tipo. En esas condiciones políticas desfavorables, Cipriani acude al Vaticano y a los órganos eclesiales que tienen que ver con la educación católica para que le saquen las castañas del fuego. Estas instancias eclesiales pretenden obligar a la comunidad universitaria de la PUCP a cambiar la elección de las autoridades de la PUCP para que Cipriani entre por la puerta grande. El viernes 23 la Asamblea Universitaria de la PUCP decidirá en forma democrática si entrega la universidad al Opus Dei o mantiene una universidad libre y pluralista en la que es posible combinar la autoridad de la fe con la crítica de la razón como en la mejor tradición de la escolástica republicana de Tomás de Aquino.
Cipriani es un político reaccionario y un decisionista de derecha. El cree que la PUCP vive una situación de excepción (de caos, de confusión, de desorden y de influencias demoníacas) y que sólo puede ser salvada por una decisión política que imponga un nuevo orden legal, académico y administrativo: el del Opus Dei. Es fundamentalista pues fusiona la política con la religión. Cuando habla en RPP cree que está en el púlpito y que su palabra es la ley. Es un político duro y rudo, apoyado por la ultraderecha política y mediática. Sus adversarios de la PUCP, en cambio, son gente bien educada, democrática, de buenos modales, tolerante, que confía en la justicia y que mantiene el conflicto, a mi juicio erróneamente, en el ámbito puramente legal.
El Concilio Vaticano II permitió el tránsito de lo que Habermas ha llamado la publicidad representativa a la publicidad moderna basada en el diálogo y en “el uso público de la razón” (Kant). Actualmente la Iglesia Católica ya no debiera tener sólo fieles (sometidos a la autoridad de la fe) sino una combinación de públicos y fieles como producto del diálogo entre la razón y la fe. Me pregunto si ha llegado ya la hora de decirle a Cipriani lo que el brillante monje Marsilio de Padua le dijo al Papa en 1324 en su famosa obra Defensor Pacis: “Ud. dedíquese a llevar almas al cielo y deje que la sociedad civil resuelva sus necesidades materiales mediante la producción y la distribución”.

Sinesio López Jiménez
Como en el verso de Vallejo, el Estado peruano nació un día en que Dios estuvo enfermo. Por eso, no es el dios mortal de Hobbes que, en nombre del Dios inmortal, impone su autoridad. Nuestro estado es pequeño y débil. Es más pequeño que la sociedad y que el territorio en el que debiera ejercer su jurisdicción. Hay zonas geográficas, especialmente las altonandinas, a las que no llega el Estado. Es más débil que otros Estados de la región y es débil también para ejercer la autoridad e imponerla a ciertos grupos sociales que se colocan fuera de la ley. ¿Qué explica la debilidad del Estado peruano?. Mi hipótesis es que ella obedece a un conjunto de características que lo definen.
En primer lugar, es un Estado sometido a la cultura patrimonial. Esta se expresa en diversas situaciones. Cuando un partido triunfa en las elecciones cree que ha obtenido el Estado como botín y se dispone a coparlo con sus militantes apelando al supuesto derecho que le da el triunfo electoral. Esto es lo que han hecho los partidos mejor organizados, muy duchos en las lides de atiborrar al estado con sus clientelas partidarias. Cuando los ciudadanos gestionan algún tipo de servicios en el estado, lo primero que los burócratas les hacen sentir es que ellos son dueños de la función que tienen y que los van a atender, no porque la ley los obliga, sino porque son buena gente y en reciprocidad les piden, en el peor de los casos, una coima. Cuando los grupos económicos buscan atarantar al Presidente para que nombre a personas de su confianza en los puestos claves del Estado es igual. Todos ellos se sienten dueños del Estado.
En segundo lugar, es un Estado que tiene islas de modernidad, pero la mayoría de sus aparatos, especialmente aquellos que tienen ver con los servicios y derechos de la población, está anquilosada y sometida a formas tradicionales de organización y funcionamiento. En tercer lugar, nuestro Estado, como la mayoría de los estados de AL. no es democrático. Sus políticas sociales (educación y salud) no llegan a todos los peruanos y peruanas por igual. Lo mismo sucede con la ley, la justicia y la seguridad. En cuarto lugar, el Estado es más criollo que andino y amazónico. Así nació y así sigue. Lo criollo se ha estirado, sin embargo, más allá de la costa y lo andino y amazónico se ha encogido en sus propias regiones, pero el Estado tiene problemas para acomodarse y expresar a la sociedad pluricultural compleja que somos. Podría adecuarse sin renunciar a su carácter unitario.
En quinto lugar, El Estado es limeño. Las otras regiones tienen menos estado con todo lo que eso implica: menos poder, menos presupuesto, menos servicios, menos desarrollo. En sexto lugar, el nuestro es un Estado pobre. ¿Qué se puede hacer con el 14% de presión tributaria?. Sólo se reproduce en malas condiciones con una burocracia ineficiente y mal pagada. Con los escasos recursos que le quedan no puede realizar políticas sociales de calidad para todos ni puede hacer que la seguridad y la justicia imperen igualmente para todos. En sétimo lugar, la burocracia es ineficiente. Perú, a diferencia de otros países de AL (Brasil, por ejemplo), no tuvo una reforma burocrática (que Europa tuvo en el siglo XIX). Por eso, nuestra burocracia no es weberiana: racional, objetiva, impersonal, eficiente.
¿Qué consecuencias trae la debilidad del Estado?. Varias, pero quiero señalar brevemente tres. En primer lugar, un estado débil es la principal causa de la falta de gobernabilidad del país. La capacidad de gobierno y su desempeño dependen, en gran medida, de la fortaleza institucional del Estado. En segundo lugar, un estado débil afecta la calidad de la democracia. Las frecuentes fallas y la baja calidad de la democracia no dependen tanto de su diseño institucional como de la debilidad y del carácter antidemocrático del Estado. En tercer lugar, un estado débil no ayuda al crecimiento y al desarrollo. Por lo general, el Estado y el desarrollo con procesos que se acompañan. A más Estado, más desarrollo.

Sinesio López Jiménez
El triunfo electoral otorga el gobierno, pero no brinda gobernabilidad. Ayuda, pero no la garantiza. Es un factor necesario, pero no suficiente. La capacidad de gobernar en democracia (o desempeño democrático) depende también de la eficacia decisoria, la transparencia y la legitimidad de la acción de gobierno (governing), de la estabilidad de las instituciones (governance) y de las condiciones favorables (nivel de desarrollo, estado democrático, nivel de desigualdad). Eso es lo que sostiene la teoría convencional. Me parece, sin embargo, que el señalamiento de este conjunto complejo de factores de gobernabilidad es insuficiente porque deja de lado un elemento que, a mi juicio, es decisivo: la evaluación y el manejo inteligente de las relaciones de poder en todos los niveles de la vida social en cada situación concreta.
Una rápida evaluación de estos factores muestra que el talón de Aquiles de la gobernabilidad está en los factores institucionales (el sistema electoral, el sistema de partidos, la forma de gobierno) y en las condiciones (crecimiento sin distribución, debilidad del Estado, altos niveles de desigualdad) más que en la acción de gobierno y en la evaluación y manejo de las relaciones de poder. El sistema de mayoría en dos vueltas electorales, a diferencia del sistema de pluralidad que define la competencia en una sola vuelta, no ayuda a la gobernabilidad en la medida que genera un pluralismo extremo y una fragmentación parlamentaria.
El colapso de los partidos tampoco ayuda a la gobernabilidad porque produce volatilidad electoral, fragmentación política, personalización de la política, racionalidad pragmática de los electores y emergencia de los medios y los poderes fácticos como epicentros de gravedad política en la vida social. El presidencialismo plebiscitario, a diferencia de lo que llama Nolhen presidencialismo renovado basado en coaliciones sociales y políticas, es una forma de gobierno que no contribuye a la gobernabilidad porque es alérgico al desarrollo de las instituciones.
El principal factor estructural que genera ingobernalidad es, sin embargo, la debilidad del Estado. Ella proviene del patrimonialismo tradicional y moderno (la captura estatal), de su modernización limitada (los aparatos económicos funcionan más o menos bien pero los sociales son un desastre), de su carácter antidemocrático (las políticas sociales de salud, educación, seguridad y justicia no llega a todo el territorio ni a toda la población), de su sentido discriminatorio (no reconoce la pluriculturalidad compleja del país), del centralismo económico y estatal y de sus deficiencias burocráticas (falta de gerencia y de gestión públicas eficientes).
La acentuada desigualdad que, de acuerdo a los investigadores serios, se aproxima a un Gini de 0.6 tampoco ayuda a la gobernabilidad. El crecimiento (no discuto su tipo y su calidad) sin distribución no ayuda mucho a la gobernabilidad, pero es un buen punto de partida en la medida que constituye una condición necesaria para impulsar una política de concertación que garantice el crecimiento con inclusión. Si la gobernabilidad es deficitaria por el lado de las instituciones y de las condiciones estructurales, ¿qué explica entonces el cierto nivel de gobernabilidad que existe actualmente?.
Mi hipótesis es que la gobernabilidad proviene de la acción del gobierno y del buen manejo de las relaciones de fuerza que han permitido organizar un gabinete y una política de concertación, particularmente con el mundo empresarial. El hueso duro de roer es la derecha política y mediática que mimó tanto a García, pero que al presidente Humala no está dispuesta a perdonarle el mínimo traspiés. Le disgusta la política de la gran transformación así como el equipo de gobierno que la impulsa. Le friega también que la agenda política actual no provenga de sus caprichos banales, sino de las propuestas de cambio del gobierno.

Sinesio López Jiménez
Una de mis preocupaciones intelectuales y políticas desde hace cuatro décadas ha sido la cuestión del Estado en el Perú y en AL. A fines de los 70 publiqué El Estado oligárquico en el Perú: un ensayo de interpretación (Revista Mexicana de Sociología, Año XL/vol.XL/n.3, Julio set. l978) que se discutió mucho en los medios académicos de AL. En la misma línea de preocupación publiqué después otros artículos y dos libros (El Dios mortal, IDS, 1991; Ciudadanos reales e imaginarios, 1997). En la PUCP tengo a mi cargo el curso de Teoría del Estado en el que reviso las ideas de los principales autores de las diversas corrientes del pensamiento actual sobre el tema.
En mis reflexiones sobre el Estado hay algunos temas centrales que me han preocupado y me siguen preocupando. En primer lugar, el patrimonialismo que permite a los que acceden al Estado apropiarse de sus aparatos e instituciones y administrarlos como si fuera su chacra, apelando a un derecho. Este es un viejo concepto weberiano que fue retrabajado en forma creativa y brillante por Julio Cotler en su libro ya clásico Clase Nación Y Estado (IEP, 1978) y que sobrevive aún como un componente de la cultura política en Perú y en AL. En los estados neoliberales actuales de AL, el patrimonialismo reaparece como captura del Estado por parte de los operadores de los grandes grupos empresariales, esto es, como patrimonialismo moderno para usar los términos del ex presidente Fernando H. Cardoso.
En segundo lugar, la modernización de algunos aparatos estatales y el atraso de otros, que es una característica de los Estados de los países heterogéneos de AL (Guillermo O´Donnell), producen lo que yo he llamado un Estado hemipléjico: Los aparatos económicos funcionan más o menos bien, pero los aparatos sociales son un desastre. Las reformas económicas neoliberales produjeron islas estatales de modernidad pero han sido incapaces por producir un aparato estatal moderno y eficiente. Han faltado y faltan las reformas de segunda generación que llamó Moisés Naim en su momento.
En tercer lugar, el carácter antidemocrático de algunos estados de AL hace que las políticas públicas (especialmente las sociales de educación y salud, la seguridad y la justicia) no lleguen a todo el territorio y a toda la población por igual. En los Estados de los países homogéneos (Uruguay, Chile, Costa Rica), en cambio, las políticas públicas llegan a todo su territorio y a toda su población. En los países andinos, son las poblaciones serranas rurales pobres y muy pobres adonde no llega el Estado. Son las zonas con poca o ninguna densidad del Estado (PNUD). Todo esto forma parte del divorcio histórico no superado entre el Estado y la sociedad andina y amazónica.
En cuarto lugar, el carácter discriminatorio de los Estados andinos ha determinado que ellos no reconozcan la pluriculturalidad de sus respectivas sociedades. En el caso peruano, el Estado no considera la situación multicultural compleja que caracteriza al país. Los quechuas y aymaras demandan, por ejemplo, mejores formas de integración y de respeto a ciertos derechos específicos (acceso a la educación, a la salud, a la justicia y a la seguridad en su propia lengua) y a sus tradiciones y cultura. Las etnias de la selva, en cambio, demandan el reconocimiento de su identidad, la autonomía del territorio que ocupan y formas de representación propia. Nuestro Estado no está organizado en función de una nación pluricultural compleja.
En quinto lugar, las burocracias (civiles, militares y policiales) de los estados latinoamericanos no son siquiera weberianas, esto es, no son eficientes, racionales, objetivas, impersonales. Todas estas características de los Estados de AL y del Perú constituyen el punto de partida para formular las orientaciones básicas de una adecuada reforma del Estado: Desprivatizar, modernizar, democratizar, nacionalizar (adecuar el Estado a la nación pluricultural) y gerenciar el Estado para ponerlo al servicio de todos los ciudadanos y las ciudadanas del país.

Sinesio López Jiménez
Cada vez que se produce un cambio democrático de gobierno aparecen en el escenario dos errores más o menos conocidos. Por un lado, los que triunfan en las elecciones generales creen que han obtenido el Estado como parte del botín. Esto ha sucedido especialmente con los partidos más organizados como el Apra que, en sus dos gobiernos anteriores, llenó el barco estatal de compañeros: una expresión clara de nuestra acendrada tradición patrimonialista. Por otro, los que pierden las elecciones niegan a los triunfadores el derecho a gobernar y a ocupar los puestos de mando del Estado. Eso hace parte de nuestra escasa tradición democrática de la alternancia en el poder.
El partido que triunfa en las elecciones obtiene, no el Estado, sino el gobierno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el Estado y qué es el gobierno?. El Estado es una macroestructura (integrada por el sistema legal, la burocracia, el monopolio de la violencia, la distribución del poder en el territorio y un sistema de referencia política para la nación) organizada para ejercer el dominio político y construir el orden legítimo. Cuando la ley domina y limita a todos los elementos que integran el Estado, este se llama Estado de derecho. Este no es totalmente el caso peruano. Tenemos normativamente pero no efectivamente un Estado de derecho en la medida que la ley no llega realmente a todo el territorio ni a todos los peruanos por igual. Tampoco la seguridad, la educación, la salud y la nutrición llegan a todos los peruanos por igual. El Estado en el Perú es más chico que la sociedad y que el territorio peruano en el que ejerce su jurisdicción.

El gobierno es, en cambio, una parte del Estado constituida por el conjunto de puestos de mando que lo pone en marcha. Esos puestos de mando son ocupados legítimamente por el elenco gubernamental del partido ganador. En las últimas elecciones, el triunfador fue Ollanta Humala respaldado por una corriente nacionalista, una corriente de izquierda y otra democrático-liberal. Es legítimo, por consiguiente, que los representantes de estas corrientes gobiernen y es legítimo también que el presidente Humala invite a representantes de otras corrientes (que no triunfaron) a participar en un gobierno de concertación. Lo que no es justo es que los que perdieron las elecciones cuestionen la legitimidad de los triunfadores y sus representantes para gobernar.

Se cuestiona, por ejemplo, que el Presidente Humala coloque a militares retirados en algunos puestos de gobierno. Cuando los nombra el Presidente Humala está mal, pero cuando los nombraba García estaba muy bien. Si los militares retirados son fujimoristas la derecha les da la bienvenida, pero cuando no lo son se irrita y grita contra el militarismo que supuestamente nos amenaza. Algunos críticos, autoerigidos como sumos pontífices de la gobernabilidad, se han atrevido incluso a descalificar a destacados oficiales retirados antes de haber ejercido sus funciones. Lo mismo sucede con la izquierda y sus cuadros. A la derecha le duele que los intelectuales y tecno-políticos de izquierda, que apoyaron la candidatura de Ollanta Humala, que se han formado en las mejores universidades del Perú y del extranjero y que tienen experiencia de gestión, participen en el gobierno.
La ultraderecha transforma la discrepancia en discriminación y, si pudiera, la transformaría en muerte. Entonces sería feliz. El Perú sería un paraíso sin izquierdistas. Señores de la derecha y la ultraderecha: Salvo en dos o tres ocasiones, Uds. han gobernado durante dos siglos y lo han hecho muy mal. Si quieren volver a gobernar, esperen cinco años, compitan y ganen las elecciones. No chantajeen ni esperen que les regalen el gobierno, habiendo perdido la contienda electoral. Acabo de ver la genial caricatura de Carlín (La República, 12 de Agosto) en la que connotados personajes de la derecha quieren atarantar al Presidente Humala gritándole: ¡Dobla a la derecha!, ¡No mires al retrovisor!, ¿Por qué no hablas?, ¡Más despacio!, ¡No toques los cambios!, ¡No me das confianza!, ¡Eres oscuro!. Caricaturistas como Carlín son los mejores analistas de la coyuntura política.

Sinesio López Jiménez
Si se relaciona la densidad del Estado con el índice de desarrollo humano en el Perú, el resultado es el siguiente: A más Estado, más desarrollo humano y a menos Estado menos desarrollo humano. Para decirlo con más precisión: Aquellas regiones, provincias y distritos que tienen más y mejor Estado tienen también un mayor nivel de desarrollo humano. El año pasado el PNUD publicó los resultados de una investigación revolucionaria (que comenté oportunamente en esta columna) sobre lo que ese organismo internacional denomina densidad del Estado.
Con este concepto y sus respectiva operacionalización el PNUD medía la presencia del Estado y de sus políticas sociales en las diversas regiones y provincias del país. Se utilizaron diversos indicadores de educación, salud, saneamiento (agua y desagüe) y electricidad, pero se dejaron de lado otras políticas igualmente importantes (seguridad y justicia) probablemente porque son difíciles de cuantificar. Mi hipótesis es que, si hubieran tomado indicadores de justicia (legalidad efectiva) y de seguridad para los ciudadanos el mapa de la densidad estatal habría presentado contornos más acentuados y precisos.
Desde hace más de una década el PNUD publica anualmente el índice de desarrollo humano que mide el nivel de bienestar de la población utilizando diversos indicadores de educación, salud (esperanza de vida) y economía (PBI per capita). Debido a que se repiten los indicadores de educación en ambas mediciones, es mejor relacionar la densidad del Estado con los ingresos familiares per cápita y el resultado es más intenso: A más Estado, más ingresos familiares per capita, esto es, más desarrollo, y a menos Estado, menos desarrollo. Sociológicamente se puede sostener fundadamente lo siguiente: el nivel de densidad del Estado acompaña la estratificación social, esto es, las clases sociales acomodadas tienen más Estado (salud, educación, justicia y seguridad) que los pobres (con muy bajos ingresos familiares) que han sido abandonados también por el Estado.
¿Indica la relación entre la densidad del Estado y el nivel de desarrollo (ingresos familiares per capita) algún tipo de causalidad?. Mi hipótesis es que existe entre ambos fenómenos una relación causal que no es lineal sino circular. Es probable, sin embargo, que el primer impulso (para escándalo de los trogloditas) haya sido lineal y haya provenido del Estado. En efecto, sin seguridad jurídica y sin promoción estatal (políticas económicas monetarias y fiscales, estabilidad macroeconómica, inversión en infraestructura, calificación de la mano de obra, inversión en ciencia y tecnología) a la acumulación privada (capitalista) no hay crecimiento económico. Esta es la parte del Estado que les encanta a los grandes grupos empresariales y a la derecha. Es su paraíso estatal.
Hay otras partes del Estado que no les gusta para nada (los impuestos para sostener el Estado) y hay otras que francamente rechazan (el reconocimiento de los derechos sociales universales y las políticas de igualdad de oportunidades: educación, salud, justicia y seguridad de calidad para todos). Quieren un estado sólo para ellos. Ese que actualmente existe, según el mapa de densidad estatal del PNUD. Que los pobres se mueran sin mercado y sin estado. Y si el Estado pretende asumir un rol promotor del desarrollo de algunos sectores deprimidos de la economía lanzan alaridos como posesos en defensa de la sagrada constitución de 1993 (promovida por los organismos financieros empresariales, por asaltantes del fisco y por golpistas que querían perpetuarse en el poder).
Tengo la impresión que la grita proviene más de la derecha política (ignara y primitiva) que de los grandes grupos empresariales que son pragmáticos. A ellos el actual gobierno les ha garantizado no sólo reglas de juego claras y precisas (el Estado que les gusta) para que inviertan y acumulen sino que también les ha aceptado representantes en el gabinete y en los aparatos económicos. La relación entre el Estado y el mercado (y el desarrollo) depende de la correlación política de fuerzas en el país. Si éstas han cambiado, es normal que esa relación cambie de igual modo. Así de simple.