Sinesio López Jiménez

De los principales actores que juegan en la actual cancha política (FP, El Ejecutivo, los medios y el FA), el fujimorismo es el que tiene un juego grande y articulado que ha salido a luz a propósito de las presiones que viene ejerciendo para que AF salga libre. He aquí las movidas principales de su juego político:

En primer lugar, FP quiere que AF salga libre sin pagar los costos políticos que su liberación implica. El Parlamento ha rechazado un proyecto de prisión domiciliaria para AF e insiste en el indulto. En segundo lugar, FP pretende que PPK otorgue el indulto y pague los costos políticos que eso conlleva: traición a sus electores, deslegitimación y debilitamiento casi total del gobierno para convertirlo en su pelele. El único temor que el fujimorismo parece albergar es el probable cuestionamiento del liderazgo de KF por parte de AF libre como nuevo actor en la cancha.

En tercer lugar, FP está aplicando una política del chantaje para lograr el objetivo del indulto. Para doblegar a PPK amenaza con censurar a algunos ministros generando inestabilidad e ingobernabilidad. El primero en la lista es Carlos Basombrío, el ministro del Interior, con el pretexto baladí de hacerse de la vista gorda frente a la apología del terrorismo. Las Alcortas y los Becerril han hecho más propaganda al MOVADEF que todas sus marchas juntas: ¿Quién hace objetivamente alegoría al terrorismo?.

En cuarto lugar, FP busca neutralizar e inmovilizar al FA y a las izquierdas con la misma acusación idiota de alegoría del terrorismo. Lastimosamente parece que en el FA hay colaboradores (¿voluntarios e involuntarios?) del fujimorismo. En quinto lugar, FP se ha propuesto intimidar, neutralizar y negociar (al final) con los medios presentando proyectos que vulneran la libertad de empresa y la libertad de expresión. FP ha logrado ya infiltrar topos en algunos medios (RPP y diarios de 50 céntimos) con el apoyo probable de sus propietarios.

En sexto lugar, FP sueña con secuestrar la política, convertirla en su coto cerrado (compartido con fantasmas del pasado que deambulan por los pasillos del Congreso y con otros personajillos que tienen la franquicia electoral) y excluir a los nuevos actores de la de la renovación política (Julio Guzmán y Verónica Mendoza). Este es el objetivo central de la llamada reforma del sistema electoral elaborada por una comisión especial del Congreso.

Todas estas movidas configuran una estrategia de construcción de una dictadura parlamentaria que tiene como objetivo no sólo debilitar más aún y desbarrancar a PPK y al Ejecutivo sino también someter a los medios y excluir al FA y a las izquierdas del juego democrático electoral. Esta estrategia autoritaria presenta grandes desafíos a las fuerzas democráticas de derecha, de centro y, en particular, de la izquierda.

¿Cómo están respondiendo las fuerzas democráticas a estas movidas y a esta estrategia autoritaria del fujimorismo?. En los próximos artículos examinaré los límites y capacidades de los principales actores de la cancha política para enfrentar al fujimorismo.

Sinesio López Jiménez

La reforma del sistema electoral, si está bien diseñada, puede traer grandes cambios en la política, pero, pese a esa virtud, puede ser una medida limitada sino forma parte de un paquete de medidas que incluya al sistema de partidos y a la forma de gobierno. El Perú requiere una reforma política amplia y radical para dejar atrás la anquilosada política que lo paraliza y para reencontrarse con los profundos cambios que están viviendo AL y el mundo.

Ahora solo quiero discutir los puntos más importantes de la reforma electoral. En primer lugar, la renovación de la política exige facilitar la entrada de sangre nueva a su escenario. Eso se logra disminuyendo la exigencia de inscripción electoral de 4% a 1% o menos del padrón electoral. La propuesta del 4% busca secuestrar a la política, elitizarla al máximo, convertirla en coto cerrado de partidos agotados e impedir el ingreso de las nuevas generaciones a la cancha.

Algunos representantes de los partidos moribundos han hecho propuestas absurdas que incluyen determinados años de experiencia para entrar a la competencia electoral. Esas propuestas pretenden bloquear la representación de una sociedad que está en cambio permanente y que ha convertido a los pretenciosos secuestradores de la política en excrecencias morbosas de la colectividad nacional. Hay que mantener, sin embargo, la valla del 5% para llegar al Congreso y para mantener la inscripción del partido con el fin de darle gobernabilidad al país.

En segundo lugar, el reconocimiento de sectores discriminados a lo largo de la historia requiere un especial sistema de representación. El establecimiento de una cuota de género no menor del 50% con alternancia en la lista de candidatos va en esa dirección. El mismo sentido tiene la fijación de una cuota a los pueblos originarios (como en Colombia) y a las comunidades campesinas tanto para el Congreso como para los gobiernos regionales.  Las injusticias históricas no se resuelven solo con medidas de justicia presentista tales como “todos somos iguales ante la ley” sino que son necesarias políticas de compensación positiva.

En tercer lugar, la democratización de los partidos mediante el establecimiento de elecciones primarias obligatorias bajo la dirección de la ONPE para elegir a los candidatos a la presidencia y al Congreso es una buena propuesta más o menos consensual. Es la mejor forma de sustituir el voto preferencial que causa muchos problemas a los “partidos”, al Congreso y a la democracia.

En cuarto lugar, es necesario establecer la equidad en la competencia electoral y defender la autonomía de la política, de los partidos y de los gobiernos frente a los intereses de las grandes empresas, eliminando el financiamiento privado de las campañas electorales y estableciendo el financiamiento público (como en Méjico) y el autofinanciamiento limitado de los militantes del partido. Hay que defender la ética en la política evitando que el dinero sucio entre a la política y a la competencia electoral. Hay un problema de agencia en la realización de estas reformas que debemos superar con la movilización de todos.

Sinesio López Jiménez

El Bicentario del Peru (2021) ha impulsado muchas investigaciones en la academia, ha obligado a los gobiernos a hacer algunos pequeños retoques al Perú para que presente un rostro mejor y ha estimulado a que algunos políticos repiensen su propio quehacer y sus apuestas. Este es el caso de Manuel Dammert que acaba de publicar Perú 2021: Crisis de Régimen. Una relectura crítica de nuestra historia y perspectivas.

Manuel Dammert no es sólo un político: Lo es desde su juventud en el campo de la izquierda, ha sido y es congresista. Es también un académico: es magister en sociología con estudios de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma Universidad. La unidad de la reflexión científica con la política, reconociendo sus diferencias y sus especificidades, a mí me parece productiva para ambos campos.

Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Víctor Andrés Belaúnde, Luis Alberto Sánchez y, en cierto modo, José de la Riva Agüero fueron excelentes intelectuales y destacados políticos peruanos. Después de esa generación brillante, lo intelectual y lo político han ido separándose. Los intelectuales ingresaron a la academia y los políticos se quedaron literalmente en la calle. Ese es el mundo desolador de la política que tenemos ahora, salvo contadas y honrosas excepciones.

El libro de Manuel Dammert que comento es muy interesante, pero de difícil lectura para los neófitos porque el autor asume un enfoque teórico y metodológico muy complejo. Se propone vincular lo global con lo nacional y lo local; la política, la sociedad, la economía y el medio ambiente; la larga duración con el mediano y el corto plazo para pensar el Perú del Bicentenario. Para un académico puro este es un programa de investigación de varias generaciones. Para un político es una hipótesis de trabajo.

Según el autor, el Bicentenario del Perú está enmarcado por el tránsito de la unipolaridad a la multipolaridad en el campo de la geopolítica, por tres grandes redes de poder mundial (Europa centradas en Alemania, América del Norte (USA) y Asia centradas en China) en el campo de la economía, por la revolución científica y tecnológica (la robótica) en el campo de la cultura y por la globalización y el dominio del capital financiero. Habría que añadir, a mi juicio, la reciente confrontación entre el nacionalismo populista y la globalización neoliberal.

Este marco global, que genera múltiples y agudos conflictos en el mundo, plantea tres grandes desafíos a todos los continentes, especialmente a América Latina: La lucha por la igualdad, la defensa de la sostenibilidad ambiental y la consolidación de la democracia. Habría que añadir la competitividad en la economía global. Los países de América Latina han respondido de diversa manera a estos desafíos. Algunos son leales al neoliberalismo y otros son contestatarios desde la izquierda, lo que ha dado lugar a la conformación de diversos bloques y conflictos en AL.

El Perú es muy leal al neoliberalismo gracias a que la mayoría de sus gobernantes fueron elegidos por la izquierda y el cambio, pero traicionaron y terminaron gobernando con la derecha neoliberal.

                                               Sinesio López Jiménez

En la etapa de emergencia producida por los huaicos, el desborde de los ríos, el colapso de los puentes y las lluvias torrenciales que aislaron a muchas poblaciones, las FF.AA y la policía, los elementos más organizados del Estado, han jugado un papel fundamental. Sin ellas y sin la solidaridad enorme de todos los peruanos, el norte y Lima hubieran colapsado. Sospecho que su concurso sigue siendo necesario para enfrentar las secuelas que han dejado los desastres naturales, especialmente en el campo de la salud.

Esta es una tarea que corresponde al MINSA, pero que, dada su debilidad más allá de la buena voluntad de sus funcionarios, dicho ministerio no puede cumplir. Sus capacidades han sido desbordadas. Los médicos no se abastecen, hay déficit de vacunas y medicinas, los hospitales y los centros de salud han sido rebasados, las condiciones de insalubridad en las ciudades y en los centros poblados se mantienen y los zancudos atacan con fiereza. Se requiere una fumigación masiva en las ciudades, pueblos y áreas rurales del norte. Ya se ganó la batalla a los huaycos. Ahora hay que ganársela a los zancudos.

En la etapa de “Reconstrucción con cambio” el papel central le toca al gobierno en todos sus niveles (central, regionales y locales), a la tecnocracia y a la burocracia, al Estado en breve. Sospecho que el Estado, tal como está y funciona ahora, no tiene las capacidades necesarias para enfrentar este enorme desafío. Habría que reinventarlo en el desarrollo mismo de las tareas de reconstrucción.

¿Y cómo es el Estado ahora?, ¿cuáles son sus características?, ¿cómo funciona?.  En una investigación sobre el Estado y la Democracia en el nivel sub-nacional, Manuel Magallanes, Marylia Paola Cruz y el suscrito hemos logrado hacer un mapa del Estado en el Perú. Hemos trabajado el tema en el nivel de las provincias porque las regiones son muy heterogéneas. A medida que vayamos consiguiendo datos más precisos, los mapas del Estado y de la Democracia irán mejorando. Creo, sin embargo, que casi estamos ante mapas más o menos definitivos.

Luego de una larga revisión bibliográfica de teorías e investigaciones sobre estos temas, hemos definido ocho dimensiones del Estado y hemos establecido los indicadores precisos para cada una de las dimensiones. Estas son las siguientes: capacidad coercitiva, efectividad legal, efectividad burocrática, seguridad ciudadana, provisión de bienes públicos (salud y educación), nivel de penetración estatal en la población, nivel de penetración estatal en el territorio, capacidad extractiva (o impositiva).

Hemos hecho un mapa para cada dimensión del Estado y un mapa de síntesis de todas estas ocho dimensiones en un solo mapa del Estado en el Perú. Es obvio que en la base de cada dimensión hay varios indicadores que permiten hacer un análisis estatal con mayor precisión. En realidad, lo que muestran estos mapas es la desigual distribución de las funciones y de las capacidades del Estado en el territorio. Iré mostrando en futuros artículos cada una de las dimensiones estatales. Lo que puedo adelantar ahora es que en las regiones del norte, en las zonas de “reconstrucción con cambio”, con notables excepciones de algunas provincias, el Estado es débil o muy débil. Hic Rodhus, hic salta Presidente Kuczynski.

                                               Sinesio López Jiménez

El autogolpe de Fujimori el 5 de abril de 1992 abre una fisura en el largo ciclo democrático que se instaura en América Latina (AL) en 1978. El autogolpe de Maduro 25 años después profundiza esa fisura, pero el ciclo democrático se mantiene en pie sostenido por la mayoría de los países latinoamericanos. En el medio de estos autogolpes AL ha vivido tres golpes ciudadanos (Argentina, Bolivia, Ecuador) y tres golpes parlamentarios exitosos contra sus respectivos presidentes (Honduras, Paraguay y Brasil) y uno fracasado contra Chávez en 2002. Salvo los casos de Venezuela y Cuba, los países que experimentaron desvíos no democráticos han vuelto al redil democrático. Pese a los defectos que ellas tienen, las democracias son mejores formas de gobiernos que los autoritarismos y las dictaduras.

Como han señalado Scott Mainwaring y Pérez Liñán (Democracies and Dictatorhips in Latin America, Emergence, Survival, and Fall, 2013), hasta la ola democratizadora que comenzó en 1978, casi todos los regímenes de AL eran autoritarios. La situación cambió radicalmente entre 1978 y 1995. En esta etapa se produjo una virtual desaparición de los regímenes abiertamente autoritarios. Desde 1978, los regímenes democráticos han sido mucho más duraderos que nunca. En comparación con lo que ocurrió en las primeras olas de democratización en América Latina, esta ola que se inicia en 1978 ha durado y está durando mucho más tiempo y ha tenido un alcance más amplio. Esta transformación es uno de los cambios más profundos en la historia política de AL.

El aumento en el número de democracias y semi-democracias en América Latina entre 1978 y 1995 fue espectacular. Al principio de este período, América Latina tenía sólo tres democracias, y los otros diecisiete países tenían regímenes abiertamente autoritarios, casi todos de derecha. En 1990, los únicos gobiernos abiertamente autoritarios fueron los de Cuba y Haití. En 1995, Cuba seguía siendo una dictadura, Haití volvió de nuevo al autoritarismo entre 1999 y 2006 y Perú volvió al autoritarismo entre 1992 y el 2000). El abandono del autoritarismo fue dramático en velocidad y amplitud. La tendencia es sorprendente aún más si tenemos en cuenta la proporción de la población total de América Latina bajo regímenes competitivos (democracias y semi-democracias). En 1900, sólo el 5 por ciento de la población regional disfrutó de la política democrática o semi-democrática. En 1950, fue del 58 por ciento. El porcentaje cayó al 12 por ciento de la población regional en 1977, pero llegó al 98 por ciento en el 2006.

Una de las preguntas que surgen a propósito de los golpes y autogolpes dentro del largo ciclo democrático de AL es por qué la mayoría de las democracias duran y se consolidan y por qué otras no llegan a consolidarse. ¿Qué factores explican la consolidación de algunas democracias y la no consolidación de otras?. ¿Son sólo factores institucionales (los sistemas electorales, los sistemas de partidos y las formas de gobierno) los que explican la consolidación y la no consolidación de las democracias?. ¿Qué papel juega el modelo de desarrollo? ¿Cuál es rol de los factores y poderes internacionales en la consolidación democrática de AL?.

                                   Sinesio López Jiménez

Los desastres naturales y la respuesta pronta y organizada del gobierno han cambiado la situación política del país. Las lluvias torrenciales en el norte, los huaicos arrasadores en Lima y, el más espectacular de todos, el desborde del río Piura que inundó la ciudad y que ha destruido al bajo Piura, han despertado una solidaridad generalizada y nos han recordado a todos los peruanos que constituimos, más allá de nuestras variadas diferencias, una comunidad política nacional.

Ha sorprendido a muchos la respuesta organizada del gobierno, no del caudillo que se mete al barro para que lo filme la TV, sino de todo el gabinete que acompaña a la población en su desgracia y la atiende en la medida de lo posible. La responsabilidad de las regiones y las zonas afectadas ha sido asignada a ministros específicos. ¡Por fin existimos para gobierno de Lima! me “whatsapeó” el alcalde de Santo Domingo, un distrito de la sierra de Morropón, en donde yo nací y en el que se habían caído aviones por accidente, pero al que nunca habían llegado helicópteros a rescatar enfermos para ser atendidos en el Hospital Regional de Piura. También ha sorprendido el desempeño eficiente, y heroico en algunos casos, de la parte más organizada del Estado, las FF.AA. y la policía, en esta etapa de emergencia.

La solidaridad y la reacción organizada del gobierno han cambiado la agenda política del país, han desplazado la iniciativa política de la oposición al gobierno, han acallado temporalmente a la oposición más beligerante, han frenado la caída de PPK y han permitido la remontada del gobierno en las encuestas y la sanción pública de algunas autoridades que la gente juzga incompetentes y corruptas.

¿Se mantendrán estos cambios políticos una vez concluida la situación de emergencia?. No necesariamente. Por de pronto, la solidaridad se debilitará hasta desaparecer. La permanencia de los cambios políticos dependerá de la forma como el gobierno enfrente el desafío de la construcción y de la reconstrucción de las regiones y de las zonas dañadas y afectadas. Es un buen signo que haya desechado la designación de un “zar”. Esto significa que el gobierno como tal asume el desafío a través de un equipo de gobierno y de políticas públicas multisectoriales bajo el comando de la PCM.

Otro factor es el contenido programático de la acción de gobierno en las zonas devastadas. Si se limita a la reconstrucción de la realidad pre-existente a los desastres naturales es probable que el gobierno reciba un apoyo débil y temporal de los ciudadanos y el país vuelva a la situación política anterior. Si la reconstrucción, en cambio, es acompañada por políticas de prevención de largo aliento (acondicionamiento del territorio, construcción de grandes reservorios de agua, planificación urbana, construcción de drenajes profundos en las ciudades, amurallamiento y encausamiento profundo de los ríos) tendremos un cambio importante en el país con gran apoyo ciudadano.

Otro factor importante será la eficacia y la transparencia de la burocracia civil y de todo el Estado en el desarrollo de las tareas y de las políticas públicas de reconstrucción y construcción (prevención) de las zonas devastadas.  Esta es una tarea de titanes.

Sinesio López Jiménez

Aún no acaba la situación de emergencia, pero ya es hora de pensar en la construcción y en la reconstrucción. Se supone que el gobierno tiene ya equipos de especialistas pensando y diseñando las políticas públicas para enfrentar estas dos grandes tareas que son diferentes, pero que están estrechamente vinculadas.

La reconstrucción alude a las tareas y políticas de recuperación de lo perdido en los diversos aspectos de la vida económica y social para que el país y las regiones del norte vuelvan a desenvolverse con una cierta normalidad. Las escuelas, los hospitales y los centros de salud tienen que atender a la población con regularidad; la infraestructura sanitaria (agua y desagüe) tiene que ser reparada; las carreteras y los puentes colapsados tienen que ser reconstruidos; las necesidades de alimentación y vivienda de los más pobres tienen que ser atendidas; los daños que han sufrido los empresarios y productores, en especial los pequeños y medianos empresarios urbanos y rurales, tienen que ser reparados con apoyo decidido del Estado.

Pero no todo lo perdido tiene que ser recuperado. Las viviendas ubicadas en el borde los ríos y en el lecho de las quebradas, por ejemplo, tienen que ser reubicadas en zonas seguras. Esta es una tarea difícil dados el volumen y los costos, además de la probable resistencia de la gente al cambio. En estos aspectos se vinculan la reconstrucción con la construcción de realidades nuevas: nuevo acondicionamiento del territorio, planificación urbana, construcción de grandes drenajes en las ciudades, amurallamiento y encausamiento profundo de los ríos, construcción de puentes en las quebradas más importantes. En este sentido, la construcción es prevención.

La reconstrucción es una tarea urgente mientras la construcción es, en lo fundamental, una tarea de mediano y largo plazo, pero hay ciertas tareas de la construcción que tienen que ser iniciadas en el período de la reconstrucción: la reubicación de viviendas ubicadas al borde de los ríos y en las quebradas, el acondicionamiento del territorio y la planificación urbana.

La reconstrucción y la construcción son tareas complejas que tienen que ser encaradas con políticas públicas multisectoriales en las que deben intervenir diversos ministerios organizados como un equipo bajo la dirección de una autoridad legítima y competente como el Ministro de Transporte y Vice-presidente al mismo tiempo u otro que tenga autoridad parecida. No puede ser un zar privado sin autoridad, como en el caso de FORSUR de García que se caracterizó por la ineficacia y la corrupción. Nada de zares: Nos basta con un gobierno democrático eficaz y transparente.

Así como en la emergencia salieron a luz y mostraron su capacidad las fuerzas más organizadas del Estado, las FF.AA y la policía, en la reconstrucción y en la construcción se va a requerir el despliegue de todas las capacidades del Estado dada la complejidad de las tareas y políticas: capacidad coercitiva, capacidad impositiva, efectividad legal, eficacia burocrática, seguridad ciudadana, capacidad de penetrar en la población y en el territorio. Este es el gran desafío del gobierno. La reconstrucción y la construcción son la gran ocasión para que el gobierno apueste a la construcción de un estado moderno con todas sus capacidades.

                                               Sinesio López Jiménez

El desastre natural no es el problema. El problema somos nosotros como sociedad y como Estado, ha dicho Jorge Nieto, Ministro de Defensa, tratando de explicar y enfrentar la grave situación que vive el Norte del Perú. El problema no radica tanto en que los ríos y las quebradas invaden las ciudades sino más bien en que las ciudades invaden los ríos y las quebradas y el Estado, en todos sus niveles, no tiene la capacidad institucional, organizativa y material para para prevenirlo y para resolverlo cuando se produce.

Jorge Nieto tiene razón. Desastres naturales (lluvias torrenciales, terremotos, sequías, etc) vamos a tener siempre como todos los países del mundo. Lo que nos diferencia son los diversos grados de responsabilidad de las sociedades y de los ciudadanos y las desiguales capacidades de los Estados para prevenirlos y resolverlos.

¿Por qué el terremoto de Chile fue menos grave en términos de muertos y daños materiales que el de Haití? se pregunta Markus J. Kurtz en un reciente libro sobre la construcción de los estados en América Latina (Latin American States Building in comparative perspective. Social Foundations of Institutional Order, Cambridge, 2013). Porque el gobierno chileno ha institucionalizado la construcción de la infraestructura preparada para sismos desde 1920, se responde.

¿Por qué el brote de cólera fue más fuerte en Perú que en Chile?, se repregunta Kurtz. Primero, dice, por el calamitoso sistema de saneamiento de Perú y, segundo, por medidas ineficientemente implementadas que incluyen a Fujimori alentando a que la población peruana coma más ceviche; mientras que en Chile, se pusieron en marcha medidas drásticas, se prohibió la venta de comida cruda y de vegetales en restaurantes y se inicio una campaña masiva de salud pública.

La diferencia entre Chile, Perú y Haiti frente a los desastres naturales, no es la riqueza, sino “la capacidad o incapacidad de los Estados para crear una infraestructura básica, imponer la regulación necesaria en la construcción, en la producción de comida y en su sistema de distribución, o responder efectiva y expeditivamente a las emergencias de salud pública que han sido bien comprendidas” (Kurtz, op. cit. pag 2).

Kurtz quiere entender qué hace a un Estado fuerte y qué lo hace débil en términos de sus capacidades para manejar sus funciones básicas, imponer políticas públicas centrales y regular el comportamiento privado. En contra de lo que se piensa, sostiene, no es la riqueza el factor determinante de la fuerza estatal.  El desarrollo de las capacidades del Estado y de las instituciones estatales de penetrar en la sociedad, moldear o configurar el comportamiento individual no es siempre costoso.

La fortaleza de un Estado tiene que ver con la “capacidad de las instituciones políticas de penetrar profundamente en la sociedad y regular efectivamente el comportamiento social, económico o político de sus ciudadanos”. Desde el siglo XIX las élites han fracasado en la construcción de un Estado fuerte con capacidades. Hay algunos avances, pero ella sigue siendo, en lo fundamental, una tarea pendiente.

Sinesio López Jiménez

Una de las cosas que más me llamó la atención de la marcha “Con mis hijos no te metas” era el rostro desencajado de los manifestantes que vociferaban calumnias e insultos contra sus supuestos enemigos que defienden la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y que, recogiendo la contribución de las ciencias sociales, sostienen que el género es una construcción social a partir de la realidad biológica del sexo.

Ese rostro desencajado expresa el rechazo a la violación de algo que los manifestantes juzgan sagrado e intocable. Ellos creen a pie juntillas que Dios creó a los hombres y mujeres con sexos diferentes y que, como ley natural creada por Dios, ella es inmutable: Ni las sociedades, ni las culturas ni los Estados la pueden cambiar. Cualquier intento de cambiarla tiene que ser combatido y toda violación tiene que ser castigada con la muerte como ha sostenido el pastor Rodolfo González: “Si Ud. ve a dos mujeres besándose mate a las dos”.

El episodio de la marcha revela la dificultad que tiene el Perú para llegar a ser una sociedad moderna. Ya tuvimos el fundamentalismo de izquierda de Sendero Luminoso con las trágicas consecuencias que conocemos y ahora nos amenaza un fundamentalismo de derecha que aún no sabemos hasta donde nos puede conducir. Lo que sí sabemos es que todo fundamentalismo impide el desarrollo del Perú como sociedad moderna.

Uno de las condiciones necesarias para llegar a ser una sociedad moderna es la separación entre la religión y la política. Esta fue una de las principales contribuciones del republicanismo pre-renacentista y renacentista (siglos XIV, XV y parte del XVI). El republicanismo tomó distancia de la historia de Dios (Providencia) para afirmar la historia de los hombres que se hace a través del desarrollo de sus capacidades (virtud). El más insigne representante del republicanismo es Maquiavelo (1469-1527), quien ha sido injustamente denostado por todas las derechas del mundo.

Las guerras religiosas entre católicos y protestantes del siglo XVII constituyeron un enorme retroceso en el desarrollo del mundo moderno que, curiosamente, retomó un impulso con la monarquía absoluta que derrotó a los dos grandes principios de disolución de los estados: el principio religioso que fragmentaba a las sociedades y la voluntad de autonomía de los príncipes. La monarquía absoluta en el siglo XVII separó lo público (relación de autoridad con los ciudadanos) de lo privado (religión, moral privada, convicciones íntimas, actividades económicas de las personas) y dispuso, como estrategia de tolerancia, que lo privado no invada lo público ni viceversa.

La revolución francesa consolidó la separación entre lo público y privado lo mismo que el desarrollo posterior de las ciencias sociales (la economía, la sociología, la antropología, la política). El Perú no ha vivido o ha vivido superficialmente algunas de estas experiencias modernas. Eso explica quizás los frecuentes intentos de algunos sectores sociales de volver al medioevo para imponer sus creencias religiosas desde el Estado. En el mundo moderno, todos tienen derecho a tener sus propias religiones, pero no tienen derecho a imponerlas a todos desde el Estado.

Sinesio López Jiménez

Es un grito de guerra que se usa mucho en tiempos de corrupción. Todos lo repiten como loros, incluidos los corruptos. Entonces el grito de guerra se transforma en un barajo y pierde credibilidad y eficacia. La corrupción y los corruptos prostituyen también al lenguaje.

En realidad, la frase es ambigua y puede tener varios sentidos. Uno, que se hunda todo porque todo está podrido. Desde un punto de vista político, esta idea radical induce en nuestra circunstancia, no a la revolución (cuya posibilidad es muy remota), sino a la anarquía que es una salida posible cuando casi no hay Estado. Otro, que caigan el que y lo que tengan que caer. En términos políticos, esta idea más sensata, que supone que no todos los funcionarios, los políticos y los empresarios son corruptos ni todo está podrido, implica una reforma radical del conjunto de instituciones políticas y estatales. Sospecho que el sentimiento mayoritario se inclina aún por este segundo sentido.

¿Quiénes y qué cosas tienen que caer?. En primer lugar, tienen que caer los corruptos, sean estos funcionarios públicos o empresarios. Hasta ahora los empresarios están pasando piola con el cuento de que no sabían nada de la corrupción. ¿No se dieron cuenta acaso de que sus utilidades engordaban gracias a las sobreganancias que venían de la corrupción?

En segundo lugar, tienen que caer los funcionarios públicos corruptos de los gobiernos corruptos de los últimos 25 años, esto es, del fujimorismo, del toledismo, del aprismo y del humalismo. Los fujimoristas no pueden escudarse en el silencio de Barata sobre ellos, toda vez que se sabe que Odrebecht y otras empresas corruptas comenzaron a operar desde el 80 en adelante. El fujimorismo se equivoca si cree que la corrupción de los últimos tres gobiernos limpia la podredumbre moral del suyo propio.

En tercer lugar, tienen que caer los peces gordos (presidentes y ministros) de todos los gobiernos. No puede ser que los fiscales pesquen a las pirañitas de un gobierno y dejen escapar a los tiburones. Los funcionarios de menor nivel son operadores de los que, en el más alto nivel, arreglan normas, dispositivos y políticas y aprueban adendas, sobrecostos y subvaloraciones de los bienes públicos para beneficiar a los privados. Ya lo he dicho, los fiscales y los jueces tienen que fijarse no sólo en las coimas sino que tienen que examinar y evaluar también el marco normativo hecho expresamente para permitirlas.

En cuarto lugar, tienen que caer las organizaciones e instituciones políticas y estatales que permiten la corrupción y que, una vez que se produce, no la sancionan.  No sólo están en cuestión los partidos personalistas, sino también el sistema electoral, el sistema de partidos y la forma de gobierno. No sólo están en cuestión los gobernantes corruptos sino también los organismos de control, corruptos o incapaces de controlar la corrupción, esto es, el Congreso, el Poder Judicial, la Contraloría y el CNM. Necesitamos un vigoroso sistema de partidos y un Estado fuerte con grandes capacidades para desempeñar bien las funciones que tiene.

En quinto lugar, tienen que caer las concepciones políticas que transforman los bienes públicos en negocios privados y que ponen al Estado al servicio, no de los ciudadanos, sino de los grandes intereses privados.