Sinesio López Jiménez

En las vísperas del otorgamiento del voto de confianza al gabinete Araoz ha subido la tensión política entre el fujimorismo y PPK, quien se niega a ser interrogado por la Comisión de Lava Jato del Congreso a la que ha llamado circo con cierta razón. ¿Cómo se puede llamar a una comisión congresal que está siempre dispuesta a echar a los leones a sus enemigos y a tratar con guantes de seda a sus amigos y protegidos, KF y AG, ante las mismas acusaciones de corrupción?

Es circo, encubrimiento y traba del buen funcionamiento de la justicia. ¿A título de qué ley, razón o criterio, el presidente del Congreso acompaña a su lideresa y encabeza públicamente la resistencia a la aplicación de la ley por parte del Poder Judicial?. En tiempos normales, el presidente del Congreso sería censurado y obligado a renunciar, pero en la situación anormal de una dictadura de la mayoría parlamentaria no pasa nada.

El presidente del Congreso y la presidenta de la Comisión de Lava Jato sostienen que la negativa constitucional de PPK genera un conflicto innecesario entre Poderes del Estado en vísperas del otorgamiento del voto confianza al nuevo gabinete e insisten en la invitación a PPK a declarar ante la mencionada comisión. El fujimorismo no quiere un Presidente de la República autónomo sino uno genuflexo a los dictados de su mayoría parlamentaria.

En medio de estos dimes y diretes entre los líderes de los poderes del Estado, ¿se va a otorgar hoy o no el voto de confianza al gabinete Araoz?. Algunos políticos y analistas sostienen que el voto de confianza es inevitable porque los fujimoristas no están dispuestos a cambiar sus altos sueldos seguros por la disolución del Congreso y los resultados azarosos de una nueva elección parlamentaria. Más vale un pájaro en mano que cientos volando.

Es probable que así sea, pero es posible que la mayoría fujimorista mantenga el suspenso durante unos días, como hizo la circunstancial mayoría parlamentaria que mantuvo colgada casi un mes al gabinete de Ana Jara en el gobierno de Humala, antes de darle un forzado voto de confianza. Una exhibición de fuerza antes del sometimiento a la ley.

No  está escrito en piedra, sin embargo, que el fujimorismo esté obligado a otorgar el voto de confianza. Es posible que, encandilados por los cantos de sirena de IPSOS y de Datum, crean que una nueva elección parlamentaria los favorece y opten por el riesgo de la disolución del Congreso. Tampoco está escrito en piedra que PPK, ante esa posibilidad, disuelva el Congreso para ir a una nueva elección. Tiene la facultad de hacerlo, pero no está obligado.

Es interesante preguntarse qué haría PPK si la mayoría fujimorista se negara a darle el voto de confianza al gabinete Araoz. ¿Usará la facultad que le otorga la Constitución de disolver el Congreso en esas circunstancias o, presionado por la CONFIEP y por los medios concentrados, optaría por renovar el sometimiento del Ejecutivo ante el Congreso fujimorista?.  Interpretando a esos poderes, el Presidente del BCR ha dicho que lo peor que le podría pasar al Perú es disolver el Congreso y convocar a una nueva elección parlamentaria. Esta probable salida política parece ciencia ficción, pero no lo es.

Sinesio López Jiménez

El Gabinete Araoz es, sin duda, un gabinete conversado y acordado entre el gobierno de PPK y el Apra con la aparente aquiescencia del fujimorismo. Este acuerdo se expresará con claridad en el voto de confianza que el Apro-fujimorismo brindará al gabinete Araoz el 12 de este mes.

¿Cuál es el alcance político y social del gabinete Araoz?, ¿es sólo un acuerdo con el Apra?, ¿cuál es el nivel de compromiso de los naranjas con el nuevo gabinete?, ¿convocará el nuevo gabinete a otros personajes más cercanos al fujimorismo?, ¿qué fuerzas sociales lo respaldan?. ¿Qué papel juegan otras bancadas menores?. ¿Cuál es la posición de las izquierdas frente al gabinete conversado?.

La respuesta a estas preguntas obliga a imaginar cuatro escenarios posibles. El primero es la consolidación del gabinete conversado (que es, en un lenguaje del pasado, una especie de convivencia del gobierno con el Apra respaldada por FP). Este gabinete ha recibido el espaldarazo de la CONFIEP, de los medios concentrados y de casi toda la derecha.

El segundo escenario es la incorporación al gabinete conversado de algunos personajes que, sin pertenecer a las filas del fujimorismo, tienen estrecha relación con él. Este gabinete se aproximaría a lo que podría llamarse un gobierno (simulado) de PPK con el Apra y con FP o, para usar los términos del pasado, un gobierno de Superconvivencia.

El tercer escenario es la reducción del gabinete conversado a un acuerdo de PPK con el Apra sin el respaldo del fujimorismo. Este sería un gabinete muy débil e inestable, sobre todo si el fujimorismo despliega una oposición dura y avasalladora como producto de malos entendidos con el gobierno y de las tensiones con el Poder Judicial, en particular con la Fiscalía. Es muy temprano para predecir las consecuencias políticas de las acusaciones fiscales de crimen organizado al Apra y a FP.

Un cuarto escenario posible es la ruptura del gabinete conversado por desacuerdos entre sus integrantes. Esto implica el retorno de la crisis política y del dilema de un nuevo sometimiento del Ejecutivo al fujimorismo o de la disolución del Congreso naranja. ¿Qué posición asumirá el Ejecutivo en este nuevo escenario?

¿Cuánto durará el gabinete conversado?. Su duración depende, en gran medida, del grado de compromiso del Apra y de FP con el gobierno, del respaldo de los poderes fácticos y de los medios concentrados. Si el compromiso es más o menos amplio y se consolida, entonces el gabinete conversado (con pequeños cambios) podría durar. Si el compromiso es estrecho y se debilita, durará muy poco.

Se señala el papel que quieren jugar el Apra y FP en las elecciones regionales y locales como un factor que debilita su compromiso, pero la competencia y la dinámica de las elecciones regionales se concentra desde hace un buen tiempo, no en los partidos nacionales, sino en los partidos regionales.

Me parece que el gabinete conversado traza la cancha política y social de una manera nueva que obliga a las izquierdas a redefinir sus estrategias y sus tácticas en relación con el gobierno de PPK y con el apro-fujimorismo.

Sinesio López Jiménez

Así se llamó el gabinete que, en mayo de 1968, buscaba resolver los conflictos y la parálisis del gobierno dividido (que existió entre 1963 y 1968) en el que el Ejecutivo estaba en manos de la Alianza AP-DC y el Congreso estaba controlado por la Coalición Apra-UNO.

Pasada la euforia de los 100 primeros días en los que Belaúnde llamó a una gran movilización social (Cooperación Popular) e impulsó diversas reformas, la Coalición Apra-Uno tomó la iniciativa política y se erigió en una enorme fuerza obstruccionista que, desde el Congreso, se oponía todo cambio antioligárquico, censuraba ministros y echaba abajo gabinetes enteros por quítame estas pajas.

Belaúnde renunció a impulsar las grandes reformas desde el Ejecutivo y se limitó a sobrevivir en medio de una lucha política que era, en realidad, una pugna sorda por  controlar el gasto público. (En esa época los parlamentarios tenían capacidad de gasto, como quieren tenerlo ahora los fujimoristas). Esa pugna generó en los últimos años de gobierno un significativo déficit fiscal y sobrevino la inflación. Crecieron el descontento y la protesta social y la alianza AP-DC y la Coalición APRA-UNO entraron, cada una por su lado, en crisis interna, se fraccionaron y dieron origen a nuevas coaliciones.

Se rompió la Alianza AP-DC, AP se dividió entre el carlismo (Ulloa y Belaúnde) y los termocéfalos (Edgardo Seoane), la DC también se fracturó dando origen a la DC de Cornejo y al PPC de Luis Bedoya Reyes. La Coalición APRA-UNO experimentó una crisis, particularmente la Unión Nacional Odriísta (UNO) que se dividió entre el sector oligárquico presidido por Julio de la Piedra y otro conformado por el gamonalismo y un sector de la clase media conservadora.

A partir de estas fracturas surgió el gabinete conversado presidido por Oswaldo Hercelles repaldado por el carlismo, el PPC, el Apra y el sector oligárquico presidido  por Julio de la Piedra. Quedaron fuera los termocéfalos, los cornejistas y un sector del Odriísmo. Algunos medios llamaron al reencauchado gobierno de Belaúnde y al gabinete conversado el gobierno de la Superconvivencia que clausuró toda posibilidad de cambios antioligárquicos y abrió las puertas a un temprano neoliberalismo que el golpe institucional de las FF.AA  frustró para retomar las profundas reformas antioligárquicas que se venían reclamando desde 1930.

Mutatis mutandis, hay algunas similitudes entre el gabinete conversado Hercelles de 1968 y el presidido por Mercedes Araoz ahora. Ambos son formas de resolver los problemas y conflictos de un gobierno dividido y ambos se apoyan en una recomposición de las fuerzas políticas. La diferencia central es que el actual surgió luego que el fujimorismo le negara el voto de confianza al gabinete Zavala y apareció en el horizonte la amenaza de la disolución del Congreso, recurso constitucional que no tenía el gobierno de FBT en 1968. Lo que más llama la atención es que el gabinete Araoz trata de borrar el trazado de la cancha que hizo el gabinete Zavala. Los escenarios que se vienen son de pronóstico reservado.

Sinesio López Jiménez

El encubrimiento de los corruptos es una forma de corrupción. Forma parte del engranaje de la corrupción porque trata de evadir la justicia y proteger a los corruptos. ¿A quiénes encubren?, ¿de qué los encubren?, ¿por qué los encubren?.  Los personajes políticos que los encubridores no quieren investigar o investigan superficialmente son KF, AG y al alcalde Castañeda. Se busca encubrir a KF y a AG de la acusación de financiamiento electoral por Odrebecht que, para los fiscales, es lavado de activos. Los fiscales no se han preguntado siquiera cómo Castañeda ha financiado sus campañas electorales para la alcaldía de Lima y la presidencia de la República en el 2011. También hay un gran silencio sobre el financiamiento de la campaña electoral de AG en el 2006.

Se encubre a AG y a todos los ex-presidentes y ex-ministros en el tema de las múltiples adendas a través de las cuales se sobrevaloran las obras públicas y de las cuales salen las coimas. Estas no llegan solas. Nacen y vienen de las adendas gravosas. Pero sólo se les ha echado el guante a las pirañitas   y se está dejando escapar a los tiburones. Ni se hurga siquiera en las conexiones entre adendas y coimas y en todos sus probables beneficiarios. Además,  ¿la sobrevaloración de la obra pública no es un delito en sí mismo?. En todo caso, es una forma de asalto al fisco.

Para mí son un misterio las razones por cuales Castañeda pasa piola. Me parece que ya no tiene futuro político ni siquiera como Alcalde Lima ni menos como presidente de la república. En cambio, con KF y AG no pasa lo mismo. KF controla al Congreso ahora y podría tener más poder en adelante. AG no tiene poder ahora, pero se cree ingenuamente que puede tenerlo en el futuro. En el encubrimiento a KF y AG hay un mix entre simpatías y temores. Varios de sus encubridores son simpatizantes de KF y AG y otros temen que su futuro se vea truncado por el mayor poder que esos políticos puedan tener en el próximo gobierno.

Además de Barata, de los fiscales, de los jueces y de la Comisión de Lava Jato del Congreso hay otros encubridores. En primer lugar, la antigua Contraloría que estuvo a cargo de los dos o tres contralores anteriores. Se dedicaron a investigar a los gobiernos locales, pero a las adendas, que tienen el tamaño de un elefante, no las vieron. Se hicieron los ciegos ante la gran corrupción. ¿Por qué no se les investiga?, ¿Quién controla a los ex-contralores?. ¿Ante quien tienen que rendir cuentas?

En segundo lugar, la ONPE que, según algunos medios, estaría negándose a informar sobre los gastos de las campañas electorales de los principales candidatos como si fueran un asunto privado y secreto. Las campañas electorales son públicas y su financiamiento tiene que ser público. Todos tenemos derecho a saber quiénes son los que financian a los candidatos y a sus campañas electorales. En otras oportunidades, la ONPE ha cumplido con informar sobre los desbalances de los gastos electorales de los diversos candidatos. Por eso, resulta incomprensible que ahora se niegue a informar sobre ellos y sobre la procedencia de los fondos con los que se financian.

Sinesio López Jiménez

Recién y de mala gana la Fiscalía ha abierto una investigación sobre la entrega de fondos de Odrebecht para la campaña electoral del 2011 a Keiko Fujimori, algo que se sabía desde hace varios meses, pero que algunos fiscales, incluido el Fiscal General, habían tratado de negar y encubrir.

De no ser por los Tribunales de Justicia de Brasil y por el Departamento de Justicia de los EE.UU y, en especial, por las acuciosas y valientes investigaciones periodísticas de Gustavo Gorriti y su equipo de IDL y de Hildebrant en sus Trece poco o nada sabríamos de los financiamientos de las campañas electorales de los principales candidatos del 2011. ¿Y el 2006?. Fiscales y jueces sólo han hurgado y están juzgando a Humala por el financiamiento de Venezuela. ¿Y quiénes financiaron las campañas electorales de García y Lourdes Flores en el 2006?. ¿Odrebecht financió o no esas campañas?. Si investigan el financiamiento de la campaña de Humala de ese año, por equidad tendrían que investigar el de los otros dos candidatos principales.

Bien vistas las cosas, se puede señalar un conjunto de encubrimientos: En primer lugar, Barata, quien acusó a Humala, pero no dijo nada de KF ni de AG. Si el propio Odrebecht no hubiera declarado o escrito en su agenda nada sabríamos al respecto. No sabríamos que Barata era anti-Humala y pro-KF y no sabríamos que KF recibió más financiamiento que Humala. ¿Cuánto recibió en total KF?.

En segundo lugar, la Fiscalía mintió sobre las declaraciones de Odebrecht sobre KF y AG cuando publicó un largo comunicado que trataba de desmentir las investigaciones veraces de Gorriti. El Fiscal anterior dio su visto bueno a la relación de ingresos hecha por el propio García. A ese fiscal le pareció normal que su ex- Presidente del Consejo de Ministros, acusado de corrupción, le diera al “doctor” García una chamba sobrepagada en la universidad que regenta como si fuera dueño. Le pareció normal que García cobrara 50 o 100 mil dólares por una conferencia pagada por una Corporación o un holding que había ganado una licitación en su gobierno. ¿Esos pagos no son disfraces de sobornos?. Ni FH Cardoso, el Presidente más ilustrado de AL, ha cobrado esas sumas por una conferencia.

En tercer lugar, algunos jueces cuyos encubrimientos sería largo enumerar. Sólo quiero hacer una pregunta ingenua a los jueces: ¿Por qué los petroaudios no valen como prueba procesal porque fueron obtenidos de manera ilegal y, en cambio, las agendas de Nadine Heredia si valen, pese a que fueron obtenidas de la misma forma?.  No convence la afirmación del Presidente de la Corte Suprema, a quien valoro y respeto, según la cual cada juez tiene su propio criterio. ¿Y la jurisprudencia?. ¿Y la equidad?.

En cuarto lugar, las Comisiones de Investigación del Congreso, especialmente la del Lava Jato. ¿Qué cosas nuevas ha descubierto?. La de Lava Jato más que Comisión de Investigación parece una comisión de encubrimiento. Es por eso quizá que García está desesperado por ir a declarar para que lo limpien. Los defensores del gobierno más corrupto de la historia quieren aparecer hoy como paladines de la moral pública. Dejo para otra ocasión el señalamiento de otros encubridores.

Sinesio López Jiménez

La larga huelga de los profesores ha sacado a luz la grave crisis de la educación pública y ha puesto sobre el tapete la necesidad impostergable de cambiarla. La crisis consiste en la desvalorización social y política de la educación pública que se expresa en el bajo nivel del gasto público que los gobiernos le dedican, en los salarios bajos de los profesores, en la pésima infraestructura educativa, en la carencia de bibliotecas y laboratorios y, en general, en su baja calidad.

Perú (3.8 del PBI), Colombia (3.1) y República Dominicana (2.8) son los  países latinoamericanos que menos gastan en educación mientras Brasil (8.3), Argentina (8.0) y Costa Rica (7.8) son los que más gastan en ella. Incluso Venezuela, Ecuador, Bolivia gastan más del 5% de PBI en educación.

La desvalorización social y política de la educación ha generado una acentuada discriminación social. La educación pública, en la práctica, ha quedado relegada a las clases populares y pobres mientras la educación privada, por lo general, se orienta hacia las clases medias y altas. Las elites que manejan el Estado y la economía reclutan sus altos funcionarios y sus cuadros directivos de los mejores centros de la educación privada y relegan a trabajos menos calificados a los que proceden de la educación pública, salvo excepciones.

Esta triste historia comienza en los sesenta del siglo pasado cuando la educación pública en todos los niveles se masificó por el acceso de los de abajo a los colegios y universidades públicas, pero los gobiernos, lejos de incrementar el gasto público para acompañar la creciente demanda educativa, la abandonaron a su suerte, salvo el primer gobierno de Belaúnde que elevó el gasto educativo al 30% del Presupuesto de la República.

La huelga de los maestros ha generado condiciones favorables para cambiar drásticamente la educación pública porque tiene una alta legitimidad social en la medida que la mayoría de la población respalda sus demandas salariales, pero al mismo tiempo exige, previa capacitación, la evaluación y la mejora de la calidad de los profesores que estos rechazan porque implica despido de los que fracasan por tres veces consecutivas. Este es un punto polémico. Es cierto que no se puede evaluar a los hambrientos, como dice Nicolás Lynch, pero es cierto también que si mejoran los salarios y las condiciones de vida de los maestros, estos no pueden negarse a ser evaluados. El gobierno puede quizás comprometerse a reubicar a los que no rinden como maestros. El pueblo tiene derecho a recibir una buena educación. Si los profesores persisten en rechazar la evaluación y siguen la huelga, esta sufrirá una inexorable pérdida de legitimidad y la derrota será inevitable.

La revaloración de la educación pública pasa por elevar gradual, pero sostenidamente el porcentaje del PBI dedicado a ella hasta llegar al 6%, por lo menos. Esto implica, a la vez, elevar la presión tributaria que es ahora muy baja (13 o 14% del PBI) hasta llegar, por lo menos, a la media de la presión tributaria de AL (21.7). Ojalá podamos llegar a la presión tributaria de Brasil y Argentina que está por encima de 30% y la de la OCDE que llega al 35%.

Sinesio López Jiménez

El gobierno se muestra incapaz para enfrentar y resolver las situaciones conflictivas. Hasta ahora no tiene una estrategia clara para resolver los conflictos políticos propios de un gobierno dividido dentro de un presidencialismo parlamentarizado. Si se ha llegado a una cierta tregua momentánea no ha sido por iniciativa del Presidente sino de KF, la lideresa de la oposición fujimorista.

Lo mismo pasa con los conflictos sociales. Parece que el gobierno no se ocupa de ellos, no los discute en el gabinete y no tiene sola mirada, un mismo discurso y una estrategia definida para resolverlos. Esto ha sido muy notorio en el manejo de la huelga magisterial. La ministra Martens dice una cosa; Basombrío, otra y PPK, otra diferente. El gobierno aparece tan fragmentado como el SUTEP al que enfrenta.

Otra dificultad que tiene el gobierno es la perspectiva tecnocrática en el manejo de los asuntos públicos que lo lleva desvalorizar la política y a los políticos como un elemento central en el funcionamiento del gobierno. PPK cree que a la gente le interesa “un pepino” la política porque lo que quiere es “ganar mejores sueldos y mejores servicios públicos” (Caretas, 10/08/17) y que eso se logra con crecimiento económico. A veces los liberales son más economicistas que los marxistas vulgares.

Las limitaciones anteriores impiden que cada ministerio tenga un equipo especializado en la resolución de conflictos propios de su área de incumbencia, encargado de diagnosticar y plantear las estrategias más adecuadas y eficaces para resolverlos.

Las dificultades señaladas se acrecientan si se tiene en cuenta las restricciones en las que muere el gobierno para resolver los conflictos sociales de los trabajadores estatales. Una primera restricción es tributaria. El gobierno asigna solo el 3.6 del PBI a la educación para atender necesidades insoslayables: sueldos para los profesores, infraestructura educativa, bibliotecas, capacitaciones, etc. No se puede tener maestros finlandeses con sueldos africanos. Finlandia dedica casi 7% del PBI a la educación. ¿Qué se puede hacer con una presión tributaria de 13% cuando las necesidades son enormes?

La segunda restricción es ideológica. Desde hace mucho tiempo los gobiernos han desvalorizado la educación pública para revalorar la educación privada. El neoliberalismo ha potenciado esta desvalorización porque ha hecho del bien público de la educación un negocio privado en todos los niveles, sobre todo en el nivel universitario. Incluso los maestros que trabajan en las escuelas públicas hacen estudiar a sus hijos en los colegios privados.

La tercera restricción es social. Las protestas y las demandas de los profesores son fragmentadas y el gobierno no sabe con quién negociar. El SUTEP ha dejado de ser un movimiento social unificado para convertirse en movimientos regionales cada uno con sus propias demandas y sus propias direcciones gremiales con distintas orientaciones políticas y con el CEN del SUTEP. Se cruzan y en enmarañan muchos conflictos.

Si el gobierno no supera sus propias limitaciones como actor político y las restricciones que la realidad le pone, no podrá enfrentar con éxito los diversos conflictos sociales.

                                     Sinesio López Jiménez

El caso Humala y Nadine muestra con claridad la falta de autonomía de la Fiscalía y del Poder Judicial. Varios factores inciden en este problema, pero me parece que los más importantes son el Congreso fujimorista, el fujimorismo y el Apra como partidos, los medios concentrados y la mediocridad de muchos de sus cuadros.

El poder avasallador del Congreso (controlado por el fujimorismo y por su apéndice aprista) influye (y busca influir más) en todos los organismos de control (Poder Judicial, CNM y TC) y atemoriza o seduce a los fiscales y a los jueces. Ellos creen probablemente que su futuro depende, en gran medida, de la mayoría avasalladora del Congreso. Las Comisiones investigadores del Congreso también los intimidan. La Comisión de Lava Jato, por ejemplo, se ensaña con sus enemigos y encubre a sus jefes, amigos y compañeros.

El fujimorismo y Apra son los partidos que tienen más militantes y simpatizantes en las filas de la Fiscalía y del Poder Judicial. Ellos se encargan de blindar a los políticos de sus simpatías y de acusar y juzgar con severidad a los que no gozan de las mismas. Hace poco AG se ufanaba de haber salido airoso e impoluto de más de una treintena de veces que ha sido investigado por el Poder Judicial. Los políticos honestos se ufanan, en cambio, de nunca haber pisado las oficinas de un juez.

Los medios concentrados son los que ejercen mayor presión sobre jueces y fiscales. Como todo oligopolio, su poder es inmenso y no tiene contrapesos. Ellos acusan, procesan y juzgan y los fiscales y jueces, que carecen de agenda propia de lucha contra la corrupción, terminan sometiéndose a sus designios. Es probable que la mayoría de la casuística judicial provenga de los medios concentrados que inflan y levantan las acusaciones contra sus enemigos y encubren y silencian las de sus amigos.

Para entender mejor su modus operandi es aleccionara la forma como se escandalizan por los finaciamientos de las campañas de Humala del 2006 y del 2011, pero enmudecen o minimizan los que se refieren a KF y a AG, pese a las declaraciones de Odebrecht que los involucran en el financiamiento de la campaña electoral del 2011. Hurgan en las finanzas de Humala el 2006, pero callan en todos los idiomas sobre las fuentes financieras de AG y Lourdes Flores en ese mismo año. Se comen el sapo, sin hacer ningún gesto, del financiamiento millonario de las campañas electorales de KF con rifas y cocteles. Ella fue el 2011 y es su candidata favorita para el 2021. La concentración de los medios es una seria amenaza contra la correcta administración de la justicia en el Perú. Ella debe entrar a formar parte de la agenda del debate público de hoy en adelante para encontrarle una solución.

Todos estos factores que anulan o menguan la autonomía del Poder Judicial podrían incidir menos en ella si los fiscales y los jueces fueran funcionarios altamente calificados y con entereza moral para resistir esas presiones y chantajes. La justicia necesita jueces y fiscales calificados, valientes y probos para ser creíble.

                                    Sinesio López Jiménez

Chávez llega al gobierno de Venezuela como parte de la pendulación hacia la izquierda (1999) de la ola democrática que se inicia en los 80 del siglo pasado. En el conjunto de presidentes de izquierda se pueden diferenciar a aquellos que asumen una orientación socialdemocrática (Uruguay, Brasil, Chile) de los que asumen una orientación populista democrática. Desde una perspectiva política, los primeros asumen una representación partidista y social mientras los segundos se caracterizan por tener una representación personalista (Venezuela, Ecuador y Bolivia). Estos llegan al gobierno más como representantes del antisistema que como representantes de la izquierda.

¿Por qué a Ecuador y a Bolivia les ha ido más o menos bien y a Venezuela le ha ido pésimo?. Hay varias razones que explican estos distintos resultados. Primera, pese a haber tenido la política social más agresiva de AL que redujo la desigualdad y la pobreza, su política económica ha sido y es mala, orientada principalmente a mantener el extractivismo. Segunda, el agotamiento del boom exportador de petróleo que afectó también a Ecuador pero a Venezuela más porque es el único recurso de exportación. Tercera, las derechas venezolanas no son democráticas porque nunca han aceptado como legítimos los triunfos electorales del chavismo.

Este carácter antidemocrático de las derechas las indujo a propiciar golpes y al gobierno chavista a responder con contragolpes. A la elección de Chávez el 1999, la derecha respondió con el golpe empresarial de Carmona (2002) que fracasó y luego (en 2004) con un referéndum revocatorio que Chávez ganó. En 2009 Chávez gana el plebiscito que aprueba la reelección indefinida.

A la elección de Maduro el 2013, la derecha de Leopoldo López respondió el 2014 con el intento de golpe ciudadano, apoyado por todas derechas de AL. Maduro respondió con una movilización igual o mayor que la de los golpistas. En 2015 las derechas ganan la Asamblea Nacional y Maduro acepta la derrota y sólo cuestiona a cuatro representantes de la selva venezolana. La Asamblea Nacional, en lugar de esperar los plazos constitucionales para realizar las elecciones generales, llama el 2016 a un referéndum revocatorio que Maduro bloquea en forma autoritaria y convoca a una Asamblea Constituyente que las derechas tratan de bloquear con el intervencionismo de USA, de Europa y de AL.

Está dinámica de golpes y contragolpes ha agudizado la polarización política, ha unificado a las derechas, le ha quitado apoyo popular al chavismo, ha dado origen al chavismo crítico, ha convertido al populismo democrático en populismo autoritario y sobre todo ha ido cambiando el régimen político. De democracia defectuosa, como casi todas las de AL, ha pasado a régimen autoritario y se encamina a la dictadura pura y dura. Estas transformaciones han sido hechas a pulso tanto por el chavismo como por las derechas. Ahora Venezuela tiene una dualidad de poderes (AN y AC). ¿Podrán coexistir?. Teóricamente sí porque la AN es poder constituido y la AC es poder constituyente, pero en la práctica no porque ha dado origen a una situación de excepción cuya solución requiere una dictadura de izquierda o de derecha (Schmitt dixit).

Sinesio López Jiménez

El primer año de gobierno, como lo ha reconocido el mismo PPK, ha sido un año mediocre, especialmente en el campo de la economía. La inversión pública y privada ha disminuido, la producción en diversos sectores económicos ha retrocedido y el empleo y las remuneraciones han caído. El crecimiento del PBI este año será a duras penas el 2%.

La polarización política entre el fujimorismo y el anti-fujimorismo se ha mantenido y ha sido atravesada por la fragmentación de las principales fuerzas políticas, incluida la misma FP que hasta ahora aparecía como una fuerza monolítica y disciplinada. El diálogo entre PPK y KF disminuyó por un tiempo breve las tensiones propias del gobierno dividido, pero la elección de Galarreta, un político confrontacional del fujimorismo, como Presidente del Congreso vuelve probablemente a intensificarlas.

La debilidad del Ejecutivo impidió un buen manejo de los conflictos y tensiones que genera un gobierno dividido en un presidencialismo parlamentarizado. No logró llegar a un cierto tipo de acuerdo con FP a través del diálogo ni puso límites oportunos a los hostigamientos permanentes del fujimorismo mediante la exigencia del voto de confianza al gabinete por parte del Congreso. En este pulseo de fuerzas ha salido ganando, en la opinión de los ciudadanos, la lidereza de FP.

Según las encuestas, la sociedad está decepcionada por el desempeño de PPK en el primer año de gobierno y algunos sectores sociales han pasado del descontento a la irritación y a la protesta social abierta a la que el gobierno no sabe cómo responder.

Dos son los principales desafíos que tiene PPK en este segundo año de gobierno: el establecimiento de una agenda que oriente su acción gubernamental y la definición de una estrategia que le permita hacerla viable en el difícil contexto político del país y en su condición de Ejecutivo débil.

Los temas centrales de la agenda son, sin duda, la aplicación de un shok de inversiones (públicas y privadas) que mueva la producción y el empleo, la definición de una política eficaz de lucha contra la corrupción que el Ejecutivo debe liderar en coordinación con las organizaciones e instituciones de control, el reforzamiento de las políticas de seguridad ciudadana que viene implementando el Ministerio del Interior y el aceleramiento de la Reconstrucción con cambios del norte en coordinación con los gobiernos regionales y con los poderes locales.

Supongo que la estrategia de PPK para hacer viable la agenda en el campo político pasa por llegar a un cierto acuerdo con FP para llevar la fiesta en paz y, si eso no es posible, limitar el obstruccionismo del Congreso mediante la exigencia del voto de confianza. En el campo social tendría que hacer un llamado a las medianas y pequeñas empresas, además de la CONFIEP, para que participen activamente en la reactivación de la economía. Lo mismo tendría que hacer con los gobiernos regionales y locales que deben recibir un mayor apoyo del gobierno central. Todo este despliegue de iniciativas políticas le permitirá al Ejecutivo fortalecerse como actor político.