Sinesio López Jiménez

Sigue el suspenso sobre la vacancia de PPK. Lo mismo sucede con la siesta de los movimientos de protesta en la calle  y con las trabas políticas del keikismo en el Congreso que le impiden decidir sobre el tema. Las declaraciones de Barata circunscritas al financiamiento de las campañas electorales no van a producir ningún terremoto político sino sólo un escándalo de medianas proporciones. Al revelar los montos del financiamiento electoral entregados, quedarán al descubierto las mentiras de los principales candidatos que niegan haber recibido dinero de Odrebecht.

Barata ha confirmado lo que ya se sabía sobre Humala, salvo algunas precisiones sobre la forma como se distribuyeron los 3 millones de dólares con los que Odrebecht apoyó su campaña electoral del 2011. El terremoto puede producirse cuando Barata hable de las coimas pagadas a los altos funcionarios, de las adendas, de la distribución de las sobreganancias y de los arreglos normativos que hicieron los presidentes y ministros para que la corrupción pueda operar. No se sabe si por estrategia de la investigación o por encubrimiento los fiscales han hecho una división del trabajo que hace más lenta la aplicación de la justicia y que se presta a todo tipo de sospechas.

También la confusión continúa. Los políticos, los periodistas y la opinión pública creen que PPK puede ser vacado por cual cualquier acusación sobre su conducta pasada o por la forma como conduce actualmente su gobierno. Incluso se cree que la baja aprobación ciudadana y que el hecho de que más de la mitad de gente apoye su salida es causa suficiente de la vacancia.

Ayuda a superar esta confusión la contribución de Burke en el debate que sostuvo con Price en 1789 cuando sostuvo que la legitimidad por desempeño (el buen o mal gobierno) no puede ser una causa de la vacancia de la autoridad legítimamente establecida. Se equivocó sobre el fundamento central de la legitimidad de origen que, según él, era tradición dinástica y no la elección de los ciudadanos tal como lo establecieron la revolución de Cromwell (1648) y la revolución francesa (1789). Su error se debió al apoyo que él brindo a la restauración de Carlos II en 1656 y a la designación de Guillermo de Orange hecha por los wigs y los tories en 1688.

Burke aceptó, sin embargo, que la vacancia puede darse por factores que afectan la legitimidad de origen. Del mismo modo, nuestras constituciones, desde 1834 en adelante, han establecido las causas precisas de la vacancia que no han cambiado mucho. La Constitución de 1839 diferenció la vacancia de hecho (muerte del presidente o cualquier pacto que haya celebrado contra la unidad e independencia nacional) de la vacancia de derecho y dispuso que “solo podrá hacerse efectiva su responsabilidad en los casos de vacancia de hecho, postergándose el ejercicio de efectivizar la responsabilidad a que haya lugar luego de concluido su periodo” (García Chávarry dixit). La única causa discutible de la vacancia es la permanente incapacidad moral (establecida en 1839) que es una especie de significante vacío que los legisladores llenan según sus propios criterios cambiantes.

Sinesio López Jiménez

Los actores claves de la posible vacancia de PPK son el keikismo en el Congreso y los movimientos de protesta en la calle. Cuando uno se aquieta, el otro entra en acción. Ahora vivimos un momento de suspenso porque los movimientos sociales están haciendo la siesta y el keikismo está trabado por el temor a una diáspora de sus congresistas si FP insiste en la vacancia de PPK.

Si Barata dice la verdad a fines de este mes sobre todos los políticos corruptos, es posible que se activen los dos actores, sobre todo el movimiento de la calle. En este caso las demandas callejeras (reforzadas con exigencias sociales) irán probablemente más allá de la vacancia de PPK para abarcar a todos los políticos corruptos. La crisis será no sólo del gobierno sino también del régimen político y del Estado en su relación con la economía y la sociedad.

Mientras tanto estamos viendo una enorme confusión política y conceptual. Algunos políticos y comentaristas creen que la vacancia (o la renuncia) se justifica porque más de la mitad del país la apoya, porque la desaprobación de PPK ha bajado mucho (19% que es más que 7% de Toledo o de García en el primer gobierno), porque la economía está trabada y la gobernabilidad está en cuestión. Todos estos factores tienen que ver con la legitimidad por desempeño (gobernar bien o mal) que es diferente a la legitimidad de origen.

La legitimidad de origen nace de la voluntad de los titulares del poder que son los que autorizan el ejercicio legítimo del gobierno. En el mundo moderno, el titular del poder   no es Dios (como en el medioevo), ni el monarca (en el absolutismo), ni la tradición dinástica (que defiende Burke) sino el ciudadano que “tiene derecho a elegir sus propias autoridades” (Price). La revolución de Cromwell (1648) y la francesa (1789) fueron revoluciones políticas que querían la libertad individual y la participación política de los ciudadanos y no la igualdad económica, salvo los cavadores en el caso inglés y los jacobinos en el caso francés que querían ambas cosas.

La legitimidad por desempeño no puede poner en cuestión la legitimidad de origen. Si la pusiera en cuestión, no habría autoridad ni gobierno, sino caos y anarquía. Sin embargo, la legitimidad de origen puede ser cuestionada por factores que afecten la titularidad del poder o la voluntad de los titulares del poder. De eso trata precisamente la vacancia. ¿Cuáles son esos factores? No son aquellos que provienen del ejercicio legítimo sino del ejercicio ilegítimo (contra la ley) del gobierno. Según Burke esos factores en 1688 eran “una multitud de actos abiertamente ilegales, de subvertir la iglesia protestante y el Estado, y sus derechos y libertades fundamentales e indiscutibles; quebrantar el contrato original entre rey y pueblo. Esto era más importante que conducirse mal”.

En el mundo moderno, son las constituciones las que señalan los factores por los cuales los gobiernos pierden la legitimidad de origen y pueden ser vacados. En nuestro país, la figura de la vacancia aparece por primera vez en la constitución de 1834 y los factores que la generan han ido cambiando a lo largo de nuestra historia constitucional.

                                   Sinesio López Jiménez

A propósito de la posible vacancia de PPK me permito recordar uno de los más célebres y primeros debates, sino el primero, sobre la vacancia de los gobernantes entre uno de los más destacados representantes del pensamiento conservador, Edmund Burke, y un destacado representante del pensamiento moderno, el doctor Price, teólogo protestante. A diferencia de Price, Burke niega que se pueda vacar a un gobernante por su desempeño, pero sostiene que la vacancia es posible si se basa en causas profundas que afectan la legitimidad de origen.

En sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa de 1789, hechas en el mismo momento que se producía, Edmund Burke reseña ese debate discutiendo sobre la Revolución Sensata inglesa de 1688. Burke discute la tesis de Price según la cual “por los principios de 1688 el pueblo de Inglaterra ha adquirido tres derechos fundamentales, todos los cuales forman para él un sistema y figuran en una breve frase, a saber, la de que hemos adquirido derecho: 1.“A escoger nuestros propios gobernantes”, 2.“A deponerlos caso de conducirse mal”, 3. “A constituir nuestro propio gobierno”.

Los wigs y los tories destituyeron en 1688 al rey católico Jacobo II, sucesor de Carlos II, por restituir el catolicismo como religión de Inglaterra en reemplazo del protestantismo y llamaron a Guillermo de Orange, yerno de Jacobo II, para que ocupara el trono. Burke argumenta que “todas las circunstancias demuestran que la aceptación del rey Guillermo no fue en realidad una elección; sino que para todos los que no deseaban volver a traer al rey Jacobo, ni hacer sufrir a su país un diluvio de sangre, poniendo de  nuevo a la religión, leyes y libertades en el peligro al que acaban de escapar, fue un acto de necesidad en el sentido moral más estricto”.

Burke dice “que un título sucesorio dudoso se parecería demasiado a una elección”… pero… “la nueva dinastía derivaba del mismo origen. Seguía siendo una dinastía hereditaria…”.  En otras palabras, Burke sostiene, a mi juicio en forma forzada, que la legitimidad de origen sigue siendo la tradición dinástica. Burke discute también el “derecho a deponer a los gobernantes que se conducen mal”. Sostiene que “ningún gobierno podría sostenerse un momento en caso de poder ser eliminado por una cosa tan oscura e indefinida como es la creencia en que “se conduce mal” y que el rey Jacobo fue destituido por “una multitud de actos abiertamente ilegales, de subvertir la iglesia protestante y el Estado, y sus derechos y libertades fundamentales e indiscutibles; le acusaron de haber quebrantado el contrato original entre rey y pueblo. Esto era más que conducirse mal”.

Burke niega que el de Guillermo de Orange era un nuevo gobierno: “En la época de la Revolución (de 1688), como en la actual, lo que deseábamos era derivar todo lo que poseemos de la herencia de nuestros antepasados.  El espíritu de innovación es generalmente resultado de un temperamento egoísta y de miras limitadas. Quienes no miren hacia sus antepasados no mirarán su posteridad”. Vuelvo sobre la validez actual del pensamiento moderno de Price sobre la vacancia con algunas precisiones.

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                                               Sinesio López Jiménez

La mayoría de los políticos, los analistas, los empresarios y los ciudadanos (53%) quieren que se vaya PPK, pero el 43% de los encuestados (que no es moco de pavo) quiere que siga en la Presidencia de la República. Hay desacuerdos, sin embargo, en el momento y en las motivaciones de la vacancia, en la forma constitucional de salida, en los sucesores posibles de PPK y en el punto terminal de la crisis.

FP quiere vacarlo sólo por corrupción, los movimientos de protesta, por corrupción y por el indulto a Fujimori y algunos congresistas de izquierda buscan ponerse de acuerdo con FP sobre esta motivación. Todos quieren una salida constitucional, pero hay variantes. Las izquierdas quieren que se cumpla lo que dice expresamente la Constitución, pero FP parece preferir una variante que siga siendo constitucional. Sobre los sucesores, las izquierdas lo quieren a Vizcarra como presidente, FP parece inclinarse por Araoz o por Galarreta, el presidente del Congreso.

El momento de la vacancia lo decide sólo FP. Quizás le conviene antes de la confesión de Barata, porque después de ella todo puede ser diferente.  KF es la que tiene la sartén por el mango en la escena parlamentaria sobre la vacancia y las formas que ella asuma en alianza con fuerzas menores y sobre la no vacancia ella sola decide. La diferencia mayor radica en el diagnóstico sobre el punto terminal de la crisis. Para FP, para las derechas y quizá también para el centro, la salida de PPK resuelve la crisis política. Para la izquierda es una salida parcial a una crisis mayor que se resuelve con grandes reformas.

La salida de PPK puede ser vista también como el sacrificio necesario para salvar a los tiburones de la corrupción. PPK no es el único ni el político más corrupto de estas últimas décadas. Sin embargo, él tiene que morir para que los políticos más corruptos sigan con vida. Es casi un chivo expiatorio. Espero que los movimientos de protesta y la opinión pública no caigan en esa ilusión. Si Datum hubiera preguntado si deben irse los políticos corruptos, el acuerdo para que se vayan todos hubiera sido aplastante.

En realidad, el desacuerdo de fondo que, a propósito de la vacancia, aparece entre las derechas y las izquierdas es sobre la naturaleza y la profundidad de la crisis política que vive el Perú. Las derechas creen que los problemas políticos que estamos viviendo se reducen a una crisis de gobierno y de gobernabilidad, a los problemas de relación entre los Poderes del Estado, en particular entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que, ante la incapacidad de ponerse de acuerdo, la salida de PPK es necesaria. Y se acaba el problema.

Las izquierdas, con énfasis diferentes, piensan que los problemas políticos que nos agobian son más que una crisis de gobierno, de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ellas sostienen que existen también una crisis del régimen político (sistema electoral, sistema de partidos, forma de gobierno) y del Estado en relación con la economía y con sociedad cuya solución requiere profundas reformas políticas, económicas, sociales y constitucionales.

                                   Sinesio López Jiménez

Algunos fiscales y jueces se han puesto de acuerdo para que Barata sea un colaborador eficaz, pero el Ejecutivo y el Legislativo parecen empeñados en evitar que cante todo lo que sabe sobre la corrupción en el Perú. El Ejecutivo ha tomado un conjunto de medidas contradictorias (D.U 003, embargo de bienes y cuentas bancarias de Barata, expropiaciones de empresas de Odrebecht, sanciones a la empresa que colabora, etc,) que, independientemente de sus aparentes buenas intenciones, pueden bloquear la colaboración eficaz.

A esto se añade la exigencia, que el abogado de Barata ha calificado de exorbitante, de la Procuraduría del pago de más de mil millones de dólares de reparación civil por daños y prejuicios referidos a tres proyectos (Gasoducto Sur Peruano, Interoceánica Su Tramo 2 y 3, carretera Chacas-Ancash). Aún no se sabe a cuánto ascenderá el monto total de reparación civil porque falta calcular los daños y perjuicios de otros proyectos (Tren Eléctrico, Vía de Evitamiento del Cusco y el tramo del Callao de Costa Verde).

El procurador alega que una cosa es la colaboración eficaz (de las personas) y otra cosa es la reparación civil (de las empresas), pero no toma en cuenta que ambas están estrechamente relacionadas. Una política de colaboración eficaz y de lucha contra la corrupción tiene que tomar en cuenta este dato fundamental. El problema de fondo es que no existe una política nacional de lucha contra la corrupción en general y del Lava Jato en particular.

Al Congreso le interesa blindar a KF y AG, los casos más graves de corrupción, y embarrar hasta el cuello a los enemigos y adversarios de todas corrientes ideológicas. Basta examinar las actividades de la Comisión de Lava Jato, el listado de los políticos investigados, el tratamiento diferencial con sus líderes cuando han sido llamados, las horas dedicadas a “investigar” a sus adversarios. Esa Comisión, que muchos llaman con razón Lava Keiko y Lava García, ha perdido todo respeto y toda legitimidad.

¿En qué consiste una política nacional de tratamiento de corrupción del Lava Jato? Sugiero algunos objetivos de esa política: Información y divulgación de todos los políticos y empresarios peruanos involucrados en la corrupción, sanciones drásticas a todos los corruptos, acuerdo de pago de una reparación civil de las empresas extranjeras y nacionales implicadas, evitar daños colaterales a terceros (trabajadores de las empresas implicadas) que no tienen nada que ver con la corrupción, invitación a todas empresas a participar en una política de colaboración eficaz.

Claudia Cooper, la ministra de Economía, tiene cierta claridad sobre lo que hay que hacer en el caso de Lava Jato: “Tenemos que trabajar ese equilibrio entre sancionar a las personas culpables y que las empresas paguen una reparación civil. Pero también tenemos que hacer viables a las empresas”.  Sería deseable que los Poderes del Estado, más allá de las tensiones y conflictos que los envuelven, y la sociedad civil organizaran una vigorosa Comisión Nacional de lucha contra la corrupción que fuera capaz de establecer una política nacional de lucha contra este flagelo.

Sinesio López Jiménez

¿La declaración completa de Odrebecht, difundida por diversos medios, trae algo nuevo?. Trae algo nuevo, pero confirma lo ya conocido. Confirma el financiamiento electoral a los principales candidatos en las diversas campañas electorales (2006, 2011, 2016) : “Es cierto que nosotros apoyamos, no sé cuánto, pero con seguridad nosotros apoyamos a todos: Toledo, Alan García, Humala, a Keiko, … a todos los partidos y, probablemente, a  varias elecciones de congresistas…No sólo apoyábamos al partido oficialista, sino también a la oposición”.

Confirma también que, sobre los montos de financiamiento, él solo decidió sobre el de Humala con 3 millones de dólares, a pedido del PT, y sobre el de KF con 500 mil dólares más porque era la favorita de Barata. Sobre el financiamiento a KF, Odrebecht confirma que “queda claro para mí que él ya había dado alguna contribución y entonces yo le dije que aumente… si le diste en la primera vuelta, entonces auméntale ahora en la segunda”.  Sostiene que Barata hasta el 2012 y Boleira después pueden precisar el monto del financiamiento electoral de todos los candidatos a los que apoyó.

Odrebecht reafirma que AG es Alan García y que financió las campañas electorales de AG: “Entonces yo diría que, con toda seguridad, a pesar de no tener la información precisa…apoyamos a Alan García…”. “Si fue una donación espontanea… la persona, de nosotros, que tenía un vínculo con AG era Barata”.  Confirma las frecuentes reuniones oficiales con AG y la familiaridad que existía con él: “recuerdo que estuve con él, cuando ya no era presidente…en la casa de Barata…”.

Sorprenden las declaraciones sobre Kuczynski: “…creo que él como ministro fue la mayor piedra en el zapato que tuvimos. PPK en el gobierno de Toledo tuvo una relación extremadamente difícil (con la constructora)”, lo que se contradice con lo revelado en la Comisión Lava Jato sobre los contratos de sus empresas con Odrebecht a través de Sepúlveda. Se reafirma en la contratación de PPK como consultor y conferencista para limar asperezas. No hay nada nuevo sobre el financiamiento electoral de Humala, el único que él gestionó directamente.

Hay algunas cosas nuevas con respecto a García que no han sido destacadas por los medios. AG reconoce el apoyo de Odreberecht: “Mira, Barata me está apoyando, lo agradezco…¿sí?, ¿OK?… el apoyo de Uds. Es decir, daba a entender que lo estábamos apoyando, y entiendo que este apoyo involucraba, con seguridad,… no sé si directamente a la campaña de él o la campaña de congresistas de su partido”. Dice algo más grave: “las ilicitudes que hubo (en el gobierno de García) y de qué tipo y, si las hubo, quien podrá decirlo es Jorge (Barata) o él podrá decir quién era, que hizo, dónde…”.  Sostiene que los pagos a AG y a todos los candidatos apoyados se hacían “…directamente o a través de socios nuestros que luego eran reembolsados”.

Las esperadas declaraciones de Barata (y Boleira) son explosivas no sólo porque va a señalar el monto preciso de los financiamientos electorales sino también el de las coimas durante los diversos gobiernos.

Sinesio López Jiménez

A medida que se agrava, la crisis política sale del gobierno y pasa a la calle o, con más precisión, se extiende a la calle. Deja de ser sólo una relación conflictiva entre los Poderes del Estado para convertirse en un conflicto entre estos y la calle. Mientras el fuji-alanismo quería echarse abajo a la Fiscalía de la Nación, capturar al TC y desbarrancar a PPK por “incapacidad moral permanente”, el conflicto se mantuvo dentro de los marcos institucionales del Ejecutivo y del Congreso. Allí se daba y se resolvía el conflicto. Era un golpe mafioso para encubrir las fechorías de dos líderes de tradición mafiosa contra uno nuevo descubierto in fraganti.

Pero cuando la gente toma conciencia que todas las cúpulas en el poder nadan en el charco de la corrupción, percibe que ellas buscan la impunidad y PPK otorga (tres días después del fracaso de la vacancia) el indulto trucho a AF, el conflicto se desplaza a la calle en la que se confrontan los movimientos de protesta con los poderes del Estado. Se produce un cambio en la situación política cuya salida no es la vacancia de PPK sino que se vayan todos.

Donde se resolverá finalmente el problema?. Depende de la dinámica del conflicto institucional y del conflicto sociopolítico y de la forma como sus principales actores- el fujimorismo y los movimientos de contestación- resuelvan sus propios conflictos internos. Hay, por lo menos, tres factores de contexto (lo que diga Barata y Odrebecht, lo que decidan las organizaciones nacionales e internacionales sobre el indulto, lo que suceda en la economía y su impacto en la situación de la gente) que pueden incidir en el resultado del conflicto.

Si la calle se aquieta y se fragmenta, la dinámica del conflicto vuelve a las instituciones y allí se resuelve. Y si, en esa situación, KF logra mantener la mayoría absoluta en el Congreso entonces la estabilidad del gobierno y de PPK está en cuestión y su duración es de pronóstico reservado. Si Kenyi aumenta sus filas y logra neutralizar a KF, entonces PPK puede tener un poco más de oxígeno para sobrevivir. Si la situación política se agrava, sea por incapacidad del fujimorismo para resolver sus problemas internas, sea por un fuerte impacto de los citados problemas de contexto, entonces el conflicto socio-político se intensifica, se masifica y se convierte en una crisis del régimen político y del Estado.

Y si, en esta situación de aguda crisis, los movimientos de protesta se mantienen unidos y logran articular a los sectores moderados y a los radicales, entonces la solución es socio-institucional, esto es, los movimientos sociales, acompañados de algunos líderes políticos, buscan una salida institucional como sucedió en el 2000: un gobierno  transitorio. Este puede ser dirigido por el actual Vice-presidente, por el Presidente del Congreso o por otro elegido ad-hoc por las fuerzas políticas del Congreso.

Pero ahora no está en el tapete sólo la cuestión de la democracia y la lucha contra la corrupción sino también la exigencia de profundos cambios económicos, constitucionales y estatales.

Sinesio López Jiménez

Un gabinete en el aire que no tiene sólidas bases sociales ni políticas que lo sustenten. Aislados, PPK y el gabinete levitan y pueden ser presas fáciles del primer ventarrón político o social que se los lleve de encuentro. La demora en organizarlo era un mal síntoma. Ni políticos ni profesionales que se respeten y que respeten a los ciudadanos y a la opinión pública estaban dispuesto a embarcarse en una nave averiada y a la deriva.

Quiso ser el Gabinete de la Reconciliación, pero es, en realidad, el gabinete de la confrontación al que casi todas las fuerzas políticas de derecha, de centro y de izquierda le tienen bronca. El fujialanismo no lo pasa. Es sintomático que el Apra expulse a dos militantes suyos (que daban la vida por ceñirse el fajín) en el mismo momento que juramentaban como ministros. Mulder, el vocero beligerante del fujialanismo, ha dicho que la incorporación de dos apristas al gabinete era una declaración de guerra.

El centro (AP) y el centro-derecha (APP) tampoco lo miran con buenos ojos y no parecen estar dispuestos a brindarle algún tipo de apoyo. Las izquierdas parlamentarias (FA y Nuevo Perú) están más beligerantes que nunca contra el gobierno, pese a que, por ahora, difieren en la táctica para enfrentarlo. El FA plantea otra propuesta de vacancia que ninguna fuerza política respalda y Nuevo Perú acusa constitucionalmente a la Primera Ministra y al Ministro de Justicia por haber realizado un indulto trucho.

Su base política de sustento es enclenque y de futuro incierto. La bancada de PPK ha sido diezmada. Tres de sus mejores cuadros se han ido por desacuerdo con el indulto a AF. Sólo quedan 15 (dos de ellos en el gabinete) que no constituyen una bancada sólida y guerrera, capaz de enfrentar tiempos políticos difíciles. El kenyismo, su otra base de apoyo, es frágil y, por ahora, solo integra a 10 Vengadores enfrentados al keikismo.

Las fuertes y beligerantes oposiciones de todo signo ideológico y la débil base de apoyo político generan una inestabilidad política muy alta y permiten pronosticar una corta duración al autodenominado gabinete de la Reconciliación. Su duración depende principalmente de la forma como se recomponga el Fujimorismo y particularmente el kenyismo. Si este se fortalece y pasa de 10 a 25, como se dijo en un primer momento, entonces el obstruccionismo del keikismo se anula y se superan las dificultades que presenta todo gobierno dividido en un presidencialismo parlamentarizado. Si el keikismo se recompone y se fortalece entonces la duración del gobierno y del gabinete es de pronóstico reservado.

La estabilidad y la duración del gobierno dependen también de lo que pase en la calle. Si las olas de las iras sociales crecen, se multiplican, se mantienen un cierto tiempo y se institucionalizan pueden ayudar a resolver los problemas de representación del centro y de la izquierda (Dargent dixit) y pueden poner al orden día el grito masivo y fuerte de que se vayan todos los traidores y corruptos. Si la situación económica empeora, entonces puede entrar en la agenda el cuestionamiento masivo del modelo neoliberal.

Sinesio López Jiménez

Luego de los terremotos políticos del 21 (fracaso de la vacancia) y del 24 (indulto a AF) y de la réplica de la calle del 28 de Diciembre, el país vive una momentánea calma chicha. El Ejecutivo está paralizado y el Congreso hace la siesta. La política de las alturas guarda silencio y ahora comienza a escucharse el grito de los del medio (los jóvenes universitarios) y el murmullo de los de abajo. Los Becerriles, los Salaverrys, las Betetas ya no hieren los oídos y la inteligencia de la gente con sus tonterías y groserías y, gracias a ese silencio, se puede escuchar con nitidez la voz valiente y honesta de l@s jóvenes.

La parálisis política es, en realidad, desconcierto de sus principales protagonistas, de PPK y el gobierno y AF, del fujimorismo y el Congreso. La frustrada vacancia de PPK y el indulto de AF han generado un entrampe del que no saben cómo salir. El fracaso de la vacancia abrió un camino más o menos claro para PPK sobre lo que tenía que hacer, la agenda, los aliados, los adversarios y los enemigos, pero el indulto político a AF cerró ese camino y enturbió todo. El fujimorismo, en cambio, quedó malherido y dividido tanto por la frustrada vacancia como por el indulto.

La dificultad para salir del entrampe se explica, en gran medida, por la incapacidad política de PPK y de AF. PPK es un tecnócrata que opera sólo con la racionalidad instrumental. Para él las gentes son cosas y medios para conseguir determinados fines. Desconoce la racionalidad política, según la cual las gentes tienen derechos, ideas, creencias, valores, esto es, son personas y ciudadanos. AF está enfermo y quizá muy disminuido en sus capacidades que, incluso cuando gozaba de todas ellas, han sido sobredimensionadas y mitificadas. El refugio en la embajada de Japón cuando se produjo el contragolpe del general Salinas y el desconcierto que le produjeron la caída y la fuga de Montesinos nos muestran con claridad las limitaciones políticas de AF.

A la incapacidad política hay que añadir la pérdida de credibilidad tanto de PPK como de AF. Todo eso hace poco o nada viable una política de reconciliación e imposible un gabinete de reconciliación. A lo máximo, esta va a quedar reducida a la familia Fujimori y al fujimorismo y a las relaciones de ellos o parte de ellos (el albertismo-kenyismo) con PPK y con la élite tecnocrática y empresarial que lo acompaña. Con los otros actores políticos y sectores sociales, sobre todo con el antifujimorismo, la polarización será probablemente creciente.

El carácter limitado de la reconciliación permite predecir el sentido y los alcances de la agenda de gobierno en los tres años y medio que vienen, si PPK logra mantenerse en el poder. Volverán a ponerse a la orden del día el destrabe de las inversiones, las reformas neoliberales contra el trabajo, el extractivismo, el piloto automático. Adiós a la “revolución social” que anunció en el inicio de su gobierno.

¿Reemplazará al frustrado golpe parlamentario un golpe de la calle que grita que se vayan todos los políticos corruptos?. Difícil, pero no imposible.

Sinesio López Jiménez

Es aún el mismo Presidente de la República, pero es ya otro gobierno. El Perú ha vivido dos terremotos políticos en el lapso de 4 días. El primero, que amenazaba acabar con el gobierno democrático, sólo produjo una grieta profunda en el edificio fujimorista y grietas menores en las otras organizaciones políticas que operan en el Congreso. El segundo, de mayor impacto, ha reordenado todo el escenario político y está dando lugar a un nuevo gobierno.

El primer impacto de este segundo terremoto –el indulto- ha producido la reubicación política de los ppkausas. PPK ha abandonado el campo del antifujimorismo que le permitió ganar en la segunda vuelta electoral y que le ayudó a salvar el pellejo de la vacancia impulsada por el fuji-alanismo y por el Frente Amplio para terminar entregándose a los brazos del fujimorismo, traicionando a sus electores y a sus aliados anti-fujimoristas.

El segundo impacto tiene que ver con los cambios que se van a producir en el fujimorismo bajo la presencia gravitante de AF.  Una de las primeras movidas que hará es reconciliar a sus vástagos –KF y Kenyi- que disputan su herencia política patrimonial. Un probable desenlace es la reunificación de FP, moderando sus ambiciones para dar un poco de oxígeno al gobierno de PPK. Otro desenlace posible es la recomposición unitaria de FP manteniendo dos alas –una más exigente y otra más moderada- bajo su arbitraje. Es probable que el ala de Kenyi salga fortalecida con la presencia de 25 congresistas. Es difícil que se produzca una ruptura en el fujimorismo, salvo que AF pierda su capacidad de arbitraje.

El tercer impacto es la recomposición de las coaliciones sociales para dar origen a un nuevo gobierno. El fujimorismo sin alas o con las alas pasa a formar parte del gobierno. Aunque no es seguro, pero es probable que el alanismo los acompañe. El grupo parlamentario de Peruanos por el Kambio queda diezmado. Sus mejores cuadros han renunciado y van a seguir renunciando. PPK pierde el apoyo de los sectores democráticos, liberales y de izquierda para formar un gobierno integrado por las derechas y apoyado por todas las derechas. Ya han renunciado algunos ministros progresistas y van seguir renunciado probablemente otros, entre ellos Jorge Nieto, ministro de Defensa.

El cuarto impacto es la reorganización de fuerzas en el campo de la oposición abandonado por el fujimorismo. Las oposiciones estarán integradas por organizaciones y partidos de centro y de izquierda. Por ahora aparecen fragmentadas, pero la oposición al nuevo gobierno fuji-PPK-alanista puede unificarlas en torno a ciertas demandas concretas, como la lucha contra la corrupción, contra el indulto y contra impunidad. Si la economía sigue estancada es probable que el modelo neoliberal sea puesto en cuestión.

El quinto impacto de indudable importancia política es el despertar de la sociedad civil y el vigoroso movimiento de los jóvenes contra el indulto. Si se generaliza en todo el país y se masifica puede tener un fuerte impacto en la política y en el gobierno obligándolo a retroceder en medidas como el indulto y el encubrimiento de la corrupción por el nuevo gobierno.