Sinesio López Jiménez

A las izquierdas les ha ido bien en las competencias electorales cuando se han presentado unidas y les ha ido mal cuando fueron divididas. En la década del 80 ganaron todas las batallas electorales, salvo la de 1985 en la que llegaron hasta la antesala del poder. Esa década fue muy difícil. El terrorismo, el populismo desbocado de García y su fracaso estrepitoso, la caída del muro de Berlín y la incapacidad de las izquierdas (y de todos los partidos) para superar esos problemas acabaron con su unidad e hicieron del Perú una sociedad conservadora.

Vinieron luego la fragmentación, el distanciamiento de las clases populares por parte de las izquierdas y los fracasos políticos. Sólo en el 2016 el Frente Amplio (con Verónica Mendoza y con el apoyo implícito de casi todas las izquierdas) arañó el éxito disputando su pase a la segunda vuelta. Pero al poco tiempo se volvió a fragmentar y regresaron los fracasos. Si las izquierdas se hubieran presentado unidas (en estas últimas elecciones del nuevo congreso) serían la primera fuerza. Basta sumar los resultados electorales. En el caso de las izquierdas, la unidad no es suma sino multiplicación.

¿Es posible la unidad de las izquierdas?. Es difícil, pero no imposible. Las condiciones son muy favorables. En primer lugar, amplios sectores ciudadanos demandan una  representación de izquierda. En segundo lugar, hay una demanda de alternativa política y económica debido al agotamiento del modelo neoliberal y de las instituciones políticas y estatales. El problema proviene de algunos dirigentes izquierdistas que prefieren ser cabeza de ratón que cola león.

¿Es posible superar este problema? Es posible si las izquierdas son capaces de dar los siguientes pasos: En primer lugar, desarrollar una voluntad política de construir la unidad de las izquierdas  para gobernar el país. En segundo lugar, organizar una dirección política que combine a los representes de los partidos con los elegidos por todos los militantes y simpatizantes de izquierda. En tercer lugar, elaborar un programa común que permita superar o al menos neutralizar las diferencias ideológicas. En cuarta lugar, elegir a los candidatos a los cargos políticos en elecciones abiertas a todos los ciudadanos. En quinto lugar, organizar un equipo tecnopolítico de calidad que haga viable, creíble y eficaz un gobierno de izquierda. En sexto lugar, desoír los cantos de sirena de los liberales que quieren una izquierda domesticada.

Sinesio López Jiménez

1.La convicción (gracias a la campaña de las redes sociales) de que los votos blancos y viciados favorecían al fuji-aprismo y a sus aliados indujo a los indecisos y contestarios a optar, en forma abrumadora, por UPP (Antauro), Frepap y PP (Urresti) y, en menor medida, por las izquierdas. Esa avalancha de votos de última hora redujo la sobre-representación fujimorista de 73 a 15 congresistas y desapareció al Apra y a sus aliados de ultraderecha.

2.El rechazo al obstruccionismo  y a la corrupción acabó con la polarización entre el Ejecutivo y el Legislativo  y generó una fragmentación política regional que  expresa las fracturas sociales del país y traduce los diversos estados de ánimo de los ciudadanos desde los más radicales de la sierra sur hasta los más conservadores de Lima y Piura (costa), pasando por los moderados  de otras regiones de la costa.

3. Estas fracturas sociales y estados de ánimo son estructurales y proceden principalmente de dos factores: el nivel de participación de la población en el crecimiento económico en términos de empleo e ingreso y el nivel de acceso a los bienes públicos que distribuye el Estado (salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura). En ambos factores la sierra y la selva  son las más desfavorecidas, su población es la más descontenta y vota generalmente en forma contestataria. La costa es la más beneficiada, su población está más satisfecha y vota por candidatos moderados o conservadores.
4. Los estados de ánimo de las regiones son más o menos estables. Los volátiles son sus representantes políticos. Las iras del sur andino, por ejemplo, se expresaron en la candidatura de Toledo el 2001, en la de Humala el 2006, nuevamente en Humala el 2011, en la de Verónica Mendoza el 2016 y en la de Antauro Humala el 2020.
5. El éxito de los “partidos” depende del nivel de asentamiento en ellas (organizaciones, redes sociales, control de poderes locales) y de los recursos que tienen. Son los casos de AP, APP, Frepap, FA. En los casos de UPP y de PP el liderazgo de Antauro y de Urresti, respectivamente, han sido las claves del éxito alcanzado.
6. Los resultados electorales acabaron con la crisis de gobernabilidad como producto de la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero no han resuelto la crisis de representación. Si se consideran los votos nulos y blancos, el ausentismo electoral y los votantes que no pasaron la valla electoral, más del 60% de los ciudadanos no están representados en el Congreso.

Sinesio López Jiménez

La lucha por la reforma política no terminó con la disolución constitucional del congreso anterior. Ni culmina con la elección de uno nuevo. Ella concluye con éxito si el fuji-aprismo y sus alados son derrotados y son elegidos los representantes de las fuerzas políticas que impulsan el cambio del sistema político (el sistema electoral, el sistema de partidos y la forma de gobierno). El éxito sería rotundo si triunfaran las fuerzas políticas que quieren también el cambio del régimen político (una nueva constitución y una nueva relación entre el Estado y la sociedad) y del Estado. Esto último es difícil, pero no imposible.

Pese a que la lucha fue intensa en el congreso y en la calle y se lograron algunos avances, estos fueron debilitándose hasta quedar en nada. La reforma parece haber ido de más a menos. En un primer momento, ella se planteó como un cambio en el sistema político, dejando de lado el cambio del régimen político y el del Estado. En un segundo momento, se redujo a algunos cambios en el sistema electoral y en el sistema de partidos, excluyendo el cambio de la forma de gobierno. Luego, la mayoría fuji-aprista y sus aliados en el congreso limaron el filo más reformista de la propuesta. Finalmente, Vizcarra convocó a elecciones del nuevo congreso (luego de la disolución constitucional del anterior) sin atreverse a defender los pequeños avances que se habían logrado.

Con esa convocatoria sin reformas, volvieron el mismo JNE, las viejas reglas de juego electoral, los mismos partidos. Al no aplicar la valla electoral, el JNE mantiene la misma fragmentación partidaria para las elecciones del 2021. La primera reacción de la ciudadanía ha sido de rechazo y de protesta: Más del 50 % de los ciudadanos se negaban a votar o querían votar blanco y viciado. Este es el escenario ideal del fuji-aprismo y de sus aliados. Como los votos blancos y viciados no cuentan, obtienen una sobre-representación política en la que el 8% o el 10% de sus votos se transforman en 30 o 40 representantes.

Las últimas encuestas muestran un lento desplazamiento del voto blanco y viciado hacia una opción electoral por las fuerzas que impulsan la reforma política. Si este desplazamiento se acelera puede producir algunas sorpresas electorales. Se podrá apreciar también si la vasta gama de izquierdas es capaz de unir lo que algunos dirigentes irresponsables han dividido votando por cualquiera de sus listas.

                                               Sinesio López Jiménez

La política es la lucha por cambiar lo que hay en lo que debe ser, aunque muchas veces consigamos solo algo mejor. Es lo que ha pasado en el campo de la justicia. A veces la lucha política parece que avanza y, al final, termina en lo mismo. Es lo que pasado con la reforma política.

La lucha política contra la corrupción (que en el caso de los Cuellos Blancos mostró la podredumbre del Poder Judicial y del Ministerio Público) confrontó a Vizcarra, un grupo excepcional de fiscales y jueces, las izquierdas del Congreso y la calle, por un lado, con el fuji-aprismo y el aparato podrido de jueces y fiscales, por otro,  y obtuvo algunas victorias resonantes, la más importante de la cuales fue la disolución del CNM.

Vizcarra nombró entonces a una comisión de notables que, a vez, sugirió el nombramiento de otra comisión, la misma que se encargaría,  a través de un concurso público, de nombrar a la Junta Nacional por la Justicia (JNJ) que reemplazaría al CNM. La propuesta no era la mejor, pero fue la que se impuso. Luego de un primer fracaso, la comisión ha dado a luz al final a una JNJ con observaciones, particularmente a dos de los siete integrantes gracias las exigencias de transparencia por parte de los ciudadanos, la sociedad civil y los medios. La JNJ tiene el poder enorme de evaluar y nombrar jueces y fiscales y puede ser el punto de partida de un cambio real de la justicia y de la ley. O puede ser simplemente otro CNM. Tiene que escoger.

El caso de la reforma política ha sido más decepcionante. Luego del triunfo del referéndum, Vizcarra nombró una comisión de notables que propuso doce puntos de reforma. El gobierno los redujo a seis (de reforma electoral y de partidos) y pidió el voto de confianza para ellos. El Congreso le dio un voto de confianza bamba que el gobierno no utilizó para disolverlo constitucionalmente. Con la disolución constitucional del Congreso (con motivo de la forma de elección del TC) y de la convocatoria a elecciones congresales, la reforma política ha quedado en nada.

Luego de una comprensible etapa de decepción y de rechazo al viejo establishment político, los ciudadanos soberanos están llamados a revertir la situación participando masivamente en las elecciones del 26 de enero, votando contra los partidos corruptos y retrógrados y optando por cualquier otra alternativa mejor. El voto blanco y viciado favorece al fuji-aprismo y a otros partidos corruptos.

Sinesio López Jiménez

Para el Perú, el 2019 ha sido un año turbulento con avances y retrocesos. Hemos tenido algunos avances en el campo político, estancamiento en la economía e inmovilismo en la estructura social. Los avances políticos pudieron ser mayores, pero fallaron los actores políticos institucionales.

En la lucha contra la corrupción y contra el obstruccionismo fujiaprista,  el país obtuvo grandes victorias (el triunfo en el referéndum, el voto de confianza para la reforma política y la disolución constitucional del Congreso), pero no logró consolidarlas dándoles una forma institucional duradera. Se perdió la batalla del adelanto de las elecciones generales (para que se vayan todos), por falta de visión y de capacidad política de Vizcarra.

Los grandes protagonistas de estos cambios políticos han sido el Presidente Vizcarra, un pequeño y excepcional grupo de fiscales y jueces, las izquierdas parlamentarias  y la calle o el poder en movimiento como la llama Sydney Tarrow. El actor central ha sido, sin duda, Vizcarra que rompió el yugo de sometimiento a KF para enfrentar la corrupción e impulsar la reforma política con audacia. Falló en algunos cálculos (para que se vayan todos), pero sobre todo ha fallado en administrar las victorias (que le hubieran permitido fortalecerse como actor político) y en transformarlas en resultados institucionales.

Las izquierdas han jugado un papel importante en el impulso y el desarrollo de los cambios políticos. Luego de algunos malentendidos en la caída de PPK, han actuado bien, en forma unitaria, con claridad estratégica (postulando los cambios necesarios del sistema político, del régimen y del Estado) y con energía en la coyuntura. La calle ha sido decisiva en las luchas contra la corrupción y por la reforma política. Serían impensables las victorias políticas sin la presencia vigorosa de la calle cuando fallan sus representantes elegidos y las instituciones a las que rechaza y quiere cambiar. En ese contexto, la beatería institucional de la derecha es una estupidez.

¿Se pudo avanzar más? Sí, si Vizcarra hubiera ido más allá de la lucha anti-corrupción y de la reforma del sistema político para impulsar los cambios del régimen político y del Estado que es un desastre (adelantándose a lo que va a hacer Chile)  y si las izquierdas se hubieran coaligado superando su nefasta fragmentación. Los únicos cambios que quedan son la disolución constitucional del Congreso y la evaporación de la sobre-representada mayoría fuji-aprista. En todo lo demás reina la aburrida continuidad.

Sinesio López Jiménez

La disolución constitucional de uno de los peores congresos que ha tenido el Perú se hizo para elegir uno nuevo que, sin embargo, apenas sería mejor porque FP no tendría una mayoría aplastante. La verdad es que poco o nada se puede esperar con el mismo JNE, con los mismos “partidos” y con las mismas reglas de juego.

Según la última encuesta de Datum (Perú 21, 10/12/19), al 65% de los encuestados no le gusta las listas de los “partidos” porque son más de lo mismo y al 60% le parece que no han puesto en esas listas a los mejores cuadros políticos. Pero cuando se les pregunta qué “partidos” debieran estar presentes en la política, el 59% señala casi a los mismos que rechaza y el 39% no escoge a ninguno. AP desaparece cuando se pregunta por los candidatos presidenciales. Los dos primeros lugares son ocupados por líderes independientes (Del Solar, Forsyth). Esto significa que las marcas importan, pero no tanto como se cree.

Como bien dice José Incio, destacado politólogo de la PUCP y candidato al doctorado de la Universidad de Pittsburgh, si los “partidos” y las reglas de juego construyen una oferta electoral mala, fragmentada y con “una sobrecarga de información” (El Comercio, 10/12/19), a los electores no les queda otra que votar por ella (40%) o rechazarla (60% en la encuesta de Datum). Si se mantuviera esa tendencia, el próximo congreso no representaría a la mayoría de los peruanos. Si gana el voto blanco y viciado (60%), ¿es válida la elección?, ¿se puede traducir los porcentajes de la minoría elegida en votos válidos y en cifra repartidora?. Si se hiciera, sería un congreso con poca representación.

¿Se pudo hacer una oferta política mejor?. Se pudo hacer una oferta, no óptima, pero sí algo mejor si el JNE hubiera asumido algunas reglas nuevas (con todas sus limitaciones) que ya habían sido aprobadas con fórceps por el Congreso anterior y si los “partidos” hubieran organizado coaliciones políticas para superar la fragmentación. Si las izquierdas no hubieran escuchado los dicterios y las censuras de los liberales que nunca votarían por ellas, ahora tendrían una coalición que les permitiría tener una representación respetable.

José Incio es, sin embargo, optimista porque cree que, pese a la mala oferta política, se puede decidir bien. Con este fin ha creado una página web (www.decidebien.pe) que hay que consultarla.

Sinesio López Jiménez

Hay diversas maneras de capturar al gobierno y al estado. La más frecuente es el financiamiento privado de las campañas electorales. Cuando los empresarios apuestan por KF, por ejemplo, y la financian, su financiamiento tiene diversos impactos tanto en la política como en la economía.

1. Los empresarios compran a la candidata y a su partido y estos se venden. Más allá de todo legalismo, esto en sí mismo es un acto de corrupción. Se intercambia apoyo partidario con dinero. Se produce lo que el filósofo Michael Walzer ha llamado el intercambio bloqueado.
2. Distorsionan al proceso electoral haciéndolo injusto. El carácter competitivo de las campañas electorales se debilita o se pierde. Es difícil competir con alguien que monopoliza todos los recursos y puede desplegar todas formas de propaganda.
3. Debilitan a la legitimidad de origen del gobierno elegido. Ella puede ser cuestionada seriamente por el carácter injusto de la competencia electoral. Los elegidos aparecen como el gobierno de los ricos.
4. Afectan al carácter mismo del régimen democrático tanto por el carácter injusto de la competencia electoral para ocupar los puestos de mando del gobierno y del Estado como por el cuestionamiento de la legitimidad de las decisiones de las autoridades elegidas. El contrato entre el estado, la sociedad y los ciudadanos deja de ser tal para convertirse en una imposición del dinero que refuerza la imposición de la fuerza.
5. Los empresarios capturan al Estado y a la alta burocracia. No capturan a todo el Estado sino a aquellos aparatos (organizaciones e instituciones) que son útiles porque deciden las políticas públicas que favorecen a sus intereses privados.
6. Esto explica el hecho de que los aparatos económicos tengan los recursos necesarios para ser eficientes para los intereses empresariales mientras los aparatos sociales, que atienden a los ciudadanos, son un desastre.
7. A los gobernantes y a los partidos en el gobierno, especialmente al Apra y a FP, les interesa capturar, a su vez, a los organismos de control del estado (la Contraloría, el poder judicial, la fiscalía, el TC) para blindar sus decisiones y sus actos de corrupción.

Para acabar con la captura de la política, del gobierno y del estado todos los candidatos, los partidos y los ciudadanos debemos impulsar la reforma política que elimine el financiamiento empresarial de las campañas electorales.

Sinesio López Jiménez

Un nuevo protagonista decisivo ha surgido en el escenario político de AL: la calle. Su emergencia masiva, pluriclasista y despartidizada es el cuestionamiento radical del establishment, del orden social y económico injusto y de la política oficial,  la representación política,  los partidos y del estado mismo. Es el surgimiento del soberano que protesta contra su situación injusta y contra el orden establecido y que demanda un nuevo orden social, económico y político, unas nuevas reglas de juego y una nueva constitución que sea realmente un nuevo contrato social que trate a todos por igual.

La calle presenta particularidades en cada país, pero comparte también algunos rasgos comunes: Su masividad, su carácter pacífico con algunos desbordes anarquistas, su composición plural. Define al estado y al gobierno como los enemigos a los que hay que enfrentar. Sus principales formas de acción son los mítines y las marchas de protesta, combina la ira social con el canto y con la imaginación cultural y política. Coordina esas formas de acción, pese a carecer de una dirección política visible a la que reemplaza con las redes sociales.

La calle presenta también diferencias entre los países. Mientras en Ecuador y Chile se muestra unificada, en Bolivia está polarizada entre los que luchan por la caída de Evo Morales y los que lo defienden. La reelección de Evo por tercera vez (violando la constitución y el referéndum que rechazó su re-reelección) desató las iras de algunas fuerzas democráticas y de grupos fascistas y fundamentalistas mientras los sectores populares y e indígenas respaldaban su  re-reelección y los logros económicos y sociales y de reconocimiento de su identidad indígena. Evo cometió un fraude en el proceso electoral e irregulares en el acto electoral que desembocaron en un golpe cívico-militar, pese a que Evo ya había convocada a nuevas elecciones generales aceptando las exigencias de la OEA.

Mientras en Ecuador y Chile la cuestión de fondo es el modelo neoliberal, en Bolivia es la democracia detrás de la cual acecha el modelo neoliberal. En Ecuador y Bolivia la calle es plural con un fuerte componente indígena, mientras en Chile es básicamente urbana y de clases medias. Las demandas en Ecuador y Chile coinciden con las demandas de la izquierda latinoamericana, las de Bolivia enfrentan a la izquierda con la derecha. En Ecuador y Chile están ausentes los partidos, mientras en Bolivia dirigen la confrontación. La calle soberana y democratizadora va ganando hasta ahora la batalla.

Sinesio López Jiménez

Las elecciones de enero del 2020 serán generales, pero se van a parecer mucho a las regionales. Van a carecer de las locomotoras de los candidatos presidenciales que arrastran, con mucha frecuencia, a los candidatos congresales de las regiones. El efecto de arrastre hace que, como los ríos caudalosos, traiga muchas piedras, como hemos visto en las elecciones del 2016.

En las elecciones regionales pesan más los caudillos y las organizaciones locales que los partidos nacionales. La descentralización política y fiscal del 2004 en adelante ha desnacionalizado a la política, a los partidos y al estado mismo y ha instaurado una dinámica política propiamente regional. Es la lucha por el poder y el control de los recursos transferidos a las regiones. Esta lucha será reemplazada por la pugna para elegir una mejor representación politica de las regiones al Congreso de la República.

De hecho, hay pocos gobernadores pertenecientes a los partidos nacionales y ellos son tales no tanto por la fuerza de estos como por su liderazgo y prestigio personales. Los llamados partidos nacionales están conformados por caudillos con entornos leales que tienen una franquicia electoral que les permite participar en la competencia electoral nacional, regional y local. Esa franquicia es obtenida en el mercado en el que cada firma de respaldo cuesta aproximadamente un dólar.

El humor político de las regiones es variado. Depende de la tradición política y del nivel de acceso a los beneficios que genera el crecimiento económico (empleo, ingresos) y a los bienes públicos (salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura) que provee el Estado. Las regiones de la costa tienen un mayor acceso a estos beneficios y a los bienes públicos que las regiones de la sierra y de la selva, se sienten más satisfechas y eligen, por lo general, gobernadores de centro o de derecha. Las regiones de la sierra sur, central y alguna del norte son más contestarias y tienden a elegir gobernadores de izquierda o progresistas. Por esta razón, es probable que a la coalición de izquierda de Juntos por el Perú, Perú Libre y Nuevo Perú le vaya mejor de lo que creen sus detractores.

Las elecciones sin locomotoras van a producir un congreso muy fragmentado, con mayoría independiente, que, para funcionar con cierta eficiencia, tiene que organizar coaliciones post-electorales. El Ejecutivo no tendrá bancada propia, pero tampoco tendrá obstruccionismo congresal.

                                   Sinesio López Jiménez

Viscarra es el primer Presidente de la República que ha usado la facultad constitucional de disolver el Congreso luego de que este negara por dos veces consecutivas el voto de confianza al presidente del Consejo de Ministros. Esta facultad fue establecida por la Constitución de 1979 como un mecanismo de equilibrio de poderes del presidencialismo parlamentarizado (PP) luego de la negación del voto de confianza por tres veces consecutivas. La Constitución de 1993 la redujo a dos. La constitución de 1933 solo otorgaba al Ejecutivo la facultad de exigir el voto de confianza que, si le era negado, implicaba la renuncia del gabinete o de alguno de los ministros, pero no le otorgaba la facultad de disolver el Congreso.

¿Qué es el PP? Es una forma híbrida de gobierno que combina el presidencialismo (en el que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno y designa al jefe de la PCM)  con incrustaciones del parlamentarismo (voto de confianza obligatorio o voto de investidura, censura, etc). Esta forma de gobierno es llevadera si el Ejecutivo logra formar una mayoría parlamentaria que lo respalde. El problema de gobernabilidad surge cuando se tiene un gobierno dividido (GD) en el que un partido controla el Ejecutivo y otro partido tiene en sus manos el Congreso. El GD, propio del presidencialismo, es diferente a la cohabitación, propia del semi-presidencialismo.

El Perú ha tenido varios GD dentro del PP: Billingurst (1912-1914), Leguía (1919), Bustamante (1945-1948), Belaúnde (1963-1968), Fujimori (1990-1992), Kuczinsky (2016-2017) y Viscarra (2018-2019). La crisis de gobernabilidad de algunos de estos gobiernos condujo a golpes militares (Billingurst, Bustamante, Belaúnde), a autogolpes (Leguía, Fujimori), a renuncia ante la inminencia de la vacancia presidencial (Kuczynsky). Solo Viscarra ha podido escapar de esas tradiciones golpistas gracias al uso de la facultad constitucional de disolver el Congreso.

El GD en sí mismo no es fuente de ingobernabilidad. USA ha tenido, antes de Bush, 50 años de GD y ha llevado la fiesta en paz porque su forma de gobierno es el presidencialismo puro en el que existe una división y un equilibrio de poderes claramente establecidos. En un PP, en cambio, el GD se polariza entre vacancia del presidente y disolución del congreso. Todos los GD de PP en el Perú han tenido salidas insconstitucionales y autoritarias, excepto Viscarra quien, al hacer uso de una facultad constitucional, encontró una salida democrática.