Sinesio López Jiménez
Luego de las múltiples críticas al estudio del IPE sobre la pérdida de USS/.67, 000 millones de dólares debido a los conflictos mineros y a las trabas burocráticas, sus autores van a tener que hacer no solo una rebajita sino una nueva investigación, teórica y metodológicamente mejor fundamentada. Para comenzar van a tener que cambiar el planteamiento maniqueo del problema: las empresas mineras invierten y traen crecimiento, los antimineros introducen el conflicto y bloquean la inversión y el Estado coloca trabas burocráticas que demoran o hacen inviables los proyectos de inversión. Esta es una película más o menos conocida: las empresas mineras hacen el papel de buenos y los malos son los pobladores (antimineros) y el Estado.

Luego van a tener que redefinir su concepción hobbesiana del conflicto atribuida a los antimineros que serían, por naturaleza, conflictivos y violentos y entenderlo más bien como una relación social entre diversos actores con diferentes intereses. En este caso los actores son las empresas mineras que buscan invertir para obtener y maximizar la rentabilidad de su inversión, los pobladores que defienden sus propiedades agrícolas, el agua, el medio ambiente, etc, y el Estado que es propietario de las riquezas del subsuelo que concesiona a las empresas mineras para obtener una parte de la renta (impuestos, canon, regalías). Del juego de estos intereses nace el conflicto social que el IPE atribuye exclusivamente a los antimineros.

Los investigadores del IPE tienen que plantear también la distinta dinámica de de los conflictos mineros: Unos son confrontacionales mientras otros entran en negociaciones dependiendo de la forma como se planteen y replanteen los intereses de los protagonistas (tensión o contradicción) y de los alineamientos de fuerza entre ellos. Esto da lugar a distintos tipos de conflictos: antimineros y de coexistencia conflictiva. En los primeros (que son los menos) los pobladores se oponen a las inversiones mineras y al extractivismo y apuestan más bien a otras formas más amigables de desarrollo (la industria, la agricultura, la agroindustria) mientras en los segundos (que son los más) ellos aceptan la inversión minera, negocian las condiciones de la misma y defienden sus propios intereses. El IPE es tuerto porque ve sólo a los conflictos antimineros.

El grado de intensidad los conflictos mineros puede cambiar la naturaleza de los mismos. Ellos podrían pasar de antimineros a negociadores y viceversa. En esta mutación del conflicto (de antimineros a negociadores) pueden jugar un papel central las élites estatales y empresariales si consideran legítimos no sólo sus propios intereses sino también los de los pobladores y logran articular los intereses de los diversos protagonistas con los bienes públicos que interesen a todo el país. Lo que está en juego es la capacidad de las élites para armar coaliciones más o menos amplias que aprovechen el boom exportador para impulsar el desarrollo y construir las capacidades del estado. El IPE sólo quiere que el Estado sea escudo de los intereses de las mineras.

Los países en los que los actores orientados a la exportación dirigieron coaliciones gobernantes (Chile (1848-1883), Argentina (1825-1886), y Mauricio (1825-1895) que se comprometieron con proyectos importantes para proporcionar nuevos bienes públicos y ayudar a la producción de exportación, tuvieron éxito e impulsaron el crecimiento de las capacidades del Estado. Los gobiernos de los países en los que los exportadores estaban políticamente marginados (Colombia (1880-1905), Ghana (1945-1966) y Nigeria (1945-1966)) no pudieron articular los intereses privados con los bienes públicos y las capacidades del Estado se estancaron (Saylor, Ryan, 2014, State Building in Boom Times, Oxford University Press, p. 9).

Sinesio López Jiménez
Las esgrimas periodísticas pueden ser no sólo un entretenido cruce de plumas sino también el inicio de debates académicos y políticos de fondo cuando los protagonistas son destacados intelectuales (y economistas) como Roberto Abusada y Jurgen Schuldt. Abusada, reconocido economista neoliberal, escribió en El Comercio (30/06/15) Fracasomanía (término rescatado de Hirschmann) para aludir al pesimismo de los intelectuales latinoamericanos que no reconocen el gradualismo en el progreso económico y social sino que prefieren tirar todo por la borda para volver a “las desastrosas políticas del pasado”.

Abusada hace una reseña de un documento (El costo económico de la no ejecución de los proyectos mineros por conflictos sociales y trabas burocráticas) publicado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), un think tank neoliberal, en la que sostiene que el Perú, entre 2010 y ahora, ha perdido US$ 67,000 millones “debido a algún grado de conflictividad social o a la inhabilidad del gobierno de tener un marco legal predecible, dar información a los ciudadanos en las áreas de influencia del proyecto y algún mecanismo para enfrentar en el campo político a aquellos grupos interesados en promover el conflicto con fines ideológicos”.

Lo más interesante del artículo de Abusada es el cambio de chip que se produce en su cerebro gracias a los factores que supuestamente generan enormes pérdidas económicas: “El Estado, los gobiernos regionales y las empresas deberán rediseñar la manera en que se lleva a cabo la explotación de los inmensos recursos naturales que posee el Perú, y ello pasa por reconocer que muchos compatriotas en lugares remotos dudan de los beneficios que les reportará el extraer de manera responsable esa riqueza que yace bajo sus pies…La manera en que se deberán llevar a cabo los grandes proyectos no podrá circunscribirse al proyecto mismo. En cambio, la misma mina deberá ser un componente más de un conjunto de varios otros proyectos promovidos por el Estado que se lleven a cabo simultáneameante con su construcción y la posterior explotación del recurso…”.

Jurgen Schuldt, destacado economista de izquierda, responde a Abusada con el artículo “De mucho sirvieron las protestas por Tía María”, publicado en Hildebrant en sus Trece (Año 6, N. 257) que opone al pesimismo de los intelectuales latinoamericanos “la exitomanía que identifica a los promineros unidimensionales, un comportamiento eficaz para mantener el statu quo o, más sofisticadamente, para hacer cambios para que nada cambie”. Con fina ironía señala que no sólo hay que lamentar las enormes pérdidas económicas sino también las “migraciones involuntarias, cientos de heridos y, por lo menos, cinco vidas” que son irrecuperables.

Schuldt sostiene que las protestas sociales “consiguieron algunas concesiones y compensaciones elementales, pero indispensables, para el Valle del Tambo” (un segundo EIA, un fideicomiso para afrontar daños potenciales, un desalinizadora de US$ 95 millones, etc.). “Pero lo más importante y fructífero de las prolongadas protestas –celebra Schuldt- es que sólo así fue posible, muy recientemente, que algunos intelectuales y opinólogos pro mineros a rajatabla despertaran” y se atrevieran a sugerir un nuevo y complejo diseño para inversiones mineras. Seguiremos con este importante debate.

Sinesio López Jimenez
Los resultados de la encuestas sobre las elecciones del 2016 son muy prematuros, pero útiles para conocer el actual estado de ánimo de los electores frente a determinados políticos que quieren ser candidatos. Las preguntas que se refieren a la primera vuelta son incluso muy pertinentes y plausibles porque pueden (o debieran) servir para que algunos candidatos persistan en sus aspiraciones y otros anuncien su retiro y dejen de hacer el ridículo, además de perder plata y tiempo.

Las preguntas que se refieren a la segunda vuelta en elecciones generales, en cambio, no tienen sentido porque esta es otro partido hablando en términos futbolísticos. No es el segundo tiempo del mismo partido. Tras el rostro de los que pasan a la segunda vuelta se esconden otros jugadores, otra lógica de juego político, otro tiempo y otras circunstancias. Hay que replantear la campaña electoral, redefinir con más precisión el perfil de los adversarios, adecuar los programas y las estrategias, organizar nuevas coaliciones y expresar todos estos cambios en un nuevo discurso sin abandonar el contenido del anterior.

Eso requiere un trabajo político muy fino porque se trata de ganar nuevos votantes sin perder los anteriores. Cuando no se toma en cuenta que la segunda vuelta es otro partido, se puede caer en el ridículo en el que cayó Castañeda en el 2011: Estaba feliz porque ganaba a todos en la segunda vuelta, pero … perdía en la primera. Los datos de la encuestas referidos a la primera vuelta no son, sin embargo, inamovibles porque hay un 40% de los electores que no quieren saber nada con los candidatos favoritos pese a que, como bien anota Santiago Pedraglio, ellos han avanzado un poco en las preferencias y porque todos navegan en aguas movedizas que pueden tornarse turbulentas.

Keiko Fujimori, sin embargo, parece resistir todas las acusaciones y turbulencias casi sin pestañar. Gracias a las campañas mediáticas contra el gobierno, Toledo y García, la ex-primera dama del gobierno más corrupto de la historia aparece como la política menos corrupta, casi impoluta. ¡Cosas veredes, Sancho!. En cambio, a García, a PPK y a Toledo, cualquier vendaval político puede dejarlos como palo de gallinero.

Mención especial merece el rubro otros que parece ser una especie de cementerio para liliputienses en el que se van a enterrar las ilusiones pasajeras, las ambiciones persistentes y los sueños infundados de políticos que han decidido suicidarse. Este es el caso de los supuestos candidatos de las izquierdas que persisten en mantener la fragmentación política y en destruir las esperanzas de cambio de vastos sectores sociales descontentos con el modelo neoliberal, impuesto y defendido por las derechas. Es una vergüenza que hasta Brad Pizza les gane.

Los resultados de las encuestas (Yehude Simon con 0.5%, Marco Arana con 0.4 y Gregorio Santos con 0.3) debiera impulsarlos a convocar a una conferencia de prensa en que los tres renuncian a sus candidaturas y anuncian que se van a realizar muchos focus groups y encuestas en el nivel nacional y regional para escoger a la mejor candidata o al mejor candidato de la izquierda que sea capaz de atraer no sólo a las fuerzas populares descontentas sino también a las clases medias progresistas que buscan el cambio en democracia.

Sinesio Lopez Jimènez
La crisis política es generalmente definida como la perturbación temporal de un orden político estable. Ella se presenta como la excepción dentro de la regla. En el Perú neoliberal de 1990 en adelante, en cambio, la crisis política parece ser la regla y el orden político, la excepción. Podemos afirmar que hay ciertos períodos de orden político (autoritario durante el fujimorismo y democrático durante el segundo gobierno de García y parte del de Humala) dentro de una crisis política permanente.

¿Qué explica la permanencia de la crisis política peruana?. Hay varios factores, pero destaco tres de ellos. Primero, la devaluación del Estado y la política que trajo consigo la instalación del orden neoliberal. En 1990 las fuerzas neoliberales externas e internas instalaron un orden económico más o menos estable y blindado, a pesar de ciertos períodos de turbulencia (la recesión de 1998, la nueva recesión del 2008 y la desaceleración del 2014) y mantuvieron un orden político volátil (estado débil, colapso de partidos, debilidad institucional, etc). Segundo, la incapacidad de integración económica y social del nuevo modelo, dejando fuera de sus beneficios a amplios sectores sociales. El boom exportador (que no es parte del modelo) mitigó parcialmente esa incapacidad. Tercero, el desinterés (¿o la incapacidad?) de las fuerzas neoliberales en hacer reformas políticas, institucionales y del estado que habrían dado cierta estabilidad a la política y habrían fortalecido al estado. Sólo les interesó modificar la Constitución para blindar al modelo económico.

No todos los elementos del orden político (el gobierno, el régimen político, la forma de gobierno democrático, el estado, los partidos, el sistema electoral, la constitución y las instituciones políticas en general) experimentan la misma profundidad de la crisis. En unos casos la crisis es más grave que en otros. La crisis actual, por ejemplo, se caracteriza por lo siguiente: Primero, un gobierno débil e inestable, con gabinetes volátiles (6 meses de duración promedio), sin mayoría parlamentaria, es incapaz para enfrentar la desaceleración económica, combatir la corrupción y garantizar la seguridad ciudadana.

Segundo, la forma de gobierno de presidencialismo parlamentarizado ha transformado las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo en contradicciones, genera inestabilidad política y da lugar a los rumores de golpe y contragolpe. El control del Congreso por el aprofujimorismo puede generar más inestabilidad como en los 60 del siglo pasado. Tercero, el incremento de la fragmentación parlamentaria hace ingobernable el Congreso y afecta la estabilidad política del país. Cuarto, la inexistencia de un sistema de partidos que canalice la representación de las clases y grupos sociales y ponga tranquilidad a los tiempos agitados. La carencia de partido de gobierno desde 1990 hasta ahora y el manejo patrimonial y arbitrario de las organizaciones políticas existentes potencian la inestabilidad.

Quinto, la debilidad del estado (que, como la mayoría de los estados de AL, tiene muchas competencias y pocas capacidades para desempeñarlas bien) aumenta el desorden y la ingobernabilidad. Pese a las deslealtades de algunos opositores políticos con la democracia, pienso que el régimen político democrático no está en cuestión.

Sinesio López Jiménez
A Humala se le puede acusar de traidor, pero no de corrupto. Al menos por ahora. Quizá cuando abandone Palacio y se levante la alfombra pueden llover las acusaciones con cierto fundamento. ¿Por qué entonces Humala y Nadine son vistos por los encuestados de IPSOS como los políticos más corruptos a la cabeza de una patota de conocidos asaltantes del fisco?. ¿Desde cuándo las pirañas son más peligrosos que los tiburones?. ¿Qué explica esta distorsionada percepción de los encuestados?. ¿Qué ha producido esta práctica inversión de la realidad según la cual los primerizos encabezan la corrupción mientras los peces gordos pasan piola?.

El caso más escandaloso es el de la primera dama en uno de los gobiernos probadamente más corruptos de la historia que es vista como la menos corrupta. De Ripley y el jefe de la encuestadora ni pestañea. Es cierto que la señora Heredia tiene que explicar contratos, depósitos, gastos, compras, frivolidades, cuentas que no cuadran de las campañas electorales del 2006 y del 2011 como tienen que hacerlo los competidores de Humala para que la justicia sea igual para todos. A partir de estos hechos los medios concentrados desatan una campaña sostenida, los inflan hasta el escándalo, les otorgan solemnidad con pomposos editoriales, los políticos de derecha elevan los decibeles en el Congreso y avispados fiscales y jueces partidarios de otros candidatos en liza entran a tallar.

Las encuestadoras cuentan los muertos y heridos de la carnicería mediática y el buque insignia de los medios concentrados culmina la faena con grandes titulares como este: La popularidad del presidente y su esposa se desploman (El Comercio, 14/06/15). ¿Por qué la señora Heredia ha dejado de ser la engreída de los medios concentrados y de la derecha para convertirse en la bete noire del oficialismo? ¿Qué cambios en el personaje, en los tiempos y en las circunstancias explican la ruptura del gobierno con la derecha política y mediática?.

La relación del gobierno con la derecha económica, en cambio, sigue igual y es solidaria. Luego del viraje y la traición, la pareja presidencial sigue sirviendo lealmente los intereses económicos de la CONFIEP y esta retribuye sus servicios llamando a la serenidad y a sostener al gobierno más allá de las encuestas catrastrofistas. La derecha política y mediática, en cambio, está empeñada en mostrar, sin pruebas contundentes y creíbles, que la pareja presidencial quiere perpetuarse en el poder (reelección presidencial), sigue siendo chavista (financiamientos de Venezuela), es inepta (bajas tasas de crecimiento) y es corrupta (lavado de activos, gastos frívolos, cuentas secretas, etc).

Humala y Nadine siguen aplicando las mismas políticas neoliberales de los gobiernos anteriores, han gobernado y gobiernan con los mismos burócratas en el MEF y en el BCR. Lo nuevo es el cambio de los tiempos y las circunstancias. Hemos entrado a una nueva etapa electoral y las derechas políticas y mediáticas están interesadas en matar varios pájaros de un tiro: La izquierda es chavista, inepta y corrupta; escarmentar a los electores que votaron por ella; impedir que vuelvan a votar por un candidato de izquierda en el 2016; eliminar a un adversario de la contienda electoral; ahorrarse un nuevo susto como el del 2011.

Sinesio López Jiménez
A Humala se le puede acusar de traidor, pero no de corrupto. Al menos por ahora. Quizá cuando abandone Palacio y se levante la alfombra pueden llover las acusaciones con cierto fundamento. ¿Por qué entonces Humala y Nadine son vistos por los encuestados de IPSOS como los políticos más corruptos a la cabeza de una patota de conocidos asaltantes del fisco?. ¿Desde cuándo las pirañas son más peligrosos que los tiburones?. ¿Qué explica esta distorsionada percepción de los encuestados?. ¿Qué ha producido esta práctica inversión de la realidad según la cual los primerizos encabezan la corrupción mientras los peces gordos pasan piola?.

El caso más escandaloso es el de la primera dama en uno de los gobiernos probadamente más corruptos de la historia que es vista como la menos corrupta. De Ripley y el jefe de la encuestadora ni pestañea. Es cierto que la señora Heredia tiene que explicar contratos, depósitos, gastos, compras, frivolidades, cuentas que no cuadran de las campañas electorales del 2006 y del 2011 como tienen que hacerlo los competidores de Humala para que la justicia sea igual para todos. A partir de estos hechos los medios concentrados desatan una campaña sostenida, los inflan hasta el escándalo, les otorgan solemnidad con pomposos editoriales, los políticos de derecha elevan los decibeles en el Congreso y avispados fiscales y jueces partidarios de otros candidatos en liza entran a tallar.

Las encuestadoras cuentan los muertos y heridos de la carnicería mediática y el buque insignia de los medios concentrados culmina la faena con grandes titulares como este: La popularidad del presidente y su esposa se desploman (El Comercio, 14/06/15). ¿Por qué la señora Heredia ha dejado de ser la engreída de los medios concentrados y de la derecha para convertirse en la bete noire del oficialismo? ¿Qué cambios en el personaje, en los tiempos y en las circunstancias explican la ruptura del gobierno con la derecha política y mediática?.

La relación del gobierno con la derecha económica, en cambio, sigue igual y es solidaria. Luego del viraje y la traición, la pareja presidencial sigue sirviendo lealmente los intereses económicos de la CONFIEP y esta retribuye sus servicios llamando a la serenidad y a sostener al gobierno más allá de las encuestas catrastrofistas. La derecha política y mediática, en cambio, está empeñada en mostrar, sin pruebas contundentes y creíbles, que la pareja presidencial quiere perpetuarse en el poder (reelección presidencial), sigue siendo chavista (financiamientos de Venezuela), es inepta (bajas tasas de crecimiento) y es corrupta (lavado de activos, gastos frívolos, cuentas secretas, etc).

Humala y Nadine siguen aplicando las mismas políticas neoliberales de los gobiernos anteriores, han gobernado y gobiernan con los mismos burócratas en el MEF y en el BCR. Lo nuevo es el cambio de los tiempos y las circunstancias. Hemos entrado a una nueva etapa electoral y las derechas políticas y mediáticas están interesadas en matar varios pájaros de un tiro: La izquierda es chavista, inepta y corrupta; escarmentar a los electores que votaron por ella; impedir que vuelvan a votar por un candidato de izquierda en el 2016; eliminar a un adversario de la contienda electoral; ahorrarse un nuevo susto como el del 2011.

Sinesio López Jiménez
Más allá de las buenas intenciones, UNETE por otra democracia y el Frente Amplio están trabajando objetivamente para la derecha al mantener y justificar la fragmentación de la izquierda. Varios izquierdistas- me incluyo- y muchos progresistas no se sienten representados por ellos. Existe un gran descontento social y un amplio rechazo político a los principales candidatos de la derecha que no son expresados ni representados por esos frentes. Esos sentimientos intensos y masivos –que configuran un espacio sociopolítico de izquierda- no pueden ser representados tampoco por otras derechas emergentes, ni por el centro, ni por el frente filosenderista en formación sino por una izquierda democrática unificada.

La unidad de la izquierda no es un fantasma del pasado, sino una necesidad política del presente si ella quiere convertirse en una fuerza política gravitante del país. No basta, por cierto, el espacio sociopolítico de izquierda para que se produzca la unidad. Ella necesita una base programática de cambios. Steven Levitsky propone olvidar el discurso anticapitalista y limitarse a un programa distributivo que obligue a los ricos a pagar más impuestos, esto es, un programa socialdemócrata que le da un rostro humano al capitalismo. Eso requiere –sostiene- una renovación radical de la izquierda para catapultar a una izquierda joven, excluir a la vieja guardia, borrar los viejos símbolos contestarios y buscar el apoyo de la clase media.

El programa distributivo, siendo importante, es muy estrecho para conseguir una unidad social y política más vasta. Esta requiere un programa más amplio y complejo que cambie el modelo económico extractivista y primario exportador y que plantee profundos cambios sociales, políticos, estatales y culturales. Ese programa puede ensanchar la base social y política de la unidad de la izquierda. No hay razones para excluir a los que sueñan con un horizonte utópico socialista y piensan que es posible otra sociedad libre y justa en el largo plazo, siempre y cuando compartan el programa de mediano plazo.

Más que una ruptura de generaciones es necesario plantear continuidades y rupturas en las generaciones de la izquierda. Ni la vieja generación está llena de errores y defectos, ni la nueva generación es un dechado de virtudes. Las viejas generaciones cometimos muchos errores, pero hicimos algunas cosas de las que nos sentimos orgullosos. La IU, por ejemplo, acabó con el enfrentamiento entre la vieja izquierda que venía de los años 30 del siglo pasado y la autoproclamada nueva izquierda de los 60 y de ese modo se transformó en una importante fuerza política del país en los 80. Cometió muchos errores (que hay que superar), pero tuvo también muchos aciertos. Uno de ellos la unidad de la diversas fuerzas de izquierda para superar la fragmentación.

La nueva generación, además, políticamente no existe porque no tiene una organización propia. Todas las organizaciones de izquierda son una mixtura de diversas generaciones. Pienso que, actuando con un sentido histórico y político de largo plazo, hay que otorgarles un espacio mayor a las nuevas generaciones. Más aún, estoy casi de acuerdo con la fórmula presidencial que sugiere Levitsky. Sería mejor, sin embargo que un independiente de izquierda de prestigio de la vieja generación la integre. La unidad no depende, por desgracia, de los buenos deseos de los analistas sino de la voluntad y del nivel de racionalidad política de las organizaciones de izquierda realmente existentes.

Sinesio López Jiménez
El caso de Nadine y de su familia como administradora de las finanzas de la campaña del 2006 es el caso de todos los partidos que entran a la lid electoral. Pueden variar las fuentes de financiamiento (nacionales o extranjeras), la manera de canalizarlas (institucional o informal), los montos, las formas de administrarlas y gastarlas, el destino de los excedentes, las deficientes rendiciones de cuentas, los cajeros (para usar los términos de García quien sabe de qué habla porque ha tenido varios), pero el fenómeno es el mismo en todos los partidos. ¿ Porqué Nadine y el nacionalismo son responsables y los otros partidos no lo son?. ¿Es tuerto el fiscal que sólo ve un caso y no los otros u obedece la consigna política de un partido con influencia en la Fiscalía y en los medios judiciales?

¿Los fondos que se reciben para las campañas electorales constituyen formas de lavado de activos? Si así fuera, todos los partidos están en la picota. Se puede discutir la legalidad de algunas fuentes. ¿Son ilegales los financiamientos externos? ¿Es ilegal el financiamiento del chavismo? ¿Por qué no son ilegales los financiamientos de la socialdemocracia, los del socialcristianismo y de otras fuentes externas?. Lo que es a todas luces ilegal es el financiamiento de las de las campañas o de las contracampañas con fondos públicos o con fondos del narcotráfico o de otras actividades ilegales. Pero ni los fiscales ni los jueces criminalizan estos casos.

Muchos políticos y partidos han visto a los procesos electorales como una forma de reclutar dinero fácil y de enriquecerse. Luego de la campaña, pueden quedar excedentes cuyo destino se desconoce y sólo después de cierto tiempo se descubre adonde van. Si esto es un delito, tienen que ser sancionados todos los políticos que lo han cometido. Ahora la campaña de los medios concentrados se dirige a los lujosos gastos de la primera dama. La frivolidad puede ser éticamente cuestionable, pero no es un delito a no ser que ella sea financiada con coimas o con fondos públicos. Pero si la frivolidad es financiada con los excedentes de la campaña, ese supuesto delito es compartido casi por todos los políticos más importantes del país.

Las derechas políticas y mediáticas están jugando con fuego sin interesarles, al parecer, las consecuencias de su juego. Algunos analistas han visto en el horizonte el peor escenario: la vacancia presidencial por supuesta incapacidad moral (o golpe del Congreso) y el autogolpe (u Ollantazo). ¿Es este escenario de colapso del régimen democrático una consecuencia no buscada o es algo expresamente buscado? Supongo que este juego derechista es una mezcla de ambas cosas. Es posible que los medios concentrados se muevan con una cierta ética de la convicción sin pensar en los resultados de sus agresivas campañas mediáticas y que los políticos de derecha (especialmente García) estén buscando expresamente ese resultado.

La correlación política y mediática parece ser favorable a la vacancia, pero Humala sigue controlando la correlación militar y puede responder con un manotazo militar. Este es un escenario extremo porque extremas y exageradas son las campañas mediáticas, las denuncias de los jueces y fiscales y las conductas de los políticos de derecha. Y extrema también puede ser la respuesta de Humala.

Sinesio López Jiménez

Humala repite lo que la Southern dice (terroristas antimineros) y hace lo que la derecha mediática quiere. Se ha mimetizado con los intereses privados de los ricos. Con la declaratoria del Estado de Emergencia, Humala pasa de la suspensión a la imposición del Proyecto Tía María a como dé lugar, lo que revela la clamorosa debilidad del gobierno y del Estado y la fuerza política de los medios concentrados. La suspensión se apoyaba en una correlación social y política de fuerzas (CONFIEP, PPK, Fujimori, Toledo) que abría la posibilidad de llegar a una solución conversada si se extendía un poco más en el tiempo (seis meses por ejemplo).

La imposición a través del estado de emergencia lleva a un callejón sin salida. Agudiza la polarización existente entre las fuerzas sociales y políticas que quieren su cancelación y las que buscan imponerlo a sangre y fuego y elimina el espacio de negociación. Cancela el diálogo o lo hace difícil sino imposible. O impone una parodia de diálogo con interlocutores escogidos por el gobierno y por la Southern, excluyendo a los reales actores del conflicto. En Cajamarca (noviembre del 2011) el SIN entregó una lista de interlocutores que Salomón Lerner Ghitis rechazó porque no estaban los dirigentes con los que tenía que dialogar.

¿Modifica el estado emergencia la correlación de fuerzas para hacer viable el proyecto Tía María?. La correlación militar es aplastante, pero no basta para imponerlo. No se puede invertir a balazos dentro de un régimen democrático; la acumulación primitiva es un asunto del pasado. Se requiere un poderoso aval político y social. Es dudoso que las principales fuerzas políticas de derecha respalden la imposición militar en tiempos electorales cuando lo que buscan es más bien el favor de los ciudadanos. Pero, aún si se sumaran al cargamontón coercitivo, su respaldo no cambia probablemente la correlación de fuerzas en las regiones del sur en donde su arraigo político es débil.

Las derechas y el gobierno se equivocan si creen que con el Estado de emergencia van a acabar con el movimiento social de resistencia y oposición al proyecto minero. La persecución y el encarcelamiento de sus dirigentes pueden debilitarlo, pero no doblegarlo ni menos eliminarlo. Están en juego los intereses de la mayoría de la población de la provincia de Islay que, además, cuenta con el respaldo mayoritario de las regiones del sur. La medida autoritaria del gobierno y de las derechas se basa en un diagnóstico simplista, superficial e interesadamente estúpido: Las luchas sociales en la minería o en cualquier otro sector económico son generados por las izquierdas, los subversivos, los terroristas. Basta perseguirlos, encarcelarlos e incluso asesinarlos para acabar con ellas.

¿Es posible un acuerdo en el caso del proyecto de Tía María? Es posible bajo ciertas condiciones: Levantar el estado de emergencia, abrir el diálogo entre la empresa, los pobladores amenazados por el proyecto y el Estado, someter a un arbitraje internacional el EIA cuestionado por la gente de Islay, recuperar la confianza perdida y garantizar por parte del Estado los intereses y los derechos de todos.

Sinesio López Jiménez

Si las encuestas miden la correlación social y política de fuerzas, entonces Tia María no va porque ya fue (para decirlo en el lenguaje de los jóvenes). La encuesta urbana de Ipsos (del 12-15 de mayo) muestra un empate técnico en el nivel nacional entre los que están a favor del proyecto y los que se oponen (si se toma como base los que están informados sobre el tema: 51%). En las regiones del sur la oposición sube a 54% y los simpatizantes bajan a 38%. Es probable que si la encuesta se hubiera extendido al área rural la oposición habría sido mayor. Hay que recordar que Conga quedó cancelado cuando más del 70% de los cajamarquinos expresó su oposición a ese proyecto.
La medida de suspensión acordada por la empresa y el gobierno (y postulada por Keiko Fujimori, PPK y Toledo y susurrada por la CONFIEP) se coloca en el medio entre el apoyo y la oposición. La medida como es obvio, irrita a quienes quieren imponer el proyecto a como dé lugar y los que quieren cancelarlo. Los primeros tienen el poder mediático y son los más aguerridos y chillones. Quieren que el gobierno declare el Estado de emergencia para aplicar el proyecto aunque el costo sean los muertos, heridos y los encarcelamientos de los opositores. La derecha social y política (quizás por razones electorales) está de acuerdo con la suspensión temporal del proyecto, pero la derecha mediática está visceralmente en contra.

Los opositores al proyecto son la mayoría de los pobladores de Islay, de Arequipa y de las regiones del sur y las izquierdas. Estas combaten a Tía María como antes a Conga en defensa de la agricultura, del medio ambiente y de la salud de la población, pero negocian abiertamente con otras empresas mineras mejores condiciones para la población. Su lucha contra la minería es relativa, en unos casos de oposición y en otros de negociación, dependiendo su posición política de la demanda social de la gente. Las izquierdas no inventan el malestar de la población. Es un error conceptual y práctico pensar que las izquierdas inventan los conflictos mineros y que la gente de las zonas mineras es idiota y manipulable.
Todas la derechas (sociales, políticas y mediáticas) comparten esta visión estereotipada de las izquierdas, como probablemente estas tienen la misma visión de las derechas. Debajo de estas visiones estereotipas existe, sin embargo, un conflicto social real entre las empresas mineras y los pobladores de diversa naturaleza e intensidad. Todo esto explica que la forma de conflicto sociopolítico en el campo de la explotación de los recursos naturales sea la confrontación, que sea muy difícil el diálogo y que el recurso político más fácil sea la declaración del Estado de emergencia que aplasta las libertades de la gente en nombre de la libertad y del derecho.