Sinesio López Jiménez

Si Julio Guzmán y César Acuña no hubieran salido del pelotón de los pitufos no estarían sufriendo el fuego graneado de sus competidores políticos y de los medios concentrados. Apenas pasaron el umbral del 5% y entraron a disputar el segundo lugar a los candidatos favoritos del establisment, los medios concentrados enfilaron todas sus baterías contra ellos. Apoyándose en múltiples y descarados plagios de Acuña, desplegaron una contracampaña feroz para sacarlo del juego electoral. Sumaron la compra de votos con plata como cancha para reforzarla. A Guzmán se le acusa de incumplir ciertos procedimientos administrativos en su inscripción partidaria.

El caso de Guzmán saca a luz el divorcio existente entre la normatividad jurídica y la realidad sociopolítica del país. Se aplica rigurosamente una ley de partidos y se exige el cumplimiento estricto de engorrosos procedimientos de organización y funcionamiento de estructuras partidarias en un país donde no hay partidos. Este choque entre lo jurídico y lo político da lugar a tres situaciones más o menos diferenciadas. La primera se refiere a los partidos que agonizan, sobreviven y cuentan, sin embargo, con una mínima estructura partidaria y con una vasta experiencia en las lides electorales. Ellos cumplen mal que bien con toda la parafernalia procedimental.

La segunda tiene que ver con los candidatos que mienten bien. No tienen estructuras partidarias, pero cuentan con una cierta experiencia en inventar en forma creíble estructuras, asambleas, reuniones, acuerdos y procedimientos de tal forma que no sean observados por los organismos electorales. La tercera alude a los candidatos que mienten mal. No tienen una mínima estructura partidaria ni experiencia alguna en inventar situaciones creíbles ni en llenar bien los papeles necesarios a ser presentados a los organismos electorales. Esta es la situación de Julio Guzmán y sus moraditos.

¿Qué hacen los organismos electorales frente a estas diversas situaciones?. En el mejor de los casos, surgen dos corrientes como hemos visto en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE): los procedimentalistas extremos y duros y los procedimentalistas laxos y blandos. Los primeros no toman en cuenta el choque entre lo jurídico y lo político, aplican las normas a rajatabla y se llevan de encuentro algunos derechos fundamentales de los candidatos y de los ciudadanos que los respaldan. Los segundos consideran el divorcio entre la ley de partidos y la realidad sin partidos, aplican las normas con cierta laxitud y blandura y las subordinan al respeto a los derechos fundamentales de participación política y de competencia electoral de los candidatos y los ciudadanos.

Esta segunda corriente busca una salida justa, inteligente y democrática al choque existente entre lo jurídico y lo político. Es lo que han hecho el doctor Francisco Távara (presidente del JNE) y el doctor Carlos Cornejo. Si los Jurados Especiales de las diversas regiones siguen esta línea, Julio Guzmán y sus listas de candidatos al Congreso puede continuar en la batalla electoral. Si siguen la línea de la mayoría del JNE, Guzmán queda gravemente herido, pero aún puede apelar a una última decisión del JNE o del TC, cuyas decisiones finales pueden declarar su vida o su muerte como candidato.

Pero en esta batalla compleja no juegan sólo las decisiones de las entidades electorales sino también la política que desplieguen Guzmán y sus partidarios.

Sinesio López Jiménez
“El plagio es un asunto académico que poco o nada interesa a los de abajo. Los académicos exageran cuando creen que su pequeño y privilegiado mundo es el mundo de todos. El plagio interesa también a los políticos que quieren tumbar a Acuña. A los electores que se ven o quieren verse retratados en él, les interesa un comino el plagio. Disculpen la franqueza”. Este párrafo que escribí en mi muro del Facebook ha desatado las iras de algunos intelectuales y periodistas que confunden el deber ser con la cruda realidad y que se guían más por la ética de la convicción que por la ética de la responsabilidad (Weber). “Di tu verdad y rómpete”, les diría Vallejo.

Las encuestas revelan que el apoyo electoral que recibe el doctor Acuña proviene principalmente de los sectores pobres y muy pobres. Sólo el 2.6% de las clases medias y altas votarían por él, mientras el 11.6% (cinco veces más) de los pobres y muy pobres lo respaldarían (La Republica, 01/02/16). Las entrevistas hechas por los medios muestran también que estos seguirían respaldándolo, pese a la acusación de plagio. Otros casos parecidos son los de Keiko Fujimori y de Luis Castañeda Lossio.

Keiko Fujimori encabeza las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del 2016, pese a que carga una mochila de crímenes de lesa humanidad en los que es cómplice y delitos de corrupción en los que es autora. Ella recibe, sin embargo, un respaldo tres veces mayor de los sectores pobres y muy pobres en comparación con el de las clases medias y altas.
Luis Castañeda, el actual alcalde limeño, fue elegido pese a que era acusado de corrupción en el caso Comunicore. El responsabilizó a funcionarios menores y salió del caso con la ayuda de jueces, fiscales y del Tribunal Constitucional. Su elección fue respaldada por todos los sectores sociales, sobre todo por los distritos populares limeños y por los distritos de los conos de la gran Lima. Las encuestas revelan que para la mayoría de los limeños es más importante que las autoridades hagan obra, aunque roben.

En todos estos casos y en otros parecidos mi requisitoria no es contra los pobres sino contra las elites dominantes y gobernantes que despliegan políticas públicas que producen o reproducen la situación de miseria de los de abajo y les exigen, sin embargo, un comportamiento ético cuando ellas mismas son corruptas o avalan la corrupción. Para los de abajo es más importante comer que plagiar. Para las élites económicas, sociales, culturales, en cambio, es más importante defender los derechos de propiedad intelectual que comer porque todos ellos tienen sus barriguitas llenas. Son las élites y los gobiernos corruptos los que han producido una relativización de los valores éticos en las clases populares.

A todo lo anterior hay que añadir que las investigaciones de Ronald Inglehart y de su equipo (Princeton University Press, 1997) han mostrado que a partir de los 80 del siglo pasado se ha producido una brecha cultural entre el norte y el sur. Mientras la cultura del norte se organiza en torno a los valores posmaterialistas (la expansión del yo y la calidad de la vida), la del sur lo hace en torno a valores materialistas (empleo, ingresos, condiciones de trabajo, salud, educación, etc.). La evidencia de las encuestas sobre valores mundiales dice que el cambio entre los valores materialistas y posmaterialistas es solo uno de los componentes de un cambio cultural mayor que tiene que ver con la emergencia de la posmodernización y de la posmodernidad en Occidente.

Sinesio López Jiménez
“Quiero decir que yo he sufrido y he cargado una mochila muy grande por errores de terceros…y jamás permitiré que mis hijas carguen la mochila que yo he cargado durante tantos años”. Así concluyó con tono dramático Keiko Fujimori su exposición sobre la corrupción en el Perú organizado por Proética en la Universidad del Pacífico.

Keiko comete varias falacias con la finalidad de soslayar su responsabilidad en el gobierno de su padre. En primer lugar, la mochila no es de terceros lejanos sino de su padre, del cual fue su primera dama, luego de haber desbarrancado a su madre de ese cargo oficioso. En segundo lugar, esa mochila no contiene errores sino crímenes de lesa humanidad y corrupción en grande (en eso tiene razón), nunca vista en la historia del Perú. En tercer lugar, Keiko participó en el llenado de esa mochila en un caso como cómplice y en otro como autora.

Montesinos mismo ha declarado que él le entregaba cada cierto tiempo una cantidad de dinero para que pague sus estudios y los de sus hermanos en algunas universidades norteamericanas. Este hecho ha sido judicializado, pero los fiscales y los jueces la han blindado. Lo mismo ha hecho el Congreso anterior y el actual gracias al fujimorismo y al aprismo, su aliado.

Es necesario analizar detalladamente la mochila de los Fujimori para entender a cabalidad la corrupción en el Perú. Ella es una especie de laboratorio que contiene en forma desarrollada todos los elementos que componen el fenómeno de la corrupción. En primer lugar, el gobierno de Fujimori fue controlado por una mafia dirigida por el mismo Fujimori, por Vladimiro Montesinos y por la cúpula militar. Luego del autogolpe organizó un gobierno autoritario para cubrir con un velo de ignorancia los crímenes y la corrupción. Esta era dirigida desde la cúpula del gobierno autoritario.

En segundo lugar, fue un gobierno sin transparencia tanto en la toma de decisiones como en la aplicación de las políticas públicas. En segundo lugar, las compras públicas, las licitaciones y las privatizaciones se realizaron sin reglas claras y sin rendición de cuentas. En tercer lugar, una parte significativa del abultado monto de las privatizaciones (más de 6 mil millones de dólares) fue robado por la mafia gubernamental. En cuarto lugar, el narcotráfico penetró las diversas instancias del gobierno y del Estado, comenzando por la cúpula.

En quinto lugar, el gobierno capturó con métodos mafiosos a los diversos organismos de control (al Congreso, al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Contraloría, al entonces Tribunal Constitucional) para tener las manos libres en la comisión de crímenes y delitos de corrupción. En sexto lugar, el gobierno sobornó con millones de dólares a los dueños de los medios y a algunos periodistas y les compró su línea editorial y su silencio. En sétimo lugar, reforzó con sus actos la cultura permisiva de la corrupción. El dicho “que robe con tal que haga obra” se convirtió en moneda corriente.

El gobierno de transición de Paniagua acabó con el festín fujimorista de la corrupción. Fujimori, Montesinos y casi toda la cúpula militar están presos. Algunos, como parte de la familia Fujimori, se escaparon y permanecen fugitivos. Otros tratan de burlar a la justicia gracias a los fiscales y a los jueces corruptos. Los gobiernos posteriores, lejos de combatirla, armaron su propia mochila y han sido acusados y denunciados en los tribunales de justicia.

Sinesio López Jiménez
La política y la campaña no son la misma cosa, pero se complementan. La política alude a la definición de los enemigos y de los adversarios y a la construcción de un conjunto de las herramientas necesarias para librar la lucha por el poder (las ideologías, los programas, las representaciones y las organizaciones, las estrategias, las coaliciones). La campaña se refiere a la elaboración de mensajes, a la construcción de discursos, a las estrategias de comunicación y de difusión en los medios masivos y al financiamiento de la misma.

La campaña no reemplaza a la política, pero esta no basta para tener éxito en las elecciones. No se puede hacer una buena campaña con una mala política. La política es la base de la campaña. No se puede elaborar un mensaje popular creíble cuando la política apuesta a la fragmentación de la representación de las clases populares. No se puede construir un discurso de amplia convocatoria cuando la política es estrecha, sectaria y dogmática.

La política ha cambiado mucho, pero las campañas han evolucionado más rápido que la política. En el Perú del siglo XIX, con predominante población rural, analfabeta e incomunicada, la política fue patrimonial y pretoriana y, cuando se convocaba a elecciones, estas eran relativamente abiertas y no institucionalizadas. Las campañas se hacían por correspondencia entre las élites para obtener el apoyo de los votantes.

En las tres primeras décadas del siglo XX la política oligárquica fue patrimonial y elitista. La reforma electoral de 1895 institucionalizó las elecciones, pero redujo la participación electoral al 2% de la población. Sólo podían votar los hombres alfabetos mayores de 21 años. Las campañas electorales combinaron la difusión en la prensa escrita de algunas ciudades con las movilizaciones callejeras.

A partir de 1930 la política cambió: se masificó y se profesionalizó. Los políticos viven para la política porque pueden vivir de la política. La oligarquía apostó al golpe entre 1931 y 1956 y el Apra, a la escopeta de dos (a veces de tres) cañones: elecciones e insurrecciones (y al golpe). La participación electoral se amplió, no por el cambio de las reglas de juego, sino por el avance de la educación. Las campañas se desarrollaron en la plaza pública (cuyo nivel de abigarramiento se medía con el manifestómetro inventado por La Prensa), en la radio y en la prensa escrita. A partir de l960 se sumó la TV que se transformó en el medio por excelencia de la campaña electoral, lo que la ha hecho más costosa.

Luego de las grandes reformas de Velazco y de la eliminación de la oligarquía, el gamonalismo y la servidumbre rural, la lucha política se democratizó y confrontó al neoliberalismo, por un lado, y al populismo y al antineoliberalismo, por otro, tanto en el campo autoritario como en el democrático. En el mundo emergió lo que Manuel Castells ha llamado la sociedad de la red, se inició la crisis de la representación de los partidos y surgió lo que Bernard Manin ha llamado la representación de audiencia en la que los medios juegan un papel central.

Hoy las campañas ya no se hacen tanto en las calles y en plaza pública como en los medios masivos (TV, radio y prensa escrita) y en las redes sociales gracias a la difusión del internet. En las redes se hace calistenia electoral, pero la gran batalla se despliega en los medios masivos, especialmente en la TV. Esta batalla es desigual porque no todos tienen plata como cancha ni la plata les llega sola.

Sinesio López Jiménez
Uno de los temas más importantes de discusión política en el siglo XX fue el tamaño del Estado. A comienzos de ese siglo “los sectores estatales consumían en la mayoría de los países occidentales y en Estados Unidos poco más del 10% del Producto Interior Bruto (PIB), en los años ochenta absorbían casi el 50 % (y el 70% en el caso de Suecia socialdemócrata)” (Fukuyama, 2004 : 18 ). Las respuestas a este crecimiento estatal desmesurado fueron el thacherismo y el reaganismo que permitieron el resurgimiento de las ideas liberales tanto en el mundo desarrollado como en los países en desarrollo. La caída del muro de Berlín trajo un nuevo impulso a la reducción del tamaño del Estado. Pero el problema de fondo no es tanto el tamaño del Estado como sus capacidades para desempeñar bien las funciones que tiene.

La estatalidad puede reducirse a dos dimensiones básicas: las competencias o funciones que el Estado asume frente a la sociedad y las capacidades que tiene para desempeñarlas. La amplitud de las competencias puede variar entre los estados. Algunos, como el estado norteamericano, tienen pocas funciones pero cuentan con mucha capacidad para atenderlas. Otros, como los estados europeos, tienen muchas competencias y cuentan asimismo con muchas capacidades. Finalmente, algunos estados, especialmente los de países en desarrollo, asumen muchas funciones, pero tienen pocas capacidades para desempeñarlas bien.

En este caso se pueden producir dos situaciones. Una en la que el estado desarrolla algunas islas de modernidad como Brasil e India (Evans, 1995, 60-70) en las que el estado ha logrado forjar las capacidades necesarias para atender algunas de las competencias vinculadas al desarrollo económico. Este parece ser también, aunque en menor medida, el caso peruano en el que el estado ha logrado desarrollar las capacidades necesarias para desempeñar con cierta eficiencia las funciones en los aparatos económicos estatales (MEF, BCR; SBS, SUNAT), pero carece de las mismas para desempeñar con eficiencia los aparatos sociales estatales que tienen que ver con los ciudadanos. Otra situación es aquella en la que el Estado carece de capacidades en todas sus funciones.

Las competencias y las capacidades son productos de dos procesos genéticos diferentes. La formación del estado alude al surgimiento de las competencias o funciones como producto de las luchas sociales y políticas a través de las cuales las élites buscan imponer sus interés particulares y su dominio político al conjunto de la sociedad mientras que la construcción del estado se refiere a la elaboración de las capacidades a partir de los proyectos de las élites que buscan asociar sus intereses particulares en coaliciones eficaces y, en algunos casos, con los bienes públicos. Los conceptos de competencias y capacidades y sus respectivas génesis están asociados, por consiguiente, a lo que Michael Mann llama el poder despótico y el poder infraestructural, respectivamente (Mann, 2007:58; Mann, 1986, 48 ) y Gramsci llamó el estado económico-corporativo y el estado hegemónico.

En próximas entregas analizaré el Estado en Perú y en AL siguiendo la abundante bibliografía comparada que se ha producido sobre el tema. Las combinaré con los inevitables análisis de coyuntura.

Sinesio López Jiménez

El fin del boom exportador es también el agotamiento del piloto automático que dejaba de lado al Estado y a la política. La desaceleración económica y la recesión que se anuncia requieren el retorno de un Estado más activo y la revaloración de la política como un espacio en el que se resuelven los problemas y los sueños de la gente. La vuelta del Estado y la política y el establecimiento de una relación más equilibrada entre el Estado y el mercado pueden ser la base estructural del reavivamiento de los partidos como forma de representación y como actores centrales de la política y de la democracia.

La aparición y desaparición de las organizaciones partidarias (volatilidad partidaria), especialmente de los partidos regionales y locales (más del 60% son nuevos) no solo trae consigo el transfuguismo (volatilidad de los políticos o veletismo) que tanto escandaliza a los medios y a los comentaristas políticos en épocas electorales sino que inciden también en la fragmentación parlamentaria (que pasaron de 6 a 13 grupos en el gobierno de Humala), en el presidencialismo parlamentarizado (que es nuestra forma de gobierno) y en la volatilidad y corta vida de los gabinetes.

La volatilidad de las organizaciones partidarias es el resultado, a su vez, de la volatilidad electoral (o cambio frecuente de apuesta de los electores), de la fragmentación partidaria (o excesivo número de partidos) y de la crisis de las instituciones políticas (sistema electoral, sistema de partidos y forma de gobierno). La volatilidad electoral deriva del colapso de los partidos (con los que establece una causalidad circular) e incide en la fragmentación partidaria y en la crisis de las instituciones políticas.

El colapso de los partidos proviene, por lo general, de la volatilidad electoral, de la crisis de representatividad, de la crisis de representabilidad y de las reformas neoliberales que han traído una nueva relación entre la economía y la política. La crisis de representatividad de los partidos y de sus nexos con la sociedad (las ideologías, los programas y las estructuras organizativas) entraron en crisis debido a los cambios en la estructura social, a la revolución científica y tecnológica y a la revolución de las comunicaciones. Estos cambios han dado lugar a lo que Manin ha llamado la representación de audiencia y a probables nuevos formatos de partido más acordes con este nuevo tipo de representación.

La crisis de representabilidad alude a las dificultades que tienen algunos grupos sociales para ser representados en el campo de la política. El campesinado disperso de la sierra y de la selva, los grupos en extrema pobreza y la masa de informales son grupos con los cuales es difícil establecer una representación política institucionalizada. La dificultad es mayor con el caso de los informales que en el Perú llegan al 75% de la PEA, mientras que Chile se reduce al 30% y en Canadá, al 5%. Su situación económico-social es volátil y extremadamente cambiante.

Las reformas neoliberales impusieron la centralidad del mercado, redujeron drásticamente el rol del Estado y devaluaron la política como forma de atender y resolver los problemas de la gente. El boom exportador legitimó esta nueva relación entre la economía y la política, impuso el piloto automático, redujo drásticamente el rol del Estado y de las políticas públicas y ninguneó el papel de los partidos y de sus dirigentes.

Sinesio López Jiménez
El Perú es un país de desencuentros y de confusiones difíciles de descifrar. Las derechas hacen gestos para abrirse al centro-izquierda, las izquierdas se encapsulan en su propia capilla, se fragmentan, se abstienen y algunos de sus dirigentes huyen hacia la derecha. Hay 20 planchas presidenciales para todos los gustos y disgustos. Mientras tanto la mayoría de los que no han optado por ningún candidato sigue a la cabeza de las encuestas electorales. Los poderes fácticos, especialmente los medios concentrados, rebosan de felicidad. Los analistas y comentaristas se sorprenden de las alianzas electorales y de los cambios inesperados de bando de los políticos y los acusan de traición.

La traición existe en la política y se confunde a menudo con el veletismo de los políticos, pero son fenómenos diferentes aunque se alimentan de la misma materia: los cambios de tienda, de posición o de conducta política. La traición es un acto individual de los políticos que tiene connotaciones éticas, mientras el veletismo es un fenómeno político que se explica principalmente, no por la ética, sino por factores políticos: la volatilidad (aparición y desaparición) de las organizaciones políticas en los procesos electorales, su fraccionamiento (excesivo número de partidos), el personalismo de la política y la volatilidad (frecuentes cambios de apuesta) de los electores. Estos factores tienen, a su vez, una explicación de fondo: el colapso de los partidos y la crisis de las instituciones políticas que se han hecho más visibles con la desaceleración económica.

Es necesario hacer un examen fenomenológico del veletismo para ver cómo se anuda y se diferencia de la traición. El veletismo se produce tanto en los fines como en los medios de la acción política. En el campo de los fines el veletismo puede pasar, por ejemplo, de la búsqueda de la justicia a la mantención del orden, o de la apuesta por el cambio a la continuidad del establisment, o de la defensa del medio ambiente a la inversión minera o petrolera o gasífera a como dé lugar. Este cambio de fines dibuja el tránsito de la izquierda a la derecha, propia de estos tiempos neoliberales, a contrapelo de los sesenta y setenta del siglo pasado en los que el tránsito era más bien de la derecha hacia la izquierda.

En el campo de los medios el veletismo puede transitar de la regulación ética de los medios no buenos para conseguir los fines buenos en la política a la no regulación de esos medios. Si todos los fines buenos de la política se consiguieran necesariamente por medios buenos, la ética estaría demás. Eso sería posible solo en una sociedad de ángeles y no de seres humanos que son frecuentemente unos malandrines, especialmente en las sociedades en desarrollo. En todas las sociedades es necesario apelar a la garantía del monopolio de la violencia (medio no bueno) para mantener el orden. Eso exige regular el medio no bueno a través de los valores éticos.

Weber llamó a esta regulación del medio no bueno ética de la responsabilidad que tiene en cuenta, no las convicciones de los políticos, sino los resultados de su acción política. Maquiavelo la llamó economía de la violencia. Los cambios en los fines o en los medios de la política por abandono de los valores éticos se llaman traición, pero esta es más posible cuando imperan los factores políticos que explican el veletismo de los políticos.

Sinesio López Jiménez
Acusar a Susana Villarán, a Vladimiro Huaroc y a otros de traición explica poco o nada su veletismo político. La falla de esta explicación radica en este supuesto falso: los factores individuales explican su conducta política porque todo el resto (instituciones, partidos, sociedad, estado, etc) marcha más o menos bien y no explica la traición. Hay, por cierto, una responsabilidad individual en la apuesta escogida, pero ella explica poco o nada porque las explicaciones de fondo están en otro lado. A Susana no la querían ni las derechas ni las izquierdas. Las derechas no la querían porque era de izquierdas y éstas no la querían porque no compartía “los principios” de sus pequeñas capillas. En esto hay un extraño parecido de Susana con el gobierno de Humala.

El personalismo, el veletismo, el transfuguismo, la volatilidad de los electores, de los partidos y de los gabinetes y de la política en general no se explican por la traición de los individuos. Esta es una explicación liberal muy limitada. Las ciencias sociales y políticas han propuesto otras explicaciones, algunas más consistentes que otras: la crisis de las instituciones, la debilidad (o inexistencia) de los partidos, la informalidad social, las fallas estructurales del Estado, las relaciones entre la economía y la política.

La profunda crisis de las instituciones en el Perú y en otros países de AL afecta la organización y la marcha de la política. Algunos la reducen al sistema electoral y creen que haciendo algunos pequeños cambios en él la política se puede recomponer. Otros la extienden a los partidos y algunas de sus características (votación preferencial, financiamiento) y piensan que reformándolos la cosa puede mejorar. La crisis parece ser más profunda que eso. Lo que está en discusión hoy es la crisis de los sistemas partidarios de representación y su reemplazo por lo que Manin ha llamado la representación de audiencia y los cambios en el formato de los partidos que eso implica. Nadie plantea un cambio en el presidencialismo parlamentarizado que es uno de los factores institucionales de los problemas de gobernabilidad en el Perú.

En el campo de las instituciones el problema no es sólo de diseño minimalista que proponen algunas ONG y los organismos electorales sino también –y sobre todo- de agencia, esto es, de los actores que pueden hacer las reformas institucionales puesto que el Congreso es incapaz de hacerlas. Si se resolvieran el problema del diseño institucional y el de agencia y se cambiara la forma de gobierno, la política funcionaría mejor, sin duda, pero su alcance sería limitado porque hay factores estructurales que las instituciones por sí solas no pueden resolver: la informalidad económica y social (no sólo jurídica), las fallas estructurales del estado y la relación entre la economía y la política.

Dejo para otro artículo la explicación estructural de la volatilidad de la política en el Perú y en AL. Ahora sólo quiero sostener que la volatilidad de la política, de las instituciones, de los partidos son factores explicativos de la conducta veleidosa de algunos políticos de mayor alcance que la supuesta traición de los principios inmaculados de las organizaciones partidarias.

Sinesio López Jiménez
La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) acaba de publicar el libro más importante que se ha escrito en nuestro país: Nueva Crónica y Buen Gobierno (NC) de Huamán Poma de Ayala (HP). “Dinamita pura” la ha llamado Pablo Macera, NC es, al mismo tiempo, la historia del mundo andino, la denuncia de la explotación por parte de encomenderos, sacerdotes, mineros y autoridades coloniales y el deseo de una nueva forma de gobierno, distinta a la opresión colonial.

John Murra escribió que el hallazgo del texto de NC en 1908 “ha sido el descubrimiento más importante del siglo para el conocimiento del mundo andino” (1980, p. XIII del Tomo I de la edición del Siglo Veintiuno XXI). Escrita entre 1583 y 1615 en quechua (y aymara), utiliza el alfabeto español para representar los sonidos quechuas, su manuscrito original es conservado en la Biblioteca Real de Copenhague. Existe una edición facsímil de Paris a cargo de Paul Rivet que es frecuentemente consultada y contrastada con la original.

HP ha sido ninguneado por la historia oficial que “desconfía de los inconformes y de su voz crítica porque ve en ellos amenazas contra el orden establecido. De ahí su empeño por opacar o disminuir esas presencias incómodas como quien cubre la vista con las manos frente a la luz fuerte que hiere los ojos…” (Aranibar, tomo 1, p.10). En sus 400 dibujos y 800 páginas hay información etnográfica acerca de la organización social, económica y política de los andes y consejos para el buen gobierno virreinal.

HP considera irreversible la presencia europea, la hegemonía religiosa, la importancia de sus innovaciones tecnológicas y culturales (el burro, el vino, el arcabuz, el azogue, la cebada), pero planteaba la necesidad de un buen gobierno dirigido por gentes e instituciones andinas. Es un indio universal que recoge las grandes contribuciones de la cultura universal de la época, pero que reivindica al mismo tiempo la soberanía del mundo andino.

Carlos Araníbar sostiene que HP mira “las cosas desde adentro, con ojos de indio y no desde fuera, con ojos de español. No es un escritor neutral con…una lista de agravios, sino una voz nativa que responde, con denuncias concretas y acusaciones descarnadas, a la dominación colonial” (Ibid. p. 15). Afirma que “el cronista desnuda y exhibe el desorden moral y social provocado por la invasión. La conquista ha desquiciado a la sociedad andina”. Niega legitimidad a la conquista y llama mitimaes a los españoles a los que califica de extranjeros sin derecho alguno (Ibid. p.16).

La edición de la BNP es más ambiciosa (y busca llegar a un público más amplio) que la del Siglo XXI editores de 1980 en 3 tomos dirigida por John Murra. Ella ha estado a cargo del Dr. Carlos Araníbar quien ha escrito una excelente y erudita Presentación en el primer tomo, además de 1832 notas de la versión modernizada del Tomo III. Carlos Araníbar es uno de los más brillantes discípulos de Porras que destaca por su erudición inigualable y por su pluma subyugante.

Esta obra y otras también importantes y necesarias para la difusión de la cultura peruana se publican gracias a la iniciativa del doctor Ramón Mujica, actual director de la BNP, y al apoyo de Luis Valera, editor de la magnífica revista Libros y Artes de la misma biblioteca. Felicitaciones a todos ellos.

Sinesio López Jiménez
El triunfo de la derecha venezolana trae algunas lecciones para la política y la academia que es necesario destacar:
1. La realización pacífica de la jornada electoral del domingo 6 de diciembre, el reconocimiento del triunfo electoral de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la aceptación de la derrota por parte de Maduro desmienten la versión de las derechas latinoamericanas que califican al chavismo y a sus gobiernos como dictaduras que buscan perpetuarse en el poder a través de elecciones fraudulentas. Los gobiernos chavistas no imitan a Gaetano Salazar (Portugal) ni a Fujimori, verdaderos autoritarismos competitivos que jugaban a las elecciones para perpetuar a sus mafias en el poder.

2. El triunfo electoral del MUD se debe a la unidad de las derechas (incluidas las fuerzas golpistas que buscaban derrocar a Maduro a través de un golpe ciudadano y que fracasaron en el intento) que han jugado a respetar el cronograma electoral de alternancia en el gobierno. El triunfo es del MUD, pero sobre todo de Primero Justicia y de su dirigente Henrique Capriles que ha impuesto a toda la derecha venezolana una salida institucional del chavismo.

3. Pese a la derrota, el chavismo mantiene el apoyo del 41% de los venezolanos. Hay un amplio sector chavista que, descontento con Maduro y con la crisis económica, ha votado por la oposición derechista. No son leales a ella y su comportamiento futuro depende de lo que plantee y haga la oposición desde la Asamblea Legislativa y de cómo le vaya al gobierno.

4. La aparición inusitada en la TV del Ministro de Defensa, acompañado del alto mando militar en uniforme de campaña, y su pedido a los venezolanas de esperar con tranquilidad los resultados electorales significan una toma de distancia de las FF.AA. respecto del chavismo y la voluntad de mantener una cierta autonomía militar frente a las fuerzas políticas en pugna.

5. El motor de la derrota del chavismo, como de todos los gobiernos latinoamericanos independientemente de su orientación ideológica, es la grave crisis económica (fuerte recesión e inflación galopante en el caso venezolano), acentuada por el hundimiento de los precios del petróleo que pasó de 140 a 40 dólares el barril. Esto es especialmente grave en un país en el que el 95% de las exportaciones depende del petróleo.

6. El MUD tiene la correlación parlamentaria necesaria (67% vs 33%) para cambiar la Constitución y a algunas autoridades, pero no tiene la correlación social y política (56% vs 41%) para hacerlo sin desatar una fuerte polarización y de poner en riesgo el apoyo electoral del chavismo descontento que esta vez votó por la oposición derechista. El desfase entre la correlación parlamentaria y la correlación política-electoral se debe al diseño institucional de las circunscripciones electorales que antes favoreció al chavismo y ahora, a la oposición derechista.

7. El establecimiento de un gobierno dividido en Venezuela (el Ejecutivo está en manos del chavismo y el Congreso en manos de la oposición derechista) crea una situación política vidriosa y al mismo tiempo una corresponsabilidad. Lo que pase en Venezuela de ahora en adelante no dependerá sólo del chavismo sino también de la oposición derechista.