Sinesio López Jiménez

El Perú atraviesa un conjunto de problemas que el gobierno (Ejecutivo y Congreso), las fuerzas políticas, económicas y sociales tienen que enfrentar y resolver. Los enumero brevemente: El gobierno está trabado, la economía está casi paralizada, la gente está y se siente insegura y atemorizada, la lucha contra la corrupción no está siendo bien conducida, la reconstrucción del norte es lenta y parcial, el país está polarizado.

Aunque estos problemas, unos más que otros, son importantes, el prioritario es la trabazón del gobierno porque si esta se resuelve, los diversos actores tienen mejores condiciones políticas para enfrentar y resolver los otros problemas. En qué consiste este problema?. En lo siguiente: Los resultados electorales del año pasado produjeron un gobierno dividido en el que el Ejecutivo está en manos de PPK y el Congreso en manos del fujimorismo cuya lideresa es KF. El Poder Ejecutivo en el Perú, a diferencia de otros presidencialismos, está sometido a un conjunto de controles parlamentarios (voto de investidura, censura a ministros, injerencias diversas en la administración pública) que lo traban y generan ingobernabilidad. El problema no radica en el gobierno dividido sino en la forma de gobierno: el presidencialismo parlamentarizado peruano que Sartori erróneamente coloca en el semi-parlamentarismo.

Hay otros problemas que derivan del gobierno dividido y del uso abusivo de la mayoría parlamente que, en la práctica, la convierten en dictadura parlamentaria. La negación de los derechos a las minorías sexuales y la voluntad de imponer las creencias religiosas de grupos minoritarios de católicos y protestantes a todos los peruanos a través de leyes del Congreso constituyen claras violaciones a la Constitución y a la ley. La democracia de regla de mayoría consiste en que la mayoría decide respetando los derechos de las minorías y sin afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La democracia de regla de mayoría se somete a la regla de reglas: la Constitución.

Hay dos maneras de resolver esta trabazón del gobierno: el diálogo y la confrontación. El diálogo en este caso, para ser productivo, tiene que ser entre PPK y KF sin intermediarios y en Palacio de gobierno. El primer tema de agenda tendría que ser la destrabazón del gobierno, con la clara comprensión de que la solución definitiva es una reforma constitucional de la forma de gobierno (presidencialismo parlamentarizado), pero con la decidida intención de encontrar ahora algunas fórmulas viables que acaben con el acoso parlamentario al gobierno para darle gobernabilidad al país.

Si el diálogo fracasara, PPK debiera estar decidido a usar la confrontación que no es la guerra sino que consiste en la apelación al recurso constitucional que limita el accionar de la mayoría parlamentaria fujimorista a través de la exigencia del voto de confianza al gabinete. Si los dos caminos fracasaran entonces seguiremos con un gobierno dividido a la deriva que acelera su deterioro y que pierde legitimidad y que puede acabar con el grito ciudadano de desesperanza: ¡Que se vayan todos!. Por eso, no hay que tomar a la ligera ni mirar con sospecha el diálogo entre PPK y KF. El destino del país está en juego.

                                               Sinesio López Jiménez

El discurso emotivo y esperanzado de la toma de mando en julio del año pasado se evaporó. El sueño de la “revolución social” para los de abajo se transformó en la pesadilla de las supuestas trabas burocráticas y sociales que impedían la gran inversión de capitales. La verdadera trabazón era y es, sin embargo, política: gobierno débil, falta de liderazgo, incapacidad para plantear una agenda pública de cara al país y a las oposiciones, ineptitud para definir una estrategia precisa que le permita una relación viable con el fujimorismo que controla el Congreso, errores en la lucha contra la corrupción y en el control de daños del Lava Jato en el campo de la economía, falta de pantalones para poner en su sitio al Controlar que, en coordinación con el fujimorismo, genera inestabilidad en el gobierno, lentitud en la reconstrucción con cambios que contrasta con la respuesta rápida y eficaz en el momento de los desastres naturales.

Analizar cada una de estas trabas políticas exigiría un largo artículo, casi un ensayo. Aquí y ahora me voy a referir solo a las cuestiones de la agenda y, en especial, a la definición de una estrategia de relación con el fujimorismo. Hay varios temas de una urgente agenda pública nacional que el gobierno debe precisar y presentar al país y a las oposiciones: inversión (privada y pública), empleo e informalidad; reconstrucción con cambios; seguridad ciudadana; salud y educación; lucha contra la corrupción y reforma de la Fiscalía y la Judicatura; reorganización de la Contraloría; reforma electoral y reforma política. Del examen de estos temas debiera salir un conjunto de propuestas básicas que den lugar a un Acuerdo Nacional por el Perú.

El gobierno no puede seguir a la deriva por la falta de una definición estratégica en su relación con el fujimorismo. El gobierno y el fujimorismo están obligados a resolver los problemas que plantea la existencia de un gobierno dividido (en el que PPK tiene en sus manos el Ejecutivo y KF controla el Congreso) que no funciona en un presidencialismo parlamentarizado (en el que el jefe de Estado y jefe de gobierno tiene excesivos controles parlamentarios). En este tema hay dos posibilidades: Acuerdo con el fujimorismo o confrontación con él a través del rayado de la cancha que supone el voto de confianza.

El acuerdo con el fujimorismo tiene por lo menos tres variantes principales. La primera es el cogobierno de PPK y el fujimorismo. Esta propuesta tiene el apoyo entusiasta de los poderes fácticos y de la prensa concentrada, pero no tiene, al parecer, el respaldo de los protagonistas. Sería una especie de traición a sus electores. El fujimorismo no quiere, además, desgastarse ni quemarse porque se prepara para ganar en el 2018 y en el 2021.

La segunda variante estratégica es el establecimiento de una política de concertación entre el Ejecutivo y el fujimorismo que controla el Congreso sobre algunas propuestas de la agenda pública en la que ambos ganen en términos políticos. Esta salida sería la más viable si PPK y KF tuvieran voluntad de diálogo y de acuerdo para llevar la fiesta en paz y tendría un significativo respaldo ciudadano. La tercera variante, la más difícil de todas pero quizás la más necesaria, sería una Propuesta de Reconciliación Nacional que nos involucre a todos. Sobre esta estrategia volveré en el próximo artículo.

Sinesio López Jiménez

Faltando un mes para el primer año del gobierno de PPK ya se puede hacer un balance provisorio:

1. El gobierno tiene un bajo nivel de desempeño (en unos ministerios más bajo que en otros) que obedece no sólo a un difícil contexto internacional y nacional sino también a los errores y a la debilidad del gobierno, a su incapacidad para limitar la voracidad política y la arbitrariedad del fujimorismo en el Congreso, a los problemas que plantea un gobierno dividido en un presidencialismo parlamentarizado y a la debilidad del Estado.
2. El agotamiento del boom exportador produjo una drástica disminución de la inversión privada (nacional y extranjera) y una errática inversión pública. El diagnóstico equivocado del gobierno (y de las derechas) sostenía que la disminución de la inversión privada se debía a las trabas burocráticas y sociales y apostó a acabar con ellas. El gobierno ha fracasado en esta tarea porque las trabas son más políticas que burocráticas y sociales, pero mostró rapidez y eficacia en el manejo del niño costero.
3. El gobierno ha mostrado una debilidad extrema en el ejercicio del poder porque es un actor político muy débil. No tiene partido que lo sostenga, su bancada parlamentaria es minoritaria y poco articulada, su gabinete está integrado principalmente por tecnócratas (algunos de ellos excelentes) y empresarios con muy poca participación de buenos políticos cuando más los necesita. Las políticas públicas pueden tener éxito si hay un gran respaldo político que las haga viables: correlaciones de fuerza, coaliciones, capacidad de administrar al adversario, voluntad firme, virtud política.
4. PPK ha sido incapaz de poner límites a la arbitrariedad y a la voracidad política de la mayoría fujimorista en el Congreso. Tenía y tiene dos formas de hacerlo. La primera es la concertación en ciertos temas centrales (inversión, crecimiento económico y empleo, seguridad ciudadana, educación, salud y reconstrucción con cambios) en la que ambos ganen. La segunda es trazar la cancha para frenar el obstruccionismo del fujimorismo (y de sus apéndices en que se han convertido los otros grupos de oposición, incluido el FA) a través del recurso constitucional del voto de confianza. La indefinición ha producido un gobierno inestable y a la deriva.
5. Un gobierno dividido (en el que el Ejecutivo está en manos de un partido y el Congreso es controlado por otro partido) en un presidencialismo parlamentarizado (en el que el Ejecutivo está sometido a excesivos controles del Congreso) genera una aguda polarización política, afecta el buen desempeño del gobierno, anula la división de poderes y produce inestabilidad en el régimen democrático. El problema no es el gobierno dividido sino el presidencialismo parlamentarizado. El presidencialismo puro de USA ha tenido cincuenta años de exitosos gobiernos divididos.
6. La debilidad del Estado (debido a sus pocas capacidades coercitivas, legales, burocráticas, impositivas, de provisión de bienes públicos en todo el territorio, etc) incide en el bajo desempeño del gobierno. PPK era consciente de este déficit, pero nada ha hecho hasta ahora para superarlo.

Sinesio López Jiménez

La tercera ola de la democracia, la más larga de su historia, se mueve como un péndulo, en particular en América Latina (AL). Comenzó con una movida hacia la derecha en los 80, dejando atrás a las dictaduras militares y al populismo agotado y acompañando al desarrollo agresivo del neoliberalismo.

El cuestionamiento del consenso de Washington, el incremento de la pobreza y la desigualdad y la crisis económica de 1998-2002 empujaron el péndulo hacia la izquierda comenzando con la elección de Hugo Chávez en 1999 en Venezuela e involucrando a once países, entre ellos a dos (Brasil y Argentina) de los tres más grandes de AL. Cada movimiento pendular ha durado más o menos 18 años.  Con las elecciones de Cartes en Paraguay y de Macri en Argentina y con el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil se inicia la pendulación hacia la derecha que aún no termina.

Cada pendulación involucra no sólo a la democracia sino también al modelo de desarrollo y al contexto en el que ambos se desarrollan. Las izquierdas cuestionan las reformas neoliberales y buscan recuperar capacidades estatales y se presentan como postneoliberales para aludir a las continuidades y cambios del modelo neoliberal. El postneoliberalismo ha sido pensado como un modelo de desarrollo que aspira a lograr crecimiento económico y redistribución social a favor de los más desfavorecidos y a definir una matriz de inclusión socio-política que combina diversos formatos democráticos (Stoessel). La pendulación hacia la izquierda fue acompañada por un largo boom exportador de materias primas y por los altos precios de las commodities que permitieron a los gobiernos de izquierda impulsar una política distributiva de ingresos para reducir la desigualdad y agresivas políticas sociales para reducir la pobreza.

En los 80 la izquierda de AL abandona la revolución y apuesta a la democracia. Acepta que al gobierno se llega a través de las elecciones en competencias electorales dentro de un sistema político plural. Reconoce la democracia representativa, pero critica su exclusivo procedimentalismo, sin negarlo, y apuesta a una democracia de contenidos que reivindique la igualdad, el bienestar y la participación.

Estas apuestas izquierdistas por la democracia se han desarrollado a través de diversas formas de representación: partidista, societalista e individualista (Panizza). La combinación de estos tipos de representación ha dado origen a dos tipos de gobiernos izquierdistas en AL: los socialdemócratas y los populistas. No hay representaciones puras: todas ellas se presentan en forma combinada. Los gobiernos socialdemócratas (Brasil, Chile y Uruguay) tienen grados altos de representación partidista combinada con otras formas de representación.  Los gobiernos populistas (Bolivia, Ecuador, Venezuela) tienen altos grados de representación personalista y bajos grados de representación institucional, pero exhiben también grados diversos de representación societalista.

La cuestión de la Democracia, los Movimientos social y el Contexto Internacional serán los temas que se discutirán  el 14 y el 15 de Junio en un Congreso Internacional sobre la crisis de los gobiernos progresistas de AL organizado por la UNMSM.

Sinesio López Jiménez

Lo que se temía está llegando más rápido de lo que se esperaba: Todos los órganos de control en manos de la mayoría naranja y todo el tinglado sometido a los caprichos de una dictadora: KF. La mayoría fujimorista y los organismos de control del Estado se vienen organizando como una tenaza lista para cortarle la cabeza al Ejecutivo y PPK, como Luis XVI, no se ha enterado que la guillotina se aproxima.

Desde hace varios años, el Apra y el fujimorismo, si no controlan, influyen decisivamente en la Fiscalía y en la Judicatura para blindar a sus respectivos jefes (KF y AG). En esta tarea tienen el espaldarazo de los medios concentrados que pretenden extender el blindaje a los empresarios corruptos. Ahora el Contralor, elegido por el humalismo, se somete a las órdenes del fujimorismo para trabar al gobierno de PPK.

Constituyen un misterio las razones por las cuales los humalistas eligieron Contralor al señor Alarcón quien, en administraciones anteriores, había formado parte del estado mayor de la Contraloría (integrado por fujimoristas y apristas) que se dedicaba a encubrir la corrupción de los gobiernos de turno y disfrazaban su actividad examinando a los gobiernos locales. ¿Cuáles de los grandes actos de corrupción de esos gobiernos descubrió la Contraloría?. Ninguno.  Ahora se ensaña (con razón) con una adenda, pero fue incapaz de ver varias adendas corruptas de los gobiernos anteriores.

El Contralor es uno de los pocos funcionarios que más gana en el Estado. Su sueldo es casi tres veces más que el del Presidente de la República. Sólo el Presidente del BCR gana como él, pero entre ellos existe una abismal diferencia técnica, intelectual y moral. El Contralor debiera ser un profesional muy calificado (con estudios en las mejores universidades peruanas y extranjeras) y una persona con una moral intachable. Ahora el Contralor está desnudo. Casi nadie lo quiere: ni el gobierno, ni los medios, ni la mayoría de los partidos, ni los fiscales, ni la gente. ¿Lo quiere el fujimorismo? Es un peso muerto al que va a dejar caer más temprano que tarde. Su defensa lo desgasta. Puede nombrar otro que, teniendo su corazoncito naranja, sepa mantener al menos las formas.

El círculo se cerrará cuando el fujimorismo controle el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo Nacional de la Magistratura. El TC se encarga de velar por la constitucionalidad de las leyes y al fujimorismo le interesa tenerlo en sus manos porque esa institución tiene la llave de varias cárceles así como el candado de la cárcel en la que están los congresistas fujimoristas como rehenes de KF. Supongo que a la lideresa naranja le gustaría, además, nombrar a sus fiscales y jueces favoritos a través del CNM.

Todo esto plantea varios problemas de fondo que es necesario discutir, pero ahora por razones de espacio aludo sólo a dos: los límites políticos y constitucionales de la mayoría parlamentaria en una democracia de regla de mayoría y la legitimidad de una persona (que perdió las elecciones), pero que está gobernando a través de una mayoría parlamentaria a la que trata como rehén y de organismos de control estatal puestos a su servicio.

Sinesio López Jiménez

Cosas veredes Sancho. Las derechas políticas y mediáticas defienden con estridencia los derechos de los terroristas de Madre Mía, no porque crean en los derechos humanos, sino porque quieren hundir al capitán Carlos y, junto con él, a los fiscales y jueces que lo exoneraron de toda culpa, a las fuerzas que lo respaldaron y a los ciudadanos que lo eligieron Presidente de la República. Juzgan y condenan sin tener en cuenta el contexto en el que se tomaron las decisiones del pasado. Falacia pura y dura. Me parece bien que las derechas reivindiquen los derechos humanos de todos, pero habría que recordarles que  los miles de inocentes asesinados en Cayara y en otros lugares del país y que los terroristas rematados en El Frontón y en San Juan de Luringancho, pese a que ya se habían rendido, también tienen derechos humanos.

Para los medios concentrados todo esto es un guiño al fujimorismo y forma parte de una estrategia mayor que busca facilitar un acuerdo entre PPK y KF que controla el Congreso.  Este es, sin embargo, un objetivo difícil de lograr debido a que ellos se jugaron contra KF en la segunda vuelta y debido a que la lideresa fujimorista está más interesada en hundir al gobierno que en salvarlo. Para los medios concentrados, lo óptimo sería un cogobierno, pero si este es imposible, se contentarían con una concertación básica entre PPK y KF.

Otro elemento de esta estrategia es el control de los efectos destructivos de la corrupción en el establisment político y empresarial concentrando toda la podredumbre moral en Toledo y en Humala y blindando a empresarios corruptos y a KF y a AG, representantes de los gobiernos más corruptos de los últimos tiempos. Esto es, en verdad, un escándalo monumental que los medios concentrados tratan de cubrir con más escándalos sobre el toledismo y el humalismo.

Otro elemento estratégico de los medios concentrados es acabar con la fuerte polarización entre el fujimorismo y el antifujimorismo, lo que, además de favorecer el acuerdo buscado entre PPK y KP, prepararía el camino al triunfo fujimorista en el 2018 y 2021. El bloqueo de las izquierdas como un actor político creíble busca también los mismos objetivos. Por cierto, el comportamiento de algunos sectores izquierdistas parece buscar lo mismo.

Los medios concentrados han devenido un actor político central gracias al colapso de los partidos y a la inexistencia de otros medios igualmente poderosos que les puedan hacer contrapeso y limitar su poder. Ellos fijan la agenda de todos los actores políticos. Deciden sobre los problemas sociales que entran en la agenda política del gobierno y de otros poderes. Esto se ve con claridad en el Poder Judicial en donde jueces y fiscales (que carecen de una estrategia anti-corrupción propia) bailan la música que tocan los medios concentrados.

Las noticias que divulgan y las formas como las presentan buscan construir una opinión pública favorable a sus puntos de vista y a sus intereses económicos y políticos. Su posición casi monopólica en el mercado mediático impide que otros medios puedan competir y contrarrestar su excesivo poder.

Sinesio López Jiménez

A diferencia de los electores de las derechas, los de las izquierdas quieren que sus representantes políticos estén y actúen unidos. Existe en la política peruana una especie de imperativo político que se ejerce sobre los representantes de las izquierdas que los de derechas no tienen ni sienten: el deber de la unidad política. Este imperativo proviene probablemente del sentimiento de exclusión y de debilidad de los sectores populares, de los que proviene la mayoría de los votantes de las izquierdas, que los induce a hacer suyo el dicho popular “la unión hace la fuerza”.

Las derechas políticas y mediáticas prefieren que las izquierdas estén divididas porque de esa manera se anulan como actor político, pero critican su división porque quieren mostrar su inconsecuencia y su sectarismo. Las izquierdas saben que hay varias maneras de estar y actuar unidos: la organización partidaria, los frentes de partidos, los programas de gobierno y las plataformas de acción política. Parece que es más difícil convivir en organizaciones que compartir las propuestas programáticas y la acción política. Lo orgánico traba lo político. Todo esto sugiere que es necesario invertir la discusión: Comenzar por los programas de gobierno y las plataformas de acción política para llegar a los problemas de organización que, de ese modo, a lo mejor quedan superados.

Los problemas de organización de la izquierda existen, hay que reconocerlos y tratar de superarlos. No se les puede negar a los militantes el derecho de tener su propia capilla de fieles. Que la tengan si eso los hace felices, pero eso mismo no les debiera impedir la participación en una unidad mayor: un frente de partidos como el FA, por ejemplo. El problema surge cuando un sector izquierdista quiere que el FA sea también una capilla (aunque distorsione la idea de frente) porque tiene la llave de los cielos: la franquicia electoral. En ese caso los sectores que no la poseen, tienen el derecho a buscar su inscripción electoral. Eso es lo que viene haciendo Nuevo Perú dirigido por Verónica Mendoza para disgusto de los que quieren al FA como capilla. Sospecho que Nuevo Perú tiene olvidarse del nombre FA que, dicho sea de paso, ha sido usurpado en varias ocasiones.

Si lo orgánico los divide, la política los puede unificar. La política puede ayudar a las izquierdas a definir con precisión sus relaciones de enemistad. Pienso que todas ellas estarían de acuerdo en combatir contra el fujimorismo golpista y contra la corrupción y el lobbysmo y en levantar algunas banderas en torno a las cuales movilizarse en esta etapa de la lucha política: La reconstrucción con reordenamiento del territorio y con planificación urbana, la reactivación económica con diversificación productiva y con empleo y la democratización y la renovación de la política.

La lucha contra sus enemigos reales y el levantamiento de banderas de bienestar y de justicia pueden hacer que las izquierdas actúen unitariamente en el Congreso y en la calle, convocando a una vasta movilización ciudadana para conseguir estos objetivos y para ganar en el 2018 y en 2021.

Sinesio López Jiménez

El presidencialismo parlamentarizado en el que el fujimorismo tiene una mayoría congresal aplastante, agresiva y golpista está mostrando los límites de esa forma de gobierno que es necesario cambiar para darle gobernabilidad al país. La situación se agrava cuando el presidente no tiene un partido que lo respalde, él mismo es un tecnócrata y su gabinete está integrado, en su mayoría, por tecnócratas que son unos tigres haciendo políticas públicas, pero que se niegan a (reconocer que necesitan) hacer política para aplicarlas.

Dentro de esta situación asfixiante que conducía a PPK y al Ejecutivo al abismo, se produjo la situación de emergencia generada por los desastres naturales en las regiones del norte a la que el gobierno supo responder bien y rápido. PPK y el gabinete cambiaron la agenda mientras duró la emergencia, revirtieron la situación política desfavorable y obtuvieron un mayor apoyo ciudadano que hasta ahora han logrado mantener.

Superada la emergencia, ahora viene la etapa de Reconstrucción con Cambios que es más exigente, más difícil y probablemente más conflictiva porque entran en juego un conjunto de intereses. La fe neoliberal ha impedido al gobierno y al fujimorismo plantear los temas de acondicionamiento del territorio, de planificación urbana y de construcción de las capacidades del Estado en una zona en donde es débil para que desempeñe un papel más activo en la Reconstrucción con Cambios. El proyecto aprobado, sin embargo, tiene las virtudes de haber resistido la tentación de entregar la reconstrucción a un zar privado y de mantenerlo bajo la dirección política de un Directorio integrado por varios ministros y de una Autoridad autónoma con rango de ministro que tiene que coordinar con los gobiernos regionales y locales.

Pasada la emergencia, el fujimorismo ha vuelto a la carga y a la agenda anterior de tumbar ministros por quítame estas pajas. PPK y el gabinete se han negado hasta ahora a hacer uso del recurso constitucional del voto de confianza para frenar el encimamiento del Congreso fujimorista y han intentado, en cambio, abrir un camino de coexistencia pacífica a través de algunos gestos y hechos de acercamiento (no de cogobierno) entre ellos. En primer lugar, el reconocimiento del gobierno a los Comandos Chavín de Huántar por el rescate de los secuestrados en la Embajada del Japón durante el gobierno de Fujimori con asistencia de KF como invitada especial. El gesto es relevante porque es la primera vez que KF asiste a una ceremonia oficial dirigida por el Presidente de la República.

En segundo lugar, el gobierno avala sotto voce un proyecto de ley que saca a AF de la DIROES y le otorga prisión domiciliaria. Todos estos gestos parecen hacer parte de una política más amplia y compleja de reconciliación que implica otros gestos para voltear la página del pasado, como ha dicho PPK.  El fujimorismo muestra otra fisura y la mayoría juega al maximalismo, rechaza la prisión domiciliaria y exige el indulto. ¿Se someterá PPK a las exigencias maximalistas del fujimorismo o apelará al voto de confianza para frenarlas?. Este es un difícil dilema que PPK y el Ejecutivo tienen que resolver.

Sinesio López Jiménez

De los principales actores que juegan en la actual cancha política (FP, El Ejecutivo, los medios y el FA), el fujimorismo es el que tiene un juego grande y articulado que ha salido a luz a propósito de las presiones que viene ejerciendo para que AF salga libre. He aquí las movidas principales de su juego político:

En primer lugar, FP quiere que AF salga libre sin pagar los costos políticos que su liberación implica. El Parlamento ha rechazado un proyecto de prisión domiciliaria para AF e insiste en el indulto. En segundo lugar, FP pretende que PPK otorgue el indulto y pague los costos políticos que eso conlleva: traición a sus electores, deslegitimación y debilitamiento casi total del gobierno para convertirlo en su pelele. El único temor que el fujimorismo parece albergar es el probable cuestionamiento del liderazgo de KF por parte de AF libre como nuevo actor en la cancha.

En tercer lugar, FP está aplicando una política del chantaje para lograr el objetivo del indulto. Para doblegar a PPK amenaza con censurar a algunos ministros generando inestabilidad e ingobernabilidad. El primero en la lista es Carlos Basombrío, el ministro del Interior, con el pretexto baladí de hacerse de la vista gorda frente a la apología del terrorismo. Las Alcortas y los Becerril han hecho más propaganda al MOVADEF que todas sus marchas juntas: ¿Quién hace objetivamente alegoría al terrorismo?.

En cuarto lugar, FP busca neutralizar e inmovilizar al FA y a las izquierdas con la misma acusación idiota de alegoría del terrorismo. Lastimosamente parece que en el FA hay colaboradores (¿voluntarios e involuntarios?) del fujimorismo. En quinto lugar, FP se ha propuesto intimidar, neutralizar y negociar (al final) con los medios presentando proyectos que vulneran la libertad de empresa y la libertad de expresión. FP ha logrado ya infiltrar topos en algunos medios (RPP y diarios de 50 céntimos) con el apoyo probable de sus propietarios.

En sexto lugar, FP sueña con secuestrar la política, convertirla en su coto cerrado (compartido con fantasmas del pasado que deambulan por los pasillos del Congreso y con otros personajillos que tienen la franquicia electoral) y excluir a los nuevos actores de la de la renovación política (Julio Guzmán y Verónica Mendoza). Este es el objetivo central de la llamada reforma del sistema electoral elaborada por una comisión especial del Congreso.

Todas estas movidas configuran una estrategia de construcción de una dictadura parlamentaria que tiene como objetivo no sólo debilitar más aún y desbarrancar a PPK y al Ejecutivo sino también someter a los medios y excluir al FA y a las izquierdas del juego democrático electoral. Esta estrategia autoritaria presenta grandes desafíos a las fuerzas democráticas de derecha, de centro y, en particular, de la izquierda.

¿Cómo están respondiendo las fuerzas democráticas a estas movidas y a esta estrategia autoritaria del fujimorismo?. En los próximos artículos examinaré los límites y capacidades de los principales actores de la cancha política para enfrentar al fujimorismo.

Sinesio López Jiménez

La reforma del sistema electoral, si está bien diseñada, puede traer grandes cambios en la política, pero, pese a esa virtud, puede ser una medida limitada sino forma parte de un paquete de medidas que incluya al sistema de partidos y a la forma de gobierno. El Perú requiere una reforma política amplia y radical para dejar atrás la anquilosada política que lo paraliza y para reencontrarse con los profundos cambios que están viviendo AL y el mundo.

Ahora solo quiero discutir los puntos más importantes de la reforma electoral. En primer lugar, la renovación de la política exige facilitar la entrada de sangre nueva a su escenario. Eso se logra disminuyendo la exigencia de inscripción electoral de 4% a 1% o menos del padrón electoral. La propuesta del 4% busca secuestrar a la política, elitizarla al máximo, convertirla en coto cerrado de partidos agotados e impedir el ingreso de las nuevas generaciones a la cancha.

Algunos representantes de los partidos moribundos han hecho propuestas absurdas que incluyen determinados años de experiencia para entrar a la competencia electoral. Esas propuestas pretenden bloquear la representación de una sociedad que está en cambio permanente y que ha convertido a los pretenciosos secuestradores de la política en excrecencias morbosas de la colectividad nacional. Hay que mantener, sin embargo, la valla del 5% para llegar al Congreso y para mantener la inscripción del partido con el fin de darle gobernabilidad al país.

En segundo lugar, el reconocimiento de sectores discriminados a lo largo de la historia requiere un especial sistema de representación. El establecimiento de una cuota de género no menor del 50% con alternancia en la lista de candidatos va en esa dirección. El mismo sentido tiene la fijación de una cuota a los pueblos originarios (como en Colombia) y a las comunidades campesinas tanto para el Congreso como para los gobiernos regionales.  Las injusticias históricas no se resuelven solo con medidas de justicia presentista tales como “todos somos iguales ante la ley” sino que son necesarias políticas de compensación positiva.

En tercer lugar, la democratización de los partidos mediante el establecimiento de elecciones primarias obligatorias bajo la dirección de la ONPE para elegir a los candidatos a la presidencia y al Congreso es una buena propuesta más o menos consensual. Es la mejor forma de sustituir el voto preferencial que causa muchos problemas a los “partidos”, al Congreso y a la democracia.

En cuarto lugar, es necesario establecer la equidad en la competencia electoral y defender la autonomía de la política, de los partidos y de los gobiernos frente a los intereses de las grandes empresas, eliminando el financiamiento privado de las campañas electorales y estableciendo el financiamiento público (como en Méjico) y el autofinanciamiento limitado de los militantes del partido. Hay que defender la ética en la política evitando que el dinero sucio entre a la política y a la competencia electoral. Hay un problema de agencia en la realización de estas reformas que debemos superar con la movilización de todos.