Sinesio López Jiménez

Los fujimoristas se ufanan del control político que ha hecho posible la presión preventiva de los grandes empresarios coludidos con la corrupción de Odrebecht. En vez de ufanarse, debieran tener vergüenza porque el control político es arbitrario: está sometido a intereses particulares, a arbitrariedades y a otros factores de carácter subjetivo. Lo que es democrático es el control institucional, esto es, el control político sometido a reglas de juego, a procedimientos y leyes que eviten el abuso. Que el fujimorismo se vanaglorie del control político a secas revela ignorancia, autoritarismo o ambas cosas a la vez.

La prisión preventiva de los magnates del capital tiene mucho de espectacular. Pocos esperaban que la justicia, siempre timorata y encubridora, se metiera con los grandes. Hasta ahora la prisión preventiva, ha sido utilizada para apresar a los débiles y encubrir a los ricos y a los poderosos. La medida tiene diversas lecturas.

1. En las redes sociales es vista como un acto de justicia y el juez Concepción Carhuancho es catalogado como un héroe porque, teniendo un origen andino, se ha atrevido a encarcelar a un Miró Quesada, perteneciente a una de las familias más encumbradas y rancias del país. Para las redes, la prisión de los poderosos intocables tiene algo de justicia poética.
2. Los críticos del fujimorismo interpretan la medida judicial como una manera de quitarle piso a la acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación y otros Fiscales. Sostienen con razón que una investigación judicial, base del pedido de prisión preventiva, no se hace de la noche a la mañana. Requiere tiempo y mucho trabajo de acumulación de pruebas y evaluación de las mismas.
3. Los fujimoristas leen la orden de prisión preventiva de los encopetados del capital como el éxito logrado gracias al control político ejercido por ellos. Sostienen que, sin la presión del fujimorismo, los fiscales y jueces hubieran seguido arrastrando los pies y negándose a investigar a Graña y Montero y compañía. La verdad es que la investigación a Graña y Montero es un pretexto porque lo que realmente busca el fujimorismo es blindar a KF y a Ramírez, exsecretario general de FP.
4. Los fiscales y jueces niegan que sus acciones de investigación y sus decisiones estén sujetas a presiones políticas. Ojalá fuera así. La historia pasada y reciente muestra, sin embargo, que las instituciones judiciales han estado y siguen estando sometidas a la presión del poder político y de los medios. Esto es más cierto en lo que se refiere a la prisión preventiva que se ha convertido, no en una medida de justicia, sino de abuso celebrado, a veces, por las galerías. Ollanta y Nadine están presos por presión mediática y política de sus enemigos. Ahora, a los que exigieron su encarcelamiento les están aplicando la misma medicina.
5. Cabe también otra lectura. Los fiscales y jueces han tomado estas medidas drásticas contra los poderosos del capital para tomar impulso y asaltar de una buena vez las fortalezas del poder político. Si esto es así, entonces KF y AG tienen poco que celebrar. Si no fuera así, sería una vergüenza para fiscales y jueces de consecuencias imprevisibles para el orden democrático del país.

Sinesio López Jiménez

Con honrosas excepciones, casi todos los principales candidatos de los procesos electorales de este siglo han pasado por el aro de Odrebrecht o de cualquier otra empresa brasileña. En el siglo pasado los financistas fueron empresarios, banqueros, organismos partidarios internacionales (socialdemocracia, socialcristianismo) e, incluso, el narcotráfico. La relación entre el dinero y la política electoral se volvió intensa cuando la TV entró en juego porque es un medio caro, pero efectivo.

El financiamiento privado no es una donación desinteresada sino una inversión que rinde altos dividendos si el candidato financiado tiene éxito electoral. Entonces llega la hora de pagar y de cobrar con políticas públicas que favorecen a los financistas. Este hecho indiscutible ha obligado a algunos sistemas políticos a regular el financiamiento privado de las campañas electorales. La exigencia mínima es la transparencia: los partidos están obligados a informar quienes son sus financistas. En otros, como en México, se prohíbe el financiamiento privado, sólo existe el financiamiento público y se acaba con el problema.

En nuestro caso el financiamiento privado no es transparente ni en sus ingresos ni en sus gastos. Los partidos hacen sus informes falsos que la ONPE termina aceptándolos y organismos como Transparencia Perú los toman como referencia (Ingresos y gastos de campañas electorales del 2006 al 2016, 9 de marzo del 2017). Lo primero que se constata en estos informes es que los ingresos recaudados para las campañas electorales han subido vertiginosamente de casi 25 millones de soles en 2006 a casi 64 millones de soles en 2016.

Los ingresos que más han crecido son los que se refieren a actividades partidarias (rifas, polladas, cocteles) justamente cuando los partidos han colapsado o están moribundos. En el 2006 esos ingresos eran el 3% de los ingresos de campaña, suben a 23% en el 2011 y a 16% en el 2016. Los partidos que más hicieron trabajar a sus militantes fantasmas fueron Gana Peru y Alianza por el Gran Cambio: Más de un tercio de sus ingresos para la campaña del 2011 vino de actividades partidarias. En 2016, el 61% de los esforzados militantes de Alianza Popular (AG) y el 31% de los activistas de FP. También las contribuciones personales son, en gran medida, falsas.

¿Son creíbles estas cifras?. En ninguno de estos informes partidarios a la ONPE aparece el financiamiento con el que Odrebecht dice haber apoyado a los principales candidatos. ¿Quién miente?. Los escándalos mediáticos y judiciales han deslegitimado a los informes partidarios a la ONPE, al financiamiento privado y a los candidatos, independientemente de su orientación ideológica, que recibieron el respaldo de Odrebecht.

No todo está perdido, sin embargo.  En el 2016 tuvimos candidatos importantes de diversa orientación ideológica (Julio Guzmán, Verónica Mendoza, Alfredo Barnechea, Goyo Santos) que no fueron manchados por el dinero corrupto de Odrebecht ni de otra empresa brasileña. Verónica, incluso, estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta sin haber derrochado dinero en propaganda televisiva ni en paneles de publicidad.

                                               Sinesio López Jiménez

Algunos analistas discuten si los fujimoristas, al destrozar las instituciones, romper el equilibrio de poderes y amenazar a la democracia, lo hacen por torpeza o por lucidez. No importa si son galgos o podencos. Tampoco importa su cociente intelectual. Lo que interesa es la intencionalidad y, sobre todo, interesan los hechos. El fujimorismo despliega un conjunto de amenazas a la democracia cuando la Fiscalía reabre el caso de Joaquín Ramírez, exsecretario general de FP, nombra a un fiscal ad-hoc que acusa a KF de dirigir una organización criminal e investiga el financiamiento de Odebrecht de su campaña electoral del 2011. Todos estos destrozos se hacen para acabar con las acusaciones de corrupción a KF y a FP, aunque sus voceros digan que lo hacen para combatirla.

Sorprende la pasividad del país frente a la crisis política que estamos viviendo. El fujimorismo está destrozando las instituciones democráticas, pero nadie mueve un dedo para detenerlo. Los fiscales son una honrosa excepción. Ellos se están movilizando en todo el país en defensa de su autonomía. Los jueces debieran hacer lo mismo no sólo por solidaridad sino porque ellos son los que siguen en la lista de atropellos fujimoristas.

Sorprende sobre todo la desidia del Ejecutivo que se está comportando como si con él no fuera la cosa, justamente cuando su desbarrancamiento es el objetivo final de los desmanes del fujimorismo. Ni iniciativa, ni voz, ni un gesto para detener las arbitrariedades de la mayoría del Congreso. PPK olvida que, en un régimen presidencialista, el Ejecutivo tiene una cierta preeminencia dentro del equilibrio de poderes y ese olvido lo lleva a comportarse como primer ministro en cuarentena que va a abandonar el cargo porque la correlación de fuerzas de un régimen semi-presidencial ha cambiado.

¿Y los partidos democráticos tienen algún interés en defender la democracia?. Hasta ahora lo único que han hecho es votar en contra de la acusación constitucional contra el Fiscal de la nación. Algo es algo, pero podrían hacer más para salir del marasmo en el que se encuentran y superar su debilidad política. Esta es la ocasión para organizar un frente de defensa de la democracia, antes que sea demasiado tarde. En vez de arañarse entre ellos, debieran unirse y movilizarse contra las pretensiones golpistas del fujimorismo.

¿Y la sociedad civil puede hacer algo por la democracia?. Muy poco porque se ha debilitado mucho, pero ahora podría despertar y fortalecerse, en particular el sector mesocrático. Para que los sectores populares defiendan la democracia, los gobiernos democráticos tienen que preocuparse por ellos desplegando políticas que satisfagan sus necesidades materiales.

¿ Y a los medios les interesa la democracia?. Sí y mucho. En medio de la debilidad política generalizada, ellos tienen un poder enorme que necesitan desplegarlo para defender la democracia. Hic Rodhus, hic salta. En realidad, la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción requieren la participación de todos los sectores democráticos y honestos.

                                   Sinesio López Jiménez

Las reiteraciones y precisiones hechas por Odrebecht a pedido de los fiscales peruanos han cambiado la situación política del país. El ha dicho que era política de su empresa financiar las campañas electorales de los candidatos con opción de llegar al gobierno desde el 2006 en adelante y que la excepción ha sido Humala quien, no siendo favorito, fue financiado a pedido de Lula. Ha afirmado también que Barata puede informar sobre los fondos precisos que entregó a cada candidato. Debido a que la Fiscalía ha calificado la recepción de fondos electorales como lavado de activos, casi todos los principales líderes políticos están en la picota y pueden ir formando cola para entrar a la Diroes.

KF y AG, quienes estaban pasando piola y negando todo financiamiento de sus campañas electorales por Odrebecht, han pasado a la defensiva y PPK ha sido metido en la colada como consultor y probable receptor de fondos para su campaña electoral del 2011. KF y AG se defienden desplegando una lógica de idiotas para idiotas. KF sigue afirmando que no conoce a Odrebrecht y que ella no ha recibido un solo centavo de esa firma para sus campañas electorales. Cuando la Fiscalía logre demostrar, por confesiones de Barata, el financiamiento de Odrebecht a su campaña electoral del 2011, ella seguirá diciendo que no sabía nada porque no estaba metida en el manejo financiero de la campaña. Alguien tendrá que pagar pato por ella, pero ni ella ni FP quedarán indemnes.

García, a su vez, afirma que Odrebecht, pese a haberlo identificado, no ha dicho que AG ha recibido coimas, justamente cuando Barata y otras fuentes han señalado que funcionarios de su gobierno muy cercanos a él han cobrado jugosas coimas de la empresa brasileña. Odrebecht ha dicho también que la empresa contrataba a algunos políticos como consultores o conferencistas para “curar heridas” (caso Kuczynski) o “apoyar a los expresidentes” (caso García). Estos pagos son, en realidad, sobornos disfrazados.

Para salir de esta situación engorrosa y desesperada el fujimorismo tiene un objetivo inmediato y otro mediato. El inmediato es, a partir de su mayoría congresal, tener en sus manos casi todos los controles institucionales (Fiscalía, Poder Judicial, CNM, TC) para conseguir luego el objetivo mediato: el golpe parlamentario declarando la incapacidad moral de PPK. ¿Podrá el fujimorismo lograr estos objetivos?. Es difícil porque ha cometido algunos errores políticos decisivos. Señalo dos: sobrevaloración de su fuerza política parlamentaria y apertura de muchos frentes que pueden ser su Waterloo.

Con el 36% de los votos el fujimorismo controla el 55% de los congresistas gracias al sistema proporcional con vallas que rige la elección del Congreso que, además, se ha devaluado mucho con la oposición obstruccionista que despliega frente al gobierno. Con motivo de las declaraciones de Odrebecht hoy no se enfrenta solo al gobierno y a las izquierdas sino también a algunas instituciones importantes (Fiscalía, TC) y a los medios poderosos, salvo a la prensa neochicha (Exitosa, Correo, Expreso). Mi impresión es que la intentona golpista del fujimorismo se encamina al fracaso.

Sinesio López Jiménez

El fujiaprismo está desplegando una serie de acciones desesperadas para impedir la investigación de corrupción de sus líderes. Las acusaciones constitucionales contra el Fiscal de la Nación y contra cuatro miembros del TC y la presión de la Comisión de Constitución del Congreso para obligar a PPK a declarar ante la Comisión del Lava Jato son movidas estratégicas que se encaminan a un golpe del Congreso Fujimorista.

Todo indica que el Apra y el fujimorismo han perdido el tradicional control que ejercían sobre los fiscales. Hasta hace poco venía funcionando la capacidad de encubrimiento de algunos fiscales que arrastraban los pies cuando tenían que investigar a KF y a AG. De repente la situación ha cambiado para bien por razones que aún no sabemos con claridad. Es probable que el hostigamiento sostenido y las amenazas burdas contra el Fiscal de la Nación y contra otros fiscales encargados de investigarlos hayan sido un boomerang que ha producido efectos contrarios a los esperados. La acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación ha generado, por ejemplo, una reacción más dura y firme del acusado y ha convocada la solidaridad del cuerpo de fiscales.

La Comisión del Lava Jato, organizada para acusar a los enemigos del fujiaprismo y para lavar la cara a sus líderes, tampoco ha logrado sus objetivos. Incapaz de producir datos propios sobre la corrupción, buscó a la mala apoyarse en datos prestados de la fiscalía que los obtenía, a su vez, de los organismos brasileños y norteamericanos de justicia y de la información financiera de Suiza. Los roces permanentes entre esa comisión y la fiscalía han terminado en un conflicto de poderes.

La designación de fiscales ad-hoc para investigar a los líderes del fuji-aprismo, la acusación contra KF y AG de estar a la cabeza de organizaciones criminales, la decisión firme de interrogar a Odrebecht y de concederle facilidades a Barata para que diga toda la verdad sobre la corrupción en el Perú han sacado de sus casillas a la mayoría del Congreso que ha comenzado a disparar acusaciones constitucionales contra algunos organismos de control.

Todas estas movidas estratégicas desesperadas constituyen casi una confesión de culpa del fujiaprismo antes de saber lo que dirán realmente Odrebech y Barata a los fiscales peruanos que investigan a KF y AG. ¿Tendrán algún efecto estas amenazas en los fiscales?, ¿se mantendrán decididos y firmes en la lucha contra la corrupción o arrugarán ante las amenazas del fujiaprismo?.  No lo sabemos. Es posible, sin embargo, que se mantengan firmes si reciben el respaldo decidido del Poder Judicial, de los ciudadanos, de la sociedad civil, de los medios, de las organizaciones políticas contrarias al fujiaprismo.

¿El fujiaprismo mantendrá todas estas amenazas contra los organismos de control?. Mi hipótesis es que si las declaraciones de Odrebecht confirman la corrupción de sus líderes van a cumplir sus amenazas antes de acabar en la cárcel. Pienso, sin embargo, que no tendrá éxito  un golpe parlamentario si hay la resistencia firme del gobierno, de los ciudadanos, los medios y de las organizaciones políticas antifujimoristas.

Sinesio López Jiménez

Los cambios electorales que viene haciendo el Congreso muestran que carecemos de una élite política capaz de entender, enfrentar y resolver los desafíos que la actual crisis política nos plantea. Esta crisis no toca sólo al sistema electoral sino que se extiende al sistema de partidos y a la forma de gobierno.

Su solución requiere una propuesta de conjunto que permita una articulación adecuada de estos tres elementos del sistema político. Las mejores reformas parciales son las que nacen de una propuesta global de reforma política. Los cambios actuales son parciales y desarticulados porque carecen no sólo de una perspectiva global de reforma política sino también de una propuesta coherente de reforma electoral puesto que se rechazó aquella que había logrado desarrollar la Comisión presidida por la congresista Donayre.

La formulación de una propuesta de reforma global requiere discutir previamente tres temas fundamentales del sistema político: las crisis de representatividad y de representabilidad y las posibles formas de resolverlas, las deficiencias de la democracia que tenemos y las posibles modalidades de construir la democracia que queremos, los problemas de gobernabilidad que traban la eficiencia y la estabilidad de los gobiernos y las probables salidas para superarlos. Un esclarecimiento fundamentado de estos temas ayuda a diseñar mejor tanto la reforma política global como la reforma electoral.

Los cambios electorales hasta ahora diseñados por el Congreso configuran, no una reforma electoral, sino una contrarreforma política que tiene las siguientes características: Primera, la construcción de un sistema político elitista y cerrado que bloquea las posibilidades de renovación de un sistema político agotado. Los partidos que se inscribieron con cien mil firmas exigen a los nuevos cerca de ochocientos mil adherentes y convierten, de ese modo, a la política en coto cerrado de colapsados “partidos” caudillistas, algunos de los cuales siguen en la arena política gracias a los favores del anterior JNE. Esta cerrazón elitista es reforzada con la maniobra insensata de exigir tres años de militancia a los futuros candidatos a la presidencia.

Segunda, se mantiene una competencia electoral injusta y abierta a la corrupción debido a la aceptación del financiamiento privado de las campañas electorales. Los beneficiados con el financiamiento privado son, además de los canales de TV y las cadenas radiales, los partidos de derecha y los mismos financistas privados que buscarán recuperar con creces la inversión hecha en las campañas una vez que sus candidatos favoritos accedan al gobierno. La política sigue siendo un negocio para los políticos y para los financistas de las campañas electorales.

Tercera, la configuración de un sistema electoral confuso y costoso. La mayoría congresista potencia el error de García que estableció la segunda vuelta para aquellos casos en los que ningún candidato regional alcanzara el 30% en la primera vuelta. La legitimidad por desempeño no depende de la legitimidad de origen sino de la capacidad de dirección y gestión de los gobernadores, del equipo técnico que los apoya y de los recursos que dispone.

Sinesio López Jiménez

Las fallas crónicas en la realización de los censos que presenta el Estado peruano no sólo muestran las dificultades que tiene para contar la población sobre la que ejerce su jurisdicción sino que es un síntoma mayor de su carencia de capacidades para realizar bien las funciones que tiene.

Los investigadores utilizan, entre otras variables, la implementación del censo como un indicador de la capacidad general del estado para llegar al territorio nacional y recopilar información sobre sus residentes. Soifer (State building in Latin America, Cambridge Press, 2015), por ejemplo, clasificó a los países de AL según el número de censos realizados entre 1840 y 1920 y encontró una clara brecha entre los países líderes (Chile, Uruguay, Venezuela y Brasil) y los rezagados (Perú y Paraguay) en la capacidad de censar a su población. Esta falla censal está vinculada a otras fallas de las capacidades estatales (coercitiva, legal, efectividad burocrática, seguridad ciudadana, provisión de bienes públicos, etc).

“La concentración de las fuerzas armadas y de los recursos financieros necesarios para mantenerlas requiere la concentración de un capital simbólico de reconocimiento o legitimidad”, afirma Bourdieu. El desarrollo del reconocimiento de la legitimidad de las recaudaciones oficiales habría llevado a la emergencia del nacionalismo  en la población y en los agentes estatales y de una competencia de soberanía, para acuñar moneda, por ejemplo. Paralelamente el Estado va concentrando el capital informacional y va unificando el mercado cultural.

El Estado efectúa las operaciones de totalización (mediante el censo, la estadística o la contabilidad nacional), de objetivación (mediante la cartografía y la escritura) y de codificación o unificación cognitiva que favorece la unificación del mercado cultural. El capital simbólico es la condición o el acompañamiento de todas las demás formas de concentración duraderas del poder estatal. De modo que el Estado, poseedor de medios para imponer e inculcar principios duraderos de organización, es la sede de la concentración y del ejercicio del poder simbólico (Bourdieu, Pierre. Razones Prácticas, Anagrama, Barcelona, 1997).

La falla censal revela también la dificultad del Estado para construir y organizar la memoria del Perú. Alexis de Tocqueville, el teórico más importante de la política del siglo XIX, se zambulló en los archivos, censos y libros viejos de las bibliotecas francesas para analizar la continuidad y la ruptura en la revolución y encontró que la Francia de su tiempo estaba viva y coleando en el siglo XVII. Ellos “son el testamento de la antigua sociedad francesa, la expresión suprema de sus deseos y la manifestación auténtica de sus últimas voluntades… Cuando se tiene una administración pública organizada y se visitan sus archivos no sólo se tiene una idea exacta de sus procedimientos sino que el país entero se revela en ellos. Ella influye no sólo en asuntos públicos sino también en la vida privada: Además no daba a publicidad sus gestiones, lo que hacía que no se temiera acudir a ella para exponer incluso las más secretas lacras” (Tocqueville, 1966, El antiguo régimen y la revolución).

Sinesio López Jiménez

Fiscalizaciones como la hecha a KF o como la que pretende García que le hagan sus amigos fujimoristas desprestigian más al Congreso. En estos casos la llamada Comisión Lava Jato parece más bien una Comisión Lava Cara.

Pero también desprestigia al Congreso la agresividad (que más parece venganza) con la que tratan a sus adversarios y enemigos. En todos los casos las comisiones investigadoras debieran actuar con un cierto equilibrio y con una cierta equidad. La neutralidad es casi imposible en las comisiones investigadores de los políticos, pero debieran esforzarse por serlo y parecerlo. Ese esfuerzo debiera ser el canon metodológico de su acción fiscalizadora.

Desprestigia también al Congreso actual el hecho que las Comisiones de Fiscalización y de Etica sean presididas por los partidarios de los gobiernos más corruptos de la historia del Perú. Esas comisiones presididas por fujimoristas o alanistas las hace poco creíbles. Es casi una contradicción conceptual y fáctica. ¿Desconocen acaso lo que la historia de la corrupción muestra o lo que la gente de a pie piensa y expresa en las encuestas?. Una pizca, no digo de decencia, sino de inteligencia debiera llevarlos a no presidir ni participar en mayoría en esas comisiones.

Es una lástima que una de las funciones más importantes del Congreso, la fiscalización, pierda peso y prestigio por irresponsabilidad de sus propios integrantes y de sus respectivos partidos. Eso afecta más aún a otras funciones congresales que ya venían en picada como la calidad de la representación o la vieja función de foro público nacional que prácticamente ha desaparecido. El Congreso actual, pese a que no ha logrado superar los problemas de representabilidad que provienen de la estructura social, ha mejorado su nivel de representatividad, pero ha empeorado su calidad.

Por declaraciones del mismo Odebrecht sabemos que KF era la candidata preferida de Barata y que le ordenó darle 500 más para no irritarla si triunfaba como él creía. Sabemos también que Humala era el candidato de Lula y que, por eso, ordenó a Barata apoyarlos con tres millones de dólares. ¿Cuánto recibió en total la candidata naranja de Odrebecht? KF y Humala niegan, sin embargo, el apoyo de Odrebecht. Eso significa que ambos mienten y que la tarea de la Comisión Lava Jato es descubrir la verdad mostrando las modalidades que encubren los financiamientos electorales. ¿Por qué a KF se le cree y a Humala no?.

¿Por qué la Comisión Lava Jato y los fiscales se comen el sapo de las campañas electorales financiadas por supuestos cocteles o por personas que carecen de recursos para financiar nada?. ¿Por qué dicha Comisión ignora el apoyo electoral que Joaquín Ramírez, ex–secretario general de FP acusado de Lavado de Activos por la DEA, ha brindado a la candidatura de KF?. Hay que prestar mucha atención a la fiscalización congresal del segundo gobierno de García. ¿Apoyará al fiscal Castellanos que ha planteado una hipótesis plausible para explicar la corrupción del gobierno de García en todos sus niveles y en sus interrelaciones o apoyará a García que ha denunciado al fiscal por acusarlo?.

Sinesio López Jiménez

En las vísperas del otorgamiento del voto de confianza al gabinete Araoz ha subido la tensión política entre el fujimorismo y PPK, quien se niega a ser interrogado por la Comisión de Lava Jato del Congreso a la que ha llamado circo con cierta razón. ¿Cómo se puede llamar a una comisión congresal que está siempre dispuesta a echar a los leones a sus enemigos y a tratar con guantes de seda a sus amigos y protegidos, KF y AG, ante las mismas acusaciones de corrupción?

Es circo, encubrimiento y traba del buen funcionamiento de la justicia. ¿A título de qué ley, razón o criterio, el presidente del Congreso acompaña a su lideresa y encabeza públicamente la resistencia a la aplicación de la ley por parte del Poder Judicial?. En tiempos normales, el presidente del Congreso sería censurado y obligado a renunciar, pero en la situación anormal de una dictadura de la mayoría parlamentaria no pasa nada.

El presidente del Congreso y la presidenta de la Comisión de Lava Jato sostienen que la negativa constitucional de PPK genera un conflicto innecesario entre Poderes del Estado en vísperas del otorgamiento del voto confianza al nuevo gabinete e insisten en la invitación a PPK a declarar ante la mencionada comisión. El fujimorismo no quiere un Presidente de la República autónomo sino uno genuflexo a los dictados de su mayoría parlamentaria.

En medio de estos dimes y diretes entre los líderes de los poderes del Estado, ¿se va a otorgar hoy o no el voto de confianza al gabinete Araoz?. Algunos políticos y analistas sostienen que el voto de confianza es inevitable porque los fujimoristas no están dispuestos a cambiar sus altos sueldos seguros por la disolución del Congreso y los resultados azarosos de una nueva elección parlamentaria. Más vale un pájaro en mano que cientos volando.

Es probable que así sea, pero es posible que la mayoría fujimorista mantenga el suspenso durante unos días, como hizo la circunstancial mayoría parlamentaria que mantuvo colgada casi un mes al gabinete de Ana Jara en el gobierno de Humala, antes de darle un forzado voto de confianza. Una exhibición de fuerza antes del sometimiento a la ley.

No  está escrito en piedra, sin embargo, que el fujimorismo esté obligado a otorgar el voto de confianza. Es posible que, encandilados por los cantos de sirena de IPSOS y de Datum, crean que una nueva elección parlamentaria los favorece y opten por el riesgo de la disolución del Congreso. Tampoco está escrito en piedra que PPK, ante esa posibilidad, disuelva el Congreso para ir a una nueva elección. Tiene la facultad de hacerlo, pero no está obligado.

Es interesante preguntarse qué haría PPK si la mayoría fujimorista se negara a darle el voto de confianza al gabinete Araoz. ¿Usará la facultad que le otorga la Constitución de disolver el Congreso en esas circunstancias o, presionado por la CONFIEP y por los medios concentrados, optaría por renovar el sometimiento del Ejecutivo ante el Congreso fujimorista?.  Interpretando a esos poderes, el Presidente del BCR ha dicho que lo peor que le podría pasar al Perú es disolver el Congreso y convocar a una nueva elección parlamentaria. Esta probable salida política parece ciencia ficción, pero no lo es.

Sinesio López Jiménez

El Gabinete Araoz es, sin duda, un gabinete conversado y acordado entre el gobierno de PPK y el Apra con la aparente aquiescencia del fujimorismo. Este acuerdo se expresará con claridad en el voto de confianza que el Apro-fujimorismo brindará al gabinete Araoz el 12 de este mes.

¿Cuál es el alcance político y social del gabinete Araoz?, ¿es sólo un acuerdo con el Apra?, ¿cuál es el nivel de compromiso de los naranjas con el nuevo gabinete?, ¿convocará el nuevo gabinete a otros personajes más cercanos al fujimorismo?, ¿qué fuerzas sociales lo respaldan?. ¿Qué papel juegan otras bancadas menores?. ¿Cuál es la posición de las izquierdas frente al gabinete conversado?.

La respuesta a estas preguntas obliga a imaginar cuatro escenarios posibles. El primero es la consolidación del gabinete conversado (que es, en un lenguaje del pasado, una especie de convivencia del gobierno con el Apra respaldada por FP). Este gabinete ha recibido el espaldarazo de la CONFIEP, de los medios concentrados y de casi toda la derecha.

El segundo escenario es la incorporación al gabinete conversado de algunos personajes que, sin pertenecer a las filas del fujimorismo, tienen estrecha relación con él. Este gabinete se aproximaría a lo que podría llamarse un gobierno (simulado) de PPK con el Apra y con FP o, para usar los términos del pasado, un gobierno de Superconvivencia.

El tercer escenario es la reducción del gabinete conversado a un acuerdo de PPK con el Apra sin el respaldo del fujimorismo. Este sería un gabinete muy débil e inestable, sobre todo si el fujimorismo despliega una oposición dura y avasalladora como producto de malos entendidos con el gobierno y de las tensiones con el Poder Judicial, en particular con la Fiscalía. Es muy temprano para predecir las consecuencias políticas de las acusaciones fiscales de crimen organizado al Apra y a FP.

Un cuarto escenario posible es la ruptura del gabinete conversado por desacuerdos entre sus integrantes. Esto implica el retorno de la crisis política y del dilema de un nuevo sometimiento del Ejecutivo al fujimorismo o de la disolución del Congreso naranja. ¿Qué posición asumirá el Ejecutivo en este nuevo escenario?

¿Cuánto durará el gabinete conversado?. Su duración depende, en gran medida, del grado de compromiso del Apra y de FP con el gobierno, del respaldo de los poderes fácticos y de los medios concentrados. Si el compromiso es más o menos amplio y se consolida, entonces el gabinete conversado (con pequeños cambios) podría durar. Si el compromiso es estrecho y se debilita, durará muy poco.

Se señala el papel que quieren jugar el Apra y FP en las elecciones regionales y locales como un factor que debilita su compromiso, pero la competencia y la dinámica de las elecciones regionales se concentra desde hace un buen tiempo, no en los partidos nacionales, sino en los partidos regionales.

Me parece que el gabinete conversado traza la cancha política y social de una manera nueva que obliga a las izquierdas a redefinir sus estrategias y sus tácticas en relación con el gobierno de PPK y con el apro-fujimorismo.