El azar existe en la historia y en la política, pero me parece que todo el enredo del “caso Pandolfi” es una maniobra consciente y calculadamente planificada por García, el Presidente de la República, con el expreso objetivo de debilitar al Primer Ministro, a quien, en público, le dice, sin embargo, te necesito y el país te necesita, y de redefinir las coaliciones políticas en las que se sustenta su gobierno. Mi hipótesis es que el gobierno de García se parece cada vez más al de Fujimori y que puede llegar a ser un fujimorismo sin Fujimori. He aquí algunos elementos para comparar similitudes y acercamientos: un presidencialismo exacerbado, retórico y autoritario, la voluntad de manejar gabinetes sumisos, la organización de un gobierno de los ricos con el apoyo de los pobres (la aspiración más acariciada de García), el asomo de un manejo perverso de los medios (un ministro que despotrica de la prensa democrática y financia a la corrupta), un desprecio por las instituciones, la sociedad civil (a la que García pretende controlar) y los partidos, la apelación a la austeridad como coartada (el problema no es que los ricos no paguen los impuestos que deben pagar sino que los parlamentarios, los altos funcionarios y los alcaldes se la llevan toda), un manejo cínico de la política (la inclusión en el gobierno de personajes cuestionados y corruptos y la amenaza del secretario general del APRA a la oposición con cerrar el parlamento recurriendo a nunca usados mecanismos constitucionales del semipresidencialismo), la conformación de coaliciones políticas sin ningún criterio ético (desde la integración de la plancha presidencial hasta la constitución de la mayoría parlamentaria).

Lo que está pasando ahora tiene una pequeña historia que es necesario recordar. García pasó ajustadamente a la segunda vuelta, pero su representación parlamentaria, elegida en la primera vuelta, era una segunda minoría. El triunfo electoral en la segunda vuelta, le dio legitimidad para gobernar pero no subsanó la carencia de una mayoría parlamentaria que le diera gobernabilidad. Esta es una de las desventajas de las segundas vueltas mediante elecciones generales. Si la segunda vuelta se hubiera llevado a cabo en el Congreso como sucedía hasta 1962, García hubiera obtenido al mismo tiempo legitimidad y gobernabilidad y se hubiera visto obligado a formar, no alianzas vergonzantes e informales, sino una coalición formal y a la luz del día que sustentara su gobierno. La carencia de una mayoría parlamentaria obligó al gobierno aprista a organizar una coalición informal con la derecha decente de unidad nacional y con la corrupta del fujimorismo. La informalidad de la coalición no niega, sin embargo, que ésta exista y se exprese en las votaciones congresales sobre los asuntos importantes del gobierno y en la elaboración de las agendas públicas. La coalición se expresa también en la conformación del equipo de gobierno, especialmente del equipo económico, con el que, al parecer, se sienten identificados, en mayor o menor medida, los apristas, los de Unidad Nacional y los fujimoristas. Se expresa también en la aplicación de las políticas públicas, especialmente de las políticas económicas y sobre todo en las ridículas e irrelevantes acusaciones de corrupción al gobierno de Toledo para encubrir la gigantesca corrupción del gobierno de Fujimori. La informalidad de la coalición permite, sin embargo, a sus integrantes defender su autonomía y alegar que sus acuerdos expresados en el equipo de gobierno y en las políticas públicas son meras coincidencias.

Mutatis mutandis, esta nueva coalición tiene ciertos aires de familia con la de 1956 en el contenido y en la forma. Entonces la oligarquía conformó una alianza con el APRA. La oligarquía estaba al mando y el APRA, subordinada, a la inversa de lo que pasa ahora. Como ahora, la coalición era informal, pero tenía plena vigencia en las Cámaras legislativas y en la política en general. Cuando la oposición de entonces acusaba al APRA de traición, ésta alegaba que no había tal alianza porque no existía un acuerdo oleado y sacramentado al respecto. Esa coalición fue bautizada por la oposición como el gobierno de la convivencia, un nombre que pasó a la historia y que se prolongó, con pequeñas variantes, hasta 1968. Esa convivencia bloqueó todas las reformas reclamadas masivamente por las nuevas fuerzas sociales, pero permitió un pequeño y languideciente oasis democrático dentro del excluyente Estado Oligárquico de entonces.

La oligarquía pasada y sus voceros han sido reemplazados ahora por el capital extranjero y local y por sus representantes sociales y políticos, configurando una nueva convivencia que, sin duda, define el contenido de las políticas públicas del gobierno actual. Si los rasgos políticos que acercan cada vez más a García con el gobierno y el estilo fujimoristas se acentúan es probable que la alianza del APRA con los representantes del extraditable se consolide y que Unidad Nacional tome distancias de la misma. Me parece que esta reconfiguración de coaliciones políticas en el gobierno ya comenzó a producirse a partir del caso Pandolfi.
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Me resulta difícil imaginar a García enfundándose en el uniforme de gladiador y arriesgando su vida y la de sus hijos, como Maximus (Russell Crowe), en heroica lucha contra el emperador Comodus y en defensa de la República romana. Eso supone un nivel de heroísmo que nadie le reconoce. Pero García insiste en presentarse, en sus discursos, como un consumado republicano de acuerdo a los más exigentes cánones ciceronianos. ¿Puede un populista devenir con el tiempo y las circunstancias un republicano cívico? O para decirles en términos comunes y corrientes: ¿Puede un político que sueña con el gasto público expansivo y con el shock de inversiones ser un gobernante austero?. ¿Puede un político que gobernó como gobernó entre 1985 y el 2000 alardear de austero republicano?. O para decirlo más directamente: ¿Puede el señor García que hizo del fisco lo que quiso en su primer gobierno presentarse hoy impunemente como un virginal republicano?.

El republicanismo cívico es una vieja y venerable corriente del pensamiento político que levanta las banderas de la defensa del bien común, de la entrega desinteresada a él y de la ciudadanía activa (que no se limita a formular demandas sino que se asume también responsabilidades) y que se organiza como gobierno representativo de una comunidad política pequeña y homogénea. Esos fueron los discursos y la forma política de Esparta y de Roma republicanas, de las ciudades-repúblicas italianas que sobrevivieron como oasis republicanos en medio de la pugna entre el imperio feudal y el Papado, de la revolución inglesa que, bajo la inspiración de Harrington, instaló la república en 1648, de la revolución independentista norteamericana que, con Jefferson a la cabeza, proclamó la república en1776. La tarea posterior de los federalistas fue compatibilizar la tradición republicana con la extensa geografía, la complejidad social y la densa historia norteamericana. Además de los mencionados, los militantes más eximios del republicanismo cívico fueron Maquiavelo, Guiciardini, Savonarola, Rousseau, el joven Hegel. ¿Puede García acompañar a esta insigne galería de intelectuales y políticos republicanos? Pese a las importantes contribuciones que ha hecho la historiadora Carmen McEvoy en sus investigaciones sobre el pensamiento republicano peruano del siglo XIX, el Perú no ha sido una tierra fértil en donde germinara y se desarrollara con amplitud el republicanismo, inspirando la formación de organizaciones y partidos republicanos. Si así hubiera sido, habríamos tenido en estos lares una mayor tradición de accountability (rendición de cuentas) tanto horizontal (de instituciones) como vertical (de la esfera pública y la sociedad civil) y una menor cantidad de élites políticas corruptas. En el Perú del siglo XIX predominaron más bien el patrimonialismo, el comunitarismo conservador y el liberalismo, a los que se agregaron en el siglo XX el anarquismo, el socialcristianismo y el marxismo.

Por todas estas razones teóricas e históricas, me parece que la política de austeridad republicana de García es una coartada para varias cosas. En primer lugar, García busca no tocar y quiere más bien proteger los intereses de los ricos. Según el discurso de la austeridad, el problema no es que el Estado carezca de recursos para atender las urgentes necesidades de los pobres, sino que los altos funcionarios, los parlamentarios y los alcaldes se la llevan toda. Ergo, no es necesario desplegar una política impositiva que grave a los que más tienen, aunque tengan boyantes ganancias extraordinarias: Lo que hay que hacer –y es lo que se ha hecho- es recortar los sueldos de los que se la llevan toda. En una simple evaluación de costos y beneficios, las medidas de austeridad son una política ineficaz: lo ahorrado mediante la política de austeridad es una propina, comparado con lo que debieran haber pagado las empresas mineras mediante un impuesto a las ganancias extraordinarias. Se ha reemplazado el impuesto por una donación voluntaria que, además de ser poco significativa, se presta para todo, especialmente abre las puertas a la corrupción: la generosidad de los mineros no es política ni legalmente transparente, no está normada y, por consiguiente, no está sometida a la accountability vertical que es vinculante. En segundo lugar, García quiere, apelando a la austeridad, incrementar su poder interviniendo arbitrariamente instituciones que, por ley, son autónomas. Tal es el caso de los municipios que, bajo el pretexto de corregir los altos sueldos de algunos alcaldes, fueron intervenidos violando la autonomía municipal. Aunque satisfaga el ego y el poder de García, la medida es absurda: el salario de un chofer de Palacio de gobierno, que no tiene responsabilidad política alguna, es igual o más que el de algunos alcaldes distritales de Lima y el doble que el de algunos alcaldes de provincias.

En tercer lugar, García quiere limpiar su imagen y borrar las acusaciones de corrupción que se hicieron a su primer gobierno, apareciendo hoy como un gobernante honesto y austero, un republicano a carta cabal. En ciertos casos, sobre todo cuando los políticos y los funcionarios no son efectivamente republicanos, las medidas de austeridad generan lo que en política se llama efectos perversos, esto es, terminan produciendo lo contrario a lo buscado: con esa medida no se ahorra los fondos públicos sino que más bien se dilapidan mediante la corrupción política que trata de recuperar con creces lo perdido por la aplicación de las medidas de austeridad, como ya lo han advertido algunos medios.

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En uno de sus mejores libros, Coerción y Capital, la formación del Estado del 900 a 1990, Charles Tilly, sociólogo y políticólogo norteamericano, ha escrito que todos los estados son obra de empresarios y guerreros y que los estados nacionales europeos no han seguido, en su origen y desarrollo, una misma ruta sino tres caminos diferentes, dependiendo, en cada caso, de la forma como se combinaron la coerción y el capital. En varios de ellos (Hungría, Prusia, Rusia, Polonia) predominaron los guerreros; en algunos (Holanda, Venecia, Génova), los empresarios y en otros (Irlanda, Escocia, Inglaterra, Gales y Francia) actuaron equilibradamente empresarios y guerreros. Antes que Tilly y siguiendo a Max Weber, Otto Hintze, historiador alemán, había escrito en su obra Historia de las Formas Políticas que los estados modernos fueron construidos por los caudillos políticos, que los capitalismos fueron forjados por los caudillos empresarios y que en algún momento de la historia se produjo un encuentro fortuito pero productivo (afinidad electiva lo llamaron Weber y Hintze, tomando las palabras de Fausto de Goethe) entre ambos tipos de caudillos, dando origen, con el tiempo y las circunstancias, a una estrecha relación estructural entre el capitalismo y el Estado moderno. Es teóricamente sugerente y políticamente útil formular algunas hipótesis sobre los estados latinoamericanos, apelando a estas categorías, con la condición de que se añadan y combinen los factores económicos y políticos de carácter imperialista.

En el caso peruano se pueden distinguir hasta cuatro formas de estado en la época republicana: El Estado Criollo, el Estado Oligárquico, el Estado Populista (Velasquista) y el Estado Neoliberal. Cada forma de estado está estrechamente asociada a un modelo de acumulación y ambos están articulados por una misma coalición social y política en la que pueden tener hegemonía los empresarios o los guerreros, dependiendo, en cada caso, de la forma de estado y del modelo de acumulación. Más allá de los regímenes democráticos y no democráticos en los que se expresa cada forma de estado, ésta mantiene algunos elementos permanentes que la caracterizan: un cierto tipo de coaliciones sociales y políticas, una forma de inclusión o de exclusión de las clases populares, un cierto tipo de cuadro administrativo y el tipo de políticas económicas.

Es casi un abuso del lenguaje llamar al Estado Criollo del siglo XIX, que no había logrado un sistema estable de dominación social ni una corporización visible en presupuestos, instituciones y burocracias, un Estado o una forma de Estado, pese a que contaba con algunos elementos estatales como el territorio heredado de la colonia, las constituciones y ciertas tradiciones culturales comunes. En ese contexto, fueron los caudillos, especialmente los caudillos militares, los que encarnaron el Estado y mantuvieron (es un decir) la unidad del territorio. Las cosas cambiaron con el Estado Oligárquico, en el cual los oligarcas (empresarios agrarios exportadores), en estrecha alianza y conflicto con los gamonales de la sierra y el capital extranjero, organizaron e hicieron funcionar un estado patrimonialista, excluyente, racista, con una autoridad mediada, indirecta y poco centralizada, con débiles instituciones y una pequeña burocracia, sin monopolio de la violencia y económicamente liberal. En ese Estado, los militares, como bien lo señaló Basadre, se pusieron al servicio de la coalición oligárquica. Los papeles se invirtieron con el Estado Velasquista que, a diferencia de otros Estados Populistas de América Latina en donde los caudillos políticos jugaron un papel central, fue construido por los guerreros, desplazando a las élites tradicionales, impulsando a élites industriales nacionales y organizando un estatismo orgánico, corporativo, incluyente, con una autoridad centralizada y directa, con una burocracia pesada y con un capitalismo de Estado, naturalmente voluntarista y heterodoxo en su política económica. Con el Estado Neoliberal, el péndulo se desplazó nuevamente hacia el lado empresarial, pero esta vez, ante la debilidad de las élites locales y las instituciones estatales, el componente externo (FMI, organismos económicos internacionales y el capitalismo globalizado) jugó un papel central mientras los empresarios locales y los militares sólo fueron comparsa y soporte de esta nueva forma de Estado, particularmente durante el gobierno autoritario de Fujimori. La nueva coalición social entronó al mercado como asignador de recursos para el desarrollo, destronó al estado mediante las llamadas reformas estructurales (apertura de la economía al mercado internacional, desregulación de los mercados y privatizaciones), secuestró sus aparatos económicos y lo organizó como un estado excluyente que impulsa la autorregulación de la economía de mercado, pero deja de lado la protección y la autoprotección de la sociedad, que despliega una política económica liberal y una política social focalizada y que busca legitimarse mediante modestas reformas de la administración pública y la descentralización. En el Cono Sur, a diferencia del caso peruano, fueron los guerreros los que se pusieron a la cabeza de la organización del Estado Neoliberal.

Una reforma del Estado de gran aliento, además de reformas parciales necesarias, debiera tener como objetivo poner fin al péndulo fatal de empresarios, guerreros y caudillos para construir una nueva forma de estado, producto de una política de compromiso entre las diversas clases y grupos sociales.
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Los países con parlamentos bicamerales constituyen una minoría en el mundo actual. De los 180 países miembros de la Unión Interparlamentaria en el 2002, 72 eran bicamerales y 116, unicamerales. Los parlamentos de los 18 países democráticos de América Latina se dividen paritariamente entre unicamerales y bicamerales. La tendencia en el mundo actual es la unicameralidad. En la década del 90, Perú y Venezuela pasaron de una estructural bicameral a una unicameral basándose en consideraciones y en perspectivas autoritarias. ¿De qué factores depende la estructura parlamentaria? Esta, al parecer, no depende del grado de desarrollo de los países ni del tipo de sistema político democrático. De hecho, los países desarrollados y los no desarrollados cuentan, por igual, tanto con parlamentos unicamerales como con bicamerales. Puede decirse lo mismo de los tipos de sistemas políticos democráticos: los sistemas presidencialistas, parlamentaristas o semipresidencialistas tienen indiferentemente parlamentos unicamerales o bicamerales. Pareciera que los factores determinantes son las tradiciones que provienen de la cultura política. El diseño institucional de muchos países de América Latina, tanto en el presidencialismo como en el parlamentarismo, fue copiado del diseño norteamericano, introduciendo algunas novedades como el sistema proporcional en la elección de los congresos, lo que incide decisivamente en la división de poderes, en la conformación de los partidos parlamentarios y en la gobernabilidad democrática de estos países. Sin caer en determinismos geográficos, los congresos unicamerales de América Latina parecieran ser propios de países pequeños, sobre todo en América Central y en el Caribe, con la notable excepción de Santo Domingo. Aunque, es necesario reconocerlo, existen países pequeños en Sudamérica (Bolivia, Uruguay y Paraguay) cuyo congreso es bicameral. El tamaño y el volumen de la población de un país en el mundo moderno están estrechamente vinculados con la complejidad social y ésta incide decisivamente en el fenómeno de la representación que, a diferencia de las repúblicas clásicas, tiene que vérselas con las facciones de todo tipo y con la pluralidad social y cultural.

Las argumentaciones que justifican una u otra de las opciones (unicameral o bicameral) en la estructura parlamentaria son diversas. Los partidarios del unicameralismo apelan a dos razones principales: la agilidad del sistema unicameral y el menor costo que él implica. La primera razón es atendible, pero la segunda no es cierta, al menos para el caso peruano: el actual congreso unicameral es más caro que el antiguo bicameral. Los partidarios de la bicameralidad levantan cuatro argumentos importantes: la representación de intereses diferentes, la configuración de un sistema de pesos y contrapesos, la mejora en la calidad de la ley y la conformación de una élite política nacional. De estas cuatro razones, la principal es, sin duda, la representación de intereses. En todo caso, de la diferencia de intereses nacieron las dos cámaras legislativas en Inglaterra: La Cámara de los Comunes y la de los Lores. En el caso norteamericano, la Cámara Alta representaba y representa los intereses de los estados federales. De esta manera, el Senado se convirtió en uno de los garantes de la equidad en la relación entre los estados federales de Estados Unidos. La mayoría de países de América Latina, sean Federales o no, ha seguido el modelo norteamericano y elige a sus senadores que representan los intereses de sus respectivas regiones. En otros países (Uruguay, Paraguay) los senadores son elegidos en el nivel del distrito nacional y representan, por consiguiente, el interés de nacional. Santo Domingo y Colombia son casos especiales. La mitad del Senado dominicano es elegido por las provincias (uno por cada una de ellas) y la otra, en el distrito nacional. En el caso colombiano, la mayoría del Senado (100) es elegida en distrito único, 2 son elegidos en la circunscripción especial de comunidades indígenas y cinco representan a otras circunscripciones territoriales. La actual propuesta peruana, a diferencia de la propuesta de la Constitución del 79, es parecida a los modelos de Uruguay y Paraguay. En el caso peruano, la elección del Senado en distrito nacional tiene la ventaja de impulsar la formación de una élite política nacional en circunstancias en que la actual representación congresal tiende más bien a la fragmentación y al localismo. No hay que desdeñar tampoco el papel de contrapeso que ha jugado el Senado en el pasado frente a un presidencialismo exacerbado. En los peores momentos del primer gobierno desastroso de García (estatización de la banca e hiperinflación), fue el Senado el que serenó el partido y puso orden. Uno de los temas importantes que no toca el debate actual es el tamaño de la representación, chantajeados quizás por el desprestigio del Parlamento y por el argumento de los altos costos de la representación parlamentaria. Casi en todos los países de América Latina el tamaño de las Cámaras está determinado por el volumen de la población y se va ajustando cada vez que se realiza un nuevo censo poblacional. Visto en perspectiva comparada, el Perú es un país sub-representado con respecto a los otros países de América Latina.

Me parece que, en términos de diseños institucionales, el debate sobre la estructura parlamentaria importa, pero no tanto. En realidad, el debate no debiera centrarse en la estructura de la representación parlamentaria sino en el tipo de sistema político. El único presidencialismo que funciona es el norteamericano. En América Latina casi todos son deficitarios. ¿Qué tipo de sistema político requiere el Perú y América Latina?. ¿Presidencialismo, parlamentarismo o semipresidencialismo? En el nivel teórico y normativo ya se produjo ese debate hace algún tiempo entre Juan Linz que apuesta al parlamentarismo, Giovanni Sartori que es partidario del semipresidencialismo a la francesa y Dieter Nohlen que prefiere más bien un presidencialismo renovado. Urge peruanizar ese debate.
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Ahora que están de moda las evaluaciones, propongo aplicar una a los políticos, especialmente a los que hoy cortan el jamón y a los que pelean por cortarlo, no para desplegar un vasto programa de capacitación dedicado a estos ilustres e ilustrados personajes, sino con la finalidad de conocer el nivel de entrenamiento que tienen para jugar el partido de fondo: la reforma del Estado. Tengo la impresión que, cuando hablan de este tema, los políticos no se están refiriendo a la misma cosa. Y es normal que eso suceda no sólo por los diferentes niveles de conocimiento que existen entre ellos acerca el Estado, sino, sobre todo, por sus diferentes orientaciones ideológicas y políticas. Los patrimonialistas no piensan lo mismo sobre el Estado ni esperan lo mismo de él que los liberales, ni éstos tienen las mismas ideas y aspiraciones estatales que los socialdemócratas. Es probable, sin embargo, que en algunos aspectos de la reforma estatal los políticos de diferentes ideologías coincidan y que en otros difieran radicalmente. Esto significa que es muy posible que todos los políticos estén de acuerdo en contar con un estado que despliegue una gerencia y una gestión eficaces, eficientes y transparentes, pero es también muy posible que discrepen sobre las funciones que debe tener el Estado.

El desnivel en los conocimientos sobre el Estado se puede corregir con el debate, las lecturas y la capacitación formal. Lo que no es fácil ni deseable superar o eliminar son las diferencias ideológicas y políticas sobre el Estado. Estas, como sostenían los federalistas norteamericanos (Madison, Hamilton y Jay) refiriéndose a las facciones, son producto tanto de la diversidad social y cultural del país como de la vigencia de las libertades. Por eso, es mejor para la salud personal de los políticos y para la salud social y política del país que nadie (ni el gobierno ni las oposiciones) sueñe con imponer sus puntos de vista sobre algunos aspectos del Estado (las funciones, por ejemplo) como si fueran la verdad única e irrefutable, disfrazándolos con un supuesto ropaje técnico, sino que se acostumbre a establecer acuerdos parciales y políticas de compromiso, teniendo en cuenta las correlaciones sociales y políticas de las fuerzas que operan en el país. A este respecto, es necesario señalar que, de acuerdo a las encuestas que se han aplicado sobre el tema en el Perú y a las que volveré en otra oportunidad, existe una fuerte diferencia entre lo que piensa y quiere la gente común y corriente sobre las funciones del Estado y lo que quiere, sino la mayoría, al menos una parte significativa de los políticos. Este es un dato clave a tener en cuenta cuando se discute la reforma del Estado.

Quizá la deficiencia más importante del actual debate sobre la reforma del estado es el hecho de no contar con una propuesta global de la misma. Ni el gobierno, sobre todo el Ejecutivo, ni ninguna fuerza de oposición (es un decir) han presentado una propuesta global de reforma que muestre el horizonte del cambio estatal, las dimensiones que comprende, las estrategias y acciones a desplegar, los procesos que implica, las capacidades a mejorar, las formas institucionales a diseñar, etc. Una propuesta global daría sentido a las propuestas parciales (la fusión de los Organismos Públicos Descentralizados, por ejemplo, o la reforma del Poder Ejecutivo, o la del Poder Judicial). Una medida parcial de reforma del estado tiene sentido en la medida que ella hace parte de una propuesta global, que señala lo que busca en términos de resultados, que muestra desde donde parte y hasta donde quiere llegar, en qué plazos se va a llevar a cabo, cuáles son los costos que se van a ejecutar y cuáles los beneficios que se van a obtener.

Para aplicarles su propia medicina a los evaluadores, les propongo responder a las siguientes preguntas sencillas y precisas sobre el Estado: ¿Qué es el Estado?, ¿qué elementos lo integran?, ¿forman parte del estado las cambiantes formas institucionalizadas de dominación social?, ¿cuáles son las funciones del Estado?, ¿cómo se gestiona y cómo opera el Estado?, ¿cuál es la diferencia entre los conceptos de Estado, régimen político y gobierno?, ¿qué relaciones existen entre el Estado y el sistema político?, ¿cuál es la diferencia entre la forma de Estado y la forma de gobierno?, ¿cuáles son las principales formas de Estado que ha tenido el Perú en su historia republicana?, ¿qué diferencias existen entre las formas de Estado latinoamericanas y las formas de Estado clásicas de Europa?, ¿cómo ha pasado el Perú de un forma de Estado a otra?,¿qué continuidades y que rupturas se han producido con los cambios de las formas de Estado en el Perú?,¿cómo se produjeron las reformas de primera generación que dieron origen al actual Estado Neoliberal?. Y, finalmente, me permito formularle dos preguntas directas al Presidente García, quien no sólo corta el jamón sino quien se siente también dueño del chifa: Su propuesta de reforma estatal, si la tiene, ¿ busca mejorar al actual Estado Neoliberal o cambiarlo por otra forma de Estado?. Si busca esto último, ¿cuál es esa nueva forma de Estado?. Para invitarlo a responder le recuerdo al Presidente las desafiantes palabras del buey a la rana fanfarrona de la fábula de Esopo: Hic Rodhus, hic salta. O para decirlo en buen romance: Este es el problema de fondo, resuélvalo García.
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