Del reciente mensaje al país de García, me parece que es útil rescatar dos cosas para dialogar con los lectores. La primera, su voluntad de rendir cuentas a los ciudadanos que son -hay que recordárselo a cada instante- los soberanos, esto es, los titulares del poder en una democracia. La segunda, la forma sobria, didáctica, profesoral de su presentación. García dejó de lado momentáneamente el bochinche, la confrontación, la discordia que han marcado estos seis primeros meses de gobierno para asumir una cierta pose de estadista. Después de escucharlo, verlo y leerlo casi todos los días en casi todos los medios, especialmente en el canal 7 hasta el cansancio, yo había llegado a la siguiente conclusión: La máxima tranquilidad de los ciudadanos depende del silencio de García.

Lo más discutible del mensaje presidencial es, desde luego, su contenido. Es necesario discutir, uno a uno, sus objetivos y sus logros. Aquí lo haremos en sucesivas entregas. Por ahora quiero plantear tres razones generales para discutir su contenido. La primera, la intención expresa de confundir el informe de lo realizado en los seis primeros meses de gobierno con las propuestas a realizar en el año 2007. Sugiero la siguiente hipótesis para entender esta confusión voluntaria de hechos y expectativas: Ante la conciencia de la modestia de sus realizaciones en estos seis primeros meses, García decidió mezclarlas con las propuestas del año que viene en un típico juego de ilusionista para impactar a los ciudadanos. Este juego puede ser, sin embargo, contraproducente porque puede terminar falseando los hechos mismos que aparecen entonces como “recuerdos, mentiras del pasado”, mezclados con las “esperanzas, mentiras venideras”, como decía el poeta Augusto Salaverry (si no mal recuerdo).

La segunda razón que induce a discutir el mensaje presidencial es la cuestión de los créditos de lo que García juzga como el logro más importante y que es, además, el primer objetivo de su gobierno: el crecimiento económico. Este aparece como un logro exclusivamente suyo y eso, obviamente, no es así. Todos sabemos que la economía experimentó una fase recesiva entre 1997 y el 2000 y que la reactivación comenzó en el 2001 y se ha mantenido ininterrumpida y crecientemente hasta ahora. García nada tuvo que ver en 5 años de crecimiento continuo. Este es, en todo caso, un mérito del gobierno de Toledo al que acompañaron circunstancias internacionales favorables que, generosamente, siguen acompañando también a García. ¿Cómo explicar esta creencia, a lo mejor sincera, de García que lo induce a sentirse el exclusivo autor de este, según él, logro mayor? Sugiero la siguiente hipótesis: Todas las personas que se sienten grandes protagonistas tienden a confundir su biografía con la historia del país en el que viven e ingenuamente creen que ella (la historia) comienza con ellos. Alexis de Tocqueville, destacado sociólogo y politólogo francés del siglo XIX, sugirió esta hipótesis para explicar tanto el predominio de las continuidades sobre las rupturas en la historia de Francia como las creencias y actitudes de los revolucionarios franceses de fines del siglo XVIII, pero yo pienso modestamente que ella puede extenderse a todos los que se sienten grandes protagonistas de la historia, lo sean o no efectivamente y sean o no revolucionarios.

Una tercera razón que nos lleva a discutir el contenido de su mensaje es el silencio de hechos (ataques contra las ONGs) y propuestas (pena de muerte para terrorista y violadores de niños) que García formuló y que llevaron al país a opinar a favor o en contra de las iniciativas presidenciales durante varios días de los seis primeros meses de gobierno alanista. Los silencios son algunas veces más elocuentes que las palabras. ¿Significa el silencio sobre estos hechos que reconoce los errores, pero que no se atreve a hacerlo en público?. ¿O el manto actual de silencio que cubre sus propuestas polémicas ha sido desplegado sólo para la ocasión de un mensaje que pretende ser consensual?. ¿O significa que algunas de sus propuestas no eran otra cosa que maniobras diversionistas para distraer a las oposiciones?.

Finalmente, ¿el Perú avanza como lo reitera machaconamente el mensaje de García?. Depende. Avanza ahora y es probable que avance en el futuro hasta cierto límite por el camino del crecimiento económico, no por García, sino por inercia que viene de atrás y porque Dios es peruano. En lo que el Perú no avanza y no va a avanzar es en la ruta democrática. En este caso es posible, por el contrario, que el Perú, como el cangrejo, retroceda a las cavernas autoritarias, sobre todo si se aplican las recetas de García silenciadas en el mensaje. El Perú tampoco va a avanzar en la ruta de la justicia social. Independientemente de lo que pase con la pobreza, incluso si disminuyera, la desigualdad social se va a profundizar, como ha sucedido en Chile, el país en donde ha tenido más éxito el modelo neoliberal. Pese a todo, el Perú avanza gracias al punche sostenido y admirable de los de abajo. Rengueando, ziczagueando, jadeando, protestando y esperando, el Perú avanza. A pesar de García.
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Un nuevo fantasma recorre América Latina: el optimismo. Después de más de 20 años de estruendosos fracasos del modelo económico neoliberal, asoman tímidamente 4 años seguidos de éxitos en la marcha de la economía latinoamericana. Los informes de los organismos económicos internacionales sobre la actual situación económica y social de América Latina y sus perspectivas trasuntan ese optimismo relativamente contagiante. En su informe del 2006, la CEPAL sostiene, por ejemplo, que “el último cuatrienio (2003-2006) puede calificarse como el de mejor desempeño económico y social de América Latina en los últimos 25 años. El avance en la reducción de la pobreza, la disminución del desempleo, la mejora en la distribución del ingreso en algunos países y un aumento importante del número de puestos de trabajo son los principales factores que marcaron una tendencia positiva en varios países de la región”. El Banco Mundial no se queda atrás en el derroche de optimismo en lo que se refiere al crecimiento económico, pero lo modera al analizar el modesto impacto de ese crecimiento en el campo de la pobreza y la desigualdad en el caso peruano: “Sin embargo, a pesar de este extraordinario desempeño (se refiere al crecimiento económico del Perú en los últimos 5 años), el crecimiento no ha generado suficientes puestos de trabajo, no ha reducido la pobreza de forma significativa, y depende aún de la depredación de los recursos naturales. Después de todo, uno de cada dos peruanos sigue siendo pobre. Mientras que en el año 1970 el ingreso per cápita del Perú era más alto que el de Chile, actualmente es menos de la mitad que el de su vecino del sur”.

Habría que preguntarse si el optimismo de los organismo internacionales es compartido por la élites latinoamericanas, qué sentido le dan y hasta dónde lo comparten. Estrechamente vinculada a la interrogante anterior hay que preguntase también en qué medida el éxito económico se traduce en optimismo social. Si es así, ¿cuál es la amplitud social del optimismo? ¿Qué sectores sociales se ven contagiados por él? Los datos del Latinobarómetro no son desgraciadamente precisos al respecto puesto que no presentan la distribución social del optimismo por estratos. Solo señalan que, en la percepción de la población, la situación económica personal y la del país han mejorado entre 2001 y 2005. La percepción de mejora económica personal ha subido en ese periodo de 23% a 31% y la de mejora económica del país se ha elevado de 14% a 24% en el mismo lapso. La misma dinámica han seguido las expectativas tanto las personales como las del país. En el 2005, los países más esperanzados en el progreso eran Chile (62%), Venezuela (54%), Argentina (45%), Colombia (43%), Brasil (40%) y Uruguay (39%). El menos optimista era el Ecuador con sólo el 11% que creía que el país había progresado. Los datos muestran que el Perú es más pesimista que optimista: Sólo el 22% de los peruanos creía que el Perú progresaba en el 2005. Pese a la creencia en el progreso personal y colectivo de ciertos sectores sociales de América Latina, la mayoría cree que el tiempo pasado fue mejor: el 55% de los latinoamericanos, en efecto, creen que sus padres vivían mejor que ellos. La añoranza del pasado es más alta en Paraguay (75%), Ecuador (68%), Perú (67%) Nicaragua (66%). En Chile, en cambio, son menos nostálgicos con el pasado pues sólo el 35% cree que ese pasado fue mejor. Es probable que el optimismo se concentre en los sectores medios y altos de las sociedades latinoamericanas y que los sectores populares, pobres y muy pobres sean presa del escepticismo y del pesimismo, no porque son tontos y desinformados, sino más bien porque tienen la certeza de que los beneficios del crecimiento que ellos producen con su trabajo no llega a sus bolsillos ni a sus estómagos.

Pese a las mejoras que la gente percibe en la situación económica de su familia entre Febrero del 2006 y Febrero del 2007, la mayoría de los peruanos se siente insatisfecha (47%) y muy insatisfecha (6%) con su situación económica familiar y la mayoría (53%) cree que el próximo año la situación económica de su familia se mantendrá igual o empeorará (14%), según la última encuesta de la PUCP. La cosa cambia con respecto a las expectativas de la gente sobre el futuro de la economía peruana: El 52% cree, en Febrero de 2007, que la economía del país mejorará algo frente al 37% que creía lo mismo en Febrero del año pasado. La razón de este crecimiento de expectativas es simple: Los que se abstuvieron de opinar sobre el asunto (22%) en el 2006 esperan esta vez que la economía mejore algo en el próximo año.

¿A qué se debe este desfase entre las expectativas sobre la economía familiar y las que se refieren a la economía del país?. ¿Por qué la gente cree que a ella le va ir peor que a la economía del país?. Es probable que ello se deba, no a que son ignorantes y locos, sino, por el contrario, a que saben perfectamente que el crecimiento económico no llega a sus bolsillos y que, por eso, no reduce significativamente la pobreza ni acorta la desigualdad. Sin haber leído sus mamotretos, la gente está afirmando lo mismo que sostiene el Banco Mundial. Y ¿cuáles son las probables consecuencias sociales y políticas de este desfase de expectativas?. La respuesta a esta pregunta tiene algo que ver con la aguda y famosa pregunta que se formuló Alexis de Toqueville para explicar la revolución francesa: ¿Por qué la revolución no se produjo en Alemania, en Italia o en otro país de Europa continental sino en Francia que era un país más desarrollado, con más crecimiento económico y más libre?. Volveremos sobre este tema en otra oportunidad.

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Pese a que nuestra cultura política es profundamente estatista, como lo muestran todas las encuestas que tocan el tema, la reforma del estado, considerada en sí misma y en forma aislada, es un asunto frío, casi gélido. Ella no despierta, en efecto, las pasiones de los gobernantes ni las de los gobernados. Eso explica que, para colocarlo en la agenda pública, hay que asociarlo a un tema caliente que ya está de antemano allí movilizando conciencias, suscitando debates, desplegando iniciativas, etc, como lo demuestra el excelente libro de Juan Carlos Cortázar Velarde que lleva por título “La reforma de la Administración Pública Peruana (1990-1997), conflicto y estrategias divergentes en la elaboración de políticas”.

Cortázar sostiene que las propuestas de reforma de la administración pública en el Perú pasaron por dos ciclos entre 1990 y 1997. El primero, que fue relativamente exitoso, tenía que ver con la reducción del tamaño del Estado y con la creación de entidades autónomas como la SUNAT y el FONCODES, temas que se debieron asociar con la estabilización (para acabar con el déficit fiscal y con la inflación) y con la privatización de las empresas públicas (con la finalidad de destronar al Estado y entronar al mercado en la asignación de recursos para el desarrollo) para que fueran discutidas como un paquete único. En la práctica, estos primeros temas de la reforma de la administración pública formaron parte de lo que los técnicos de los organismos internacionales llaman reformas de primera generación y que los académicos, desde una perspectiva clásica y no empirista del Estado, llaman cambio en la forma de Estado puesto que se transita del Estado Populista al Estado Neoliberal. Este es el eje central de la carreta del estado que da sentido y organiza las reformas parciales del estado. Cortázar demuestra también que la reforma de la administración pública no es sólo un asunto técnico sino también político, esto es, que si dicha reforma no es asumida por una coalición social y política que la sustente está condenada al fracaso. El éxito de de lo que Cortázar llama reformas de enclave del primer ciclo de políticas se debió a la amplitud y solidez de la coalición que las respaldó. Las políticas de reforma no caen solas del cielo sino que son diseñadas, propuestas, gerencialas y gestionadas por un equipo especial que Cortázar llama empresarios de políticas porque tienen algunas características especiales: liderazgo, audacia, experiencia de gerencia. En el caso peruano, no se puede hablar propiamente de empresarios de políticas sino de empresarias de políticas puesto que sendos equipos que impulsaron los dos ciclos de reformas estuvieron integrados por mujeres guapas, simpáticas, audaces e inteligentes. Hobbes y los federalistas (Madison, Hamilton y Jay), a mi juicio los más brillantes diseñadores de estados en el mundo occidental, estarían orgullosos de contar entre sus filas a estas ilustres e ilustradas seguidoras, aunque que no compartan con ellas la ciega fe liberal que inspira sus discutibles ideas sobre el cuado administrativo del Estado Neoliberal.

El fracaso del segundo ciclo de reformas, cuya propuesta giró en torno a una reforma global para resolver el desorden administrativo y ya no sobre el tamaño del Estado, tiene que ver con las dificultades del equipo, que ya no estaba constituido por empresarios de políticas sino por “funcionarios-consultores”, para colocar su propuesta en la agenda pública y promover la formación de una coalición política que le diera su respaldo y la hiciera viable.

Sin cuestionar la indudable calidad académica del libro de Juan Carlos Cortázar, quiero relativizar la tesis del éxito del primer ciclo de reformas. Mientras no se coloquen en el centro de las reformas estatales los intereses del ciudadano, los éxitos serán siempre relativos. En los casos analizados por Cortázar, el éxito tiene que ver con el funcionamiento del modelo económico neoliberal y no con los intereses de los ciudadanos. ¿Exitos para quien?, ¿la SUNAT exitosa?, ¿exitosa en qué y para quien?. ¿ Es exitosa para el ciudadano común y corriente?. Es una cruel ironía hablar de éxito ante estas dos imágenes inevitables cuando se habla de política impositiva: la SUNAT metiendo la mano al bolsillo de los ciudadanos y Montesinos entregando cerros de billetes a los corruptos en la salita del SIN. Ante esas imágenes irritantes, es legítimo preguntarse a lo Bodino ¿cuál es la diferencia entre un asaltante y la SUNAT?. Materialmente ninguna. La diferencia radica en los fines supuestamente diferentes. ¿Exitoso el Foncodes?. ¿A quien le ha ganado?. ¿A la pobreza?. ¿En qué porcentaje ha reducido la inmensa cantidad de pobres?. Pese a que Fujimori gastó 800 millones de dólares al año desde 1993 en adelante, allí están las cifras victoriosas de la pobreza –más del 50% de pobres y 20% de extrema pobreza- para desmentir sus supuestos éxitos.
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Más que a los adjetivos, en la política hay que prestar atención a los sustantivos. En lo que se refiere a la Reforma del Estado, lo sustantivo es el Estado Noliberal como forma de estado que es necesario, no reformar, sino cambiar. Las reformas de la distribución funcional (poderes del Estado) y territorial (descentralización) del poder, del sistema legal, de la administración pública, de las FF.AA., de la Policía, de las funciones y actividades estatales (educación, salud, etc) son, sin duda, importantes, pero son secundarias en relación con el estado neoliberal, una forma de estado que es melliza de la economía de mercado y que nació al calor de las reformas estructurales (la apertura de la economía al mercado internacional, la desregulación de todos los mercados y las privatizaciones), impulsadas por los organismos económicos internacionales, el capitalismo globalizado, los grandes empresarios locales y la dictadura de Fujimori en la década del 90. Los rasgos principales del Estado Neoliberal son los siguientes: En primer lugar, es un estado que ha perdido soberanía y que se ha mostrado incapaz de controlar los aspectos más destructivos de la globalización. En segundo lugar, mantiene la exclusión étnica, económica, social, regional del mundo andino. En tercer lugar, es un estado que ha divorciado las políticas económicas al servicio de los ricos de las sociales para atender a los pobres. En cuarto lugar, desprotege a los trabajadores, a la sociedad y al medio ambiente. En quinto lugar, pretende ser un estado autónomo de la sociedad para eludir las presiones sociales y el escrutinio público. En sexto lugar, es financiado principalmente por las grandes mayorías de a pie a través del IGV. Finalmente, sus aparatos económicos han sido secuestrados y privatizados por la coalición social y política que lo organizó.

La necesidad del cambio del Estado Neoliberal surge cuando la economía muestra un desempeño significativo en términos de crecimiento económico, pero exhibe asimismo una limitada o nula capacidad de reducir la pobreza y de acortar la desigualdad económica y social. El tema distributivo del crecimiento es entonces el problema de fondo cuando se discute la reforma del estado. Frente a esta situación de desequilibrio la pregunta central es la siguiente: ¿Puede ser la distribución del ingreso un fruto espontáneo del crecimiento o requiere la intervención del Estado? ¿La distribución de los beneficios del crecimiento es producto del chorreo o requiere la ingerencia estatal?. En este tema existen dos puntos de vista contrapuestos. El primero, liberal en extremo y casi libertario, sostiene que, a medida que las tasas de crecimiento son más altas, es mayor la distribución espontánea del ingreso y que estas tasas pueden ser mayores si el Estado no interviene y, desde luego, si los vientos de las circunstancias internacionales mantienen viva la ola del crecimiento económico. Todo eso requiere mantener la economía de mercado y el Estado neoliberal. El segundo punto de vista afirma que la distribución de los beneficios del crecimiento exige la intervención del Estado y eso requiere, a su vez, algún tipo de cambio del Estado Neoliberal. No hay distribución del ingreso sin ingerencia estatal y ésta pueda asumir diversas modalidades y grados. Estos dependen del nivel de ensanchamiento de las coaliciones sociales y políticas que organizan el Estado Neoliberal. Este ensanchamiento depende, a su vez, de las correlaciones sociales y políticas de las fuerzas nacionales e internaciones que intervienen en la organización del estado. Cuando triunfan las fuerzas de izquierda moderada, como ha sucedido en gran parte de los países de América Latina, ellas pueden ampliar parcialmente la coalición social y política del Estado gracias a que controlan el gobierno y, en esa medida, pueden impulsar una distribución del ingreso por medio de una reforma tributaria progresiva, manteniendo básicamente el modelo económico neoliberal. Dadas las altas tasas de crecimiento económico y su sostenibilidad en el tiempo, el triunfo o la presencia política de una izquierda más agresiva, sustentada en vigorosos movimientos sociales, puede obligar a la coalición social que sustenta el estado neoliberal a establecer una política de compromiso a través del cual las fuerzas del cambio aceptan como legítima la acumulación en manos de los ricos, pero éstos aceptan también como legítima la participación de los trabajadores y de la sociedad en los beneficios del crecimiento y de la riqueza que ellos generan con su trabajo. Esto implica una modificación sustantiva de la antigua coalición social y política y el establecimiento de una nueva coalición. En este caso, estamos ya frente a una nueva forma de estado que tiene un cierto aire de familia con el Estado Socialdemócrata que, para estar de acuerdo con tiempos que vivimos, tendría que ser más ágil y ligero que el modelo europeo clásico.

Una de las claves del reemplazo del estado neoliberal por un estado socialdemócrata light es la presencia de una vigorosa correlación social y política de fuerzas que es capaz de impulsar ese reemplazo y que, a su turno, es un producto de múltiples factores, el más importante de los cuales es la presión distributiva en épocas de crecimiento. Contrariamente a lo que algunos analistas piensan, el crecimiento económico acelerado es el motor de muchos cambios, entre ellos la emergencia de importantes movimientos sociales y de nuevas fuerzas políticas. Si eso es así, entonces, el cambio del Estado neoliberal no sólo es deseable sino también posible. En todo caso, la política se encarga de hacer posible lo deseable.
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El mundo actual del trabajo es un buen mirador para observar lo que sucede con el capitalismo en los tiempos de García. En efecto, lo que está pasando en el mundo del trabajo dice mucho del capitalismo que tenemos delante en términos del nivel de desarrollo alcanzado, de su escasa capacidad de integración social, del tipo de capitalismo, de las estrategias utilizadas para ahorrar costos laborales y para neutralizar la acción colectiva de los trabajadores, de las expectativas y frustraciones que genera. Pese a que la encuesta de la PUCP no es nacional sino limeña, ella alcanza a revelar algunas características básicas del capitalismo en el Perú en general y en Lima en particular.

Generalmente existe una relación directa entre el nivel de desarrollo y el tamaño del trabajo asalariado: A más desarrollo, más porcentaje del trabajo asalariado y a menos desarrollo, menos trabajo asalariado. Los países desarrollados, a diferencia de los que no lo son, tienen un mayor número de trabajadores asalariados tanto en el campo productivo como en el campo no productivo. Lo que ha pasado en el capitalismo avanzado es que el trabajo no productivo asalariado ha crecido más que el productivo. El tamaño del trabajo asalariado limeño (14% en el sector privado y 5% en el estado, según la última encuesta de la PUCP) es un buen indicador del bajo nivel de desarrollo alcanzado por el capitalismo en el Perú.

El 38% de trabajadores independientes, que debe estar subestimado y escondido en los rubros de ama de casa y de estudiante, revela la poca capacidad de integración social de la economía de mercado y muestra más bien sus características de exclusión económica. Es probable que estemos frente a un capitalismo que es intensivo en capital y muy ahorrador de mano de obra. Esto se expresa en la mayor velocidad del crecimiento del PBI y el débil crecimiento del empleo. En los últimos 5 años el país ha crecido 20% y Lima, 22.1% (Efraín Gonzales de Olarte dixit), pero el empleo no ha crecido en la misma magnitud y con la misma velocidad y, obviamente, tampoco han crecido los sueldos y salarios. Y eso que estamos mostrando lo mejor de la vitrina: Lima. Pero ¿qué pasa con el empleo en regiones que decrecieron en el mismo período -12.6% como Ayacucho?.

El hecho que sólo el 12% de los trabajadores sean considerados estables en planillas, que el 72% de los limeños no tenga seguro, que el 75% no tenga derecho a la jubilación, que sólo el 17% tenga CTS, que el 68% no tenga derecho a vacaciones, que el 74% no tenga derecho a gratificaciones revela que no sólo estamos frente a un capitalismo deficitario sino, sobre todo, salvaje que no le interesan los derechos de los trabajadores y que más bien ha restaurado las épocas ya superadas del capitalismo sin derechos y sin democracia. No es casual, por eso, que una de las reivindicaciones centrales de los trabajadores mineros en estos días sea la eliminación de los llamados services y de la condición de los trabajadores de servicios no personales que reinstalan la servidumbre en el corazón mismo del capitalismo y del estado. En realidad, lo que los mineros están planteando es pasar de un capitalismo salvaje a un capitalismo democrático. No es casual tampoco que, frente a la precariedad actual del empleo, la demanda más sentida de la gente sea la estabilidad en el empleo, sobre todo en los sectores populares y pobres de Lima Metropolitana. A diferencia de lo machaconamente dicen los voceros del gobierno y la prensa conservadora, el 71 % de los limeños, independientemente del género, la edad y el estrato social, creen que los trabajadores peruanos están poco o nada protegidos. En la misma línea de reflexión, es poco alentadora la imagen que la gente tiene de los empresarios peruanos: son poco innovadores (37%), piensan poco en el país (45%), son poco honestos (64%), respetan poco los derechos de los trabajadores (55%).

El rasgo más distintivo del capitalismo actual es, sin embargo, la capacidad que ha tenido para reestructurar el mundo del trabajo y, a través de él, del trabajo asalariado y de la clase obrera. Esta ha sido fragmentada y dividida en una serie de situaciones: asalariados, servicios personales, servicios no personales, trabajadores por contrato a plazo fijo, services, etc. Lo que motiva esta fragmentación es probablemente la disminución de los costos laborales, por un lado, y el bloqueo de la acción colectiva de los trabajadores asalariados, por otro. En efecto, esta fragmentación desarticula los intereses comunes, diversifica los adversarios y los conflictos, rompe la comunicación y hace difícil, sino imposible, la construcción de plataformas comunes de acción colectiva. Todo esto se expresa en el debilitamiento –en la realidad social y política y en la conciencia de la gente- de los sindicatos como instrumentos de defensa de los derechos de los trabajadores.

Pese a que las posibilidades de encontrar trabajo ahora, en comparación con los 5 años anteriores, siguen siendo peores (39%) o iguales (34%), independientemente del género y del estrato social, y que la protección laboral tampoco ha mejorado, los limeños creen que su situación económica ha mejorado y se sienten un poco más optimistas frente al futuro: las expectativas de posible mejora dentro de 12 años han pasado de 28% en 2005 a 49% en el 2007. Estas cifras preocupan porque las frustraciones pueden ser mayores.

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La última encuesta de Apoyo sorprende o, para decirlo con más precisión, nos quiere sorprender. Digo esto con todo el respeto intelectual, profesional y personal que tengo por los amigos de Apoyo. “Apoyo a la reforma del Estado” es mucho decir porque lo que los encuestados y las encuestadas realmente apoyan es sólo la reforma de la administración pública y la manera de gestionarla, además de algunas orientaciones del gasto estatal y de reformas parciales (educación, salud, judicial) cuyo contenido preciso la mayoría del país desconoce. No es ninguna novedad que ella apoye la reforma de una administración pública patrimonialista, caótica, ineficaz, ineficiente, corrupta y poco transparente. Por eso, está bien que la mayoría apoye esa reforma, pero afirmar que ella apoya la reforma del Estado es más que un salto olímpico de garrocha. En efecto, la administración pública, con toda la importancia que tiene, es sólo una dimensión del Estado. Hay otras dimensiones del Estado (el sistema legal con sus operadores, los jueces; el monopolio de la violencia con sus funcionarios, los militares y la policía; las funciones estatales; el estado-para-la nación [identidad y representación] y el sistema institucionalizado de dominación social) que están totalmente ausentes de la encuesta.

Algunas de estas dimensiones (las funciones estatales y el sistema institucionalizado de dominación social) son tanto o más importantes que la administración pública, pero los que cortan el jamón se niegan a incluirlas en la agenda del debate político. ¿Por qué? Propongo una hipótesis para entender el silencio de García y de su corte palaciega: Las respuestas de la inmensa mayoría del país a las preguntas sobre estos dos temas cuestionan profundamente al Estado Neoliberal, la forma de Estado que se nos impuso con alevosía y ventaja durante la dictadura de Fujimori, luego del desastre que nos dejó el primer gobierno de García. Apoyándome en dos encuestas realizadas en todo el país (de Imasen realizada para el Instituto de Diálogo y Propuesta en 1997 y de la UNI hecha para la Biblioteca Nacional del Perú en el 2004) quiero mostrar la otra cara de la medalla: la demanda de la gente común y corriente de una forma de estado incluyente que la reconozca, la integre a la vida económica, social y política del país, la defienda, la represente y resuelva los graves problemas que la agobian. En verdad, estas encuestas revelan, no pasajeros estados de ánimo, sino lo que Monstesquieu llamaba l´esprit d´une nation, esto es, la cultura política nacional.

En las dos encuestas nacionales se le pidió a la gente que señalara las dos principales obligaciones del Estado, ofreciéndole un abanico de posibles respuestas. El 71.6% en la primera (2,000 encuestados) y el 67.0 % en la segunda (20,000 encuestados) dijeron que la obligación más importante del Estado era lograr que todas las familias tengan ingresos suficientes y el 40.7% en la primera encuesta y el 35.4% en la segunda declararon que la otra obligación importante del Estado era velar por la unión de todos los peruanos. Los que afirman ambas cosas a la vez pueden ser denominados comunitaristas-estatistas y constituyen la mayoría del país con el 45.4% en la primera encuesta y al 39% en la segunda. En el polo opuesto se ubican los peruanos y peruanas que afirman que la obligación más importante del Estado (7.6% en la primera y 11.5% en la segunda encuesta) es hacer que funcione un mercado competitivo que permita a todos conseguir sus ingresos y que la otra obligación más importante es garantizar la libertad individual de todos (24% en la primera encuesta y 21.8% en la segunda). Los y las que afirman ambas cosas a la vez pueden ser denominados liberales puros y apenas alcanzan el modesto porcentaje del 3.1% en la primera encuesta y al 6% en la segunda.

Entre los polos se presentan dos situaciones intermedias. Una, que combina la obligación estatal de lograr que todos puedan acceder a ingresos con las obligaciones de garantizar tanto la existencia de un mercado competitivo como la vigencia de la libertad individual, puede ser denominada estatista-liberal y alcanza el 43.1% en la primera encuesta y el 45.0% en la segunda. La otra, que combina la obligación estatal de velar por la unión de todos los peruanos con las obligaciones de garantizar tanto la existencia de un mercado competitivo como la vigencia de la libertad individual, puede ser denominada comunitarista-liberal y alcanza el 8.3% en la primera encuesta y el 10.0% en la segunda.

La existencia y la dinámica de estos diversos tipos de ciudadanos (comunitaristas-estatistas, estatistas-liberales, comunitaristas-liberales y liberales puros), que probablemente existan en todos los países latinoamericanos con distintos pesos y desigual importancia, están estrechamente ligadas, por un lado, a una arraigada tradición comunitarista que le atribuye un rol activo al Estado en diversos campos y, por otro, a la situación económica y social. A medida que más se desciende en la escala social, se encuentran más comunitaristas y estatistas y a medida que más se asciende en ella se puede topar con más liberales hasta llegar a los liberales puros. Si los peruanos y peruanas demandan un Estado distributivista no lo hacen porque son unos cochinos populistas, como piensan los liberales puros, sino porque la economía de mercado no los incluye y porque el actual Estado neoliberal no les ofrece una salida. ¿Por qué razón, entonces, un puñado de liberales puros quiere imponer a la inmensa mayoría del país un excluyente Estado Neoliberal y legitimarlo con pequeñas reformas de la administración pública sin tocar los problemas de fondo? ¿Con qué derecho, con qué moral y con qué sentido de libertad y de justicia?. ¿Por qué razones el APRA, que proviene de tradiciones populistas y hasta socialdemócratas, se deja arrastrar de la nariz al matadero del Estado neoliberal?. Si el APRA se quiere suicidar políticamente que se suicide sola: no tiene porque arrastrar consigo a todos los peruanos. Quince años de estado neoliberal excluyente, ineficaz, ineficiente y corrupto son más que suficientes para la sufriente mayoría del país. Quince años son un cuarto de vida (o de muerte lenta) para los individuos (sobre todos para los pobres), aunque para la sociedad (el Perú) son apenas un suspiro.

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Invito al lector a imaginar a Ricardo Palma, un hombre que amó los libros como nadie en el Perú, dirigiéndose un día de enero de 1881 a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y encontrar uno de los productos más preciados de la cultura y de la civilización, invadida por la barbarie, la soldadesca y los caballos. ¿Qué sintió Palma al ver a la BNP ocupada, saqueada, robada y mercantilizada por los invasores?. Es probable que en esas circunstancias lo invadieron todos los sentimientos fuertes a la vez: Humillación, ira, amor, odio. En esos momentos y en el resto de los años que vivió, Palma tuvo una doble pasión: la del sufrimiento y la de la agonía. Pasión en el primigenio sentido latino de sufrimiento profundo y agonía en el sentido griego de pugna, de lucha.

Ocupada la Biblioteca Nacional del Perú por el ejército chileno al mando del general Lagos en enero de 1881, la reacción altiva de Palma no se dejó esperar y se expresó en una indignada carta de protesta firmada por él y Odriozola. El gesto digno fue respondido con la persecución y el arresto durante 12 días en una embarcación chilena. Nombrado Director de la BNP en noviembre de 1883, inició la larga batalla por reconstruirla y por recuperar el patrimonio bibliográfico y documental robado por los invasores. A los diez días de nombrado, envía un informe al Ministro de Justicia e Instrucción Pública sobre la deplorable situación en que había encontrado la BNP en el momento en que asumió su cargo. Una de sus primeras acciones fue reparar el viejo local de la institución cuyos salones habían sido convertidos en cuartel y en caballeriza. Al mismo tiempo desplegó una agresiva campaña para recuperar los materiales bibliográficos que, según su Memoria de 1912, “andaban dispersos en las bodegas, donde los soldados los vendieron a trueque de copas de licor”. A pedido de Palma, se emitió el 16 de Noviembre de 1884 un bando prefectural que ordenaba “que los poseedores de libros con el sello de la Biblioteca los devolviesen al establecimiento”. De ese modo pudo recuperar, de acuerdo a la Memoria de 1884, 8,315 volúmenes que estaban en el Mercado Central (antiguamente Mercado de la Concepción), en chinganas, en jabonerías, en casas particulares y en manos de vendedores de libros antiguos.

En esa misma Memoria, Palma afirma haber recibido 624 tomos devueltos por Chile, gracias a la intervención del presidente Santa María que era su amigo. En 1888 hace un breve balance de lo recuperado: “Hasta el 28 de Julio de 1884, en que se inauguró el establecimiento, habíanse recogido del poder de particulares 8,315 volúmenes con el sello de la antigua biblioteca. En los cuatro años trascurridos se han recobrado 5,844 volúmenes más. La más importante de las devoluciones ha sido la que de dos cajones de libros muy notables hizo, por intermedio del Dr. D. Manuel Alvarez Calderón, un caballero francés, residente en Chile”. En total, Palma logró recuperar alrrededor de 15 mil volúmenes tanto de manos de particulares como de manos de los usurpadores que se llevaron, sin duda, lo más valioso de la colección. ¿Cuántos volúmes de la BNP se llevó el ejército chileno como si fuese botín de guerra?. Es difícil saberlo porque no se conoce el catálogo de la BNP de entonces. Lo único que se sabe por el mismo Palma, es que ella contaba, sin considerar los documentos, obras de arte y otros materiales que también fueron robados, con 56, 000 volúmenes en el momento de la ocupación y se quedó con 700 cuando la tropa chilena abandonó el local.

Palma no logró todo lo que quería para la BNP, pero abrió la ruta por la que hemos transitado la mayoría de sus directores. En lo que a mí respecta eso es precisamente lo que hice cuando el 10 de marzo del 2002 puse el tema de la devolución de los libros ante todo el cuerpo directivo de la Biblioteca Nacional de Chile a la que había sido invitado por Clara Butnik, la directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIRBAM) de entonces. Entre tensiones, negaciones y conversaciones la puerta se fue abriendo, especialmente cuando, con Nicolás Lynch, planteamos a mediados del 2003 el tema a Sergio Bitar, Ministro de Educación de Chile. Extraoficialmente se sabe que, a partir de entonces, se nombró una comisión que, culminada su tarea, emitió un informe reconociendo la existencia, en la BN de Chile, de los libros peruanos robados y salieron a la luz en los medios chilenos y peruanos a comienzos del 2005 hechos desconocidos hasta entonces como la catalogación de los libros sustraídos realizada por Domeyko a pedido del gobierno chileno. Todo esto fue debidamente informado a los cancilleres peruanos, a su pedido, en 2003 y 2005. El anuncio de Nivia Palma, directora actual de la DIRBAM de Chile y mujer del entorno de la presidente Bachelet, en el que expresa la voluntad de su institución y del gobierno chileno de devolver los libros robados a la BNP es la culminación de la doble pasión de Ricardo Palma. Que descanse en paz.
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En el Perú (y probablemente en América Latina) un partido, cuando triunfa en las elecciones, cree firmemente que ha ganado, no el gobierno, sino el Estado y se prepara para coparlo de inmediato. Por desgracia, ésta no es sólo una firme creencia de los partidos sino también de la gente común y corriente que tolera el copamiento con un permisivo “ya le tocó”. Esa creencia forma parte de la cultura política patrimonialista que nos envuelve, en mayor o menor medida, a todos y que nos predispone a manejar los asuntos públicos como si fueran privados, apelando a algún derecho. Eso, por un lado. Por otro, muchas veces se confunde el gobierno con el Estado, dejando de lado la clara diferencia que existe entre ellos. El gobierno está constituido sólo por los puestos de mando que ponen en marcha al Estado y, por extensión, comprende también al elenco de personas que ocupan esos puestos de mando. El estado, en cambio, es un complejo político e institucional que abarca el sistema institucionalizado de dominación social, el estado-para-la nación, la administración pública, los aparatos coercitivos y el sistema legal.

Este rasgo patrimonialista de la cultura política peruana puede ir retrocediendo lentamente, gracias a la marcación estricta que han establecido los medios sobre el partido de gobierno desde el 2001 en adelante, justamente cuando Perú Posible no tenía capacidad alguna para copar el Estado. Esos mismos medios, sin embargo, no dijeron esta boca es mía precisamente cuando se produjo el máximo copamiento del Estado que se conoce en la historia durante el primer gobierno de García (1985-1990). Pero la capacidad de copamiento del Estado no depende sólo de la cultura patrimonialista y del nivel de vigilancia de los medios sino, sobre todo, del nivel de institucionalización y de organización de los partidos, como lo ha demostrado Piero Corvetto en una excelente tesis para obtener el grado de magíster en Ciencia Política en la PUCP. En realidad, lo que Corvetto demostró, estudiando los gobiernos peruanos de 1980 hasta la primera mitad del gobierno de Toledo, es que existen tres tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno: el partido de gobierno que influye en el gobierno, el gobierno que se impone sobre el partido de gobierno y un cierto equilibrio entre ambos.

¿De qué dependen estos diversos tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno? La tesis de Corvetto demuestra que esos tipos de relación dependen del nivel de institucionalización y de organización de los partidos y despliega su demostración en tres campos: en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en la aplicación de políticas públicas y en la política de clientela para acceder a la administración pública. Esto significa que los partidos de gobierno con mayor nivel de institucionalización influyen más en el gobierno que los poco institucionalizados en los tres aspectos señalados, que los partidos de gobierno menos institucionalizados le abren un espacio al dominio del gobierno en esos mismos campos y los partidos de gobierno medianamente institucionalizados establecen un cierto equilibrio con el gobierno. En el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985), los partidos de gobierno (AP y PPC) influyeron un poco más del 50% (cito de memoria) en la designación de ministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En el primer gobierno de García, en cambio, la influencia del APRA fue decisiva, especialmente en el copamiento de la administración pública por la militancia aprista. Pese al nefasto caudillismo avasallador de García, el APRA pudo ponerle límites como en el caso de la estatización de la banca y logró influir en más del 90% de la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En este caso, el copamiento del estado es un efecto perverso (que es necesario controlar) generado, en gran medida, por un fenómeno político positivo como es la institucionalización de los partidos.

La situación se invirtió con Fujimori, quien no tenía un partido sino etiquetas cambiantes de partido, y con Toledo, cuyo partido era un pequeño y frágil agrupamiento político. Perú Posible, en efecto, pudo apenas influir en menos del 30% de la designación de las altas autoridades del estado, de la aplicación de políticas públicas y de la política de clientela. El peso de Fujimori y Toledo fue indiscutible en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, importante en el manejo de las políticas sociales y limitado en el diseño e implementación de políticas económicas, en las que sólo eran un socio más de los organismos económicos internacionales, de los grupos empresariales y de los operadores tecnocráticos del capitalismo globalizado, dejando a sus modestos movimientos partidarios un cierto margen de maniobra en el manejo de las políticas de clientela.

En los seis primeros meses de su gobierno, García ha seguido la misma ruta de Fujimori y Toledo con la notable diferencia de la capacidad indudable del APRA para copar los aparatos del Estado. Esa capacidad se incrementará y avanzará hasta influir también en la designación de las altas autoridades del gobierno a medida que el presidencialismo retórico de García se agote y llegue a fatigar el imaginario y la paciencia de los ciudadanos. Y eso ya comenzó.

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Leer es un proceso complejo. Leer en el Perú y en América Latina es un proceso más complejo aún. Asumido por algunos medios, tengo la impresión que el tema, lejos de ser esclarecido, ha sido más bien maltratado y distorsionado. Para entendernos, propongo un esquema básico de análisis que comprende tres elementos centrales: la fenomenología de la lectura, las determinaciones causales y las consecuencias. Dejando para otra ocasión los dos últimos temas, en esta oportunidad voy a escribir sobre la fenomenología de la lectura que es rescatada generalmente por las encuestas especializadas y que alude a los siguientes componentes: el sentido (qué significa leer?), los motivos (las razones por las que se lee), los estímulos (familia, escuela, amigos, etc que inducen a leer), el nivel (el porcentaje de gente que lee), el contenido (los temas leídos), el soporte ( libro, revista, internet, periódico, etc. en que se lee), la densidad (número de libros, periódicos, temas leídos en diversos soportes), la intensidad (días a la semana y horas al día o a la semana dedicadas a la lectura), el lugar en donde se lee (casa, biblioteca, etc.), la forma como se lee (en silencio, en alta voz), el contexto socio-histórico (sociedad ágrafa, caligráfica, etc.) y la comprensión lectora (aplicación de técnicas y nivel de comprensión). Los datos que sirven para presentar esta fenomenología de la lectura se basan en una encuesta representativa en el nivel nacional y departamental hecha a 20 mil personas por la Biblioteca Nacional del Perú y por la Universidad Nacional de Ingeniería a fines del 2004.

¿Qué sentido tiene leer?. Descartes sostenía que leer es dialogar con los hombres más eminentes de la inteligencia. Proust subrayaba, en cambio, la asimilación de ideas y el acto de reflexión individual. Descartes enfatizaba el sentido crítico de la lectura y Proust, el desarrollo personal. La gente de a pie identifica, en cambio, el sentido con el motivo de la lectura. En el Perú, el 28% lee por entretenimiento o gusto; el 21.2%, por estudio; el 19.5%, por desarrollo personal y el 1l 16.0%, por cultura general. ¿En dónde encontró la gente los estímulos para leer?. El 44% lee por iniciativa propia; el 27.9%, por consejo de sus profesores y el 20.1% fue inducido por la familia. ¿Cuántos peruanos leen?. Casi 19 millones de peruanos pueden leer y escribir, pero sólo leen 15 millones (79%) y 4 millones (21%) no leen, pese a que pueden hacerlo. Estos últimos son analfabetos funcionales. El 7.3% de los peruanos debiera leer, pero no puede hacerlo porque es analfabeto, según la Encuesta Nacional de Hogares. Sin embargo, el dato peruano del siglo XX es el repliegue del analfabetismo (57.6% en 1940, 38.9% en 1961, 18.1% en 1981, 12.8% en 1993, 7.3% en 2004). ¿ Cuántas personas leen en cada hogar?. De 3 a 4 personas (50.9%), de 1 a 2 personas (25.7%) y de 5 a más personas (23.4%) ¿Qué leen los peruanos o en que soporte leen?. La respuesta es múltiple. El 71.6% leen periódicos; el 55.0%, libros; el 36.1%, revistas; el 24.2%, internet (en Lima, el 34.6% en 2004 y casi el 50%, en 2007, según la ultima encuesta de la PUCP, leen en internet), el 20.1%, la Biblia. ¿Qué temas leen los peruanos?. La respuesta es también múltiple: Arte y cultura, el 32.2%; lengua y literatura, el 27.8%; deporte, el 23.8%; política, el 21.7%; historia y geografía, el 13.3%; economía, el 7.3%; religión, el 7.3%.

¿Cuánto tiempo le dedican los peruanos a la lectura?. El 29% lee todos los días; el 31.6%, interdiario y el 30.4%, los fines de semana. En términos de horas, el 49.2% lee de 1 a 3 horas; el 31.5%, de 4 a 7 horas y el 18.4%, más de 8 horas. ¿Cuántos libros han leído los peruanos en los últimos tres meses?. El 18.9% ha leído un libro; el 10.9%, 2 libros; el 5.2%, 3 libros; el 2.5%, 4 libros y el 4% más de 5 libros. Vista la lectura en una perspectiva comparada, el promedio de libros leídos por los peruanos llega a 3.6 al año en el 2004, mientras en Colombia se leía 2.4 libros promedio en el 2000 (DANE, Encuesta Nacional de Hogares). Esta cifra debe haber cambiado significativamente en el caso colombiano después de 7 años. ¿En dónde leen los peruanos?. En su casa (79.3%), en cualquier lugar (10.8%), en su centro de estudios (3.1%) y en las bibliotecas en donde no encuentra generalmente los libros que buscan (1.4%). Y ¿de donde provienen los libros qué leen?. El 33.6% son libros propios, el 5% son libros prestados por particulares y 2.8% son prestados por las bibliotecas (lo que constituye una vergüenza porque las bibliotecas son renuentes prestar libros a domicilio y no cuentan con lo fondos necesarios para adquirir libros). Si se consideran los libros propios leídos como 100%, el 66.6% son libros originales; el 17.4% son fotocopiados y el 15% provienen de ediciones piratas: Un poco más de un millón de libros leídos provienen de la piratería. Y ¿cómo leen los peruanos? La mayoría (79.3%) prefiere leer en silencio, el 10.9%, en voz alta y el 8.2%, está abierto a las dos formas de lectura, dependiendo de los temas que lea. ¿Cómo debe ser el ambiente en el que se desarrolla la lectura? . La mayoría (71.8%) prefiere un silencio monacal, el 12.8% lee gusta escuchar música (espero que no sea rock duro) mientras lee y al 11.1% le es indiferente el ambiente.

El tema más difícil de todo este complejo lector es el que se refiere a la comprensión lectora: ¿Entienden los peruanos lo que leen?. Es difícil saberlo por medio de una encuesta como ésta, pero sí sabemos los métodos utilizados por los lectores peruanos para comprender mejor lo que leen. El 34.7% aplican diversas técnicas para comprender lo que leen: (el 19.4% subraya los textos, el 8.1% hace resúmenes y el 0.8% recurre a esquemas sinópticos). Y cuando encuentran en la lectura una palabra que no entienden, el 19% pregunta por su significado, el 54% acude a un diccionario, el 8.1% lo deduce del contexto, el 14.7% continúa leyendo y el 1.9% se rinde y abandona la lectura.
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A 180 días del nuevo gobierno, propongo a los lectores la siguiente hipótesis de trabajo para comprender mejor sus características fundamentales: Por su estilo político, el gobierno actual es alanista más que aprista, por su forma política, es un régimen de presidencialismo retórico y por su contenido social es la voz de un estado que expresa el dominio abierto de los ricos en desmedro de los pobres.

Las decisiones gubernamentales y las formas de gestión no provienen del Apra ni de las instituciones estatales sino de Alan García. Este estilo político, más acentuado ahora que en 1986, no anula al partido de gobierno pero lo debilita. El nombramiento de ministros, viceministros y altos funcionarios así como las políticas públicas que no tienen que ver con la economía están en manos de García, pero el APRA es la encargada de llevar a cabo la política estatal de clientela, esto es, de copar la administración central del Estado con apristas, especialmente ahora que ha perdido muchos gobiernos regionales y locales.

El alanismo no sólo define el estilo político gubernamental sino también el
régimen político de gobierno. En efecto, los seis meses de gobierno han mostrado que el régimen político actual, más allá de las irrelevantes incrustaciones semipresidencialistas de la Constitución, es, en realidad, un presidencialismo exacerbado y asfixiante. Aunque se pueden formular algunas observaciones a la manera cómo fue elegido García, el régimen político actual es, sin duda, democrático en su origen, pero tiende a no serlo en su funcionamiento por los valores que promueve García, las reglas de juego que quiere imponer y las estructuras de decisión política en las que se asienta. Los valores que mueven a García no son democráticos ni republicanos, pese a su énfasis verbal en la austeridad gubernamental y en los deberes de los ciudadanos. García no es, con toda seguridad, Jefferson que entró millonario al gobierno y salió quebrado por servir desinteresadamente a sus ciudadanos. Los valores profundos que mueven a García, como a la mayoría de los presidentes peruanos y quizás latinoamericanos, provienen del patrimonialismo como cultura política predominante. El se siente dueño de pelota (el gobierno y el poder) y no la quiere repartir ni a sus propios compañeros de partido.

Algunas políticas promovidas por García, tales como la pena de muerte, el control de las ONGs y otras, revelan la voluntad de cambiar las reglas de juego democrático y constitucional para imponer otras de carácter plebiscitario y autoritario. Las políticas económicas revelan que las estructuras de decisión del régimen político no están constituidas por los poderes formales de un Estado democrático sino por una coalición del Presidente de la República con los grandes poderes empresariales que, para esquivar toda presión social y el escrutinio público, han blindado y secuestrado la economía de mercado y administran los aparatos económicos del Estado a través de sus representantes sociales y políticos, apoyados por los grandes medios de comunicación. Esta coalición social y política muestra el corazón del Estado entendido, no sólo como administración pública y como sistema legal, sino también y principalmente como sistema institucionalizado de dominación social. Como es obvio, esta coalición gobierna para los ricos en desmedro de los pobres. Aparte de los grandes gestos y las pequeñas medidas de alivio temporal de la pobreza, ¿existe alguna política del gobierno alanista que mejore el empleo, reduzca la pobreza y combate la desigualdad social?.

En el primer gobierno aprista, García ejerció un presidencialismo plebiscitario. Fue un decisionista que obtenía su legitimidad de la plaza pública, de las masas y de los famosos balconazos. Su decisionismo era de izquierda para enfrentar la crisis económica de entonces y de derecha para enfrentar el terrorismo. En el actual gobierno aprista, García, en cambio, ejerce un presidencialismo retórico de derecha que obtiene su legitimidad, no de la plaza pública, sino de su inserción en la política como espectáculo y de su capacidad para convencer al auditorio a través de los medios de comunicación que, en su mayoría, se han puesto a su servicio. Tanto el presidencialismo plebiscitario como el retórico proceden de y se emparentan con el tronco autoritario y se caracterizan por el desprecio de las instituciones y por cierto desapego a la ley.

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