Sinesio López Jiménez

Cuando un partido triunfa en las elecciones generales sólo gana el gobierno. No obtiene el Estado como botín del triunfo. Esto significa que el éxito electoral sólo autoriza al partido vencedor a ocupar los puestos de mando (gobierno) del Estado. Nada más. Pero tampoco nada menos. En el Perú y en AL, sin embargo, los partidos ganadores creen que tienen derecho a copar el Estado, a desplazar a los antiguos cuadros administrativos y a reemplazarlos por la propia clientela partidaria. Una parte importante de los problemas, en este caso, procede de lo que se entienda por gobierno. Teóricamente el gobierno comprende, no todo el Estado, sino sólo los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). En algunos países, sin embargo, se tiende a reducir el gobierno al Ejecutivo; en otros, se extiende también al Legislativo. En el Perú existe, en cambio, una cierta ambigüedad: hay una visión restrictiva del gobierno al ejecutivo y otra muy amplia que lo identifica con el Estado. Esta visión amplia es la que abre las puertas al copamiento estatal por parte del partido ganador. La otra parte de la explicación del copamiento procede de un rasgo significativo de la cultura política latinoamericana: el patrimonialismo. Los partidos ganadores copan el estado y lo administran como si fuera su chacra, con una cierta aquiescencia de la gente común y corriente, apelando al derecho de haber triunfado en las elecciones generales.

Independientemente de lo que se entienda por gobierno, la designación de las autoridades del Poder Judicial no depende, sin embargo, de los partidos triunfantes. Tiene autonomía. Al menos en términos normativos. En la realidad, eso no sucede lamentablemente. Los órganos de control horizontal (TC, CNM, Contraloría, etc.) tienden a tener autonomía, pero no la tienen por desgracia. (Lo que está pasando actualmente en la Contraloría revela los problemas que surgen cuando se carece de autonomía). En la designación de sus autoridades intervienen el Ejecutivo y el Legislativo. Lo mismo sucede con algunos organismos del Ejecutivo (el BCR, por ejemplo). Casi en todos los países del mundo existe, sin embargo, la tendencia a otorgar autonomía a los bancos centrales. En conclusión, el triunfo electoral otorga al partido ganador el derecho a ocupar sólo los puestos de mando del Ejecutivo y del Legislativo. Estos, a su vez, intervienen en la designación de autoridades de los órganos de control horizontal y de otros órganos especiales de gobierno (BCR).

En el Perú de las últimas décadas casi todos los partidos de gobierno han tendido al copamiento estatal, pero el partido que se ha especializado en esa tarea es el Apra. Eso se debe tanto al hecho de ser el partido mejor organizado como a su mayor capacidad de organizar clientelas. En el primer gobierno de García, el Apra no sólo copó los puestos de mando del gobierno (ministros, vice-ministros, altos funcionarios) sino que multiplicó la burocracia para dar cabida a sus militantes y a sus clientes. Ingresos masivos a la administración pública, ascensos vertiginosos y escandalosos, manipulación ilegal de los años de servicio tuvieron al orden del día en ese primer gobierno. Entonces el Apra fue partido de gobierno, pese a que García era un caudillo chúcaro y rebelde. Ahora, en cambio, el Apra casi ha dejado de ser un partido de gobierno. En esa medida tiene escasa influencia en la designación de las altas autoridades gubernamentales, pero mantiene su capacidad de copar la burocracia. Como todo caudillo, García es poco afecto a las instituciones, incluido su propio partido. Pero en lo que refiere al copamiento estatal, lo deja hacer y hasta le ayuda para que sea más eficaz.
El copamiento estatal ha alimentado la tendencia contraria: los opositores regatean al partido triunfador el derecho a ocupar los puestos de mando del gobierno. En el fondo, se le niega el derecho a ser partido de gobierno. Se quiere un gobierno de independientes o de técnicos, como si éstos hubieran ganado las elecciones y se busca castigar a los dirigentes y militantes de los partidos ganadores. Las críticas de los medios no se dejan esperar cuando el Presidente o sus ministros legítimamente designan a un militante para desempeñar un puesto de mando o de confianza en el gobierno. Algunos medios contraponen los políticos con los técnicos buscando echar al mar a los primeros en beneficio de los segundos. En realidad, ambos se complementan. Los políticos deciden y los técnicos gestionan. El insumo de la decisión política no sólo es el conocimiento técnico sino también los valores y los intereses que existen en una sociedad determinada. Los políticos necesitan a los técnicos, pero éstos no pueden sustituir a los primeros.

Una de las consecuencias nefastas del regateo opositor y mediático al partido de gobierno de turno es el debilitamiento del sistema de partidos. Si éstos no tienen el aliciente de ocupar los puestos de mando en el gobierno, entonces ¿para qué organizarse y militar en un partido político?.
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Sinesio López Jiménez

En algún momento dudó. Probablemente quiso comunicarnos a los humildes mortales que no es Dios, que es un ser humano. Pero pronto volvió al Olimpo. En una sociedad secularizada el gesto de García no es sublime. Es ridículo. Luego que Jehude Simon dio un golpe al Congreso (desconociendo las leyes de la selva) para evitar un golpe ciudadano-indígena contra el gobierno, García lanzó un mensaje al país en el que reconocía algunos errores, se abría al diálogo y respaldaba los acuerdos a los que había llegado su ex-primer ministro. Pero a los pocos días, en un artículo publicado en un diario fujimorista, García volvió al esquema político de la confrontación según el cual las protestas sociales son promovidas por agentes de gobiernos (enemigos del Perú) que promueven modelos estatistas y autoritarios y que buscan echarse abajo al sistema democrático peruano. En el mensaje del 28 de julio, con un lenguaje moderado por la ocasión, el presidente reiteró el mismo esquema confrontacional y propuso la política de orden e inclusión como orientación general de los planes del gabinete presidido por Velásquez Quesquén.

La propuesta de orden e inclusión, por consiguiente, se inscribe en el esquema político confrontacional de una relación amigo-enemigo. Entonces, ¿qué tipo de orden y qué forma de inclusión propone García?. Mi hipótesis es que se trata de un orden a palos y de una inclusión segmentada de clientelas. Sabiéndolo o no, los políticos peruanos (de derecha, de centro y de izquierda) son schmittianos un poco exagerados. Entienden y practican la política, no desde la guerra (Carl Schmitt), sino como guerra. Los que no son ni piensan como nosotros –sostienen los políticos peruanos- son los otros (los extranjeros), los enemigos con los que hay que librar una lucha intensa utilizando las armas para aniquilarlos. Siguiendo una relectura aguda de Carl Schmitt hecha por el politólogo francés Julien Freund, sostengo que el orden es el resultado dialéctico de la relación autoridad-obediencia que define lo político en todas las sociedades. Se puede imponer a palos, como quiere García, extendiendo la relación internacional amigo-enemigo, propia de los países y los sistemas de estados, al ámbito interno en donde los peruanos que protestan se comportan –siempre según García- como los enemigos externos y los representan. Pero también se puede lograr a través de otra característica propia de lo político, la relación privado-público que da origen a las opiniones, a los consensos y a los disensos. Lo público, el orden por ejemplo, es el producto del diálogo entre iguales y diversos sobre asuntos de interés general para llegar a ciertos acuerdos que pueden versar sobre los contenidos o sobre los procedimientos.

La gente no es loca, ni levantisca, ni criminal. Ella responde con frecuencia a las arbitrariedades de los que detentan el poder. El baguazo es una ilustración meridiana de esta tesis. Lo que más irrita a los gobernantes y a los conservadores es la forma radical (a veces ilegal) de las protestas sociales. Pero la radicalidad no proviene sólo de algunos extremistas –que los hay- que dirigen los movimientos sociales sino de los mismos movimientos contestatarios. Su objetivo no es, como señalaron con agudeza Almond y Powell analizando el caso peruano de los 60 del siglo pasado, destruir el sistema, sino hacerlo funcionar. Sucede que los gobernantes son ciegos, sordos o arbitrarios y sólo escuchan a los de abajo cuando sus dramatizaciones son ruidosas y fuertes. Sólo entonces las demandas sociales llegan a la agenda pública en donde pueden ser atendidas. Si lo son, la vida continúa con tranquilidad. De lo contrario, el conflicto se mantiene vivo o latente como sostiene la Defensoría.

Y, ¿en qué consiste la inclusión propuesta por García?. Mi hipótesis, como ya lo señalé, es que se trata de una inclusión segmentada de clientelas. No es el caso del Apra auroral de los años 30 del siglo pasado que, desde el partido, luchó para abrir las puertas cerradas de la política oligárquica a la participación de todos los excluidos, como han señalado Ruth y David Collier en Shaping Political Arena (Princeton University Press, 1991). A diferencia de otros países (Brasil y Chile) que incorporaron a las masas excluidas a través del Estado, en el Perú esa inclusión se produjo principalmente a través del partido aprista. Ahora la situación es distinta. El Apra y García están interesados más bien en mantener desmovilizada y silenciada a la sociedad, como en los tiempos de Fujimori, para que el modelo neoliberal en crisis pueda funcionar. Ese es el objetivo de penalizar las protestas sociales, de controlar a las ONG y de vincular a los movimientos contestatarios a los gobiernos extranjeros enemigos del Perú.

Ya no se trata de la incorporación masiva y plena de los excluidos a la vida política reconociéndoles todos los derechos ciudadanos, sino que se busca formar clientelas partidarias a través de los llamados núcleos ejecutores del gasto público. Es una inclusión parcial y segmentada, no para que participen los excluidos, sino más bien para mantenerlos desmovilizados.

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Sinesio López Jiménez

En su mensaje por fiestas patrias, García desplegó una serie de tesis implícitas que es necesario explicitar y discutir. En esta columna sólo analizo aquellas que se refieren al gasto público:
1. En el Perú, el problema no es la falta de recursos fiscales, sino la incapacidad del estado para gastarlos. Ergo, no es necesario aumentar los impuestos a la renta sino mejorar la capacidad de gasto.
Comentario. La falta o abundancia de los recursos fiscales no se determina por la incapacidad del gasto por parte del estado sino por la capacidad tributaria (teniendo en cuenta la reinversión y la acumulación) de la economía privada medida en términos de la presión tributaria, por un lado, y por la cantidad de las carencias sociales de la población y por la calidad de las políticas publicas desplegadas para atenderlas, por otro. La presión tributaria en el Perú está por debajo de la media latinoamericana y muy debajo de las de Chile y Brasil (23%). Pero las necesidades sociales de la población son enormes. Y si se quiere una educación de calidad y una salud de calidad, la presión tributaria debiera estar por encima de la media de AL. Por eso, la incapacidad de gasto del estado no sólo es una cuestión de ineficacia. Es sobre todo una inmoralidad. La pobreza y la extrema pobreza destruyen la vida de más de la mitad de los peruanos. Los recursos fiscales no son suficientes, pero el estado, sin embargo, no tiene capacidad para gastarlos. La tesis de la incapacidad del gasto es una forma de proteger a los ricos pues ella encubre la necesidad de que el estado cuente con mayores recursos y, por ende, la necesidad de una reforma tributaria que obligue a los ricos a pagar mayores impuestos a la renta. Esta es una tesis perversa porque a través de ella se dice a los ciudadanos: No pidan más impuestos porque el estado no puede gastarlos.

2. La incapacidad de gasto del estado es producto de la ineficacia de la burocracia estatal en sus diversas instancias de gobierno: central, regional y local. Ergo, hay que evaluar y calificar a la burocracia, en el mediano y largo plazo, y crear una nueva instancia del gasto público: los núcleos ejecutores o la descentralización popular.
Comentario. La incapacidad de gasto no es sólo un problema burocrático y administrativo sino que es principalmente un problema político. En otras palabras, la incapacidad del gasto no nace sólo de la incapacidad de la burocracia para transformar las decisiones del Ejecutivo en resultados, sino que nace de las decisiones mismas del gobierno central, esto es, de la ineficacia decisoria de García. Las decisiones de gasto están muy concentradas en García y en el MEF no sólo en su contenido sino también en los procedimientos que la facilitan o la entraban. ¿Quiénes entonces están interesados en mantener los procedimientos que bloquean la capacidad de gasto estatal para mantener la tesis según la cual el problema del Perú no es la falta de recursos fiscales sino la incapacidad de gasto?. Además de García, obviamente, el ministro del capital (Economía y Finanzas) y los grandes empresarios. La solución del problema de la incapacidad de gasto radica, por consiguiente, en el cambio de los mecanismos que entraban el gasto fortaleciendo, como contraparte, todos los tipos de control: horizontal, vertical y social. La salida fácil de los núcleos ejecutores plagia la política neopopulista del FONCODES de Fujimori y reproduce su misma política perversa: Gobernar para los ricos con el apoyo de los pobres. No es la justicia, sino la formación de clientelas la motivación de la propuesta de los núcleos ejecutores.
3. La ineficacia de la burocracia central y de los gobiernos regionales y locales se debe a la falta de gerencia pública, por un lado, y a la debilidad de los gobiernos regionales debido a que ellos fueron elegidos con una baja votación, por otro. Ergo, hay que potenciar la gerencia pública y establecer la doble vuelta en la elección de los gobiernos regionales.
Comentario. Parcialmente de acuerdo. Es cierto que falta gerencia pública en el estado y hay que potenciarla de verdad, pero es falso que la baja votación obtenida en primera vuelta genere gobiernos regionales débiles e ineficaces por dos razones. En primer lugar, la elección limpia e institucionalizada, sea en primera o segunda vuelta, otorga sólo legitimidad para gobernar y nada más. No otorga fuerza ni eficacia para gobernar. Estas dependen de otros factores políticos, económicos e institucionales. En segundo lugar, los gobiernos regionales elegidos, incluso los que obtienen una baja votación, son premiados con una mayoría de consejeros, lo que ayuda a la gobernabilidad. La introducción de la segunda vuelta busca establecer un pluralismo extremo en las regiones en la primera vuelta, fragmentar más aún al electorado y, sobre todo, bloquear las alternativas de cambio en las regiones. Se trata de reproducir, en el nivel regional, lo que sucede en el nivel nacional. Otra política perversa para mantener el statu quo y los privilegios.
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Sinesio López Jiménez

Un texto (incompleto e inconsistente) sin contexto fue el mensaje del 28 de Julio de García. Fue un mensaje más, como el del año pasado o los anteriores en los que no crujía el modelo neoliberal. García cree que, silenciando la crisis del neoliberalismo, ésta deja de existir. La explicitación del contexto de la crisis del capitalismo internacional y de sus hondas repercusiones en la economía peruana, en el Estado y en la sociedad hubiera resituado el mensaje, hubiera permitido organizarlo en forma coherente y hubiera ayudado a formular propuestas orgánicas de política. La ausencia del contexto explica la incoherencia, el desorden, la falta de políticas públicas para combatir la crisis y la propuesta de reformas políticas parciales e inconsistentes. Siete reformas parciales (como si estuviera comenzando a gobernar), un tedioso recuento de tres años (no uno como ordena la Constitución) de gobierno y varias propuestas inconexas en diversos campos para llamar la atención constituyen todo el mensaje de García.

Por ahora, mi análisis se concentra en las propuestas de reforma política. García propuso dos reformas políticas: la renovación por mitades del parlamento a medio período del gobierno y la elección de las presidencias regionales en dos vueltas. ¿Qué diagnóstico sustenta estas propuestas?. Vayamos por partes. Un primer diagnóstico es que el parlamento funciona mal, que no representa bien a la población y que carece de mecanismos de oxigenación. Ese diagnóstico implícito es parcialmente cierto, pero incompleto. ¿ Es sólo el parlamento el que funciona mal?. No. Funcionan mal todos los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) del Estado. Esto significa que lo que funciona mal en el Perú y en América Latina es la forma de gobierno, esto es, el presidencialismo exacerbado. El único presidencialismo que funciona bien es el norteamericano. En AL los presidencialismos que funcionan más o menos bien son aquellos que se sustentan en coaliciones (pre-electorales o electorales en la segunda vuelta realizada en el Congreso). Es lo que Dieter Nolhen ha llamado presidencialismo renovado. En cambio, el presidencialismo plebiscitario, agravado por el caudillismo providencialista, funciona pésimo. El Baguazo es la expresión concentrada de la ineficacia, de la falta de transparencia y de la ilegitimidad de las decisiones de este último tipo de presidencialismo.

El presidencialismo peruano tiene dos incrustaciones irrelevantes del semi-presidencialismo: el voto de confianza del congreso al gabinete nombrado por el presidente y la capacidad de éste para disolverlo si el congreso no le otorga ese voto en una segunda oportunidad. Si se quiere ir a un semi-presidencialismo en serio (como en Francia, Portugal, Finlandia entre otros países) entonces habría que tomar tres medidas decisivas: Separación del jefe de Estado del jefe gobierno (primer ministro), elección de éste por el parlamento y renovación congresal por tercios o por mitades. Lo primero es lo que la oposición pedía (inconstitucionalmente) en tiempos de Toledo y es también lo que el mismo García ofreció en la campaña electoral del 2006. ¿Por qué quedarse entonces en la renovación por mitades?. Otro cambio posible para salir del presidencialismo plebiscitario exacerbado es el presidencialismo renovado asentado en la formación de coaliciones para elegir al presidente en la segunda vuelta en el congreso. Pero esto nos lleva a otro debate para el que no hay espacio en esta columna: el diseño electoral.

Un segundo diagnóstico político tiene que ver con los gobiernos regionales. García cree equivocadamente que los presidentes regionales son ineficaces y tienen una serie de trabas para gobernar porque carecen de la suficiente legitimidad debido a que fueron elegidos en una primera vuelta con una baja votación. Nada más falso. García confunde la legitimidad de origen o de entrada con la legitimidad de desempeño o de salida. La legitimidad de origen es constitutiva de la autoridad del elegido y depende de elecciones limpias e institucionalizadas y punto. Ella no garantiza eficacia, ni transparencia ni legitimidad por desempeño. Esta no depende de la legitimidad de origen. Ella depende de la capacidad política del presidente regional y de su equipo (la mayoría de los consejeros regionales está garantizada por los actuales dispositivos electorales), de la disponibilidad de recursos humanos, económicos, técnicos e institucionales y de las potencialidades de las regiones. Y sobre todo depende de que el gobierno central, en especial el MEF, no ponga trabas de diverso tipo a los gobiernos regionales.

En conclusión, García no tiene que buscar la solución de los problemas de legitimidad de desempeño de los gobiernos regionales en la modificación de las reglas de juego que les otorgan la legitimidad de origen. Lo único que tiene que hacer es levantar todas las trabas que provienen del Ejecutivo. Pero también es cierto que la pérdida de legitimidad de desempeño no tiene por qué afectar (al menos normativamente) la legitimidad de origen. La legitimidad de desempeño puede caer, pero la de origen se mantiene en pie.

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Sinesio López Jiménez

En América Latina elegimos gobernantes supuestamente democráticos, pero nos gobiernan dictadores. Nuestros regímenes son más democracias de entrada que de salida. Pese a algunas deficiencias de entrada (sobre todo en las fallas de la competitividad electoral y en los déficits de ciudadanía), las elecciones han alcanzado un nivel aceptable de limpieza e institucionalidad. Casi todas ellas reciben el visto bueno de los observadores electorales de países extranjeros y de organismos especializados. El problema viene luego en el ejercicio del poder y de la representación. Una vez elegidos, los representantes y los gobernantes se sienten con las manos libres para decidir sin dar cuenta a nadie. Se olvidan del debido proceso, del cumplimiento de la ley, de las instituciones, de la transparencia y de la accountability. Algunas de sus decisiones son abiertamente ilegales e ilegítimas. Las cosas se agravan si el presidente se siente un caudillo que es capaz de llevar a su país del desierto a la tierra prometida.

Guillermo O’Donnell ha llamado democracias delegativas a este tipo de regímenes políticos decisionistas y cesaristas. Han existido en otras épocas y en otras latitudes, pero reaparecieron con fuerza en las transiciones democráticas de los 80 de América Latina. O’Donnell encontró el nombre preciso para designar un viejo fenómeno más menos conocido. Este no es el único caso de éxito en el análisis y en la nominación de los fenómenos políticos. Otro caso notable es el análisis de las dictaduras conosureñas de la década del 70 a las que denominó Estados Burocráticos Autoritarios (EBA). “Coaliciones democratizantes” llamó a las articulaciones implícitas y a los juegos en pared que hacían los blandos de las dictaduras y de la oposición democrática para hacer viables las transiciones.

O’Donnell es probablemente el politólogo latinoamericano de mayor prestigio internacional y el que más ha contribuido al desarrollo de la ciencia política en América Latina. Su originalidad siempre sale a flote en medio de su deslumbrante erudición. Sus libros, artículos e ideas son estudiados y discutidos en las principales universidades y centros de investigación del mundo. Tres grandes temas y problemas han concitado su atención y han merecido sus análisis penetrantes y finos: las dictaduras del Cono Sur, las transiciones democráticas de los 80 y las democracias posteriores. Modernización y autoritarismo fue su tesis de doctorado en Yale que luego apareció como libro preparatorio de los análisis sobre las dictaduras del Cono Sur. Lo que explica esas dictaduras es, según O’Donnell, la profundización de la industrialización (el desarrollo de los bienes de capital) en un contexto de agotamiento de la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) y de reactivación del sector popular. Esta explicación tiene ciertas consonancias con las tesis del historiador Alexander Gerschenkron sobre la industrialización tardía de Alemania, Italia y Japón que dio origen a gobiernos autoritarios.

Esta tesis central sobre los EBA tuvo mucha resonancia en los medios universitarios del norte y del sur. David Collier, profesor de la U. de Berkeley, organizó un gran debate académico en el que participaron algunos de los principales politólogos, sociólogos y economistas (Hirschman entre ellos) del mundo cuyas contribuciones fueron publicadas posteriormente en el libro The New Authoritarianism in Latin América (1979, Princeton University Press, Princeton). Prestó mucha atención a la dinámica de los EBA y a sus fisuras que podían anunciar su crisis y apertura a las transiciones democráticas. Sobre este tema coordinó con el destacado politólogo norteamericano Phillipe C. Schmitter una investigación de largo aliento que tuvo como resultado la publicación del libro (en cuatro tomos) Transitions from authoritarianism rule (1986).

Las principales contribuciones de Guillermo O’Donnell a la ciencia política se refieren, sin embargo, a la teoría de la democracia. Ha analizado las diversas perspectivas normativas y empíricas de la democracia como régimen político, ha reconocido las contribuciones más importantes, ha discutido sus ambigüedades y ha señalado sus límites. Con la enorme autoridad académica que tiene, O’Donnell ha roto con el institucionalismo ortodoxo de la democracia para enriquecer la teoría con el contexto histórico y con el análisis acotado de las condiciones (el estado, el sistema legal, la desigualdad, los déficits de la ciudadanía, la sociedad civil). Me parece reconocer en este viraje la influencia de la escuela de Cambridge, especialmente de John Dunn, de Quentin Skinner y de John Pocok.

Después de haber enseñado varios años en la U. de Notre Dame (USA) y de haber sido profesor visitante de algunas de las más importantes universidades de Estados Unidos y Europa, O’Donnell ha vuelto a su tierra natal, Argentina, y en la próxima semana viene de visita al Perú invitado por la PUCP y por el Instituto Bartolomé de las Casas. La PUCP, en reconocimiento de sus méritos académicos en el campo de la ciencia política, le otorgará el doctorado honoris causa el jueves 23 de julio.

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Sinesio López Jiménez

Carl Schmitt, el más insigne representante del pensamiento reaccionario del siglo XX, postulaba que para entender la política había que mirarla desde el extremo, desde la guerra, de la misma manera que, para comprender a Dios, había que mirarlo desde el milagro y que, para entender al Estado de derecho, había que observarlo desde el Estado de excepción. A diferencia de Schmitt, García no quiere comprender ni la política, ni a Dios, ni al Estado de Derecho sino que quiere entenderse a sí mismo. Esa operación de autocomprensión lo lleva a mirar a la orilla de enfrente, al otro extremo. ¿Cómo explicar su defensa del neoliberalismo extremo y del capitalismo salvaje?. ¿Cómo justificar su visión de polarización del país y del continente? ¿ Cómo fundamentar el despliegue de una estrategia permanente de confrontación?. García pretende justificar su diagnóstico polarizante, su propuesta neoliberal extrema, su estrategia confrontacional inventando y librando una imaginaria guerra fría continental contra los estatistas extremos, los extremistas de izquierda y contra los golpistas que quieren desbarrancarlo para instalar una dictadura, convocar a una constituyente y reelegirse hasta destruir el país. En ese escenario bélico imaginario, García se siente el protagonista continental predestinado a salvar el sistema derrotando a todos los antisistema que quieren destruirlo. Delirios reaccionarios de grandeza.

García piensa que la guerra interna se libra contra una minoría de 50 mil extremistas que, sin embargo, tienen la extraordinaria capacidad de poner al país de vuelta y media en alianza extraña con los medios que compiten perversamente por el rating. El se imagina a sí mismo, desde luego, como el líder defensor de la mayoría silenciosa del país. ¿No ha visto ni quiere ver las últimas encuestas que exhiben su desaprobación y la de su gobierno con un contundente 80% de los encuestados?. La realidad, al parecer, no le interesa. El se siente un profeta llamado a llevar al Perú del desierto a la tierra prometida. La confrontación bélica de García es, en puridad de verdades, una supuesta guerra de minorías que se desarrolla imaginariamente por encima de las cabezas de la inmensa mayoría de los peruanos y latinoamericanos.

¿Es certero el diagnóstico de García sobre lo que está sucediendo en el Perú y en América Latina? ¿Por qué García sólo ve dos propuestas extremas cuando en realidad existen (y pueden existir) otras alternativas? ¿Por qué García ve polarizaciones donde sólo hay propuestas a desafíos y problemas?. ¿Por qué ve guerra fría donde hay sólo dos puntos de vista, entre otros, sobre modelos de desarrollo? Mi hipótesis es que García busca lograr varios objetivos con su diagnóstico y su apuesta política. En primer lugar, quiere aparecer como el líder latinoamericano de la alternativa neoliberal de desarrollo en su versión más extrema. En segundo lugar, pretende salvar a un modelo agonizante debido a la crisis mundial del capitalismo. Finalmente, busca aglutinar en torno a su liderazgo a las fuerzas de derecha del Perú para enfrentar a todos los que se oponen al moribundo neoliberalismo extremo. Felizmente para el Perú y América Latina, la realidad es más rica y compleja que el pobre y empobrecedor diagnóstico de García. Los únicos países que polarizan son Perú y Colombia (neoliberalismo extremo), por un lado, y Venezuela (caricaturizada por la derecha latinoamericana) y Cuba, por otro. La mayoría de los países de AL escapan de su diagnostico y de sus propuestas polarizantes.

El manifiesto de García, además, expresa una visión maniquea de la política. El modelo neoliberal (herido de muerte) concentra todas la bondades mientras que todas las propuestas discrepantes condensan los errores y la maldad. Eso explica que no vea las fallas, salvo las de ritmo y velocidad, del neoliberalismo extremo: autorregulación del mercado sin autoprotección de la sociedad y del trabajo, capitalismo sin derechos que privilegia la inversión y la producción y deja de lado la distribución, abandono del empleo adecuado y de los salarios dignos como la política justa para salir de la pobreza, separación entre la política económica (un banquete para los ricos) y las políticas sociales (un reparto de migajas para los pobres). Esa visión maniquea le impide percibir a García que el modelo neoliberal, incluso en sus años de gloria (2005-2008), no logró distribuir sus beneficios a más de la mitad de los peruanos que sobreviven en la pobreza y en la extrema pobreza. Y le impide también entender las protestas de los excluidos y ninguneados por sus políticas económicas. Los reclamos y las protestas constituyen para él declaratorias de guerra.

Finalmente, el esquema de guerra de García es un misil directo contra la democracia. Adiós al pluralismo, a la tolerancia, a la oposición, a la discrepancia y a la protesta. El régimen democrático y sus virtudes son sacrificados en el altar del fundamentalismo neoliberal y del autoritarismo.

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Sinesio López Jiménez

Mientras Jehude dialoga y negocia con los líderes de los movimientos de protesta social, los voceros del Apra y de la derecha buscan silenciarlos y reprimirlos, acusándolos de extremistas manipulados por poderes extranjeros. Mientras Jehude hace política, el Apra y la derecha quieren la guerra. ¿Qué rara especie de extremistas son estos que dialogan con el primer ministro, llegan a acuerdos negociados y levantan sus medidas de protesta? La derecha cree que los extremistas, los países enemigos del Perú y las ONGs están interesados en crear un clima de violencia, de zozobra y de inestabilidad en el Perú para hacer que el gobierno de García colapse.

Suponiendo que esos son efectivamente los deseos de los extremistas, pero las intenciones no bastan para hacen caer a los gobiernos. Se necesitan otras cosas, entre ellas los masivos movimientos de protesta que desborden a las instituciones estatales, a los partidos y al gobierno. ¿De dónde salen las protestas masivas y las turbulencias sociales?. La derecha cree que ellas proceden, no de los problemas sociales reales ni de las políticas ineficaces e injustas del gobierno, sino que son inventadas (creadas) por los extremistas. La derecha atribuye demasiado poder a los supuestos o reales extremistas y cree que los movimientos de protesta están conformados por un conjunto de idiotas que se dejan manipular por ellos (los extremistas). Este es un rasgo típico de todo pensamiento reaccionario: cree que las ideas (radicales) inventan la realidad.

El Apra y la derecha cuestionan no sólo a los extremistas, sino a Jehude y su política de diálogo y negociación. Muchas de las demandas de los movimientos de protesta plantean la derogatoria de determinados dispositivos legales que los perjudican. Este es el caso de las leyes de la selva, de algunas concesiones mineras y de otras leyes que han sido impuestas, no sólo sin consultar, sino también sin informar a los afectados por esas leyes. Es cierto que la derogatoria de esas leyes pone en cuestión al parlamento y al gobierno que deciden de espaldas a los gobernados. Pero si los gobernados cuestionan determinadas leyes es porque la realidad efectiva (social) choca con la idealidad normativa, haciéndola inválida (Kelsen) pues no funciona. En otros casos, las leyes son redundantes y superficiales porque coinciden totalmente con la realidad. Lo que hace válida y útil a una ley es la existencia de una cierta tensión entre ella (como deber ser) y la realidad social (los gobernados). Y eso requiere información y diálogo. Montesquieu les decía a todos los voluntaristas que creen que con las leyes cambian todo: Laissez nous tranquilles (déjennos tranquilos): No nos impongan leyes que no funcionan.

En el fondo, lo que los movimientos de protesta ponen en cuestión con sus diversas demandas es una forma de gobernar: la imposición de leyes y de políticas que los perjudican, la falta de políticas que atienda sus problemas o la incapacidad e incuria de los gobernantes. Esa forma de gobernar no afecta sólo al movimiento amazónico sino casi a todo el Perú. El gobierno y el parlamento, la derecha y el Apra creen que gobernar es imponer leyes, políticas y diversas medidas a los gobernados. Olvidan que ellos están sometidos también a las formas y procedimientos propios de los Estados, los regímenes y los gobiernos democráticos. Lo que define a éstos es, en efecto, la lógica ascendente del poder. Este se organiza de abajo hacia arriba. Los ciudadanos eligen a sus representantes y a sus gobernantes. Estos no están sometidos, es cierto, a mandato imperativo, sino que, para tomar decisiones, tienen una cierta autonomía que, por eso mismo, los obliga a rendir cuentas a sus electores. Esta rendición de cuentas se hace a través de instituciones específicas (control horizontal), de los ciudadanos cuando eligen (control vertical) y de la esfera pública y la sociedad civil (control social). Más aún: en la apertura de estados, regímenes y gobiernos social o políticamente cerrados, el control social ha jugado un papel central. No es, pues, el Estado y el gobierno los que deben controlar a los ciudadanos, a la esfera pública y a la sociedad civil, sino, por el contrario, son estos los que deben controlar al Estado y al gobierno. No es la APCI la que debe controlar a las ONGs, sino, más bien, son éstas las den controlar a la APCI. Dígase lo mismo con respecto a los gobernantes y funcionarios, a todos los órganos del gobierno y a todas las instituciones del Estado.

A través del ejercicio de la ciudadanía, de la sociedad civil, de los movimientos sociales, los peruanos están aprendiendo a tomar en serio el despliegue de la lógica ascendente del poder. Los gobernantes, los representantes y la derecha, en cambio, despliegan una lógica descendente del poder propia de los estados, regímenes, gobiernos no democráticos (dictaduras, autoritarismos, totalitarismos, etc). Organizan el poder de arriba hacia abajo, toman decisiones sin rendir cuenta a nadie, dan leyes sin consultar con los interesados (al menos). Es de esperar que gobernantes y representantes saquen las lecciones democráticas necesarias de lo que está pasando en el Perú de hoy.

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Sinesio López Jiménez

Los golpes de Estado en América Latina de estos tiempos ya no provienen de los cuarteles. Proceden de movimientos desbordantes de los ciudadanos (Argentina) o de masivos movimientos indígenas (Ecuador y Bolivia). Esos movimientos rebasan a las instituciones y a los partidos y hacen colapsar a los gobiernos. No llegan a ser revoluciones sociales ni políticas, pero sí golpes de estado. ¿Por qué los ciudadanos y los movimientos indígenas insurgen contra los gobiernos legalmente establecidos?. La insurgencia puede tener diversas razones. La primera tiene que ver con el mal desempeño de los gobiernos en la aplicación de las políticas públicas: promesas incumplidas, medidas orientadas a servir a los ricos, corrupción generalizada, arbitrariedades impuestas, represiones indiscriminadas. El mal desempeño trae inevitablemente el desgaste de los gobiernos y la pérdida de legitimidad de salida. Otra razón es el descontento y el malestar masivo de la gente que se siente defraudada y que percibe que su situación ha desmejorado sensiblemente o no ha mejorado como esperaba. La crisis ha comenzado a dejarse sentir en los bolsillos y en la conciencia de la gente. Esta no es tonta ni loca para dejarse manipular por “extremistas” o por los enemigos externos del Perú como sostienen equivocadamente García y el canciller. Finalmente, la crisis de los partidos políticos los incapacita para recoger y canalizar ordenadamente las demandas masivas de la gente. La crisis partidaria explica el desborde popular.

En el Perú no tenemos un movimiento ciudadano como el de Argentina ni movimientos indígenas como los de Ecuador y Bolivia. Pero la arrogancia de García y las torpezas del gobierno y del Parlamento han logrado fusionar a estos dos tipos de protesta. Las movilizaciones crecientes de estos días caminaban en la dirección de un golpe ciudadano e indígena. La suspensión indefinida de los decretos legislativos cuestionados no las detuvo sino que las incrementó. La protesta podía crecer hasta el desborde incontrolable. Presionados por las circunstancias, García y Jehude han dado un pequeño golpe contra el congreso para evitar un golpe ciudadano contra el gobierno. Este el sentido político de las negociaciones de Jehude y del mensaje de García. Acosados por un movimiento que amenazaba desbordarse, García y Jehude han decidido negociar con los apus, desconocer la suspensión indefinida de los decretos legislativos y plantear más bien su derogatoria como venían exigiendo los movimientos contestarios y la oposición política.

Las fuerzas políticas en el Congreso no logran salir de su asombro y desconcierto y no saben aún qué hacer. Una vez explicitada la coalición de derecha (Apra, UN y fujimoristas), suspendidos los decretos cuestionados y sancionados los revoltosos del congreso, éste se disponía a hacer su acostumbrada siesta parlamentaria. Pero los acontecimientos lo sorprendieron y está tratando de entender la situación. Ahora pueden suceder en el congreso algunas movidas inesperadas: el acuerdo circunstancial entre el Apra y el PNP para derogar los decretos cuestionados y el despliegue de una oposición beligerante de Unidad Nacional y del fujimorismo. García y Jehude, por fin, han reconocido algunos errores, han dado marcha atrás y han retornado al punto de partida para hacer lo que debieron hacer desde el comienzo: dialogar, negociar y decidir. Eso es la política. Para los cavernícolas y autoritarios de toda laya la negociación es “bajada de pantalones”. Los más desubicados se sienten generales y estrategas de una guerra imaginaria y se masturban con sangrientas victorias fascistoides. Hasta Carl Schmitt se reiría de ellos por torpes. Ellos prefieren la imposición y la guerra. Los gobernantes despliegan la violencia cuando creen que gobiernan cosas y no personas. Ahora (¿hasta cuando?), en cambio, se ha impuesto un gobierno de personas. Podemos hablar, por eso mismo, del golpe que no fue gracias a que los gobernantes (García y Jehude) han vuelto a la sensatez política.

Una vez que las aguas vuelvan a su nivel, habrá llegado la hora de sincerar la política. ¿Qué significa eso?. Cambio de estilo de gobierno, explicitación clara de una política de reconocimiento (identidad, autonomía de los territorios ocupados, formas propias de representación) y de desarrollo para la amazonía, reconocimiento de errores que es necesario pagar (cambio de gabinete por responsabilidad política y penal de algunos ministros), sanción de los crímenes cometidos en el tratamiento del conflicto y gobierno transparente y dialogante. Una forma de sincerar la política consiste en traducir las correlacione sociales y étnicas en correlaciones políticas. Eso significa la emergencia probable de nuevos liderazgos políticos o el fortalecimiento de algunos ya existentes. Los acontecimientos de junio marcan, sin duda, un antes y un después en el gobierno de García. Es de esperar que haya más ruptura que continuidad con el estilo de gobierno del pasado.

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Sinesio López Jiménez

Con frecuencia, en los análisis de coyuntura, el árbol no deja ver el bosque. El acontecimiento inmediato llena nuestras pupilas y nos impide ver en perspectiva y en profundidad a los actores, los procesos y las estructuras que contribuyen a producirlo. Es lo que está sucediendo con los acontecimientos de Bagua. La intensidad del conflicto, el fracaso de las negociaciones, el enfrentamiento sangriento, los muertos, los heridos, los desaparecidos, el señalamiento de los responsables avasallan nuestra mirada y nos obligan a concentrarla en ellos. En el ínterin se escapan los problemas de fondo que están detrás de los acontecimientos. Y sobre todo se escabullen los peces gordos mientras algunos periodistas y analistas se entretienen en la pesca de mojarritas. Lo efímero trata de ocultar las estructuras y la historia.

García está en el origen, en el proceso y en el desenlace de los acontecimientos luctuosos. Todo comenzó con sus artículos sobre el perro del hortelano en los que anunciaba la venta de los recursos naturales de la selva a las transnacionales. Vino luego la delegación de facultades para que el Ejecutivo legislara sobre los asuntos vinculados a la viabilidad del TLC con Estados Unidos. García aprovechó la ocasión para elaborar los Decretos Legislativos que ahora son motivo de controversia y de confrontación. Se produjo entonces un hiperactivismo legislativo del Ejecutivo apoyándose en el sigilo cómplice de los grandes estudios de abogados y eludiendo el debate público que requiere toda propuesta legislativa. Este procedimiento se inscribe, desde luego, en la forma de decisión y de gestión del modelo neoliberal en el Perú y en América Latina para que este pueda instaurarse y funcionar: Decisión en la cúspide (presidente, ministro de economía y finanzas y alta burocracia), manejo oculto de las decisiones (decretos de urgencia), hiperactivismo legislativo del ejecutivo por delegación de facultades, aplicación autoritaria de las decisiones (alegando el principio de “autoridad”). Se trata de evadir la presión social, el escrutinio público y la accountability (rendición de cuentas). Estos procedimientos antidemocráticos se agravan cuando se tiene como presidentes a caudillos (como García) que quieren decidirlo todo porque creen saberlo todo.

La instauración y el funcionamiento del modelo neoliberal requieren, además, una sociedad del silencio (o silenciada) y desmovilizada tal como sucedió en la época de Fujimori debido a la presencia nefasta del terrorismo. Este ya no es caso. La cosa cambió desde el Arequipazo que impidió las privatizaciones impuestas a como dé lugar y que obligó a cambiarlas por las concesiones. Y para desgracia de García y los neoliberales no sólo ha cambiado el aire que respiran (el contexto sociopolítico) sino también el piso mismo en el que se mueven (el modelo neoliberal que se ha hundido debido a la crisis mundial del capitalismo). Estamos en una situación radicalmente distinta a los tiempos en que los búfalos pisaban fuerte, los perros del hortelano ladraban menos y García promulgaba, triunfante, sus decretos legislativos. García y sus socios insisten, sin embargo, en salvar lo insalvable y están dispuestos a desplegar el odio y la violencia desde el estado acompañando el deseo de los cavernícolas y los fascistas de todo pelaje. Ellos creen que los nativos amazónicos son sus enemigos y una especie de puestos de avanzada de una conspiración internacional que los digita. Están delirando. Sería bueno que se serenen un poco si quieren gobernar con un nivel mínimo de racionalidad y de respeto a los ciudadanos.

Los decretos cuestionados revelan, además, que García cree que gobierna una sociedad multicultural a la que hay que civilizar homogeneizándola. Gobernar es civilizar y civilizar es homogeneizar. Esa parece ser la política de García. Mismo conquistador del siglo XVI. Para desgracia de García y sus socios, las cosas no son así. El Perú es un país multicultural complejo en el que coexisten dos situaciones étnicamente diferentes: la multieltnicidad y la multinacionalidad. La primera, que articula grupos culturalmente diferentes (criollos, mestizos, cholos, quechuas y aymaras, etc.) y que tiene linderos imprecisos y movedizos, está presente casi en todo el territorio. Su demanda central es una mejor integración económica, social y política. La segunda, que articula etnias diferentes con linderos e identidades precisas, está ubicada en la selva amazónica. Su demanda central es el establecimiento de una política de reconocimiento de su identidad, de autonomía del territorio que ocupan y de formas de representación propias. Es lo que se llama ahora una ciudadanía diferenciada.

Las formas de desarrollo y de modernización de la Amazonía tienen que estar de acuerdo con esa política de reconocimiento. Las etnias de la selva no quieren la barbarie como piensa García. Ellas buscan la modernidad con respeto a su identidad y a su autonomía. Eso pasa por la derrota de García que es justamente lo que ha sucedido con la suspensión indefinida de los controvertidos decretos legislativos. Las derrotas enseñan. Ojalá García aprenda la lección.

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Sinesio López Jiménez

Cuando las cosas no se resuelven bien (en forma justa y a tiempo) se enredan irremediablemente y terminan mal. Es el caso de Panamericana TV. Este problema debió resolverlo el gobierno de Toledo desde el primer momento rescindiendo el contrato con los propietarios corruptos de los canales que vendieron la línea editorial a Montesinos en la salitas del SIN y convocando a una nueva licitación de la licencia de las señales de TV. Esa era la salida correcta y justa que algunos sectores políticos plantearon en su momento. Pero los temores y las vacilaciones del gobierno y los intereses y presiones empresariales enredaron el problema. Genaro Delgado fue nombrado administrador judicial y se ha mantenido como tal durante seis años a punta de medidas cautelares y gracias a la corrupción del poder judicial que llegó hasta los límites del escándalo en el manejo de este problema. El Presidente del Poder Judicial exhortó a los jueces a pronunciarse con celeridad sobre la contienda y, en la práctica, a devolverle el canal al propietario corrupto o a su familia a la que Schutz ha transferido la propiedad del canal para evadir la justicia.

Esta parece ser la lógica inexorable de la justicia en el Perú. Moverse en el fango de la corrupción. ¿Tiene el poder judicial una forma del salir del atolladero inmundo en el que se mueve?¿Es posible desconocer la transferencia de la propiedad de Panamericana TV como una transferencia ilícita? ¿Puede nombrar un verdadero administrador judicial supervisado por Indecopi?. ¿Por qué los jueces tienen que decidir encadenados a la lógica de la corrupción?. Los jueces tienen aquí una brillante oportunidad para hacer verdadera justicia y para recuperar su deteriorada imagen. Que se miren en el espejo de los jueces de Fujimori. Cuando era inminente la devolución del canal a los Schutz, Genaro Delgado buscó a García para bloquear la decisión judicial. De la reunión entre García y Delgado salió la propuesta de la intervención de la SUNAT y la extraña fórmula de un administrador tributario para gestionar la empresa y de un comité consultivo que lo apoyara.

¿Qué buscaba García con la decisión gubernamental de intervenir la empresa a través de la SUNAT?. Al parecer, con esa decisión García buscaba matar dos pájaros de un tiro. En primer lugar, bloquear el acceso de los Schutz al canal con la finalidad de evitar las críticas de la oposición que, de no intervenir, lo hubiera acusado de connivencias con el fujimorismo corrupto. En segundo lugar, poner al canal a su servicio y al del gobierno, en un primer momento, para entregarlo luego a manos amigas. García ha justificado, sin embargo, la extraña medida por el deseo de la SUNAT de cobrar una abultada deuda tributaria (117 millones de soles). ¿Querían realmente García y la SUNAT cobrar lo adeudado?. Mi hipótesis sostiene que ese no era el objetivo y que, en todo caso, no era el objetivo fundamental. Han tenido tres años para cobrar lo adeudado y no lo han hecho. Del mismo modo como no cobran las abultadas deudas de otros medios (diarios y estaciones de TV) con la finalidad de modular la línea editorial de esos medios. Trueque de no cobro de la deuda tributaria con apoyo de la línea editorial. Sostengo, por esta razón, que el objetivo central de García era hacerse de Panamericana TV bloqueando la decisión judicial y el retorno de los Schutz.

García hubiera salido con la suya de no haber mediado una lluvia torrencial de críticas provenientes de diversos sectores mediáticos, políticos y ciudadanos. Esas críticas quebraron la voluntad del administrador tributario y del comité consultivo que se vieron obligados a renunciar. ¿Por qué la intervención gubernamental de Panamericana TV suscitó un rechazo unánime con la sola excepción del Apra?. Las motivaciones son diversas. Algunas críticas nacieron de la valentía y la honestidad de algunos destacados periodistas con mucho prestigio que protestaron contra la arbitrariedad y autoritarismo de García. Otras provinieron de los medios con techo de vidrio (debido a sus enormes deudas con la SUNAT) que se miraron en el espejo del canal intervenido. Y finalmente la crítica masiva de los políticos de la oposición y de algunos aliados del gobierno que vieron en la medida gubernamental la ambición desbocada de García para fortalecer su poder y prepararse para la próxima campaña electoral.

La derrota de García está llena de lecciones. Una primera es que García es derrotable cuando comete arbitrariedades. Otra lección (que aparece muy clara) es el uso político que hace García de la SUNAT. Esta es una herramienta para perseguir a los opositores y favorecer a los que respaldan al gobierno. La SUNAT acosa y embarga a los críticos del gobierno pero es una mansa paloma con los medios deudores que lo apoyan. Finalmente, la derrota de García muestra la fuerza política de la crítica pública, abierta y masiva. Es de esperar que García haya aprendido también la lección.

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