Sinesio López Jiménez
Uno de los fenómenos políticos más destacados en el Perú del 2009 ha sido el abierto desencuentro entre el optimismo de García y el pesimismo de la gente. ¿Cuál de estos estados de ánimo se acerca más a la realidad?. La única forma de saberlo es el examen de los datos de la economía, la sociedad y la política. Al iniciar el año 2009 García anunció una tasa de crecimiento de 6% del PBI. A regañadientes fue reduciendo sus expectativas a medida que la marcha de la economía lo desmentía. El resultado final ha sido la modesta tasa de menos de 1% . Los críticos, particularmente algunos economistas de Centrum y del Departamento de Economía de la PUCP, han estado más cerca de la realidad que García.
Si contrastamos los discursos y las declaraciones de García con los resultados del Latinobarómetro del 2009 podemos ver la abismal distancia que lo separa del sentimiento popular. Mientras García a lo largo del año no se cansaba de señalar que uno de los logros de su gobierno ha sido el incremento del empleo y la reducción de la pobreza, los peruanos afirman que los problemas más importantes son los económicos (empleo, pobreza). El Perú (68%) disputa con Nicaragua (85%) el primer puesto en este tipo de percepción. Mientras García nos coloca a la cabeza de los países de América Latina y (cuando se exalta) del mundo en términos de crecimiento económico, el Perú se coloca prudentemente en un nivel intermedio en el concierto de países latinoamericanos. Los que opinan que no han crecido son Nicaragua, Honduras y México y los que son optimistas con su crecimiento son Uruguay, Chile y Panamá.
Honduras, Nicaragua, México y Perú presentan mayores porcentajes de encuestados que creen que sus países nunca alcanzarán el desarrollo a contracorriente de García quien cree que el Perú pronto estará en las ligas mayores. El Perú y Argentina son los países menos satisfechos con sus respectivas economías y desaprueban la forma como sus presidentes han enfrentado la crisis. García y sus ayayeros, como se sabe, creen todo lo contario. En la evaluación de los efectos de la crisis en la economía del país y de sus familias, el Perú se coloca en una situación intermedia en relación con El Salvador y México que sienten todo el peso de la debacle y con Brasil y Uruguay que se sienten menos afectados por ella. García piensa, por el contrario, que el Perú ha sido el país mejor librado de la crisis. Salvo Brasil, Chile y Uruguay, la mayoría de los encuestados (entre ellos el Perú con el 60%) cree que la crisis va para largo. García, en cambio, piensa que la crisis ya terminó.
A diferencia de la mitad de los brasileños y los panameños, menos de un tercio de los peruanos, chilenos, ecuatorianos y argentinos creen que las privatizaciones han sido beneficiosas para sus respectivos países. El sentimiento es parecido con respecto a la satisfacción con los servicios públicos privatizados. Los países más insatisfechos con ellos son los chilenos y los argentinos. Estos datos chocan con los arrestos privatizadores de García. Peruanos y argentinos, además, disputan el primer puesto en la idea según la cual en sus países no existe una justa distribución de la riqueza.
¿Qué explica este desencuentro entre el optimismo de García y el pesimismo de la gente?. El sentido social de su gobierno. García gobierna para los ricos en desmedro de la inmensa mayoría de peruanos. Su optimismo es el optimismo de los ricos. Es por esta razón que García es uno de los presidentes más impopulares de América Latina. Su gobierno disputa con el de Krichtner la más alta desaprobación de los ciudadanos. Es muy probable que el rechazo popular en una perspectiva comparada de AL hiera profundamente el abultado ego de García y es muy posible también que este sea una de las razones por las que inventa encuestas imaginarias cuyos inflados resultados lo hacen más tolerable.
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Sinesio López Jiménez
García cree que el Perú está poblado por vivos y zonzos y que el vivo más eminente es él. Esta es la clave de su pensamiento (¿?) y de su política. García encarna, en efecto, lo que en el Perú se llama la viveza criolla sobre la que Francois Bourricaud (su reivindicado y desaprovechado maestro) escribió agudos apuntes. La definió como “sabiduría escéptica” que combina la perspicacia y la astucia con la prudencia. Todos sabemos, sin embargo, que esta última es una virtud que no cultiva García. Perspicacia y astucia, en cambio, le sobran. Vivo es el que “se las sabe todas”, el agilito, el pendejerete, el que no se deja pisar el poncho, el “men” que se siente perfecto y cree que los demás son “monses” (zonzos). El criollo vivo es también un sacavueltero de amplio espectro que García personifica a la perfección. ¡Y con qué sabiduría encarna también el criollísimo refrán: “el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo”!.
Los dos gobiernos de García están llenos de vivezas inolvidables. Su segundo gobierno, por ejemplo, comenzó con una sacada de vuelta al país: el cambio de programas. “Triunfó” con un programa tibiamente socialdemócrata y gobierna con el modelo neoliberal. “Triunfó” es un decir porque fue acusado por Lourdes Flores de “haber ganado en mesa”. La prescindencia del Apra como partido de gobierno, el establecimiento del óvolo voluntario en reemplazo de los impuestos a las ganancias extraordinarias de las mineras, la designación de su propia contralora en lugar de fortalecer todas las formas y los órganos autónomos de control, la negociación de las cúpulas de los poderes del Estado para ocultar los petro-audios que los comprometen, todos ellos constituyen actos típicos de viveza de García en un país de zonzos.
Una de las últimas vivezas de antología es el nombramiento, por parte del poder Ejecutivo (esto es, García), de una comisión que investigue los sucesos sangrientos de Bagua. Para descubrir a los principales responsables del Bagüazo no era necesario desplazarse hasta la selva. Bastaba ir a Palacio de gobierno. El autor del perro del hortelano, el inspirador de de los decretos legislativos 1064 y 1090 sobre la selva, el que incumplió el Convenio 169 de la OIT que obligaba a la consulta a los indígenas en decisiones gubernamentales que afectan sus territorios, el que presionó al Congreso para que no derogara esos dispositivos legales cuestionados, el que ordenó poner orden y acabar con el caos está en Palacio y funge de Presidente de la República. En el comienzo, en el proceso y en el desenlace del conflicto García es el principal protagonista y responsable. La ministra que sostuvo falsamente que sin leyes de la selva se ponía en cuestión el TLC con Estados Unidos ha sido premiada ahora con el superministerio del MEF.
Los resultados de la Comisión “investigadora” son los esperados por García, el principal responsable del Bagüazo. Entre “las cuatro causas de la tragedia” (El Comercio dixit) la Comisión señala el “apresuramiento y falta de tacto de algunos sectores del Ejecutivo al promulgar los decretos legislativos 1064 y 1090 sin tener en cuenta la delicada sensibilidad amazónica”. ¿Qué sectores?, ¿qué ministros?, ¿qué altos funcionarios? ¿y quién fue el promotor de los decretos legislativos?. Una de las perlas de esta Comisión es la tesis según la cual los nacionalistas, la iglesia y las ONG han distorsionado la agenda de los indígenas. ¿Cuál agenda?, ¿su cultura?, ¿su propuesta de desarrollo?. ¿Y García con su perro del hortelano no distorsiona esa supuesta agenda indígena?.
Felizmente la viveza criolla tiene claros límites que provienen de la experiencia y de la conciencia de los supuestos zonzos. El nivel de aprobación de la García es el termómetro con el que ellos miden y sancionan los actos de viveza de García.

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Sinesio López Jiménez
Desde una perspectiva institucional el problema de la democracia peruana no es sólo el parlamento. Es también el caudillismo de García. Como todo caudillo, García detesta las instituciones, maltrata al Congreso, incumple la ley de partidos, prescinde del Apra como partido de gobierno y pretende manipular arbitrariamente los diseños electorales. Aprovechando el desprestigio abismal del Congreso, García quiere arrasar con él. Para lograrlo ha ensayado diversas estrategias. La primera fue la renovación por mitades. Como ella fue rechazada por la mayoría de los congresistas, propuso el referéndum para imponerla. Es muy probable que esta nueva propuesta sea bloqueada igualmente por el Congreso. Ante esa situación, ensaya una tercera propuesta: invoca para una reforma constitucional una cuestión de confianza que sólo se aplica al gabinete. Como este despropósito tampoco va a pasar, García podría ensayar una cuarta estrategia: Nombrar un nuevo gabinete que haga suya la renovación por mitades y colocar al Congreso frente a la actitud suicida de ser disuelto sino lo aprueba a fardo cerrado.
¿Qué pretende García con el despliegue de estas estrategias contra en Congreso?. Varios son, al parecer, los objetivos de García. El primero, levantar sus alicaídos bonos librando una batalla contra una institución desprestigiada y vilipendiada todos los días por todos los medios. El segundo, imponer a como dé lugar el voto voluntario para excluir a los ciudadanos que votan contra el modelo económico neoliberal. El tercero, someter al Congreso a sus designios de caudillo autoritario. El cuarto, desplazar la atención ciudadana desde los problemas sustantivos de la economía (crisis de crecimiento, empleo, desigualdad, pobreza) al campo meramente institucional. El quinto, crear una situación de impase político y constitucional que justifique la amenaza de un autogolpe al estilo de Fujimori. En resumen, García busca reordenar el escenario político en sus propios términos caudillistas y revertir la imagen de gobernante antipopular que proyecta hacia AL.
La disolución del Congreso es una vieja idea de García desde el primer año de su gobierno. ¿Por qué la ha transformado actualmente en estrategia?. Hay varias razones. La primera es la proximidad de las elecciones del 2010 y del 2111. García quiere recuperar los perdidos gobiernos regionales que tuvo el Apra entre el 2001 y el 2006. Contribuye al logro de ese objetivo la aprobación de la doble vuelta electoral de los gobiernos regionales que no superen la barrera del 30%. No es cierto que ella otorga legitimidad de origen ni ayuda a la legitimidad por desempeño y a la gobernabilidad. Lo único que busca esa ley es fragmentar más al electorado de las regiones y bloquear cualquier alternativa de cambio en ellas. La segunda es que García quiere aprovechar la debilidad de la oposición política –de derecha y de izquierda- para frenar a la oposición social. La tercera es que García se siente ahora más libre para tomar decisiones en diversos campos luego que la crisis económica internacional debilitara a la coalición social con la que gobierna, especialmente a los organismos financieros. Hasta se atreve a cambiar ministros de economía sin consultar con nadie. El problema es que, con García suelto en plaza, cualquier cosa puede pasar.
¿Cuáles son las propuestas de las oposiciones para frenar a García?. Aparte de la denuncia, ninguna. Sugiero, por eso, una en el campo institucional: Cambiar la forma de gobierno. Pasar del presidencialismo, que permite y legitima los extravíos de García, al semi-presidencialismo. Esto implica tres cambios fundamentales: Diferenciación del jefe de estado del jefe de gobierno, elección del primer ministro por el Congreso y renovación parlamentaria por tercios. Esta forma de gobierno tiene al menos dos virtudes: combinar adecuadamente la estabilidad y el cambio y oxigenar mucho a la política.
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Sinesio López Jiménez

La imagen positiva, triunfante y avasalladora del Perú que García nos vende machaconamente todos los días se evapora como una pompa de jabón con el Informe del Latinobarómetro del 2009 que encuesta a 18 países de AL. En la evaluación que hacen los ciudadanos de cada país de sus respectivas democracias y economías el Perú disputa la cola. Se trata, desde luego, de las percepciones y las valoraciones sobre las realidades y no de las realidades mismas. Entre unas y otras median la experiencia, la memoria, la educación, la cultura política de los encuestados. Estas mediaciones constituyen una especie de lentes para mirar la realidad. ¿Son diferentes los lentes con los que los ciudadanos de cada país de AL evalúan sus respectivas democracias y economías?. Mi hipótesis es que, salvo pequeñas variaciones, ellos son parecidos. Esta semejanza permite comprender mejor las diferencias de los países de AL en una perspectiva de política comparada.

En este primer análisis toco sólo algunos aspectos sobre la democracia en AL. Es aleccionadora la condena masiva (en Honduras mismo y en AL) del golpe y de los golpistas. Sin embargo, algunos países (Ecuador, Brasil, Venezuela, Guatemala, México) se sienten, en grados variables, vulnerables y propensos a regresiones autoritarias. Vista como ideal normativo, la valoración de la democracia retrocede en algunos países de AL (Colombia, Costa Rica, Perú, Nicaragua, Argentina, Ecuador, México), pero en otros avanza en forma sorprendente (16% en El Salvador y Venezuela, 12% en Bolivia y Brasil y 6% en Chile). El informe del Latinobarómetro se siente sorprendido y atribuye en forma discutible el incremento a la ideología (¿?) de los encuestados bajo los gobiernos de izquierda. Es probable que la explicación esté más bien por la mayor valoración que hacen estos gobiernos de los derechos económicos y sociales.

Sorprende también la evaluación del grado de democracia de los países. Más de un tercio de los uruguayos (46%), costarricenses (38%), venezolanos (36%), panameños (33%), chilenos (30%) opina que su respectivo país es totalmente democrático. En el polo opuesto, sólo el 5% de los paraguayos, el 8% de los bolivianos y 9% de los peruanos cree lo mismo. Son los sectores más educados (y probablemente de los estratos medios y altos) los que valoran más la democracia en términos normativos. En algunos países (Perú, Brasil, Ecuador Colombia, Guatemala) menos del 50% cree que sin parlamento y sin partidos no hay democracia, pero en otros (Uruguay, Venezuela, Argentina) esa creencia se empina a más del 70%. Más del 50% de los latinoamericanos piensa que la democracia ofrece garantías a los derechos civiles y políticos, pero menos del 50% cree que ella ofrece garantías a los derechos económicos y sociales.

El desempeño de los gobiernos democráticos ha ido mejorando poco a poco luego de la crisis asiática (2003-2004), pero sorprende la percepción de mejora (de 37% a 44%) en el 2009, año de la mayor crisis del capitalismo de las últimas décadas. Esto tiene que ver probablemente con el buen manejo de la crisis por algunos gobiernos. No todos los países están satisfechos, sin embargo, con la democracia. En algunos países (Uruguay, Costa Rica, Panamá, El Salvador, R. Dominicana, Chile, Bolivia, Venezuela y Brasil) más del 50% está satisfecho con su democracia. En el resto de países, menos del 44% lo está. El Perú es el menos satisfecho de todos con el 22%. La explicación de esta insatisfacción se encuentra en el sentido social de las políticas públicas que despliegan los gobiernos. El Uruguay, por ejemplo, el 58% cree que “se gobierna para todo el pueblo”. En contraste, menos del 15% de los peruanos, los dominicanos y los argentinos cree que sus gobiernos hagan lo mismo. La insatisfacción se incrementa cuando los ciudadanos piensan que la corrupción sigue victoriosa (Honduras, Guatemala, Perú, Argentina).

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Sinesio López Jiménez

Una gran insatisfacción con la democracia recorre América Latina. En unos países más que en otros, pero ella es general. El cuestionamiento no apunta aún (felizmente) contra la democracia como ideal de gobierno, sino contra los gobiernos democráticos realmente existentes. El malestar proviene de la incapacidad de la democracia, tal como ella es definida, entendida y aplicada, para cambiar la vida material de los ciudadanos, especialmente de los pobres y muy pobres. “La democracia no se come” dijo el general Odría para justificar su dictadura. Para erigirse en una valla contra las dictaduras y legitimarse, la democracia tiene que demostrar con hechos (efectividad legal y políticas públicas para todos) que ella sí se come. No se trata de un reparto populachero de alimentos y otros bienes tratando a los pobres como mendigos sino de organizar la existencia social de tal manera (empleo de calidad, salarios, salud, educación, seguridad, bienestar, justicia y libertad) que permita a todos vivir con dignidad.

¿Por qué la democracia no afecta la vida material de los ciudadanos de AL? La hipótesis de Nicolás Lynch (El argumento democrático sobre América Latina. La excepcionalidad peruana en perspectiva comparada. Fondo Editorial de CCSS de la UNMSM, 2009) es que la democracia no toca la situación concreta de los ciudadanos de AL porque ella ha sido reducida a meros procedimientos de elección de los gobernantes de turno. Así ha sido importada (copiada) de los países avanzados, pero AL no ha podido copiar obviamente la cultura política, la calidad de los Estados eficientes y democráticos y el nivel de vida de esos países. ¿Por qué ella, sin embargo, sigue en pie?. Lynch atribuye su permanencia a dos factores principales: Por un lado, a la imposición y defensa de la democracia meramente procedimental por parte del establishment académico y político norteamericano y, por otro, a la capacidad, ciertamente limitada, de las élites latinoamericanas para sostenerla. La crítica de Lynch a la democracia procedimental no tiene como objetivo acabar con ella sino, por el contrario, crear las condiciones económicas, sociales y políticas que le permitan funcionar en forma adecuada y satisfactoria.

El de Lynch es un libro de política comparada que se mueve entre la ciencia política y la sociología política, por un lado, y entre el ensayo y la investigación de campo, por otro, para analizar las peculiaridades de la democracia en los diversos países de AL y en el caso peruano. Apelando a un amplio conocimiento de la ciencia política norteamericana y asumiendo la perspectiva estructural de Barrington Moore y otros, Lynch discute con los principales autores que defienden la democracia como régimen político (democracia electoral y procedimientos de gobierno). Coincidiendo con Guillermo O´Donnell (en sus últimas publicaciones), Lynch sostiene que, para comprender la democracia, es necesario analizarla en perspectiva histórica comparada de tal manera que los procedimientos democráticos sean vistos a la luz de las condiciones y procesos económicos, sociales y políticos y de los vínculos que ellos establecen en los diversos países del mundo desarrollado y de AL.

Lynch analiza las etapas en que se ha desarrollado la democracia en AL, las regresiones autoritarias, las transiciones democráticas y las consolidaciones frágiles que ella ha experimentado. Discute asimismo el giro a la izquierda de AL (distinguiendo dos izquierdas por origen: marxista y nacional-popular) dentro de los cauces democráticos como producto de la insatisfacción que ha generado el modelo neoliberal en AL. Este giro izquierdista no es, en general por ahora, anticapitalista, sino antineoliberal. En esto y en otros aspectos el Perú es una excepción en AL. El excelente libro de Nicolás Lynch ha levantado muy alto la varilla para discutir y valorar la calidad de la democracia en AL.
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Sinesio López Jiménez

En la vida larga y compleja del Apra, el libro de Nelson Manrique (¡Ud fue Aprista! Bases para una historia crítica del Apra, Fondo Editorial de la PUCP, 2009) llena un vacío en el campo del conocimiento histórico y político. Se han escrito muchos libros sobre diversos aspectos del Apra, pero faltaba uno sobre su trayectoria (1930-1979). Para analizarla Manrique se mueve entre la historia y la sociología histórica comparada, combinación que le permite vincular los actores y los acontecimientos con las clases sociales y con los procesos y las estructuras de mediana duración en diversas etapas de la historia peruana. El libro presenta un análisis muy fino de las complicadas y a veces conflictivas relaciones de Haya con el estado mayor del Apra (especialmente con Sánchez y Seoane) y con los militantes en lucha política abierta con la oligarquía y el ejército (aliados del imperialismo en la primera etapa).

Esta lucha se libró en tres etapas claramente diferenciadas: La gran confrontación (1930-1956), la alianza con la oligarquía (1956-1968) y la revolución militar de Velazco (1968-1979). En las tres etapas Haya y el Apra desplegaron programas y estrategias políticas relativamente diferenciadas. En la primera etapa, Haya desplegó un programa revolucionario antiimperialista y una estrategia que se movía entre el juego electoral, la insurrección y el golpe y en algunas coyunturas apeló a las tres cosas al mismo tiempo. La oligarquía y el ejército, en cambio, jugaron siempre al golpe y, cuando se abrieron a los procesos electorales, excluyeron a la mayoría de la población, al Apra y al comunismo. Esta es la etapa de las involuciones precoces y de las ambigüedades tempranas de Haya. Sin cambios profundos en la situación, pasó de la revolución a la involución.

En la segunda etapa, Haya pudo replantear las reformas antioligárquicas dentro de cauces democráticos, pero se asustó ante el desafío, retrocedió y se comprometió con la oligarquía dando lugar a la Convivencia (1956) y a la Coalición con Odría (1963). El clima político era, sin embargo, propicio para realizar profundos cambios antioligárquicos: el gamonalismo estaba al borde del colapso, la oligarquía estaba aislada, el ejército y la Iglesia apostaron a las reformas antioligárquicas, los nuevos partidos (AP, la DC y el MSP) planteaban cambios profundos y los movimientos campesinos, proletarios y de clases medias presionaban en la misma dirección.

En la tercera etapa, los militares hicieron lo que el Apra pensó y fue incapaz de realizar. Los apristas se limitaron a reivindicar la autoría programática de las reformas y a exigir una salida democrática. Las reformas radicales del velasquismo acabaron con la oligarquía y el gamonalismo pero dejaron intacto “el terreno de las subjetividades”: la cultura (el racismo, pese al bilingüismo que postuló), la política (hibernación de los partidos, desmovilización social, inefectividad legal e ineficacia burocrática del Estado). Sólo un movimiento catártico de masas hubiera resuelto este problema.

A cada una de estas etapas corresponden contextos estructurales específicos. La primera se encuadró en un país agro-minero exportador (rural, incomunicado, con limitada movilización mesocrática y proletaria, sin ciudadanía, sin sociedad civil y con un Estado meramente coercitivo); la segunda, en un país en proceso de industrialización, con crecientes protestas sociales y con una vasta movilización social (urbanización, boom educativo, difusión creciente de los medios, migraciones intensas, extensión de la ciudadanía, etc); la tercera, de emergencia de los primeros desequilibrios de la ISI, de crisis y fragmentación de los partidos, etc. El libro de Manrique es la historia de una involución que los apristas niegan, los izquierdistas critican y los derechistas celebran. Es un libro polémico que será valorado de diversa manera.
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Sinesio López Jiménez

El Perú tiene serios problemas de representabilidad y de representatividad. Del primero ya nos hemos ocupado en esta columna. Ahora voy a examinar la crisis de representatividad que proviene de los diseños electorales inadecuados. En el Perú existen, por lo menos, tres situaciones de este tipo: las regiones, la población rural de la sierra y las etnias de la selva. Las poblaciones rurales tienen problemas tanto de representabilidad como de representatividad. Ellas presentan, en efecto, problemas para ser representadas dada su enorme dispersión y su pobreza extrema así como dificultades que proceden de un diseño electoral defectuoso. Las actuales circunscripciones electorales (regionales) otorgan a las grandes ciudades una sobrerrepresentación en desmedro de la población rural. La reducción de la circunscripción electoral es una forma posible de resolver este problema de representación: Reemplazar la región por la provincia como circunscripción electoral, por ejemplo.

El problema de la representación política de las etnias de la selva es más complejo. Ellas demandan identidad, autonomía de los territorios que ocupan y formas de representación propia. Es necesario reconocer estas demandas tanto en el nivel de las regiones que habitan como en el nivel nacional en donde debe ser reconocida una representación política propia. El caso colombiano puede ayudar a establecer un diseño adecuado que ayude a resolver este problema de representación. Para conformar la Cámara de Representantes, Colombia establece circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales para elegir comunidades negras, indígenas y residentes en el exterior. El Senado de 100 miembros, elegidos en circunscripción nacional, integra a dos representantes de las comunidades indígenas elegidos de la misma manera.

Las regiones presentan también un grave problema de representación. Ellas carecen de una representación política nacional. Los congresistas elegidos en la circunscripción regional no representan a las regiones sino a las clases, los estratos y los grupos sociales que las habitan. Ellos (y la constitución) sostienen, sin embargo, que representan a la nación. Su representación tiene, en realidad, un sentido liberal y está basada en el principio de la soberanía popular. Para que cuenten con una representación propia las regiones tienen que apoyarse en el principio de autonomía de las mismas y expresarse en un cuerpo representativo nacional: el Senado. El principio de autonomía recoge, a su vez, la tradición de la representación republicana. Esta representa, en efecto, no a las clases y grupos sociales como la representación liberal, sino a la comunidad política regional.

En resumen, para resolver el problema de la representación de las regiones, es necesario insistir en el diseño bicameral basado en dos principios: el de la soberanía popular (liberal) que configura a la Cámara de Diputados y el de la autonomía de las regiones (de inspiración republicana) que constituye al Senado. Analizando el caso norteamericano en 1835, Alexis de Tocqueville, el mejor teórico de la política del siglo XIX, escribió lo siguiente: “El principio de la independencia de los Estados triunfó en la formación del Senado y el dogma de la soberanía nacional, en la composición de la Cámara de representantes. Cada Estado debió enviar dos senadores al Congreso y cierto número de representantes, en proporción a su población. Resulta de este arreglo que, en nuestros días, el Estado de Nueva York tiene en el congreso cuarenta representantes y solamente dos senadores; el Estado de Delaware dos senadores y solamente un representante” (La Democracia en América).

Mutatis mutandis (Estados federales por regiones), el problema de la representación es parecido y puede ser también semejante su solución.
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Sinesio López Jiménez

En uno de sus ensayos más imaginativos sobre el Estado y la democracia, Guillermo O´Donnell atribuye los colores azul, verde y marrón a los países de América Latina. Azul es el color de los países estructuralmente homogéneos (Uruguay, Chile, Costa Rica) en los que el Estado penetra en todo el territorio y en todas las clases sociales. La ley es efectiva y la burocracia es eficaz. En el polo opuesto, marrón es el color de los países con mucha heterogeneidad estructural (los países andinos) en los que el Estado no llega a todo el territorio ni a todas las clases sociales. En ellos la ley no se aplica por igual en el territorio ni alcanza a todas las clases sociales. La burocracia no es eficaz ni las políticas públicas llegan a todos. Entre estos polos, el verde es atribuido a los países que no tienen una acentuada heterogeneidad estructural (Argentina, Venezuela) en los que la efectividad de la ley y la eficacia de la burocracia tienen un cierto alcance tanto en el territorio como en las diferentes clases sociales.

En esta policromía de países latinoamericanos el Perú presenta obviamente un color marrón. Pero si se analiza el grado de penetración del Estado en una escala regional, el Perú presentaría más matices. Probablemente, la costa mostraría un color azul; algunas ciudades de la sierra y de la selva, un color verde y las amplias áreas rurales de la sierra y de la selva, un intenso color marrón. En una perspectiva más exigente se podría imaginar un mapa del Estado peruano en una escala distrital considerando siempre el grado de penetración del Estado tanto en la efectividad legal como en la eficacia de la burocracia. Los matices serían mayores. En la costa predominaría el azul, seguido de cerca por una vasta zona marrón (los distritos pobres y muy pobres) y acompañado por algunas pocas zonas verdes. En la sierra y en la selva predominaría el marrón, acompañado por algunas zonas verdes. La mayoría de los distritos (alrededor de 900 distritos) y de la población (un poco más del 50%) de todas las regiones tendrían un color marrón.

Hace más de 10 años (en el libro Ciudadanos Reales e Imaginarios, IDS, 1997) elaboré un mapa de ciudadanía efectiva en todos los distritos del Perú. Se midió el grado de acceso efectivo de los ciudadanos a los derechos civiles (que tienen que ver con la libertad), a los derechos políticos (la participación en las decisiones y en la designación de las autoridades) y a los derechos sociales (educación, salud, etc. ). Los resultados fueron desalentadores: El 44% estaba conformado por ciudadanos de primera clase (accedía a todos los derechos por igual) y habitaba mayoritariamente en los distritos de clases medias y altas y en algunos distritos populares de las principales ciudades; el 23% estaba integrado por ciudadanos de segunda clase (ejercía todos sus derechos políticos y tenía algunos derechos civiles y sociales) y habitaba en los distritos pobres de las diversas ciudades; y el 33% estaba conformado por ciudadanos de tercera clase (ejercía sólo sus derechos políticos y no contaba con derechos civiles ni sociales) y habitaba en las zonas rurales de la sierra y de la selva.

Se relacionó este mapa de ciudadanía efectiva con el de la desigualdad (expresada en el mapa de la pobreza de 1993) y se encontró que existía entre ellos una alta relación inversa: en las zonas más pobres existía menos ciudadanía efectiva y en las zonas menos pobres había más ciudadanía efectiva. Es probable que exista también una alta correlación entre el mapa de la ciudadanía efectiva con el grado de penetración estatal en el territorio y en la sociedad. En los distritos en donde la justicia y las políticas públicas llegan a todos (azul) los ciudadanos son de primera y en los distritos en donde el Estado no es legalmente efectivo ni es burocráticamente eficaz (marrón) los ciudadanos son de tercera clase.

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Sinesio López Jiménez

En América del Sur sólo Perú y Colombia se inscriben en el neoliberalismo extremo. Todos los demás países se ubican, con algunos matices, en el campo de la izquierda. ¿Se mantendrá este mapa político en la próxima década?. Si las próximas elecciones sólo se decidieran por los éxitos y los logros, la izquierda debiera seguir gobernando. Pero sospecho que hay otros actores y factores: el peso creciente de las nuevas generaciones, sus deseos de innovación y sus exigentes demandas de calidad de vida. Son valores y demandas propios de una sociedad desarrollada. Eso es lo que expresa el exitoso candidato chileno Marco Enríquez-Ominami, ubicado también en el campo de la izquierda. Si la coalición gobernante no entiende esta exigencia juvenil de renovación, la derecha puede ganar el gobierno en Chile. El probable triunfo de Piñera puede significar el comienzo de una corrida del péndulo hacia la derecha en América del Sur, pero no significaría, sin embargo, la implantación de un neoliberalismo extremo que, si se tiene en cuenta la crisis mundial y las circunstancias latinoamericanas, ya no es viable en América Latina.

¿Se puede revertir la excepcionalidad peruana y colombiana en América del Sur?. Mi hipótesis es que, dada la crisis actual (nacional e internacional), la izquierda puede terminar con la excepcionalidad peruana si enfrenta exitosamente cinco desafíos. En primer lugar, la presentación de un candidato único de izquierda, creíble y confiable para las mayorías del país, que ocupe el espacio de centro izquierda y que evite su fragmentación. Tendría que desplegar una amplia convocatoria social y política que contrarreste el intento de la derecha de arrinconarla y de sobrepoblar con candidatos ese espacio.

En segundo lugar, la izquierda tendría que unificar a las principales fuerzas de ese signo que exhiben una probada trayectoria democrática. Es difícil, si no imposible (y a lo mejor tampoco es deseable), que todos los partidos izquierdistas reconstituyan una especie de Izquierda Unida de estos tiempos. Sería un error político, por ejemplo, acercarse a las nuevas organizaciones que vienen del terrorismo y que han hecho un viraje hacia el juego electoral. Si las principales fuerzas de izquierda se unifican y apoyan un candidato único, es difícil que emerjan candidatos menores que le hagan el juego a la derecha.

En tercer lugar, la izquierda tendría que forjar una amplia coalición social que impulse y viabilice un modelo de desarrollo centrado y a la vez abierto al mercado internacional, inclusivo, integrador y descentralizado. Las clases populares, los pobres y muy pobres no constituyen una base social suficiente para ganar el poder y gobernar. Son necesarios también las clases medias y el empresariado nacional. A las demandas de Estado efectivo es necesario añadir la exigencia de calidad del desarrollo que resuelva los problemas del empleo y de la pobreza.

En cuarto lugar, la izquierda, para ser una alternativa creíble y confiable de gobierno, tendría que convocar a un equipo tecno-político calificado y con experiencia de gestión gubernamental. Este desafío, pese a que es el menos difícil dada la orientación izquierdita de un sector importante de técnicos, profesionales e intelectuales, tiene una enorme importancia pues da confianza tanto a las élites sociales como a las clases populares. En quinto lugar, la izquierda tendría que mostrarse plural y tender puentes a todos los gobiernos de izquierda de América Latina. Sería un error (que le costaría una posible victoria) la adscripción a una u otra corriente de las izquierdas existentes en AL.

¿Podrá la izquierda enfrentar y resolver estos desafíos?. Es difícil, pero no imposible. Las circunstancias ayudan, pero ¿existe la voluntad política de los principales actores de la izquierda para constituir una alternativa de gobierno seria, responsable y exitosa?. El tiempo lo dirá.
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Sinesio López Jiménez

Desde la perspectiva republicana el voto es un deber. La ciudadanía activa forma parte de la virtud cívica que todos los ciudadanos deben cultivar. Desde la perspectiva liberal el voto es un derecho que los ciudadanos pueden ejercer libremente. El establecimiento del voto voluntario significa el tránsito de la concepción republicana a la liberal. Eso en la teoría. En la política concreta el voto voluntario eleva la participación de los que tienen más ingresos y más educación y disminuye la de los pobres y muy pobres. Elimina en la práctica el sufragio universal. En el Perú actual eso tiene un profundo sentido político conservador y hasta reaccionario. Se quiere sacar del juego electoral a los ciudadanos (llamados electarado por la caverna obtusa y racista) que votaron contra el modelo neoliberal en el año 2006. El voto voluntario cura el pánico que se instaló en los predios de García y de los poderes fácticos desde entonces.

No se trata, pues, de mejorar la calidad de la democracia como sostienen los defensores más cínicos (y algunos ingenuos) del voto voluntario. Todas las democracias modernas tienen dos dimensiones: la liberalización y la democratización (o inclusión o participación). A través de la primera los ciudadanos, organizados en alternativas diversas, discuten, deliberan y compiten por el acceso al poder del Estado. A través de las segunda, los ciudadanos, procedentes de las diversas clases sociales, razas, etnias y religiones, participan políticamente (votan, se movilizan, apoyan, protestan), deciden y designan a los gobernantes que acceden a los puestos de mando del Estado (el gobierno). Ambas definen la democracia electoral. Pero la democracia supone, además, valores, normas, reglas de juego y estructuras de autoridad que definen un gobierno democrático. Este más la democracia electoral es lo que se denomina régimen democrático. Pero la democracia va más allá del régimen político pues supone también gobernar para todos a través de la efectividad de la ley (justicia para todos) y de las políticas públicas eficaces (trabajo e ingresos dignos, salud, educación y seguridad de calidad para todos).

En el Perú existe, mal que bien, la democracia electoral. Existe a media caña el gobierno y el régimen democráticos. En cambio, la democracia como gobierno para todos existe sólo en las pasadillas de García y de sus aliados. La liberalización y la democratización evolucionan en forma separada y entran frecuentemente en tensión. Muchos estados se abrieron a las libertades, pero bloquearon la participación (Inglaterra en el siglo XVIII, Perú entre 1900 y 1919). Los partidos y movimientos populistas de AL lucharon por abrir los estados oligárquicos, no a las libertades, sino a la participación política. Sólo las revoluciones (Francia, USA, Inglaterra) juntaron simultáneamente las dos dimensiones.

Siendo importante la liberalización, la democratización es, sin embargo, más radical. Ella supone un cambio en la relación de fuerza entre las clases sociales a medida que caen las barreras que limitan la participación de los sectores excluidos: la propiedad, el género, la edad, el analfabetismo. Eso explica la resistencia de los señores feudales en Europa y de las oligarquías y del gamonalismo en AL a la participación electoral de las clases populares. Sus avances en el Perú hasta 1960 no obedecieron a movimientos sufragistas o a un cambio en las reglas de juego sino al desarrollo del alfabetismo y de la educación y a la presión de las clases medias y de los partidos reformistas. Aquí hemos tenido sufragio universal, sin embargo, sólo después de la reforma agraria radical de la dictadura de Velazco que eliminó las relaciones de servidumbre en el campo. En la mayoría de los países de AL el voto es obligatorio (salvo Colombia, Nicaragua y Venezuela). Predomina la concepción republicana sobre la liberal.

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