Sinesio López Jiménez
Admirar a Machu Picchu, pero despreciar al indio. Esa es una vieja historia que todos conocemos y que el futuro Ministerio de Cultura puede repetir si considera que su centro de interés es sólo el patrimonio cultural y no sus productores ni sus herederos. Si eso fuera así, el gobierno y el Estado peruanos cometerían (una vez más) un asalto a mano armada para apropiarse del rico patrimonio cultural andino. Para evitar la repetición de esa injusticia histórica es necesario que, con la creación de dicho ministerio, se resuelvan dos viejos problemas que las élites criollas nunca han querido encarar con seriedad: el reconocimiento de la pluriculturalidad del Perú y el otorgamiento de una representación política propia a los grupos culturales indígenas que la reclaman. El primero es un problema político y el segundo es una cuestión estatal.
Perú es un país multicultural complejo. Es principalmente multiétnico y a la vez multinacional. A diferencia de Bolivia y Ecuador, los quechuas y los aymaras del Perú no demandan un Estado multinacional sino una mejor forma de integración al país. Las etnias de la Amazonía, en cambio, formulan demandas propias de un estado multinacional: reconocimiento de una identidad cultural, autonomía del territorio que ocupan y formas de representación propia. En ambos casos se trata de un legítimo reconocimiento del otro que las élites criollas nunca estuvieron dispuestas a aceptar. La aristocracia criolla del siglo XIX desconoció simplemente la existencia del indio y la del siglo XX no lo reconoció como tal sino que buscó su transformación por medio de la homogeneización cultural a través de la educación. Educar para los civilistas de comienzos del siglo XX era castellanizar. La solución del viejo problema político de la multiculturalidad pasa por la capacidad de las élites criollas de articular sus intereses y sus sentimientos con los intereses y los sentimientos de las etnias andinas y amazónicas para formar una comunidad política plural.
El reconocimiento político de la multiculturalidad del país permite resolver ese mismo problema en el nivel del Estado mediante el otorgamiento de derechos específicos (uso del quechua y del aymara en los centros de salud, de educación, en las comisarías, financiamiento estatal de las actividades culturales andinas, respeto a sus tradiciones, etc) en el caso de la multietnicidad y mediante el reconocimiento de los derechos colectivos en el caso de las etnias de la Amazonía, además, por cierto, de los derechos universales de la ciudadanía. La solución estatal sería incompleta si no se otorgara al mismo tiempo una cuota de representación a las etnias amazónicas en las instancias legislativas del gobierno central y de algunos gobiernos regionales. Como sucede en Colombia, por ejemplo. Una vez resuelto el problema político y estatal de la multiculturalidad, la creación del Ministerio de la Cultura puede ser el punto de partida y el anuncio de la reestructuración del Estado sobre la base del consenso ciudadano. El Estado dejaría de ser, de ese modo, un aparato meramente coercitivo para comenzar a ser también un aparato hegemónico movido por la cultura y el consenso de todos los peruanos.
¿Por qué la propuesta del nuevo Ministerio de Cultura no involucra a la ciencia y a la tecnología en su estructura? La única respuesta posible es que los gobernantes de turno no han logrado entender la importancia que ellas tienen no sólo para el desarrollo económico sino también para la nueva configuración política de un Estado hegemónico. Ellas son las cenicientas en el despliegue actual de las políticas públicas del Estado, no ocupan un lugar importante en su estructura ni reciben el apoyo presupuestal necesario para su desarrollo. Los científicos, los técnicos y los intelectuales en general constituyen, sin embargo, el cemento que puede soldar la unidad de una comunidad política plural como la peruana.

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Sinesio López Jiménez
¡Ahora o nunca! parece ser el grito de guerra que ha lanzado el capital internacional para imponer el modelo neoliberal y echarse abajo el Estado de Bienestar en Europa. Impresionan su agresividad y su voracidad en la hora actual. Llama la atención también que algunos organismos financieros internacionales inútiles para prever y enfrentar la crisis del 2008 -como el FMI- hoy se presenten como salvadores de los países agobiados por la crisis. No hay felizmente una salida única de la crisis europea. Joseph Stiglitz (Premio Nobel de economía) ha señalado hasta tres soluciones posibles. Adam Przeworski, destacado politólogo y profesor de la New York Universitiy, sostuvo que era posible una alternativa socialdemócrata al neoliberalismo en la solución de la crisis del capitalismo de los 80 y los 90 del siglo pasado. Las diversas salidas de la crisis dependen, sin embargo, de la gravedad de la misma, por un lado, y de las relaciones entre las diversas fuerzas sociales y políticas tanto nacionales como internacionales, por otro.
¿Podrá sobrevivir el Estado de Bienestar europeo a la crisis del capitalismo y a la ofensiva del neoliberalismo?. Mi hipótesis es que va a sobrevivir porque los países europeos, a diferencia de los latinoamericanos, tienen una sociedad más organizada que constituye un firme contrapeso de las fuerzas que impulsan el mercado autorregulado y orquestan la ofensiva neoliberal. El goce de los derechos sociales es ya una tradición. Ellos constituyen una especie de pacto social que todos respetan. Existen sindicatos y movimientos sociales (nuevos y viejos). Las sociedades civiles son vigorosas y los partidos políticos son instituciones que representan a las diversas clases sociales y que canalizan sus demandas. Cualquier intento de imponer a la mala el modelo neoliberal extremo será respondido, sin duda, por la movilización de millones de ciudadanos.
El Estado social que sobreviva será, sin embargo, más ligth, menos pesado y menos costoso. Como son ya los Estados sociales de los países nórdicos, de Inglaterra y de nueva Zelandia. Es muy probable que los estados sigan financiando los derechos sociales, especialmente los de salud y educación y sigan limitando más aún el seguro al desempleo. Pero es muy probable que la gerencia y la gestión de los mismos sean manejadas por terceros (tercerización) o por la sociedad civil (publicización). Esto último depende de la tradición y de la experiencia de la sociedad civil en cada país europeo. Lo que ya no podrá sobrevivir es el Estado de Bienestar clásico construido sobre la base de un conjunto de equilibrios complejos. Un primer equilibrio es el que existe entre la promoción de la acumulación privada y la atención de los derechos sociales. Un segundo equilibrio es el que procede del contrapeso entre la economía de mercado y la sociedad organizada. Un tercer equilibrio es el que existe entre el proceso de acumulación y el proceso democrático. Un cuarto equilibrio se basa en la tributación que ofrece el sistema económico al Estado y la legitimación que éste recibe de la sociedad.
Todos estos equilibrios operan si la mercantilización funciona, esto es, si todo lo que se produce se vende y se compra en el mercado. Esto sucede cuando existe un crecimiento económico sostenido como el que experimentó Europa después de la segunda guerra mundial. Cuando la mercantilización entra en crisis, los equilibrios se rompen. Estos funcionan sobre todo como resultado de un firme compromiso entre los empresarios y los trabajadores de cada país europeo. Los trabajadores reconocen la legitimidad de la acumulación capitalista y los empresarios aceptan que los trabajadores participen en la distribución de la riqueza que ellos producen. El Estado de Bienestar se construye sobre la base de este compromiso de clases, como bien lo ha subrayado Przeworski. Los sistemas de partidos contribuyen a la organización y funcionamiento de ese compromiso.
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Sinesio López Jiménez
El único impuesto que todos los peruanos pagamos es el IGV. El impuesto a la renta lo pagan pocos: Los empresarios formales y los trabajadores que figuran en las planillas. Los informales (cerca del 70% de la PEA) no pagan impuestos a la renta. La mayoría de ellos (alrededor del 50%) porque son pobres o muy pobres, pero existe probablemente un 20% de la PEA que puede y debe pagar impuestos a la renta, pero no los paga. El 60% de los ingresos que recibe el Estado provienen del IGV. La mayor parte del impuesto a la renta proviene de las empresas, pero el impuesto al trabajo no es moco de pavo. Muchas empresas no pagan los impuestos que debieran pagar porque tienen exoneraciones tributarias, han firmado convenios de estabilidad tributaria o por otras razones. No es justo que el grueso de los impuestos repose en el IGV porque eso significa que los pobres pagan más (en relación con los ingresos que perciben) y que el peso del Estado reposa también sobre sus hombros. La presión tributaria fluctúa entre 13 y 15% y está por debajo de la media de AL (19%).
La mayor parte de los ingresos que recibe el Estado se transforman en sueldos de la burocracia civil y militar y en gastos de administración. Son los gastos corrientes. El monto dedicado a la inversión pública es menor. De ese monto, la parte del león se dedica a la promoción de la acumulación privada a través de las políticas económicas y de la inversión en infraestructura. A eso hay que añadir diversos tipos de subsidios (convenios de estabilidad tributaria) y exoneraciones tributarias que reciben las grandes corporaciones. La inversión en ciencia y tecnología para promover el desarrollo es prácticamente inexistente en el Perú, si se le compara con algunos países de AL y sobre todo con los países desarrollados que destinan a ese rubro el 1% del PBI. El porcentaje del presupuesto dedicado a atender los servicios sociales de la educación y la salud es menor y tiende a bajar, incluso en épocas de bonanza económica. El porcentaje del PBI dedicado a la educación, por ejemplo, ha pasado del 3.8% en el 2004 a 3.2% en el 2010.
Si se mira el gasto fiscal desde otro ángulo, se puede percibir mejor la orientación y los sesgos sociales y políticos del Estado. La mayor parte (incluidas las exoneraciones y los convenios de la estabilidad tributaria) es dedicada la promoción de la acumulación privada y al blindaje de los aparatos económicos del Estado para proteger al capital. Otra parte igualmente importante del presupuesto se orienta a mantener los aparatos coercitivos del Estado para defender el orden externo e imponer el orden interno. ¿Cuánto del gasto fiscal se dedica al apoyo del capital y al mantenimiento de la coerción?. Mi hipótesis es que más del 70% y que sólo un escuálido 30% se dirige a mantener los aparatos hegemónicos del Estado que tienen que ver con la producción del consenso de los ciudadanos (la educación, el derecho y la ley). Si esto es así, este tipo de estado confirma las tesis más pesimistas del viejo Marx sobre el Estado: Un aparato coercitivo al servicio del capital.
Un rápido balance de ingresos y gastos fiscales muestra que los ricos reciben del Estado más de lo que dan y que los trabajadores y la sociedad reciben menos de lo que aportan. El desbalance es mayor en las clases medias. Dan sin recibir nada a cambio. Pagan por nada. Considerando todos los impuestos que pagan al Estado en sus diversas instancias, algunos sectores medios trabajan medio año para el Estado. No habría problemas si este funcionara bien para todos, pero eso es pedir peras al olmo. El Estado promueve agresivamente la acumulación privada, esta aporta poco al mantenimiento de los aparatos estatales que, a su vez, no tienen los recursos suficientes para brindar a la sociedad educación, salud y seguridad de calidad. Como respuesta, la sociedad no le otorga al Estado legitimidad. Se generan entonces problemas estructurales de gobernabilidad.
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Sinesio López Jiménez
El Apra ha sido el escenario en estos últimos días de una pequeña guerra política que ha dejado muertos, heridos y contusos. He aquí el telegráfico parte de guerra: Elección de dos secretarios generales del Apra para resolver los conflictos de las tendencias internas; divulgación en los medios de viejos y nuevos petro-audios que involucran a uno de los secretarios generales; denuncia de corrupción en COFOPRI que dirige el otro secretario general; García da ultimátum a los a los flamantes dirigentes para que abandonen sus cargos y condena a los corruptos del partido; Omar Quesada renuncia a la dirección de COFOPRI y manifiesta su disposición a dejar la secretaría general; Del Castillo se resiste y convence a Quesada a hacer lo mismo; García y los medios vuelven a la carga acusando a los secretarios generales de desacato; Caretas defiende a Del Castillo y embarra a Quesada con un antiguo delito de su hermano; García dialoga con Del Castillo y le tuerce el brazo y Del Castillo abandona la secretaría general; la Comisión Política (CP) del PAP respalda a Quesada; García presiona a través de Velásquez Quesquén a la CP para que deje caer a Quesada; los medios y García esperan que en la celebración de los 86 años del Apra Quesada anuncie su retiro; Quesada recibe el respaldo de las bases apristas y el aliento a seguir en la lucha de un respetado e histórico líder del partido; los medios siguen la campaña contra Quesada; Velásquez Quesquén afirma en la CP que García renunciaría al Apra si no se repliega Quesada; la CP cede y Quesada abandona el barco.
¿Qué lectura política se puede hacer de este escueto parte de guerra?. El análisis es complejo porque tiene muchas aristas. En primer lugar, el conflicto se ha desarrollado a través de una compulsa desigual entre el poder de los medios y el de la otrora invencible organización del Apra. En segundo lugar, la ofensiva de los medios ha mostrado un alto nivel de coordinación entre ellos, más allá de las diferencias políticas que diariamente exhiben. En tercer lugar, los medios han actuado de la mano con García con el propósito común de desbarrancar a los secretarios generales del Apra acusados de corrupción. No es sólo el escándalo lo que ha unido a los medios sino el mismo objetivo político que era también el de García: el hundimiento de Del Castillo y Quesada. García ha sido, sin duda, el director de orquesta de esta intensa campaña contra los secretarios generales acusados de corrupción. En cuarto lugar, el desenlace muestra la fuerza avasalladora de la coalición del poder político con los medios. Es probable que si hubieran actuado por separado no hubieran obtenido una victoria aplastante. En quinto lugar, el conflicto exhibe la debilidad del partido aprista como organización en todas sus instancias, sobre todo en su CP que se doblegó fácilmente ante la amenaza de García. Esto significa que el Apra se siente poco o nada sin García, quien, por el contrario, se siente todopoderoso aún sin el APRA.
¿Qué resultados ha producido esta guerrita?. Varios. Pero los más importantes son los siguientes: Serio debilitamiento del Apra no sólo por las acusaciones de corrupción sino también por el descabezamiento que ha sufrido en manos de García. La organización ha sido maltratada y ha sufrido profundas heridas difíciles de curar. Su papel será irrelevante en las elecciones del 2010 y en las del 2011. La victoria de García lo catapulta a la jefatura del partido, su sueño dorado. Ser como Haya. Pero ¿tiene la estatura intelectual, política y moral de Haya?. La respuesta queda abierta. Las aspiraciones presidenciales de Del Castillo han sido sepultadas, al menos para 2011. García pierde el blindaje y la lealtad que le ofrecían el Apra y sus líderes. Puede desatarse la guerra de la revelación de los secretos en cadena. El ex–ministro Pastor ya comenzó diciendo la verdad sobre el indulto a Crousillat.
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Sinesio López Jiménez
El poder tiene muchas fuentes y opera a través de diversos medios. La organización, el dinero, el conocimiento, el Estado, el gobierno, la lucha de grupos, de camarillas y de clases son las fuentes más importantes del poder. Las acusaciones de corrupción contra el gobierno y el partido de gobierno, las pugnas entre diversas corrientes en el Apra y la intervención de García como presidente del partido constituyen un pequeño laboratorio para analizar los fenómenos del poder. Las acusaciones de corrupción provienen principalmente de los medios y son desplegadas especialmente por aquellos que le están pasando la factura a García y al Apra por el escandaloso indulto a Crousillat y su intento de recuperar el canal 4. Esas acusaciones han reavivado los conflictos entre las diversas corrientes existentes en el Apra (los cuarentones, los partidarios de Jorge del Castillo y las bases de Mulder) que habían sido zanjados en el último congreso partidario gracias a una alianza entre los dos primeros grupos luego de forcejeos poco edificantes.
Las acusaciones de corrupción escandalosa ha cambiado la relación de fuerzas entre las corrientes dentro del Apra. Con el abandono de la secretaria general, Del Castillo ha perdido poder en el partido y ha enterrado probablemente sus aspiraciones a la presidencia de la república en el 2011. Mulder ha recuperado parcialmente el poder perdido y los cuarentones se han debilitado ostensiblemente. Lo que sorprende a los analistas y a la opinión pública es, sin embargo, el juego conchudo de García. Se coloca por encima de todo, deja caer a los secretarios generales, les da un ultimátum para que abandonen sus cargos y condena al infierno a sus militantes corruptos. Se presenta como impoluto, como si no supiera nada de nada cuando todos sabemos (y Del Castillo lo ha dicho) que él ordenó a sus ministros atender al señor Canaán. Más aún: El conoce posiblemente, como que ha sido dos veces presidente de la república, los manejos turbios que, con frecuencia (no siempre), se producen en las complejas negociaciones entre los gobiernos, el Estado y las corporaciones.
Pero lo que más sorprende es la audacia de García. Aprovechando la crisis y la confusión que reina en las filas apristas pretende saltar de presidente del partido a jefe del Apra, esto es, a dueño del partido en el sentido patrimonialista que tienen las jefaturas políticas en el Perú, según Julio Cotler. García quiere ser como Haya de la Torre. A muchos apristas esta pretensión les parece un exceso y no están dispuestos a ceder. En esas circunstancias entra a tallar otra fuente de poder: el secreto. Su poder radica en el ocultamiento de información cuya develación puede producir resultados explosivos. No es, sin embargo, el secreto de las logias que éstas utilizaban contra el Estado para tomar el poder desde adentro (mientras la Ilustración lo tomaba desde afuera). Se parece más bien al secreto de las mafias. Los secretos son disparos certeros o afilados estiletes que se utilizan en los momentos claves de definición del poder a favor de unas u otras.
Del Castillo, como escudero de García (Caretas dixit), sabe muchas cosas de él. García, a su vez, sabe muchas cosas de Del Castillo y otros políticos apristas y no apristas. Ha tenido en sus manos los petro-audios a través del general Hidalgo, según el ex-ministro Hernani. Sabe probablemente lo que tienen y lo que ya no tienen los USB y los discos duros de las PC de la chuponeadora BTR. Pero el que tiene el secreto mejor guardado en esta guerra librada en Alfonso Ugarte es Agustín Mantilla, el férreo soporte de los cuarentones. Mantilla sabe muchas cosas contantes y sonantes de García. Su secreto revelado puede tener los efectos catastróficos de un poderoso y certero misil dirigido al corazón mismo de Palacio de Gobierno. Mi hipótesis es, por eso, que Omar Quezada no va dejar la secretaría general del Apra. En todo caso, no la va a abandonar fácilmente.

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Sinesio López Jiménez
Más allá de los discursos universalistas e integradores de las élites, el peruano es un estado parcializado, inefectivo, ineficaz y poco o nada transparente. La mayoría de los peruanos no se siente defendida ni representada por él. El conjunto de las instituciones que lo definen (los poderes del Estado, la distribución del poder en el territorio, los aparatos coercitivos, la burocracia, el sistema legal) constituyen una estructura parcializada que sólo llega a una parte muy limitada del territorio y apenas cubre a las clases medias y altas. La mayor parte del territorio y la mayoría de los peruanos son atendidos en forma muy deficiente o quedan fuera de su alcance y cobertura. Todo esto es parcialmente revelado por el importante y novedoso Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD que examina el alcance y los límites de las políticas sociales.
El PNUD constata que la educación no llega a todo el territorio ni alcanza a todas las clases sociales. No todos asisten ni concluyen la secundaria. El 40% abandona sus estudios secundarios y no logra, por consiguiente, adquirir una de las herramientas que le permite romper el círculo vicioso de la pobreza. El gobierno de García, sin embargo, ha disminuido el porcentaje del PBI dedicado a la educación (del 3.8% en el 2004 a 3.2% en el 2010). Algo parecido sucede con la salud medida en términos de número de médicos por habitante. El 79% de las provincias no supera el mínimo de médicos señalado por el estándar internacional en salud. Como es obvio, las provincias de la costa son las mejor atendidas tanto en la educación como en la salud en desmedro de las de la sierra y de la selva. En estas últimas regiones el estado es más delgado e inoperante, a diferencia de la primera en donde es más denso.
El Informe del PNUD es exclusivamente cuantitativo. No entra al análisis de la calidad de las políticas públicas en salud y en educación. ¿Qué pasa con la calidad de la educación y la salud públicas en Perú?. Mi hipótesis es que, en términos cualitativos, la educación y la salud públicas en Perú y en América Latina son un desastre y que, lejos de ser mecanismos de igualación de oportunidades, constituyen espacios de discriminación. ¿Puede acaso compararse la calidad de una escuela fiscal con la de una escuela privada en donde se educan los hijos de las clases medias y altas?. No. De ninguna manera porque en ella se educan los pobres, los indios y los cholos. No es el caso europeo en donde la atención en estos servicios públicos es de alta calidad porque todas las clases sociales sin discriminación asisten a los mismos centros educativos y a los mismos centros de salud. Esto genera, más allá de las jerarquías sociales y las diferencias culturales, un sentimiento de comunidad política que todos comparten y que en Perú casi no existe.
¿Qué sucede con el sistema legal y con los aparatos de justicia?.¿Qué pasa con la efectividad legal?. ¿A quienes llega efectivamente la justicia en el Perú?. El Informe del PNUD no examina estos temas que son decisivos para la vigencia y la calidad de la democracia. Mi hipótesis es que no existe efectivamente igualdad ante la ley y que la justicia no llega por igual a todo el territorio ni cubre a todas las clases sociales. No se trata, por cierto, de la normatividad ideal (en el papel) en donde mal que bien se ha avanzado en forma significativa sino de la efectividad legal. Los aparatos de justicia no tratan a todos por igual y no aplican la ley de la misma manera a todos. Están sometidos a los poderes económicos, políticos, mediáticos y religiosos. La gente se siente discriminada en la aplicación de la ley y la expresa claramente en las encuestas: Más del 90% afirma que en el Perú no hay igualdad ante la ley ni hay justicia para todos. Estas brechas estatales son una requisitoria feroz contra las élites económicas, los militares y los caudillos que han participado en la construcción del Estado peruano.

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Sinesio López Jiménez
No deja de ser simbólico que, en el mismo día que Cipriani defendía a los corruptos, recibiera del TC la sentencia sobre la PUCP que lo favorecía. Cipriani es un zoon politicon que hace parte de la argolla política que, con voracidad, corta el jamón. Con sus declaraciones a favor de los corruptos ha cometido probablemente el error de su vida. De la misma dimensión o peor que aquella que calificó a los organismos de defensa de los derechos humanos como una cojudez. La sentencia gratuita que ha recibido del TC no constituye un boccato di cardinale sino un hueso duro de roer. La PUCP va a resistir, sin duda. Cipriani no la tiene fácil. ¿ Con qué cara, con qué derecho y con qué moral un defensor de los corruptos pretende administrar los bienes de la institución universitaria más prestigiosa del país?.
La sentencia del TC sobre la PUCP puede ser vista desde dos ángulos: el jurídico y el político. La diferencia es puramente analítica porque, en puridad de verdad, el TC toma decisiones políticas revestidas de juridicidad. ¿Puede un organismo que ha sido elegido por cuoteo y a través de negociaciones intensas entre los diversos partidos en el Congreso actuar de diferente manera?. ¿Puede actuar en forma neutral un organismo que ha sido copado por el Apra y que está sometida a las presiones de los poderes fácticos? Podría si tuviera los blindajes necesarios que le permitieran actuar con cierta imparcialidad como es el caso de los directores del BCR. Pero no los tiene y eso lo expone al juego abierto de las presiones que vienen de todos lados (los poderes del Estado, los poderes fácticos, los partidos e incluso las influencias personales y amicales).
Es ingenuo pensar que el TC actúa con criterios puramente jurídicos y creer que sus decisiones son imparciales y justas. En el Perú y en AL los TC (o instituciones similares) y las instituciones del Estado son estructuras parcializadas. No estamos en los estados europeos en donde la positivación del derecho ha penetrado toda la vida social y la ley es, por eso mismo, igual para todos. La decisión del TC busca darle todo el poder a Cipriani sobre la PUCP a través de la administración de sus bienes como si todos ellos constituyeran la herencia dejada por Riva Agüero.
La PUCP es la mejor universidad del país y eso es producto del trabajo persistente, esforzado y creativo de varias generaciones que han actuado desde su fundación hasta ahora, de sus autoridades, de sus profesores, de los estudiantes que han pasado por sus aulas y de los egresados que, con su excelente desempeño profesional, la prestigian. La herencia dejada por Riva Agüero es importante, sin duda, pero es mucho más importante el trabajo acumulado de las múltiples generaciones de peruanos que han trabajado y han estudiado en ella y que se expresa en el campus universitario, en sus edificios, en sus riquísimas bibliotecas, en sus laboratorios, en su tradición académica, en la calidad de sus investigaciones y publicaciones y en su prestigio que sobrepasa las fronteras.
Una de las virtudes de la PUCP es la apertura al debate plural de su comunidad académica. El hecho de ser católica no le ha impedido abrirse, como lo hacen las mejores universidades del mundo, a las diversas corrientes del pensamiento sin censura ni autocensura. Se discute dentro y fuera del aula con el debido y mutuo respeto a las ideas y a las personas discrepantes. Todos los saberes y las diferentes actitudes con respecto a la fe tienen su lugar. Los creyentes pueden combinar la autoridad de la fe con la crítica de la razón; los no creyentes y escépticos pueden expresarse también con libertad. La regla de oro es la tolerancia cultivada con esmero por todos los integrantes de la comunidad universitaria. Todas estas virtudes son impensables en una universidad del Opus Dei en donde imperan el autoritarismo, la intolerancia y el index.
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Sinesio López Jiménez
La señora Giannotti, ex-analista de BTR, ha lanzado una bomba de varios megatones contra algunos ex-ministros de García, contra la Fiscalía y contra la policía, pero su onda expansiva puede llegar hasta palacio de gobierno. ¿Qué ha revelado la señora Gianotti en una reciente entrevista con La Primera y en una larga y anterior entrevista con El Comercio publicada, sin embargo, el 14 de abril del 2010? Varias cosas. En primer lugar, ha señalado que en los primeros días de su detención los oficiales encargados de la investigación de los petroaudios, entre ellos el general Hidalgo, actual director de la PNP, la conminaron a acusar a Petro-Tech y a algunos de sus altos funcionarios de haber financiado el chuponeo. En segundo lugar, ha dicho que por esos mismos días los fiscales Walter Milla y Mateo Castañeda le pidieron que hiciera la misma acusación a cambio de su libertad. En tercer lugar, ha afirmado que el fiscal Castañeda actuó en esa diligencia por encargo de Jorge del Castillo, ex-primer ministro, y de Hernán Garrido Lecca, ex-ministro de salud.
En cuarto lugar, ha sostenido que la policía, en el momento que la interrogaba, estaba desesperada “por encontrar las grabaciones de la suite del hotel Country, en donde Fortunato Canaan recibió a la plana mayor del gobierno, a casi todos los políticos apristas. (El Comercio, 14-10-2010). En quinto lugar, ha declarado que los archivos de los USB requisados aludían a los aranceles del cemento, a los hospitales por construir, al Banco Azteca, a los patrulleros del Ministerio del Interior (Alva Castro) y mencionaban al secretario del presidente García (Nava). En sexto lugar, ha dicho que los 4 USB requisados por la policía han sido sustituidos por otros, que dos de ellos están vacíos y que sus tres computadores que corrían con Lynux ahora corren con Windows, esto es, se ha producido un cambiazo. Finalmente ha concluido diciendo que los archivos borrados de sus USB son irrecuperables y que la copia-espejo de sus archivos originales es un chiste de mal gusto.
¿Qué hay de verdad y qué de mentira en las aseveraciones de la señora Giannotti?. Sólo una investigación a fondo de la prensa seria puede responder esa pregunta. No pueden investigar el Congreso, el poder judicial, la fiscalía o la policía porque todos ellos están en la picota. Si lo que dice Giannotti es verdad, entonces el Perú está gobernado por una gavilla de políticos y funcionarios corruptos y el Estado peruano está podrido. En este embrollo armado a propósito hay más preguntas que las tres formuladas por García. ¿Quién ordenó a la policía y a los fiscales incriminar a Petro-Tech y a sus altos funcionarios como financistas de los petroaudios?. ¿Qué se buscaba con la acusación?. ¿Se buscaba sólo señalar a los culpables o se pretendía también (por carambola) cerrar Prensa Libre del canal 4, un programa crítico del gobierno, como lo ha sostenido su conductora, esposa de un alto funcionario de Petro-Tech?. ¿Quiénes hicieron el cambiazo de los USB, quienes borraron los archivos de los mismos, qué archivos se borraron y quien ordenó la realización de esa tarea?.
Las preguntas siguen. ¿Por qué los poderes del Estado se disputaban a brazo partido y se arranchaban los petroaudios?. ¿Cuál es la lista completa de los delitos o supuestos delitos y la de los funcionarios públicos que los cometieron o pretendían cometerlos?.¿Cuál fue el motivo de la reunión del Presidente de la República con el Presidente del Poder Judicial y con el Presidente del Congrego a propósito de los petroaudios?. ¿Qué discutieron y a qué acuerdos llegaron?. Como ninguno de ellos va a decir la verdad por razones obvias es legítimo preguntarse: ¿Hay o no un pequeño video o una grabación al paso de esa reunión en la cumbre?. Con un trabajo serio de la prensa sólo sabremos la verdad, pero no tendremos justicia. El país, sin embargo, quiere saber la verdad y quiere también justicia

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Sinesio López Jiménez
Uno de los grandes problemas de la democracia que es difícil resolver es el papel de los medios en los procesos electorales. Ollanta Humala ha tenido la valentía de plantearlo, pero la reacción de algunos medios ha sido hepática cuando lo que necesitan es serenidad y objetividad para discutir este tema complejo que, por lo demás, se debate en AL y en el mundo. En realidad ese problema hace parte de otro mayor: el problema de financiamiento de los partidos en los procesos electorales. Dejo el problema mayor para otro comentario y ahora quiero concentrarme en el rol de los medios en las contiendas electorales. La democracia como procedimiento exige ciertas características para que las elecciones sean consideradas legítimas: que ellas sean generales, libres, limpias, competitivas y periódicas. ¿En qué medida los medios pueden contribuir a que exista un justa competencia electoral entre los partidos?. Se trata de tomar en cuenta dos principios básicos: la equidad y el derecho a la información.
Por un lado, todos los partidos y candidatos deben tener igual acceso a los medios para presentar su oferta electoral a los ciudadanos. Por otro lado, los electores deben tener la posibilidad de informarse a través de los medios de todas las ofertas electorales en competencia para tomar una decisión informada sobre los candidatos que van a elegir. La equidad es el principio más difícil de garantizar. Sucede que la mayoría de los medios privados están vinculados a poderosos intereses económicos que obstaculizan el acceso igualitario de los partidos a “sus” medios. En América Latina, el Estado ha intervenido para compensar con diversas políticas las desigualdades existentes, muchas veces sin lograrlo. Predomina una fórmula que combina el acceso gratuito en los medios del Estado con la contratación poco regulada de los medios privados. La medida no es tan eficaz porque el rating de medios estatales es muy bajo (como es el caso del canal 7 en el Perú) y los candidatos se ven obligados a recurrir a los medios privados, pero no todos tienen los recursos necesarios para acceder a ellos.
Existen, además, algunas inequidades que es difícil superar. En primer lugar, el partido oficial resulta favorecido con los mensajes y avisos contratados por el gobierno de turno para transmitir sus supuestos logros y resultados. Es el caso de García que lo vemos todos los días hasta en la sopa. Lo mismo puede decirse de los alcaldes que, como el limeño, retrasan inauguraciones de obras públicas perjudicando a la ciudadanía con la sola finalidad de que ellas coincidan con su lanzamiento como candidato a la presidencia de la República o a otro cargo público. En segundo lugar, el tratamiento parcializado de las noticias en programas políticos y en noticiarios, que no distinguen entre la opinión del medio y de sus propietarios y la información sobre los acontecimientos políticos, favorece de hecho a unos candidatos y perjudica a otros.
Es diferente el acceso de los partidos a la TV, a la radio y a la prensa escrita. En AL hay cinco modalidades principales de acceso en el caso de la TV: franja diaria y gratuita (Brasil y Chile), sistema mixto que combina el acceso gratuito a medios estatales con la contratación publicitaria en medios privados sin límite (Argentina), acceso plural y permanente gratuito o pagado pero limitado (Colombia y México), acceso pagado sin topes (Guatemala y Honduras) y acceso pagado con topes máximos (Costa Rica, Ecuador y Bolivia).
El desigual acceso a los medios de los candidatos y los ciudadanos constituye un déficit político que afecta la legitimidad de los regímenes democráticos de AL. No puede ser legítimo un proceso electoral en el que todos los medios informan sobre la vida y milagros de su candidato favorito y desinforman con mentiras y calumnias sobre el candidato que a los propietarios de los medios y de las corporaciones les pone la piel de gallina.
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Sinesio López Jiménez
En el Perú, la política y los políticos no dejan de sorprendernos. Odría gana batallas después de muerto. Su famosa consigna “hechos y no palabras” es hoy por hoy una guía para la acción. Algunos políticos han sacado al vulgar dictador del fango del crimen y el robo y lo han elevado al eminente sitial de filósofo de la praxis. Fujimori, García, Castañeda, Kouri son los más connotados odriístas del momento. El discípulo más aprovechado de todos es, qué duda cabe, García. Escuchémoslo: “Otros en la tribuna de los devaneos y vanidades, otros en el globo inflado de sus propias frases…nosotros con obras, con trabajo concreto”. Castañeda, el más conocido mudo de la política peruana, habla con obras. Kouri dice que sus obras hablan por él. No quiere hablar de otra cosa. De sus malas juntas con Montesinos, por ejemplo. La mayoría de las autoridades (presidentes regionales, alcaldes) piensan que el último tramo de su mandato es el tiempo de las obras.
¿Qué expresa y qué oculta la llamada “filosofía de las obras”?. Francamente hay de todo. En unos casos, se busca alcanzar fines legítimos a través de las obras: atender una demanda ciudadana, satisfacer una necesidad sentida, buscar una reelección legítima. En otros, los fines son más discutibles: se trata de ocultar con migajas expresadas en obras el gobierno efectivo para los ricos. En la mayoría de los casos, por desgracia, ella busca fines abiertamente perversos: tras las obras se esconde la coima, el robo, los negociados, la corrupción en suma. Este fue el sentido primigenio de la consigna odriísta que la oposición democrática criticó en su momento. Se podría afirmar que los “faenones” (a lo Quimper) son aquellas obras que logran combinar todos los fines señalados. Es probable, sin embargo, que la corrupción más significativa (la de lluvia de millones) no se halle en lo que generalmente se llama “las obras” sino en la decisión y aplicación de las políticas públicas, particularmente de las políticas económicas.
Hay otros dos fines también perversos que “la filosofía de las obras” persigue. En primer lugar, ella busca consolidar la cultura política permisiva con la corrupción que existe en el Perú y en AL, especialmente en las clases populares. Esa cultura se expresa en la conocida frase frecuente y resignadamente repetida: Con tal que haga obra, no importa que robe. Los políticos corruptos la conocen por las encuestas y por propia experiencia, se apoyan en ella y coinciden con ella. Son perversamente populares. A ellos no les importan la ética, ni la transparencia, ni la decencia. Lo que les importa es la eficacia y la eficiencia. Por eso ellos creen que pueden ganar si contraponen la eficiencia con la decencia. Se pueden llevar un chasco si se demuestra que la eficiencia y la decencia pueden (y deben) ir juntas. En resumen, “la filosofía de las obras” es esencialmente corrupta.
En segundo lugar, ella busca liquidar la política de la palabra, del discurso, del debate público y “del uso público de la razón” (como decía Kant). Los políticos corruptos “olvidan” que la palabra y el discurso son herramientas de acción, son formas de organizar voluntades colectivas, son instrumentos para hacer una historia propiamente humana. La acción (obra) y el discurso son los componentes fundamentales de la política desde el mundo clásico (griego y romano) hasta la democracia moderna. Si se las separa, se castra a la política, especialmente a la política democrática. En el fondo, la “filosofía de los hechos” es vergonzantemente autoritaria. Se trata de aplastar con la fuerza de los hechos el consenso político difícilmente alcanzado. Ella es autoritaria y corrupta. Como el odriísmo y como el fujimorismo.
Colocándome en un plano puramente normativo, la política, especialmente la política democrática, tiene que unificar decencia y docencia, transparencia y eficiencia, acción y discursos, hechos y palabras.

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