Sinesio López Jiménez
¿En qué ha cambiado el Perú luego de un año de gobierno de Humala? Para ser justos, casi en nada. Pese a sus limitaciones, el gravamen minero es la única medida que pasará a la historia. La consulta previa, que anunciaba (por fin) el reconocimiento del otro, quedó en letra muerta. ¿Hay algo más que valga la pena recordar?. Nada de nada, salvo la mediocridad gubernamental y la rutina burocrática. El gobierno de Humala es una enorme frustración para la mayoría de los peruanos que lo eligió precisamente porque encarnaba el cambio.
No es el país el que ha cambiado sino Humala quien pasó de radical a moderado para terminar como el conservador que es hoy. Estas mutaciones se han producido en el breve lapso de menos de un año. Todo un record. Haya demoró unas dos décadas, García, una década en recorrer la misma trayectoria. ¿A qué se debe la precocidad mutativa de Ollanta? Es probable que ella obedezca, por un lado, a la debilidad e inconsistencia del líder y, por otro, a la carencia de un partido institucionalizado. Un partido bien organizado y poderoso impide los virajes bruscos de sus líderes.
Es cierto, sin embargo, que antes de asumir el mando, resistió la ofensiva desvergonzada de la derecha durante casi un mes para terminar cediendo y concediendo lo más importante: el manejo de la economía y la continuidad del modelo neoliberal extremo contra el que insurgió. De ese modo, Humala autorizó también la recaptura y la privatización de los aparatos estatales por los poderes fácticos, bloqueando la posibilidad del desarrollo de un estado más o menos autónomo que defienda el bien común y el interés general.
Quizás el cambio más chocante de Humala para sus seguidores es su transformación de defensor de los intereses populares en un guardián de los grandes empresarios que no duda en apelar al autoritarismo, a la represión y a la muerte de los propios electorales que lo llevaron al gobierno. Otras mutaciones importantes son la transformación de la inclusión de forma de reconocimiento de derechos universales para los excluidos en el mitigante asistencialismo de siempre así como el abandono de la lucha contra la corrupción.
¿Qué explica el viraje de Humala a la derecha?. Hay varios factores, pero los más importantes parecen ser tres. En primer lugar, la poca experiencia política de Humala quien, al parecer, se asustó con la tarea de gobierno y dudó de sus propias capacidades y de las habilidades de sus cuadros y las de los aliados para encararla con éxito. En segundo lugar la debilidad del Partido Nacionalista, de la izquierda y de los movimientos sociales como sustento de su gobierno y de la gobernabilidad. En tercer lugar la indudable fuerza económica, política y mediática de las derechas que, a través de presiones, chantajes, amenazas y cantos de sirena lo rodearon, lo capturaron y lo transformaron en un gobernante a su servicio.
Es evidente que el viraje a la derecha no está funcionando debido a la incapacidad del gabinete Valdez y sus cuadros “técnicos”, a la resistencia de los movimientos sociales contestatarios y a los límites que presenta la estrategia de confrontación del gobierno. Las derechas temen, por eso, que Ollanta vuelva sobre sus primeros pasos y recupere su identidad política perdida.
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Sinesio López Jiménez
Debajo del Estado de derecho duerme la monarquía, escribió Carl Schmitt, el más brillante teórico de la reacción de todos los tiempos. Cuando las papas queman, el Estado de derecho se despoja de sus formalidades jurídicas y de sus oropeles discursivos para afirmar su soberanía a través de una decisión política que abre las puertas a la dictadura (y a la muerte) en nombre de la restauración del orden. Sostiene, por eso, que la mejor manera de entender al Estado de derecho es pensarlo desde el Estado de excepción, del mismo modo que, para entender la política, hay que pensarla desde la guerra y para comprender a Dios hay que imaginarlo desde el milagro. Sólo se puede producir conceptos políticos relevantes cuando se examinan los fenómenos aparentemente normales desde las situaciones exacerbadas y extremas.
Lo que hay que preguntarse, en la línea del pensamiento schmittiano, es si, con la declaración del estado de excepción, Humala sueña y se despierta como un monarca y Nadine, como una reina. Es difícil saberlo, pero lo que sí sabemos es que los cortesanos de las derechas los aplauden mientras la plebe contestataria es reprimida y silenciada. Antes del Estado de emergencia, sin embargo, Humala ha venido actuando como si fuera un monarca absoluto que se niega a dialogar con el presidente de la región de Cajamarca y con los dirigentes de la protesta social, que conversa con los alcaldes a los que convoca con engaños para sacarle la lengua a Santos y que olvida que ha sido elegido Presidente de la República por los ciudadanos que, en una democracia, son los formales titulares del poder. La terca negación de Humala a dialogar echa más leña al fuego.
Los detentadores del poder (cualquiera sea su naturaleza), sin embargo, se piensan a sí mismos como los creadores y los defensores del orden y ven a los otros, especialmente a los de abajo, como los (potenciales o reales) productores del caos. Estos son, como dice El Comercio, la turba “enardecida”. Por sus cabecitas no pasa la perturbadora idea que ellos pueden ser o son con frecuencia la fuente de muchos problemas y conflictos. La codicia desmedida, la vanidad política, los prejuicios ancestrales les impiden verse a sí mismos como los generadores de la violencia y del desorden. No entienden ni están dispuestos a entender la genealogía verdadera de los diversos tipos de conflictos. Basta leer su prensa adocenada para darse cuenta de su pobreza intelectual y su pequeñez moral. Las protestas sociales provienen de la “turba enardecida” y de los agitadores extremistas. Este es el elemental diagnóstico de estos buzos de la superficie.
Los conflictos exacerbados de Cajamarca tiene dos grandes responsables: Yanacocha y los gobiernos de turno que han avalado los abusos de la empresa minera. El gobierno regional y algunos líderes políticos y sociales del movimiento contestatario tienen una responsabilidad menor. La protesta social contra la minera Yanacocha y contra el gobierno es justa, pero el fundamentalismo anti-minero de algunos dirigentes es un error y la huelga indefinida es una medida confrontacional extrema que juega en pared con los halcones del gobierno y expone innecesariamente al movimiento social a la represión violenta. La gente rechaza a Yanacoha porque los daños que ella produce son mayores que los probables beneficios que ella otorga a la región. La prepotencia, los abusos, el mal trato, los daños al medio ambiente y a la agricultura cometidos por Yanacocha han sido apañados por los gobiernos de turno mientras que los reclamos de la mayoría de los cajamarquinos han sido desoídos y reprimidos.
Humala abrió la posibilidad de un nuevo trato, pero ella se esfumó en los primeros días de Diciembre del año pasado cuando él mismo y su ministro del Interior (Valdés) boicotearon el diálogo del Primer Ministro Lerner con el gobierno regional y los dirigentes de la protesta e impusieron la confrontación como forma de resolver los conflictos socio-ambientales. Declararon el Estado de emergencia cuando ya no había una situación de excepción que lo justificara con la finalidad de imponer la confrontación, de desprenderse del gabinete Lerner y de sacar a la izquierda del gobierno. Instaurada la confrontación como método de solución de los conflictos, la polarización social y política, la huelga general indefinida, las movilizaciones agresivas de la población, el estado de emergencia, la represión violenta y la muerte eran eslabones previsibles de una cadena peligrosa.
Mientras tanto el gobierno está entrampado entre lo dice y lo que hace. Habla de diálogo, pero declara el Estado de emergencia y ordena disparar. Aunque su palabra se ha devaluado mucho, Humala es el llamado a dialogar con el presidente regional y los dirigentes de la protesta social y con los empresarios mineros para buscar una salida conjunta a la situación de impase que se ha producido. Es de esperar que los facilitadores de la Iglesia (Monseñor Cabrejos y el padre Garatea) ayuden a tender los puentes necesarios para establecer el diálogo y encontrar una solución salomónica al difícil problema. Y si los políticos no pueden llegar a un acuerdo, entonces que la región resuelva el problema a través de un referéndum en el que se consulte si Conga va o no va y si va en qué condiciones va.
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Sinesio López Jiménez
Las plegarias del ministro del capital han sido vanas. Todo parece indicar que el Perú y AL, unos países más que otros, serán tocados por la crisis que vive actualmente el capitalismo. Ella comenzó en USA hace cinco años, se ha extendido hace dos años a Europa y ya llegó a los países emergentes (los BRICs). El Perú sintió el golpe en el 2009: el crecimiento bajó de 10 a 0.9, las exportaciones bajaron, los capitales fugaron, el empleo disminuyó, la presión tributaria descendió, etc. La recuperación fue rápida, gracias a los BRICS, pero ahora, cuando éstos disminuyen la velocidad de su crecimiento, la situación se pone color de hormiga. La crisis muestra los límites del modelo neoliberal. El alto crecimiento que hemos tenido desde 2002 hasta ahora se debe, no a las bondades del modelo como afirman los creyentes neoliberales, sino a la gran demanda internacional y los altos precios de las commodities.
Las crisis capitalistas, cuando alcanzan un nivel significativo, tienen serias incidencias en la sociedad y en la política. Los clivajes se tensan, las tensiones se transforman en contradicciones, la conciencia de la gente se torna más perspicaz, los conflictos sociales y políticos se intensifican y se masifican, emergen nuevos alineamientos de fuerzas políticas y electorales, se generan agudas polarizaciones sociales y políticas, las autoridades pierden eficacia y legitimidad, se producen crisis de los gobiernos y de los regímenes políticos y, cuando la crisis es muy profunda, también el Estado es cuestionado, los tiempos sociales y políticos se aceleran y se producen grandes cambios en las diversas dimensiones de la vida social. Este es el terreno adecuado en el que emergen los partidos políticos. No son las leyes, sino los conflictos sociales y políticos los que producen los partidos y los sistemas de partidos (Lipset y Rokkan, 1967).
De las crisis y las luchas sociales y políticas nacen los partidos para representar y para gobernar. Aquí surge un problema que la izquierda tiene que resolver. Sin perder el horizonte socialista, ella tiene que prepararse para gobernar el capitalismo. No bastan el planteo de las estatizaciones o las nacionalizaciones (o Conga va o Conga no va) y la demanda de aumento de salarios. Se requieren políticas públicas y un equipo tecno-político que las formule y gestione. Gobernar el capitalismo no significa, sin embargo, gobernar para el capitalismo ni para los empresarios. De hecho se puede gobernar para los trabajadores y para las clases medias sin echar al mar a los empresarios.
Eso depende desde qué lado se formulan las políticas económicas. El lado de la oferta es el reino de la burguesía mientras el control del nivel de desempleo y la redistribución de la renta son las condiciones que hacen posible el capitalismo democrático. Los intereses económicos objetivos y las preferencias subjetivas de las clases medias y populares son mejor atendidos por una configuración macroeconómica de bajo desempleo y alta inflación, mientras una configuración de alto desempleo y baja inflación es compatible con los intereses y preferencias de las clases altas (Hibbs, 1977).
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Sinesio López Jiménez
Reforma tributaria es mucho nombre para la poca cosa que pueden hacer en este campo los representantes del capital en el gobierno de Humala. ¿Van a elevar la presión tributaria? ¿Le van a imprimir un carácter progresivo?. ¿Disminuirán los impuestos indirectos? ¿Ampliaran la base tributaria? ¿Acabarán con la evasión y la elusión tributarias? ¿Eliminarán los convenios de estabilidad tributaria? ¿Establecerán la descentralización fiscal? ¿Diversificarán las fuentes de los ingresos del Estado? ¿Las harán reposar en bases menos volátiles?. El Congreso ha colocado al gato de despensero al autorizar a los representantes del capital a que realicen una reforma impositiva. El resultado puede ser, no una reforma, sino una contrarreforma que, en lugar de distribuir el ingreso, tienda a concentrarlo con el pretexto de que es necesario incrementar la inversión.

El sistema fiscal peruano se caracteriza por su poca capacidad para recaudar impuestos y por sus bajos niveles de progresividad. La presión tributaria (15%) está por debajo de la media latinoamericana (19%), de la norteamericana (28.3) y de la europea (40.6%). Y está muy lejos de la de Brasil que, con el 36%, alcanza un nivel parecido a la de la OCDE. Es claro que, con esos niveles, el estado peruano no puede realizar las funciones que debiera cumplir: promover el desarrollo, desplegar políticas sociales agresivas y distribuir la renta. A los presidentes que gobernaron para los ricos, ese nivel les parecía más que suficiente. García sostuvo más de una vez que el problema no era el nivel de lo recaudado sino la incapacidad de gasto. Esto es parcialmente cierto, pero es más un pretexto para evadir el problema de fondo: el aumento de la presión tributaria. Es más. Sospecho que algunos gobernantes mantienen la incapacidad de gasto como una estrategia para no discutir ni decidir sobre el nivel de la presión tributaria.

Ese nivel, sin embargo, no sólo depende de la ineficacia decisoria de los gobernantes sino también de la incapacidad administrativa de la SUNAT. Es fácil exprimir los bolsillos de los trabajadores que están en las planillas y de las empresas formales, pero ¿cuáles son sus logros en la ampliación de la base tributaria y en la reducción de la evasión y de la elusión tributarias?. Ninguna. Más aún. Sospecho que hay un uso político de los poderes coercitivos de la SUNAT. Es blandengue con los deudores que tienen poder (algunos medios, por ejemplo), pero es abusiva con la gente común y corriente o con los opositores de los gobiernos de turno. Mi hipótesis es que los “reformadores” van a concentrar su atención y su acción en la parte administrativa del cobro de los impuestos. Es probable que endurezcan más aún las capacidades coercitivas y punitivas de la SUNAT. Sus intereses y su visión no dan para más.

Lo más escandaloso es, sin embargo, el bajo nivel de progresividad. A diferencia de Europa y de USA, en donde existe realmente una progresividad impositiva, en nuestro país y en AL, los ricos no pagan (más) de acuerdo al monto de riqueza que tienen. ¿A cuánto ascienden los impuestos que pagan los ricos de AL?. Una cifra de escándalo: 0.9 % del PBI mientras los países de la OCDE pagan diez veces más: 9% del PBI (CEPAL, La hora de la igualdad, 2010). La situación es más grave en el Perú y AL porque, en el caso latinoamericana, la ratio entre el decil superior y el decil inferior es 34 veces mientras que en los países del Grupo de los Siete es 12 veces y en los Estados Unidos llega a 16 veces (CEPAL, Ibidem). Debido a las políticas neoliberales de los republicanos, la progresividad ha disminuido en USA, pero sigue siendo alta. Esta disminución y otras políticas neoliberales impulsadas por ellos han determinado que el 1% más rico eleve su participación en la distribución de la renta de 7.9 % en 1976 al 16.9 % en 2000. Algo parecido ha sucedido en Inglaterra, a diferencia de Europa Continental donde los niveles de desigualdad se han mantenido en los mismos niveles desde hace mucho tiempo (Atkinson, Top Incomes, 2007). Con el neoliberalismo los ricos se han hecho más ricos. Es probable que haya sucedido algo parecido con el 1% (que nunca es encuestado) de los Top Incomes en el neoliberalismo extremo del caso peruano.

La mayor parte de los ingresos fiscales en el Perú y en AL provienen de los impuestos indirectos (IGV). En el Perú la cifra asciende a más del 60%. Esto significa que al Estado lo mantenemos todos, pero está al servicio de pocos. Este hecho no puede ser ocultado por las políticas asistencialistas que despliegan todos los gobiernos, incluido el actual. Los impuestos directos (a la renta) en el Perú y en AL, salvo los casos de México y Colombia en donde pasan del 40%, fluctúan entre el 20% y el 25% del total de los ingresos fiscales. En AL ellos constituyen el 4.7% del PBI, en USA llegan al 15% y en la Unión Europea, al 16.5%. A todo esto hay que añadir el alto nivel de volatilidad de los impuestos directos en Perú y AL debido al vaivén de los precios de los recursos naturales que se venden en el mercado internacional. A medida que la diversificación de las fuentes de los ingresos tributarios es menor y que ellas se concentran en las rentas derivadas de los productos naturales no renovables, más volátiles son los ingresos del Estado y más difícil resulta estabilizarlos.

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Sinesio López Jiménez
Algunos analistas sospechan que, a causa de la movida situación actual, se están produciendo las condiciones para un autogolpe, como en los tiempos de Fujimori. ¿Un autogolpe para qué?. No es necesario porque ya se ha producido un golpe blanco. Los sectores sociales y políticos que perdieron las elecciones (y a quienes favorecería un autogolpe al estilo Fujimori) ya están gobernando. Un autogolpe sería una redundancia política. Ha sido un golpe blanco “gradual y persistente” para usar los términos gratos a la pareja presidencial.
Las derechas no han necesitado acudir a las FF.AA. Les bastó atarantar y asustar a Humala. El primer asalto al gobierno colocó a los representantes del capital en el MEF y el BCR. El segundo asalto catapultó a un simpatizante declarado del fujimorismo en la Presidencia del Consejo de Ministros y permitió consolidar los avances de la derecha económica. Asistimos, desde hace unos tres meses, al tercer asalto con la presión a fondo para copar los puestos más importantes del Estado (entre ellos las FF.AA. y el Congreso) y consolidar el dominio omnímodo de las derechas.
Lo nuevo ahora es el balbuceo de un discurso que justifica el golpe blanco. El argumento se desplaza desde la lectura novedosa de las elecciones que ellas perdieron hasta la defensa del gobierno de Humala pasando por las cuestiones programáticas y las políticas públicas. “La Gran Transformación no ganó las elecciones. Es la Hoja de Ruta la que debe estar guiando a los parlamentarios. Hay una falta de coherencia de quienes entraron y creen que pueden gobernar con la Gran Transformación por la puerta falsa. Los de la Gran Transformación, en el momento que se firmó la Hoja de Ruta, debían haber hecho dos cosas: o se plegaban o se escindían de la bancada” afirma el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (Caretas,N° 2235).
En aras de la verdad histórica, es necesario hacer varias precisiones a este “deslumbrante” razonamiento. Primero, las elecciones de la primera vuelta fueron ampliamente ganadas por la Gran Transformación con casi un tercio del electorado, lo que permitió a Gana Perú competir en la segunda vuelta. Humala no hubiera participado en la segunda ronda electoral sino no hubiera ganado en la primera. Segundo, los congresistas fueron elegidos con el programa de la Gran Transformación. Ellos tienen, por tanto, derecho legítimo a reivindicar ese programa. Tercero, la Hoja de Ruta no es diferente a la Gran Transformación, sino su adecuación concreta a las exigencias de la coyuntura de la segunda vuelta, en la que Gana Perú formó una coalición con el centro liberal y democrático (Toledo y Vargas Llosa).
Cuarto, el fujimorismo, por el que votaron probablemente el presidente de la SIN y todas las derechas, no formó parte de la coalición que levantó la Hoja de Ruta. No tiene sentido que reivindique ahora lo que entonces condenó hasta el delirio. Quinto, Félix Jiménez presidió tanto la comisión programática de la Gran Transformación como la de la Hoja de Ruta. En esta, además de los integrantes de la primera, participaron destacados profesionales e intelectuales democráticos y liberales que apoyaron a Humala en la segunda vuelta.
La nota cómica en toda esta historia la ponen los publicistas y columnistas de la derecha así como los medios de comunicación en los que trabajan. Los sicarios mediáticos de Humala de ayer son los turiferarios que hoy le echan incienso, lo elogian y lo defienden. Todos difunden el mismo libreto que hace sospechar que un gran director de orquesta mueve los hilos de esta operación legitimadora del asalto al gobierno por las derechas. Lo que es imposible legitimar es, sin embargo, la burla a la democracia, utilizando los recursos vedados de poder, para traicionar a la mayoría de los electores y gobernar habiendo perdido las elecciones. Estas no tienen sentido si los que pierden gobiernan y los que triunfan tienen que olvidarse de sus promesas electorales.
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Sinesio López Jiménez
Los piratas que asaltaron la frágil nave del gobierno apenas comenzaba su periplo de navegación exhiben un descaro casi pornográfico. No sólo quieren compartir el timón: pretenden apropiarse de la nave y quieren echar al mar a sus legítimos ocupantes. Y cuando éstos se resisten y protestan, les gritan en coro y con cachita: ¡Resentidos!. Se han quedado, por ahora, con el capitán y sus pajes más leales, pero en el momento que crean que les estorba los echarán al mar sin dudas ni murmuraciones. Lo novedoso ahora es que el capitán mismo está ayudando a los piratas a cumplir esa tarea infame y afirma, sin pestañar, que, aliviada de los antiguos ocupantes y repleta con los nuevos asaltantes, la nave irá viento en popa.
Los piratas no están satisfechos, sin embargo, con la captura de la nave del gobierno y ahora exigen la flota entera del Estado: el Congreso, las FF.AA. la Cancillería, la alta burocracia y los gobiernos regionales. La gente se pregunta con razón por qué y para qué los piratas quieren una nave destartalada y una flota casi inservible que ni siquiera puede defenderse de los asaltantes. El misterio queda develado cuando las pancartas de los piratas revelan que quieren ser dueños, no del Perú, sino del oro, la plata, el cobre, el hierro, de todos sus recursos y sus riquezas naturales que el país alberga. Lo único que les asusta es el mar proceloso que deben navegar para llegar a la riqueza codiciada. Temen la furia de las olas (y las oleadas sociales) y los tiempos turbulentos y esperan que la nave destartalada y la flota casi inservible acudan en su auxilio y los ayuden a conseguir su objetivo.
Lo peor de toda esta historia es que, en los forcejeos del asalto, el capitán de la nave perdió la brújula, la hoja de ruta y ahora no sabe adonde ir. Los asaltantes le presentan la nueva hoja de parra como si fuera la hoja de ruta primigenia, él la acoge pero repite sin cesar y sin pensar: “la gran transformación en forma gradual y persistente”. Esta repetición mecánica del capitán y de su cónyuge hace dudar a los piratas de su fidelidad y de su utilidad en la agresiva travesía que deben emprender. En todas partes abundan las historias de los políticos y los piratas. La más conocida es la que cuenta Bodino (1530-1596) en sus Seis Libros de la República (Libro I, cap. 1): “El corsario Demetrio decía al rey Alejandro Magno que él no había aprendido otro oficio de su padre, ni heredado de él otros bienes que dos fragatas, en tanto que Alejandro, si bien reprobaba la piratería, asolaba y robaba con dos poderosos ejércitos, por tierra y mar, pese a haber heredado de su padre un reino grande y floreciente; estas palabras movieron a Alejandro antes a remordimientos de conciencia que a vengarse del justo reproche hecho por el pirata, a quien nombró capitán general de una legión”.
Humala no es obviamente Alejandro Magno, pero hay muchos Demetrios en su gobierno que lo trabajan al susto y que le han hecho abandonar su programa de gobierno para venderle el catecismo neoliberal. Una de las mayores desgracias que puede sufrir el país es ser gobernado por políticos improvisados sin proyecto y sin programa de gobierno o, lo que es peor, por políticos que, abandonando los intereses de su país y de su pueblo, son peones de una élite cosmopolita neoliberal que domina el mundo y que lo asfixia con las crisis que provocan. Un gobernante que abandona el programa por el cual fue elegido por la mayoría de los electores pierde credibilidad, suscita rechazo, produce desconcierto entre sus seguidores, alimenta frustraciones y genera inestabilidad política, entre otras graves consecuencias.
Un gobernante y un partido político sin proyecto y sin programa carecen de capacidad para dirigir el país y generan muchas oscilaciones y bandazos que desestabilizan a las instituciones y a su propio partido. Ellos no dirigen sino que son dirigidos por otros, en este caso, por las derechas. Gramsci decía que Cavour, gracias a su proyecto coherente, tenía en el bolsillo a Mazzini y a Garibaldi, quienes no tenían un proyecto y hacían todo lo contrario de lo que hacía el hombre fuerte del Piamonte. Lo de Humala es peor porque está en el bolsillo de las derechas, no por reacción, sino por sometimiento haciendo a pie juntillas lo que ellas quieren. Más allá de sus bravatas, Humala trabaja para la derecha neoliberal de aquí y de afuera.
El viraje político de Humala fue como un terremoto grado 8 que remeció toda la estructura política del país y que ha tenido efectos catastróficos en sus gabinetes y en el Congreso de la República, en donde dejará de ser la primera minoría y perderá, sin duda, la Presidencia de esa institución. El bloque oficialista del Congreso se ha resquebrajado y amenaza descomponerse en sus filiaciones básicas. Es muy probable que el Partido Nacionalista se fracture y se queden los leales a la familia Humala-Heredia y salgan los que tienen una tradición progresista y de izquierda para formar y fortalecer el bloque de las izquierdas.

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Sinesio López Jiménez
Al elegir a Ollanta, la izquierda trabajó para la derecha sin saberlo y ahora, al combatir y reprimir a los movimientos sociales, el gobierno y la derecha trabajan para la izquierda. A 10 meses del gobierno, con más de una docena de muertos en su cuenta, Humala se parece cada vez más a los gobernantes contra los que insurgió. Ahora ya se puede decir que es un García más y que su captura por las derechas se ha convertido en una metamorfosis a lo Kafka. Llegó al gobierno con el apoyo de los movimientos sociales que hoy combate y reprime. Cuando era candidato afirmó que la protesta social no era un delito y criticó su criminalización por el gobierno de García. Reconoció entonces que los movimientos de protesta canalizaban demandas justas de la población que debían ser atendidas por las empresas mineras y por el Estado. Sostuvo también que la mejor forma de entender y atender las razones de los movimientos de protesta era el diálogo.
El discurso y la política cambiaron con la caída del gabinete Lerner, con la salida de la izquierda del gobierno y el ingreso de Valdés como primer ministro. Se pasó entonces del diálogo a la confrontación, al disparo y a la muerte. Ollanta y Valdés no pueden decir ahora que sus manos no están manchadas de sangre. Ellos comandan y coordinan la ofensiva del Estado contra los movimientos socio-ambientalistas de protesta. Todos los aparatos represivos del Estado se han puesto en movimiento para aplastarlos. Los servicios de inteligencia “siembran” bombas molotov en los aeropuertos o en los municipios, los fiscales incriminan, los jueces se preparan para condenar, el ejército acecha y amenaza (en Cajamarca), la policía reprime, apresa, dispara y mata, la derecha celebra y aplaude. Un diario, que chuponeó probablemente el titular de primera plana a Valdés o al demonio, llegó a decir con sorna y con cinismo: Ya tienen los muertos que buscaban.
Luego de haber dado la orden de disparar contra los manifestantes y de apresar a sus dirigentes, Valdés les ofrece dialogar y “escuchar las demandas de la población” apenas “se restablezca el orden y la paz”. Llama la atención que el Primer Ministro que lleva varios meses en el cargo no conozca hasta ahora las viejas demandas de los constestarios. Está un poco desencaminado y confunde el país con un cuartel y la política con la guerra. En política el orden y la paz es el producto del diálogo que los políticos de raza no temen desplegar incluso en medio de la turbulencia. Restablecidos el orden y la paz, además, no se sabe si los contestarios y el mismo gobierno tengan aún interés en dialogar. Lo que Valdés esté probablemente reclamando es el llamado principio de autoridad, pero éste puede ser reclamado legítimamente en la democracia por alguien que ha sido elegido por los ciudadanos o que tiene un buen desempeño en el cargo. Este no es obviamente el caso de Valdés.
Contra lo que piensan los gobernantes de turno y las derechas, el aparatoso despliegue del Estado contra los movimientos de protesta revela, no fortaleza, sino debilidad y temor porque sienten que han perdido o han comenzado a perder el apoyo de los ciudadanos. Hay algo de eso, pero no es para tanto. Las protestas socio-ambientales son importantes, sin duda, porque ponen en jaque a una de la columnas de la economía primario-exportadora; tienen un apoyo masivo, pero localizado en una provincia o en alguna región (Cajamarca); sus reclamos de respeto al agua, al medio ambiente, a más recursos, son intensos, pero varían de caso en caso y son totalmente atendibles por las boyantes empresas mineras gracias a los buenos precios y a la demanda internacional; sus líderes son dirigentes sociales o político-sociales, pero de ninguna manera terroristas; sus discursos son radicales, pero en modo alguno subversivos; tienen apoyo y resonancia en medios locales (radios principalmente) y en poca prensa de alcance nacional, pero la mayoría de los grandes medios les es ajena y las sataniza; sus formas de acción son despliegues legales de protesta (paros, huelgas, marchas, manifestaciones) y algunas fuertes dramatizaciones (tomas de carreteras, apedreamientos, quema de algún carro), pero no quieren echarse abajo el sistema político y social, sino que quieren hacerlo funcionar.
Su debilidad radica quizá en su poca articulación nacional. Mientras los movimientos socio-ambientales sigan fragmentados, su capacidad de presión y de negociación seguirá siendo limitada. Su fuerza y su eficacia serán mayores a medida que sea mayor su concentración negociadora. Aquí es donde se hace sentir la ausencia de una representación política de los movimientos sociales, esto es, de la izquierda. La cancha está libre, la comida está servida y la izquierda tiene que agradecer al gobierno y a las derechas su torpeza por entregarle en bandeja a los movimientos sociales de protesta. Es probable que de las luchas sociales actuales y de las que se vienen, salga una izquierda unida, representativa, capaz de disputar el poder con éxito en el 2014 y en el 2016. Ha llegado probablemente el momento propicio para formar el bloque de las izquierdas en el Congreso.
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Sinesio López Jiménez
La derecha perdió las elecciones, pero gobierna. Todo el secreto radica en el avasallamiento del poder político por el poder económico. El avasallamiento, sin embargo, no obedece sólo a la fuerza estructural del capital sino también a la fragilidad del poder político de Humala. A esto hay que añadir lo que hoy pomposamente se llama la agencia. Existen, por el lado derecho, los actores y los operadores que, aparte de canalizar la fuerza estructural del dinero, ponen su cuota de poder: el control de los medios, de la agenda política y de las organizaciones e instituciones conservadoras. En el otro lado, en cambio, casi no hay nada. Además de la ausencia de bases sólidas del poder político, la fragilidad de los actores y los operadores políticos (con excepciones), comenzando por el Presidente de la República, es espeluznante. Si existe un avasallador es porque hay alguien que se deja avasallar.
Apenas perdió, la derecha se propuso recuperar en la mesa el poder que Humala había ganado legítimamente en la cancha y que tenía (y tiene) miedo ejercer. Para lograr su objetivo, presiona, amenaza y ataca mientras Humala se asusta, retrocede y cede. Así llegaron Castilla y Velarde al manejo de los aparatos económicos del Estado. Ellos son los representantes del capital en el Ejecutivo gracias a los chantajes de la derecha y a los miedos de Humala. La operación se repite cada vez que la derecha quiere avanzar sus piezas en el juego del poder. Vuelve al ataque, apela a los halagos, avanza y toma otros puestos claves mientras Humala vuelve a retroceder, a ceder y conceder. Las permanentes concesiones a los poderosos de siempre han transformado a Humala de repudiado chavista en un honorable estadista (para la derecha).
La verdad es que no hay la derecha sino las derechas que establecen, sin embargo, una especie de división del trabajo entre ellas. Las derechas políticas y mediáticas amenazan, chantajean y atarantan y la derecha económica avanza sigilosamente y coloca a sus hombres de confianza en los puestos de mando del gobierno y del Estado. Lo que pasó con el gabinete Lerner ilustra bien esas movidas. La derecha no estaba satisfecha con el control del MEF y del BCR. Querían tomar el gabinete y sacar a los cuadros de la izquierda del gobierno. La derecha política y mediática desplegó una ofensiva feroz contra ella mientras los representantes de la derecha económica en el gobierno se encargaban de asustar a Humala con el cuento de que si Conga no iba llegaban todas las plagas de Egipto y los daltónicos Servicios de Inteligencia (con Villafuerte a la cabeza) azuzaban las iras de su jefe para que ponga en su sitio a los rojos del gobierno y del país que movían al cotarro social.
Humala cedió, el gabinete Lerner cayó, un fujimorista autoritario, apoyado por los servicios de inteligencia, lo sucedió, la izquierda salió del gobierno y la derecha económica sumó algunos ministerios más. Pero el logro mayor de la derecha en esta operación fue la ruptura de Ollanta con la izquierda, con sus electores y su refugio en las FF.AA. Humala, como todos los militares y los militaristas de todos los pelajes, confunde el poder con las armas. Con ellas se siente seguro, pero resulta que ahora la derecha pretende arrebatarle las armas aprovechando la endeblez política y moral de los ministros que él mismo ha puesto en los ministerios de la coerción. Asistimos a una sorda batalla entre el capital y la coerción en las alturas del poder. No es la dura batalla de los tiempos de Velasco, sino su pálido reflejo.
Luego de la caída del gabinete Lerner, la derecha apostó, a través de rápidas campañas, a homogeneizar el gabinete Valdés, sacando a lo que queda de la izquierda y del progresismo en el gabinete y en el gobierno. Sus logros, sin embargo, han sido sólo parciales. Ensayaron también una agresiva campaña contra el Presidente del Congreso, como para calentar el cuerpo y para bajarle el moño a Daniel Abugattás, uno de los mejores cuadros que tiene el nacionalismo, pero sólo obtuvieron una pequeña victoria parcial. Es probable que, con motivo de la elección del nuevo Presidente del Congreso, la derecha reinicie una ofensiva despiadada contra los representantes más destacados del nacionalismo (Daniel Abugattás, Marisol Espinoza) para demolerlos y busque ahondar la brecha entre el nacionalismo y el toledismo para impedir la formación de una coalición que les permita mantener las riendas del Congreso.
Arrebatar a Humala los ministerios de la coerción es una aspiración audaz de la derecha, casi como quitarle los huevos al águila. Si no lo logra, al menos lo habrá debilitado y desgastado más aún para seguir avanzando en el control de los puestos claves del gobierno y del Estado. ¿Se dejará Humala arrebatar las armas que constituyen su bastión de poder?. Si eso pasara, Humala se convertiría en un pelele a tiempo completo del conjunto de las derechas. Pago por ver.

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Sinesio López Jiménez
El nombramiento de los nuevos ministros revela que Humala ha perdido definitivamente el horizonte del cambio, que deambula temporalmente sin rumbo (hasta la hoja de parra se le ha caído) y que ya no tiene cuadros de calidad para el manejo de la cosa pública. Confirma también que el camino autoritario y pro-fujimorista abierto por Valdez se acentúa y que los representantes del capital ganan una pieza más en el juego del poder en el Ejecutivo. Mientras tanto la derecha sigue presionando a Humala para que desaloje a lo que queda de la izquierda, de los nacionalistas descontentos y de los progresistas en el gobierno e incorpore a los cuadros orgánicos de sus propias filas.
El viraje de Ollanta de la centro-izquierda a la centro-derecha es ya indiscutible. Lo que se debate es si ese desplazamiento llegará hasta la derecha pura y dura. Y lo que es más discutible aún es la explicación de ese viraje. Los comentaristas y los analistas (que no son lo mismo) han sugerido dos tipos de explicación: Políticas y estructurales. Entre las políticas se han esgrimido razones de tipo subjetivo del Presidente Humala, y otras de tipo institucional, organizativo y de relaciones de fuerza. Los que creen que la persona de Ollanta explica todo sostienen que él no es de izquierda, que no sabe lo que quiere, que es una persona influenciable (sobre todo por Nadine), que es un hombre pragmático, que es un traidor, que desconfía de los políticos de izquierda, que es un timorato frente a los cambios. Los rasgos personales de los que tienen y manejan el poder cuentan mucho, sin duda, en situaciones caracterizadas por la ausencia de partidos políticos institucionalizados, pero no tienen la fuerza suficiente para explicar un viraje político de enormes consecuencias políticas e históricas.
Un mayor peso explicativo tienen las argumentaciones basadas en la relación de fuerzas (económicas, sociales y políticas) existentes en el país. La derecha controla la política a través de los medios, la vida social mediante una serie de organizaciones conservadoras (la CONFIEP, las iglesias, asociaciones etc.) y la economía a través de las grandes empresas y de los grupos empresariales. Las fuerzas del cambio, por el contrario, carecen del respaldo organizativo e institucional suficiente para impulsar, sostener y defender una propuesta de profundas transformaciones en el país. Para reforzar esta explicación basada en la capacidad política de los actores organizados e institucionalizados, se apela a argumentaciones de tipo estructural.
La teoría de la dependencia estructural sostiene que a los gobiernos de los países capitalistas, incluidos los que buscan gobernar para los de abajo de la escala social, no les queda otra cosa que someterse a la lógica que imponen los dueños del capital. A través de la inversión que determina la producción, el empleo y el consumo de todos, los capitalistas construyen una jaula de hierro de la que no pueden escapar ni la sociedad ni el Estado. Los diversos grupos sociales tienen que modular sus demandas, aspiraciones y acciones de acuerdo al nivel de voracidad de los dueños del capital. La estructura paquidérmica del Estado se mueve también al ritmo de la inversión y de su tasa de rentabilidad. El trade-off que enfrentan los gobiernos entre los impuestos y la inversión es idéntico a la relación entre esta y los salarios. El Estado es colocado en la misma situación de los asalariados.
Los capitalistas que buscan maximizar sus utilidades responden a los aumentos de impuestos con una menor inversión. Pero los gobiernos pueden adoptar políticas que alteran el equilibrio entre la inversión y la distribución del ingreso. De hecho, todos los gobiernos en los países capitalistas desarrollados gravan, a un ritmo diferente, a la parte de las rentas del capital que se invierte y a la parte que se consume. Si el gobierno adopta un impuesto al consumo puro, el efecto más importante es que la tasa de inversión no se ve afectada por este tipo de gravamen, cualquiera que sea su nivel, siempre y cuando los salarios sean constantes. Con este instrumento fiscal, los gobiernos mantienen la tasa de inversión determinada por el mercado, distribuyen el resto de los ingresos de los accionistas a los asalariados y, sobre todo, ponen un pie fuera de la dependencia estructural.
Según Wallerstein y Przeworski el bienestar de los trabajadores se puede lograr tanto bajo el socialismo como bajo el capitalismo democrático siempre y cuando haya una negociación centralizada de los trabajadores y exista un gobierno de la misma orientación que tome las medidas adecuadas sobre los impuestos al consumo de los accionistas y sobre la transferencias de los ingresos a los trabajadores sin afectar la inversión privada e incluso incrementándola. De ese modo queda rota la jaula de hierro de la dependencia estructural y se abre una posible ruta hacia el desarrollo con justicia. Si Humala no hubiera tirado la toalla antes de pelear, el Estado y la mayoría del país estarían en capacidad de recorrer ese camino.
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Sinesio López Jiménez
No sólo el gobierno, también el Estado está en disputa. Ganaron los nacionalistas y las izquierdas, pero está gobernando la derecha. La historia escueta es la siguiente: Presión a fondo de toda la derecha sobre el candidato triunfante; resistencia del vencedor durante un mes; siguen las desconfianzas, amenazas y chantajes de la derecha; el electo presidente cede e incorpora a su gobierno a dos representantes del capital en el control de los aparatos económicos del Estado (Castilla y Velarde); se forma un gobierno de centro izquierda, la derecha política y mediática presiona al presidente para desalojar a la izquierda del gobierno; Ollanta cede con “Conga va”, instaura el Estado de emergencia en Cajamarca, deja caer al gabinete Lerner y desaloja a la izquierda del gobierno; y los representantes del capital y una corriente autoritaria y pro-fujimorista (Valdez) ensanchan su poder y controlan el gobierno.
Toda esta apretada historia puede resumirse más aún: Captura del Estado, captura de Ollanta y captura del gobierno. Tres capturas distintas y un solo dios verdadero: el capital. Ella también puede ser vista desde el lado estructural. En el capitalismo toda la sociedad depende de la asignación de los recursos elegidos por los dueños del capital. Las decisiones privadas de inversión tienen consecuencias públicas y de larga duración: determinan las posibilidades futuras de la producción, el empleo y el consumo de todos. Debido a que las posibilidades futuras de consumo dependen de la inversión privada, todos los grupos sociales se ven limitados (en la búsqueda de sus intereses materiales) por el efecto que pueden tener sus acciones sobre la voluntad de invertir de los dueños del capital, la misma que depende, a su vez, de la rentabilidad de la inversión. En una sociedad capitalista, el intercambio entre el consumo presente y futuro de todos pasa por un trade-off entre el consumo de quienes no poseen un capital propio y las ganancias de los que lo poseen, sostienen Michael Wallerstein y Adam Przeworski, dos destacados politólogos de la U. de Chicago.

Estas reglas rígidas se aplican especialmente a los asalariados que cuidan tanto sus salarios futuros como sus ingresos presentes. Si las empresas responden a los aumentos salariales con menos inversión, los asalariados pueden ser los más interesados en moderar sus demandas salariales. Los ingresos futuros de los trabajadores dependen de la realización de los intereses actuales de los capitalistas. En realidad, todos los grupos tienen una dependencia estructural del capital: las minorías que luchan por la igualdad económica, las mujeres que quieren transformar la división del trabajo en el seno de la familia, los viejos que buscan seguridad material, los trabajadores que se esfuerzan por mejorar las condiciones de trabajo, los militares que buscan renovar su armamento. En el capitalismo las condiciones materiales de todo el mundo dependen de las decisiones privadas de los dueños de la riqueza.
La teoría de la dependencia estructural infiere que, debido a que la sociedad en su conjunto depende de los dueños del capital, le pasa lo mismo al Estado. Si los gobiernos tienen intereses particulares y objetivos propios y actúan en nombre de una coalición de grupos o de una clase social, la búsqueda de cualquier objetivo que requiera recursos materiales coloca a los gobiernos en una situación de dependencia estructural. Los políticos que buscan votos deben anticipar el impacto de sus políticas en las decisiones de las empresas debido a que esas decisiones repercuten en el empleo, la inflación y los ingresos personales de los votantes. Incluso un gobierno pro-trabajadores no quiere y no puede comportarse de manera muy diferente de uno que representa a los capitalistas. Si los trabajadores son los que tienen una buena dosis de moderación salarial, un gobierno pro-trabajadores, asimismo, tratará de evitar las políticas que dramáticamente alteren la distribución del ingreso y la riqueza. La gama de acciones que los gobiernos encuentran mejores para los intereses que representan está estrechamente circunscrita, cualquiera que puedan ser esos intereses.
La razón por la cual el Estado es estructuralmente dependiente es que ningún gobierno puede al mismo tiempo reducir las utilidades y aumentar la inversión. Las empresas invierten en función de los rendimientos esperados, las políticas de transferencia de ingresos fuera de los dueños del capital reducen la tasa de retorno y por lo tanto de la inversión. Los gobiernos se enfrentan a un trade-off entre distribución y crecimiento, entre la igualdad y la eficiencia. Ellos pueden negociar una más (o menos) distribución igualitaria de ingresos a cambio de menos (o más) de inversión, pero no pueden alterar los términos de este trade-off: Esta es la tesis central de la teoría de la dependencia estructural. Los gobiernos pueden y deben escoger entre el crecimiento y la distribución de los ingresos, pero el bienestar material de todos depende del crecimiento económico. En la medida que la distribución puede lograrse sólo a costa de crecimiento, todos los gobiernos terminan persiguiendo políticas con efectos redistributivos limitados.
La teoría de la dependencia estructural de la sociedad y del Estado con respecto al capital ha sido esgrimida como crítica del marxismo al capitalismo y es la a vez usada por el neoliberalismo para mostrar las virtudes estructurales del mismo. Wallerstein y Pzreworski no dejan de expresar su sorpresa por la coincidencia de estas contrapuestas perspectivas teóricas sobre el capitalismo. La diferencia entre las dos teorías es que los neoliberales son “pluralistas”, esto es, son agnósticos sobre los grupos que tienen el poder de infligir las pérdidas al público mediante la retirada de sus inversiones. Esta diferencia no debe ocultar, sin embargo, el hecho de que ambas teorías entienden de la misma manera la relación entre distribución del ingreso y la inversión.
En un próximo artículo discutiremos esta perspectiva estructural así como la posibilidad de torcerle el cuello desde la política para abrir las puertas a nuevas apuestas que hagan compatible el desarrollo y la democracia.
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