Sinesio López Jiménez

En los 80 del siglo pasado Julio Cotler nos recordaba a los izquierdistas que, como en la ranchera mejicana, para hacer la revolución se necesita una escalera grande y otra chiquita. Lo que Julio quería decirnos era que una revolución, para ser democrática, tiene que ser hecha a través de reformas. Como Bobbio, Julio sostiene que la democracia es reformista. Comentaristas, analistas, congresistas, representantes de los poderes fácticos, todos exigen  la reforma de las instituciones de la democracia. Algunos de ellos arriesgan propuestas que van desde reformas parciales hasta reformas totales. Otros circunscriben la reforma al sistema electoral  o la estiran hasta la ley de partidos y a la forma de gobierno. Los más audaces hablan de shock institucional holístico, coherente y fundado en la teoría y en la empiria.

¿Es fundada la tesis que afirma que los problemas de la democracia se resuelven con un buen diseño institucional? Mi hipótesis es que las reformas institucionales, incluso las más radicales y holísticas, ayudan pero no son suficientes para resolver los problemas de la democracia. Los cambios institucionales chocan, por lo menos, con tres dificultades. La primera tiene que ver con los actores de la reforma. Las reformas no las hacen los técnicos en la materia sino  los políticos y las congresistas que saben poco o nada de diseño institucional. A García se le ocurrió que los presidentes regionales elegidos con menos del 30% carecen de gobernabilidad y que, en ese caso, es necesario ir a una segunda vuelta. Craso error. García confundió la legitimidad de desempeño (gobernabilidad) con la legitimidad de origen.

La segunda dificultad proviene de los problemas de agencia de la democracia. La democracia es un proceso de construcción y necesita, no sólo de las instituciones, sino también de actores que la construyan. La ciudadanía efectiva es minoritaria, la sociedad civil es débil y los partidos políticos (como organizaciones) se han extinguido. Hay que extender la ciudadanía efectiva, fortalecer la sociedad civil y refundar los partidos políticos para construir la democracia. Todo eso no es poca cosa.

La tercera dificultad procede de los problemas estructurales de la democracia. Se puede incluso armar un buen diseño institucional y resolver los problemas de agencia democrática, pero la democracia sigue fallando. ¿Cuáles son estos problemas?. Señalo los más importantes: un Estado débil y antidemocrático cuyas capacidades (seguridad ciudadana, autonomía decisional, eficacia burocrática, efectividad jurídica, etc) se distribuyen desigualmente en el territorio; una estructura social predominantemente informal, atomizada y volátil hace difícil no sólo la representatividad (de los actores políticos) sino también la representabilidad (de ciertos grupos sociales en el campo de la política); el modelo de crecimiento económico primario-exportador, más excluyente que integrador, es una máquina productora de informalidad.

Las teorías convencionales sobre la democracia obvian los problemas estructurales porque en la cuna en que nacieron,  los países desarrollados, ellos ya no existen. Estos problemas no se resuelven con un buen diseño institucional sino con una revolución democrática de los ciudadanos y las ciudadanas.

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                                               Sinesio López Jiménez

Con la extinción de los partidos nacionales lo que en realidad se ha evaporado es el poder político de los ciudadanos. Estos se empoderan a través de la organización de la sociedad civil y de la formación de los partidos que les otorgan lo que Hannah Arendt llamó “la capacidad de acción consensuada”, esto es, el poder. El poder es el número organizado frente al arma que es el instrumento de la violencia. La destrucción del poder político  no ha sido sólo obra de los partidos y de sus errores. Han contribuido también el terrorismo de los 80 y los 90, el desastroso primer gobierno de García y el neoliberalismo.

El mercado ha invadido la política y ha transformado a los partidos (con ideologías, programas y estructuras organizativas) en meras franquicias electorales que se compran y se venden y que los organismos electorales aceptan e institucionalizan. Cada firma vale un dólar y se necesitan un millón y medio de firmas para validar un poco más de cuatrocientos mil y obtener la inscripción como partido “nacional”. Este es aquel que tiene la franquicia electoral (comprada en el mercado) que le autoriza a postular en las elecciones generales, regionales y locales. La franquicia le permite también convertirse en vientre de alquiler.

Estos partidos-franquicia no tienen vida, ni racionalidad política ni pasión. Ellos tienen sólo la racionalidad fría del negocio privado. A través de millonarias campañas electorales venden al candidato, seducen al elector y compran  su voto. Es cierto que algunos candidatos son tan impotables que no se venden por nada. Son incorruptibles a pesar suyo. Se ha llegado a la desfachatez de proponer la compra al contado de los ciudadanos que no votan por las opciones neoliberales. La política se guía por el diálogo y la persuasión e incluso por la coerción, pero no por la lógica de compra-venta del mercado. La imposición de la lógica del mercado en la política genera lo que Michael Walzer ha llamado el intercambio bloqueado, esto es, la injusticia.

El neoliberalismo ha contribuido a destruir no sólo a los partidos sino también al asociacionismo y al ciudadano mismo afectando sus derechos, en particular sus derechos sociales. El trabajador ya no es una persona que vende su fuerza de trabajo y que tiene derechos. Es sólo un costo laboral que hay que reducir para dar confianza al capital. El neoliberalismo ha generado también la atomización social y un individualismo extremo que, asociados a la fragmentación del poder político de los ciudadanos, están dando lugar a la descomposición de la vida social: la anomia generalizada, la informalidad, la corrupción tolerada, la sobrevivencia del terrorismo, el crimen organizado,  el sicariato, etc.

La destrucción del poder político de los ciudadanos ha traído consigo la gravitante presencia de los movimientos regionales y de los poderes fácticos: los medios concentrados, los grandes empresarios y las FF.AA. Estos poderes fácticos gobiernan sin haber sido elegidos. Lo hacen por la interpósita persona del Presidente de la República al que someten por diversos medios. ¿Qué hacer?. El desafío es enorme. Enfrentarlo va más allá de meros cambios institucionales que son importantes pero no bastan. Volvemos con un intento de respuesta.

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                                   Sinesio López Jiménez

Ante el fracaso derechista de la desaparición de la izquierda del escenario electoral, la prensa concentrada comienza a bosquejar la estrategia alternativa de mantenerla dividida. La primera es a la mala, propia de la DBA, y la segunda es más sutil e inteligente, envuelta en el manto de un tendencioso análisis político. Ella estimula a los divisionistas a mantenerse en esa apuesta porque rinde buenos dividendos políticos y los invita maliciosamente a mantener o profundizar el radicalismo en el campo, alejados de los izquierdistas intelectuales limeños de café que han fracasado.

La verdad es que a la izquierda le ha ido bien cuando ha marchado unida en los procesos electorales y en las luchas sociales y ha perdido cuando se ha presentado dividida. En 1980 presentó varias candidaturas a la presidencia de la República y los resultados fueron catastróficos si se toma en cuenta el auge de las luchas sociales y políticas de entonces. Lo mismo sucedió en las elecciones generales de 1990 en la que se presentaron 2 candidaturas de izquierda a las que le fue muy mal. La división y el fracaso se volvieron a repetir en el 2006 y se han reeditado en las elecciones recientes.

La unidad, en cambio, le dio excelentes resultados en toda la década del 80. En 1983 obtuvo la alcaldía de Lima, las alcaldías de casi todos los distritos de los conos limeños, de varias ciudades capitales de departamentos, de muchas provincias y de centenares de distritos. En 1985 la IU perdió las elecciones generales, pero mantuvo una presencia gravitante en la vida política del país hasta 1989, el año de la división. En las primeras elecciones regionales de fines de los 80, la IU obtuvo algunas presidencias y muchos consejeros en varias regiones.

Es una tontería decir que la división favorece a algunos y perjudica a otros. Se destaca el triunfo regional de Cajamarca y el éxito en pocas provincias en contraste con la derrota de Lima, pero se oculta la aplastante derrota de los partidos de izquierda que impulsaron la división en muchas provincias y distritos en donde presentaron candidatos. La verdad es que todas las izquierdas perdieron. Que unos pierdan menos que otros no los convierte en ganadores. Esta estrategia alternativa de la derecha puede tener un éxito temporal porque coincide con la autocomplacencia de Patria Roja y de T y L con los magros resultados obtenidos (salvo el caso de Cajamarca cuya victoria es importante).

¿A la izquierda le hubiera ido mejor en las recientes elecciones si hubiera ido unificada?. Sin duda que sí, de acuerdo a las experiencias pasadas. Hubiera disputado con más posibilidades de éxito en todas las regiones y hubiera obtenido mejores resultados en Lima, si, además de la unidad, hubiera sido capaz de articular una amplia coalición de centro izquierda. Hubiera encausado la radicalidad de varias regiones por los canales y las reglas de juego de la democracia quitándoles oxígeno  a los anarquistas y a los filosenderistas.

¿Es posible la unidad?. Es difícil, pero no imposible si se define con claridad los términos de la enemistad política (el pueblo que no sabe quién es su enemigo es un pueblo sin destino), se privilegian los aspectos programáticos, se controlan las pequeñas ambiciones disfrazadas de ideología, se aceptan tendencias dentro de la izquierda y se cultiva la tolerancia entre las cercanas diferencias.

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                                               Sinesio López Jiménez

La desconexión política y electoral entre los partidos nacionales (sobre todo AP y PPC) y las regiones comienza el 2002, se acelera el 2006  (arrastrando al APRA), toca fondo el 2010 y chapucea en ese fondo en las elecciones recientes. Esta desconexión atraviesa a los partidos de derecha e izquierda, pero no a la derecha empresarial ni a la concentrada derecha mediática que son las únicas que despliegan una estrategia política nacional: desaparecer a la izquierda del escenario político. ¿Quién era la izquierda para la derecha? Obviamente Susana Villarán en Lima, Santos en Cajamarca y otros líderes de las regiones, especialmente las mineras.

Los partidos fragmentados de la izquierda, sin embargo, no se sintieron notificados por este desafío de la derecha y siguieron sometiéndose a la lógica de la desconexión entre lo nacional y lo regional. En el último intento por concretar el Frente Amplio a comienzos de este año, T y L y Patria Roja apostaron al juego local y regional en el supuesto que tenían algunos bastiones en los que podían ganar. El acuerdo (tácito) fue respaldar al candidato (regional o local) de izquierda que tuviera un previsible apoyo mayoritario de la población. Era lo máximo a lo que se podía llegar sin Frente Amplio. Eso es lo que ha sucedido en el caso de Cajamarca y de Moquegua.

El caso de Lima fue diferente. Todas las derechas (políticas, empresariales y mediáticas) se propusieron derrotar a Susana como representante de la izquierda y de las fuerzas progresistas. Ese era un consenso derechista, aunque cada uno tuviera su propio candidato. Sólo algunos partidos “puros” de la izquierda no la veían como una política de izquierda o suficientemente de izquierda y, por eso, no la respaldaron ni le dieron la franquicia electoral, obligándola a cobijarse en un vientre de alquiler. En vez de responder al desafío de la derecha con la unidad y con la formación de una vasta coalición de centro izquierda, los partidos fragmentados de la izquierda se suicidaron antes de entrar a la batalla, abandonaron a Susana y ahora quieren rehuir la responsabilidad de la derrota. A otro perro con ese hueso.

Es cierto que Susana ha tenido errores de gestión y de campaña que se resumen en el eslogan de “hace obras pero no roba”, contrapuesto al “hace obras pero roba” porque de lo que se trata es de saber para quien se hace las obras. Para los sectores mayoritarios de la población, especialmente para los más pobres, las obras de Castañeda llegaban más a sus intereses y necesidades que las obras de Villarán. Eso explica, en gran medida, su derrota. Si hubiera logrado empatar desde el comienzo con esos sectores sociales mayoritarios, otro sería el cantar. Es probable que en ese caso no hubiera pasado por las horcas caudinas de la revocatoria.

Pese a la derrota de Susana en Lima, la derecha empresarial y la derecha mediática piensan que  han fracasado en su estrategia de desbarrancar a la izquierda de la escena política y sostienen que las últimas elecciones tienen “un sabor a velorio”. Lo que más les duele es el triunfo de Santos en Cajamarca. Si de eso se trata, el velorio va a durar mucho tiempo.

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                                               Sinesio López Jiménez

No hay una sino varias políticas anticorrupción. Cada organismo de control tiene la suya que no es coordinada con las de los otros. Los organismos de control funcionan como compartimientos estancos y cada uno de ellos defiende celosamente su autonomía. Existe entre ellos tensiones y contradicciones que los corruptos aprovechan para hacer de las suyas. Es ilustrativa al respeto la pugna actual entre el Congreso y el Poder Judicial. Los corruptos tienen sus cortes superiores, sus fiscalías y sus juzgados favoritos que los investigan, los juzgan y los limpian de cualquier acusación de corrupción.

Los organismos de control institucional tampoco coordinan con las organizaciones de control social (la esfera pública y la sociedad civil) que generalmente vigilan a los aparatos del Estado y a sus funcionarios. Pese a que el control social no es vinculante (como el control institucional) sus acusaciones y denuncias públicas tienen una incidencia especial  gracias a lo que Habermas llama la fuerza política de la publicidad (entendida esta como el hecho de hacer públicas las denuncias). Esta es una vieja idea clásica (que se conserva hasta ahora) según la cual lo público corrige las fallas institucionales y nos hace mejores ciudadanos.

El control vertical que ejercen los ciudadanos en el momento de elegir a sus representantes y gobernantes no puede ser coordinado con los organismos de control institucional y social, pero un mejor funcionamiento de estos los ayuda a elegir mejor. La cultura política permisiva con la corrupción del 41% de los limeños tiene que ver con la corrupción de los gobernantes nacionales y locales y con el mal funcionamiento de los organismos de control que favorecen la impunidad y generan desmoralización pública.

¿Qué hacer?. Teniendo en cuenta que el establecimiento de una política anticorrupción es una tarea compleja, por ahora solo sugiero cuatro puntos que me parecen centrales. Primero, es necesario crear una autoridad autónoma del más alto nivel con poder suficiente y legítimo para que pueda coordinar obligatoriamente con todos los organismos de control institucional y social. Segundo, dado el alto nivel de corrupción, de impunidad y de permisividad social al que se ha llegado  en el Perú, es necesario diseñar políticas anticorrupción draconianas, pensando en una sociedad de canallas como dicen los especialistas en el diseño institucional.

Las principales medidas draconianas pueden ser las siguientes: No hay prescripción para los delitos de corrupción, prisión efectiva y embargo de todos los bienes del político corrupto,  inhabilitación permanente para todo cargo público (muerte civil). Tercero, establecer legalmente la coordinación obligatoria de los organismos de control institucional en todo lo que se refiere a las políticas de corrupción respetando la especialización de cada una de ellas. Cuarto, buscar un acuerdo de la autoridad anticorrupción, de los organismos de control institucional con los medios y con las principales organizaciones de la sociedad civil para impulsar una política común de lucha implacable contra la corrupción. Esta coordinación podría ser muy efectiva.

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Sinesio López Jiménez

Volverán las obras y los robos también. Desde siempre, pero sobre todo desde Odría en adelante, las obras y los robos estuvieron estrechamente asociados. Hechos y no palabras era la consigna de Odría. La política pública, basada en obras, hace que varios ganen. Se benefician los empresarios que ganan las licitaciones (muchos de ellos honestamente), ganan los sectores sociales a los que benefician supuestamente las obras y ganan sobre todo los políticos corruptos. Estos se benefician por partida doble: ganan legitimidad por desempeño (apoyo de los ciudadanos) y ganan plata mal habida. Eso explica, en gran medida, que ellos clamen solo por obras y más obras.

Para que la obra beneficie a los grupos señalados, la política pública tiene que privilegiar  las obras basadas en el cemento (pistas, carreteras, edificios públicos, viviendas, etc). La mejora de la calidad de algunos bienes públicos (educación, salud, justicia, etc) no cuenta o cuenta poco. Las pistas del conocimiento, por ejemplo, no cuentan. Las obras  de cemento favorecen a ciertos sectores empresariales (empresas dedicadas a la construcción), a algunos sectores sociales populares (con empleo e ingresos) y a la gran masa de informales con el probable uso de la obra.  Eso explica que los sectores pobres y más pobres  apoyen más al binomio de obras y robos.

Estos sectores viven una situación de enorme precariedad que reduce el horizonte de su vida a la sobrevivencia y  relativiza fuertemente  los valores éticos. Si el objetivo de la vida es sobrevivir, casi todo vale. Por eso, la permisividad con la corrupción es mayor en estos sectores sociales. Los políticos corruptos encuentran en ellos un terreno abonado para operar a sus anchas. Pero la cultura política permisiva no sólo tiene que ver con factores sociológicos y políticos. Ella se consolida con la falla de las instituciones de control. El control horizontal (el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, etc) no funciona porque ha sido invadido también por la corrupción.

El control social se ha debilitado porque la sociedad civil y la esfera pública (tradicionalmente vinculadas al control y a la fiscalización de los poderes públicos) han decaído y, lo que es peor, algunos medios se muestran también permisivos con la corrupción. El control vertical de los ciudadanos está a punto de ser neutralizado por la corrupción. Que el 41 o el 49% de los limeños apoye explícitamente a los candidatos que roban pero hacen obra, significa que la reserva moral de los ciudadanos está a punto de ser derrotada por la corrupción. Por lo general, el control ciudadano ha funcionado más o menos bien. Salvo los casos del odriismo y del fujimorismo, los políticos corruptos y sus partidos han sido reducidos a la mínima expresión cuando han buscado la reelección.

La falla de las instituciones de control trae consigo la impunidad de los políticos corruptos y la desmoralización pública. Ella los envalentona y los hace cínicos. Por eso suelen decir que ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial, ni cualquier otro organismo de control los acusa de nada. Y siguen con sus fechorías. Lo primero que buscan los políticos corruptos es que las instituciones de control (sobre todo la Fiscalía y el Poder Judicial) los limpien de cualquier acusación de corrupción. Para eso necesitan controlarlas. Eso es precisamente lo que pasa en el Perú. ¿Qué hacer?. Volveremos sobre el tema.

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Sinesio López Jiménez

La derecha peruana no se hace problemas en definir la política como una relación intensa entre amigos y enemigos con todo lo que eso implica: el combate a muerte y la desaparición del enemigo. Ella sabe con seguridad quien es el enemigo al que tiene que derrotar y aniquilar: la izquierda. Para ella el Perú sería un paraíso si no existiera la izquierda que la cuestione, la enfrente y la combata. Quiere engordar y hacer la siesta tranquila. La misma apuesta hizo el 2011, pero perdió en la cancha electoral.

¿Y quien es la izquierda para la derecha peruana?. Susana Villarán en Lima, Gregorio Santos en Cajamarca y todos los candidatos a los gobiernos regionales y locales que expresan y representan el descontento y la protesta de vastos sectores sociales con el establisment. El ensañamiento derechista con Susana Villarán sale de los marcos de toda política democrática. Al día siguiente de haber sido elegida, la derecha ya la estaba calificando de incapaz y pidiendo su revocatoria. Los insultos, las calumnias y las difamaciones eran el menú de todos los días de la prensa derechista.

Gracias al activismo de las mafias de todo tipo, la derecha logró imponer la revocatoria, pero fue derrotada nuevamente en la cancha electoral. Susana logró organizar una vasta coalición antirevocatoria y triunfó, pero el costo fue muy alto: perdió sus mejores cuadros en la batalla electoral  y el gobierno y la gestión municipal quedaron muy debilitados. En las elecciones de Noviembre del año pasado, los bellacos revocadores (como los llamó Bedoya) no se presentaron y la coalición antirevocatoria se fragmentó, obteniendo los mejores resultados el PPC y Somos Perú.

Ahora los revocadores y sus mafias se han envalentonado y, aunque también se han fragmentado, parecen reinar casi solas en la cancha si nos guiamos por lo que dicen las encuestas. El objetivo de la derecha es desaparecer a Susana Villarán del escenario y convertir la lucha electoral en una pichanguita de los candidatos de derecha. García, el más político de todos los revocadores, no parece estar convencido de este juego y quiere más bien poner todos los huevos en la canasta de Luis Castañeda, sacrificando a su propio candidato.

A diferencia de la derecha, las izquierdas fragmentadas no saben quién es su enemigo. No saben a quién enfrentar en este proceso electoral. Algunos despistados disparan incluso contra Susana y contra el centro acusado de corrupción. Han perdido la brújula política que les ayudó a enfrentar con éxito la revocatoria. Esa brújula les señalaba que los enemigos a combatir eran los revocadores derechistas y sus mafias y para ello era necesario organizar la unidad de las izquierdas (el Frente Amplio) y una vasta coalición de centro-izquierda que les garantice el éxito.

En combate con la derecha que quiere eliminarlas, las izquierdas tienen que reivindicar su derecho a existir, a representar a los sectores contestatarios y a gobernar. Tienen 15  días para recuperar la brújula, entrar al combate contra la derecha y sus mafias y respaldar a Susana (pese a sus errores) y a todos los candidatos de izquierda en las diversas regiones del país. No todo está dicho: Ni las encuestas son la biblia en una situación de alta volatilidad política ni la prensa concentrada y sus candidatos son imbatibles.

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Sinesio López Jiménez

Los neoliberales vienen manejando el Estado  hace más de dos décadas. Ellos son, por consiguiente, responsables del Estado que actualmente tenemos. Sería más que un despropósito afirmar que el deficiente Estado actual es obra del primer gobierno de García o de Velasco. ¿Qué Estado han construido los neoliberales en estos casi 25 años de captura?.  Un estado débil (incapaz de ejercer su autoridad sobre toda la población en todo el territorio), antidemocrático (con poca capacidad para desplegar políticas públicas iguales para todos e impartir una justicia igual para todos), hemipléjico (los aparatos económicos al servicio del capital funcionan más o menos bien, pero los aparatos sociales al servicio de los  ciudadanos funcionan pésimo), ineficiente (el grueso de la burocracia civil y militar no se basa en el mérito sino en la clientela).

¿Era posible organizar en estos 25 años un Estado que maneje con eficiencia y calidad los bienes públicos (educación, salud, seguridad, justicia, agua, etc) para todos los ciudadanos sin discriminación?. Mi respuesta es positiva, pero eso hubiera requerido que los gobernantes y las élites económicas y políticas (que manejan el gobierno y el Estado)  revaloricen los bienes públicos, entreguen más recursos a los ministerios sociales encargados de administrarlos, inviertan más en infraestructuras de calidad, paguen mejor a los cuadros profesionales que los administran (como lo hace con los cuadros de los aparatos económicos), impulsen la meritocracia también en esos sectores, etc.

¿Por qué no lo han hecho?. Mi hipótesis es que los gobiernos y las élites neoliberales (que han capturado el Estado desde 1990 en adelante) aplican una estrategia deliberadamente perversa de devaluación de los bienes públicos que administra el Estado,  manejan a pan y agua a los ministerios sociales (García, por ejemplo, bajó los gastos en educación de 3.2% del PBI a 2.8% en su segundo gobierno), los acusan de ineficientes y justifican de ese modo su entrega a los negocios privados. Todo eso requiere, desde luego, que el Estado tenga más recursos y que pase del 15% o 16% de presión tributaria siquiera a 20% que es la media de América Latina.

Todas las decisiones y las políticas que impulsan la devaluación de los bienes públicos que administra el Estado y su entrega a los negocios privados se toman en el MEF, el buque insignia de la captura estatal. Allí se toman las decisiones a favor del capital y en contra de los ciudadanos de a pie. Allí operan los lobbies a sus anchas. Los llamados cornejoleaks constituyen solo una pequeña muestra de una modalidad de operación de los negocios privados en el corazón del Estado. Hay, sin duda, otras más secretas, más eficaces y de mayor envergadura y que solo conocen los interesados y los sabuesos de la investigación. Que no salgan a la luz pública no significa que no existan.

No es fácil el tránsito de bien público a negocio privado. La dificultad es sobre todo política: la resistencia y el rechazo de los ciudadanos por los perjuicios que les ocasionan. Por eso la privatización comienza tímidamente con las alianzas público-privadas (APP) en las que el Estado define la cobertura social del servicio público, mantiene su financiamiento, pero la ejecución es entregada a las empresas privadas.

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                                               Sinesio López Jiménez

La apropiación de los bienes públicos para convertirlos en negocios privados tiene una vieja historia conflictiva que se inicia con la difusión del capital comercial dentro de las ciudades república (que defendían el bien común y la virtud cívica) en Europa desde el siglo XIV en adelante. Maquiavelo, el más insigne republicano de todos los tiempos,  le dio un estatuto teórico a este conflicto abriéndose otro frente con la historia del comercio (protoliberalismo), además de los que ya tenía (la historia de la Providencia  y la historia clásica de la Fortuna) para afirmar una historia hecha por los hombres a través de la política. Pese a que Maquiavelo fue derrotado en la larga coyuntura del Renacimiento, el republicanismo cívico obtuvo algunos triunfos hasta la conquista de la independencia norteamericana.

Es cierto, sin embargo, que autores posteriores (Harrington y Montesquieu) demostraron, desde una perspectiva pluralista, que el comercio y la república eran compatibles y que existieron de hecho varias republicas comerciales a  lo largo de la historia. Eso explica quizá que ellos, especialmente Montesquieu, hayan sido vistos como adalides de un mundo que no es un universo sino un pluriverso en el que caben diversas apuestas culturales, económicas y políticas. La republica peruana, instalada con la independencia en el siglo XIX, no tuvo la capacidad para crear una nutrida red de bienes públicos porque el Estado era débil y casi inexistente y la sociedad señorial estaba desestructurada y fragmentada. Sólo desde comienzos del siglo XX, el civilismo impulsó agresivamente la educación como un bien público con la finalidad  de homogeneizar al país y de integrar a la población andina. Sus alcances, sin embargo, fueron limitados manteniéndose victorioso el analfabetismo hasta los 50 del siglo pasado.

En los años 30 los partidos populistas y de izquierda impulsaron la formación de un Estado fuerte y capaz de desarrollar una serie de bienes públicos (educación, salud, seguridad, justicia y otros) para integrar a todos peruanos frente a las políticas excluyentes de las élites oligárquicas. Algo se avanzó en particular en el campo educativo hasta los 60 del siglo pasado. Hasta esa década se tuvo una educación pública de calidad. Los mejores cuadros intelectuales y profesionales del país estudiaron en colegios públicos y en la UNMSM.

Luego vino la debacle. La educación pública llegó casi a todos en los niveles básicos y se masificó la educación universitaria, pero  el Estado no les dio los recursos necesarios para su desarrollo de calidad y las abandonó. Apoyó más bien a las universidades asociativas sin fines de lucro, algunas de las cuales han alcanzado excelentes resultados, pero se institucionalizó una especie de discriminación social en el campo educativo: Los hijos de las clases medias y altas estudiaron en las universidades asociativas mientras los pobres y los cholos siguieron en la educación pública devaluada y de baja calidad.

La hiperinflación y el mal manejo de las políticas públicas en el desastroso primer gobierno de García destruyeron la economía, el tejido social y el Estado y, lo que es peor, abrieron las puertas al ciclo privado y privatista que estamos viviendo. Desde entonces las élites neoliberales han capturado el Estado y despliegan agresivas políticas para transformar los bienes públicos en negocios privados.

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Sinesio López Jiménez

Obtenido el voto de confianza, el gobierno de Humala paradójicamente sale más débil y las oposiciones parlamentarias salen más fortalecidas. Los ministros, especialmente los más cuestionados, van a ser seguramente interpelados y censurados. Los proyectos de ley que remita el Ejecutivo al Congreso van a ser demorados cuando no desatendidos. Los vetos débiles del presidente van a ser desoídos. Añadido a todo esto,  un alto nivel de desaprobación ciudadana del Presidente acentúa la debilidad del gobierno. Un gobierno débil se vuelve lento y pesado no sólo en las decisiones de la cúpula sino también en los aparatos administrativos.

El gobierno de Humala ha ido de tumbo en tumbo y de concesión en concesión a las derechas desde sus inicios hasta perder su identidad y el rumbo. Con presiones, amenazas y periodicazos, los poderes fácticos y los medios de derecha han conducido al gobierno por donde  han querido. Pese a que el gobierno les ha dado todas las gollerías y ventajas, ellos se han mostrado insaciables y han exigido y exigen más

La falla del gobierno de Humala es no sólo haberse sometido dócilmente a la voracidad de las derechas económicas, políticas y mediáticas sino también el mal manejo de los recursos del poder que dispone. Para aludir sólo a los últimos tropiezos que lo han llevado a perder la mayoría parlamentaria, son evidentes los errores cometidos por la pareja presidencial: imposición de la Presidenta del Congreso, pese a los altos costos políticos que eso implicaba; mal manejo de las tensiones de  Gana Perú por parte de la pareja presidencial que acabó en un nuevo fraccionamiento del nacionalismo; mantención terca de ministros fundadamente cuestionados y de propuesta rechazadas por la mayoría de los ciudadanos (las AFP para los independientes).

La imposición del paquetazo para recuperar la confianza de los empresarios al costo de perder la confianza de los ciudadanos y las tímidas y tardías medidas para reactivar la economía desde la demanda han contribuido también a la debilidad del gobierno. Grandes concesiones a las presiones de las derechas, graves errores evitables de la pareja presidencial en el manejo de Gana Perú, de la coalición de gobierno y de la mayoría parlamentaria y la desaceleración económica han producido un gobierno débil puesto contra las cuerdas.

A todo esto hay que añadir los problemas que se derivan de un deficiente diseño institucional que agravan la debilidad del gobierno. La incrustación de  reglas de juego del semipresidencialismo (voto de confianza al gabinete designado por el Presidente de la República y capacidad presidencial para disolver al Congreso y convocar a nuevas elecciones legislativas si este no lo aprueba por dos veces consecutivas) en el presidencialismo enturbia las relaciones entre los poderes del Estado y dificulta la gobernabilidad. A diferencia del presidencialismo norteamericano, el veto del Ejecutivo no es suspensivo (efectivo) sino débil. Si el Congreso insiste, el veto presidencial se diluye.

Lo más grave de todo este zanfarrancho, es que un gobierno débil, puesto contra las cuerdas, puede hacer cualquier cosa  para salir de ellas.

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