Sinesio López Jiménez

Ante el mayoritario rechazo ciudadano de la duplicación de los sueldos de los ministros y de la alta burocracia, los promotores de la medida (Villanueva y Castilla) la han presentado como parte fundamental de la reforma del Estado. El sustancioso autoaumento de sueldos coloca al Perú en el tercer país que paga mejor a su alta burocracia, después de Chile y Brasil y en el primer país que tiene la distancia mayor entre los sueldos de alta burocracia y el salario mínimo (40 veces). Esta brecha escandalosa puede ser un indicador, entre otros, de la distancia  entre el Estado y la sociedad en el Perú.

La decisión de Castilla puede tener diversas lecturas. ¿Ella busca tener una alta burocracia competitiva con la élite privada o más bien quiere tender literalmente un puente de plata entre una y otra?. ¿Pretende tener una tecnocracia autónoma frente a los intereses privados? ¿Pretende romper con la captura del Estado por los poderes fácticos o solo hacer más eficiente esa captura? ¿Busca que los altos burócratas dejen de ser los fieles servidores de los poderes fácticos que trabajan en el Estado y que se dediquen más bien a gobernar para todos los ciudadanos? Estas son algunas de las preguntas que los promotores del aumentazo deben responder para justificarlo, si es que tiene alguna justificación.

Si se tiene en cuenta la trayectoria de las élites políticas y de la alta burocracia en las dos últimas décadas, las posibles respuestas a estas preguntas no alimentan para nada el optimismo de contar con un mejor Estado en el Perú. La actual tecnocracia peruana no es una élite estatal de primera, capaz de competir de igual a igual con la élite privada y de defender la autonomía del Estado frente a los intereses privados nacionales y extranjeros. Ella no encarna el espíritu público ni defiende el interés general y el bien común de los peruanos. Se pueden encontrar, sin embargo, situaciones en que se producen tensiones entre el interés privado y el interés general, pero ellas no proceden de las políticas de la burocracia sino de las presiones ciudadanas y del escrutinio público.

Desde 1990 en adelante los ministros de Economía y Finanzas –hay que repetirlo hasta la saciedad- no provienen de los partidos que triunfaron en las elecciones sino de los organismos financieros internacionales y de la banca. El actual titular del MEF y el presidente del BCR fueron puestos donde están por presión de la CONFIEP y de los medios de derecha. Castilla se las ha ingeniado después de cada crisis de los gabinetes para sumar poco hasta llegar a contar con la mayoría de ministros y viceministros de la argolla neoliberal. ¿Será el aumentazo la varita mágica que transforme a los ministros y a la alta tecnocracia de leales servidores de los intereses privados en una burocracia weberiana, objetiva, impersonal y eficiente?

La alta tecnocracia peruana puede tener los mismos sueldos de las tecnocracias chilena y brasileña, pero no tienen la misma calidad.  Brasil tiene, por ejemplo, una élite estatal casi en la misma línea que las élites estatales de los tigres asiáticos. La peculiaridad brasileña es que, si bien ella no ha logrado que todos los aparatos del Estado tengan un alto nivel de eficiencia, ha construido vigorosas islas de modernidad que les permite responder a los desafíos de la globalización (Competencia en el mercado globalizado, democracia y búsqueda de la igualdad)  con eficacia.