Sinesio López Jiménez
Los gobernantes que ganan el gobierno con un programa de cambio, pero gobiernan con un programa neoliberal tienden generalmente a prostituir el lenguaje político. A las políticas asistencialistas y clientelistas las llaman inclusión, a los pequeños ajustes en la administración de los tributos los llaman reforma tributaria, a los intentos de hacer pequeños cambios en la burocracia y en la administración pública los llaman reforma del Estado, a la gran continuidad la llaman gran transformación.
El estado es una macro-estructura compleja de relaciones sociales (coaliciones sociales y políticas que permiten su autonomía o su captura) e instituciones de dominación (el monopolio de la violencia, el sistema legal, la burocracia, el gobierno, la distribución del poder en el territorio, la capacidad impositiva, un sistema político de referencia) que hace difícil (sino imposible) realizar de golpe una reforma total. Ni las revoluciones lo han hecho. Pero la complejidad estatal no debiera llevar a reducir los cambios del Estado a pequeños ajustes burocráticos.
Toda reforma estatal es un proceso y exige organizar ciertas relaciones de fuerza y ciertos arreglos institucionales que la hagan posible. Humala y su pequeño entorno no quisieron construir esas correlaciones y esos arreglos por inexperiencia, pragmatismo, temor, interés y quizás por corrupción. En ese contexto es posible entender la reducción de la Reforma del Estado a reforma de la burocracia para ponerla al servicio del Estado capturado, antidemocrático y hemipléjico (en el que sólo funcionan más o menos bien los aparatos económicos, pero en el que los aparatos sociales son un desastre).
La realización de la reforma del Estado exige impulsar, entre otras, tres reformas prioritarias, además de la reforma burocrática: la desprivatización, la democratización y la modernización integral del Estado. La desprivatización supone acabar con la captura del Estado por parte de los poderes fácticos para ponerlo al servicio del interés general (en el sentido liberal) y del bien común (en el sentido republicano). La desprivatización permite asimismo organizar un estado fuertemente autónomo (con respecto al sistema económico y a los poderes fácticos) en el que los desiguales sean considerados efectivamente iguales.
La democratización del Estado exige que todas las políticas públicas (económicas y sociales, en especial la educación y la salud) sean de calidad y lleguen a toda la población y a todo el territorio por igual. Ella supone también que la ley y la justicia sean iguales para toda la población en todo el territorio nacional. Todo eso implica extender el Estado a toda la sociedad y a todo el territorio. A un tercio de este no llega el estado y a otro tercio llega tarde y mal. La modernización integral del estado exige ir más allá de las islas económicas de modernidad para extender la calidad, la eficacia y la efectividad a los aparatos sociales que tienen que ver con los servicios (educación, salud, seguridad y justicia) a los ciudadanos.