Sinesio López Jiménez
El Perú no ha logrado hasta ahora establecer una relación equilibrada entre el Estado y los ciudadanos que permita y garantice la democracia. Estas relaciones han estado marcadas casi siempre por el desequilibrio que ha provenido principalmente de los cambios en el Estado. Los peruanos hemos tenido o poco Estado que no tenía capacidad para reconocer ni garantizar los derechos de los ciudadanos o mucho Estado que los aplastaba. Los ciudadanos han hecho lo suyo en la búsqueda de un equilibrio democrático con el Estado a través de sus demandas de derechos, de sus contestaciones, movilizaciones y negociaciones.
Los cambios en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos han producido diversos tipos de regímenes: democráticos, no democráticos, dictablandas, democraduras y otras especies. Los momentos democratizadores han surgido por lo general de las contestaciones ciudadanas mientras los momentos de desdemocratización (que son también momentos autoritarios) han provenido generalmente (no siempre) de las políticas del Estado. La iniciativa y la dinámica de los cambios estatal-ciudadanos varía. En algunos casos, ellas provienen del Estado (Velazco, Fujimori) y en otros de los ciudadanos (1955-1968, 1976-86; 2001 en adelante).
Aparte del Estado criollo del siglo XIX, que no era propiamente un Estado, en el Perú han existido tres formas de Estado que han tenido diversos tipos de relación con sus ciudadanos: El Estado oligárquico (1895-1968), el Estado velasquista (1968-90) y el estado neoliberal. El Estado oligárquico fue una estructura muy débil y fragmentada (no tuvo una autoridad centralizada), fue privatizado por los grandes propietarios de la tierra (oligarquía y gamonalismo) que controlaron sus aparatos principales, no tuvo el monopolio de la violencia, sus relaciones con los ciudadanos fueron indirectas (mediadas por los terratenientes), sus aparatos coercitivos tuvieron preeminencia sobre sus aparatos hegemónicos, su capacidad impositiva fue mínima y fue incapaz de establecer políticas públicas universales.
El Estado oligárquico fue la forma política de la economía agro-minero-exportadora (que coexistía con el gamonalismo y amplios sectores económicos tradicionales) y desplegó, por eso, una política económica ortodoxa (liberal). Con respeto a los ciudadanos fue excluyente, paternalista, represivo y cooptativo. Fue incapaz de reconocer los derechos ciudadanos y de garantizarlos. Las cosas comenzaron a cambiar con la formación del Apra (sobre todo) y del PC en los 30 y aceleraron el paso después de los 50 con movimientos de clases medias, grandes movimientos campesinos, con las luchas de los pobladores urbanos y con el movimiento obrero. Se produjo entonces un ciclo político de movilización y contestación-represión- negociación que favoreció la democratización y un ensanchamiento de los derechos ciudadanos que, sin embargo, seguían siendo limitados.
El velasquismo fortaleció el Estado echándose abajo a todos los poderes (la oligarquía, el gamonalismo, las empresas extranjeras, los medios) que lo habían capturado y que impedían el desarrollo de sus capacidades estatales, centralizó la autoridad, estableció relaciones directas con los ciudadanos, culminó la monopolización de la violencia (que comenzó en el oncenio de Leguía), impulsó un reforma de la burocracia estatal, liberó a la servidumbre rural, desplegó políticas de reconocimiento de la diversidad cultural, integró a los ciudadanos en forma corporativa, incrementó la presión tributaria y estableció políticas públicas universales que, sin embargo, no llegaron a toda la sociedad y al territorio.
El Estado Velasquista impulsó el proceso de industrialización y de desarrollo del mercado interno, pero fracasó porque la burguesía era muy débil y porque faltaron capitales para financiarlo debido, entre otras cosas, a que no existió en los 70 una vigorosa demanda internacional de materias primas. Como dictadura corporativa inclusiva, su relación con los ciudadanos fue contradictoria. Por un lado, limitó los derechos políticos de los ciudadanos pero, por otra, ensanchó parcialmente los derechos civiles y otorgó un reconocimiento amplio a los derechos sociales de los trabajadores. La situación cambió gracias a los masivos movimientos ciudadanos entre 1976 y 1986 que iniciaron un nuevo ciclo democratizador de contestación-represión-negociación dando lugar a la democracia a partir de 1980 y ensanchando los derechos de los ciudadanos, aunque el Estado no podía garantizarlos.
La aparición del terrorismo en los 80 neutralizó el ciclo democratizador, debilitó al Estado, generó el caos y la ingobernabilidad y sentó las bases del Estado autoritario de los 90.