Sinesio López Jiménez
Desde la perspectiva republicana el voto es un deber. La ciudadanía activa forma parte de la virtud cívica que todos los ciudadanos deben cultivar. Desde la perspectiva liberal el voto es un derecho que los ciudadanos pueden ejercer libremente. El establecimiento del voto voluntario significa el tránsito de la concepción republicana a la liberal. Eso en la teoría. En la política concreta el voto voluntario eleva la participación de los que tienen más ingresos y más educación y disminuye la de los pobres y muy pobres. Elimina en la práctica el sufragio universal. En el Perú actual eso tiene un profundo sentido político conservador y hasta reaccionario. Se quiere sacar del juego electoral a los ciudadanos (llamados electarado por la caverna obtusa y racista) que votaron contra el modelo neoliberal en el año 2006. El voto voluntario cura el pánico que se instaló en los predios de García y de los poderes fácticos desde entonces.
No se trata, pues, de mejorar la calidad de la democracia como sostienen los defensores más cínicos (y algunos ingenuos) del voto voluntario. Todas las democracias modernas tienen dos dimensiones: la liberalización y la democratización (o inclusión o participación). A través de la primera los ciudadanos, organizados en alternativas diversas, discuten, deliberan y compiten por el acceso al poder del Estado. A través de las segunda, los ciudadanos, procedentes de las diversas clases sociales, razas, etnias y religiones, participan políticamente (votan, se movilizan, apoyan, protestan), deciden y designan a los gobernantes que acceden a los puestos de mando del Estado (el gobierno). Ambas definen la democracia electoral. Pero la democracia supone, además, valores, normas, reglas de juego y estructuras de autoridad que definen un gobierno democrático. Este más la democracia electoral es lo que se denomina régimen democrático. Pero la democracia va más allá del régimen político pues supone también gobernar para todos a través de la efectividad de la ley (justicia para todos) y de las políticas públicas eficaces (trabajo e ingresos dignos, salud, educación y seguridad de calidad para todos).
En el Perú existe, mal que bien, la democracia electoral. Existe a media caña el gobierno y el régimen democráticos. En cambio, la democracia como gobierno para todos existe sólo en las pasadillas de García y de sus aliados. La liberalización y la democratización evolucionan en forma separada y entran frecuentemente en tensión. Muchos estados se abrieron a las libertades, pero bloquearon la participación (Inglaterra en el siglo XVIII, Perú entre 1900 y 1919). Los partidos y movimientos populistas de AL lucharon por abrir los estados oligárquicos, no a las libertades, sino a la participación política. Sólo las revoluciones (Francia, USA, Inglaterra) juntaron simultáneamente las dos dimensiones.
Siendo importante la liberalización, la democratización es, sin embargo, más radical. Ella supone un cambio en la relación de fuerza entre las clases sociales a medida que caen las barreras que limitan la participación de los sectores excluidos: la propiedad, el género, la edad, el analfabetismo. Eso explica la resistencia de los señores feudales en Europa y de las oligarquías y del gamonalismo en AL a la participación electoral de las clases populares. Sus avances en el Perú hasta 1960 no obedecieron a movimientos sufragistas o a un cambio en las reglas de juego sino al desarrollo del alfabetismo y de la educación y a la presión de las clases medias y de los partidos reformistas. Aquí hemos tenido sufragio universal, sin embargo, sólo después de la reforma agraria radical de la dictadura de Velazco que eliminó las relaciones de servidumbre en el campo. En la mayoría de los países de AL el voto es obligatorio (salvo Colombia, Nicaragua y Venezuela). Predomina la concepción republicana sobre la liberal.