Sinesio López Jiménez
Todos hablan de ella y se escandalizan con ella, pero no la entienden de la misma manera. La corrupción no tiene un sentido unívoco para los peruanos, de acuerdo a una encuesta que la INFOPUCP realizó hace algunos meses atrás. Para los estratos populares, pobres y muy pobres la corrupción significa robo (de bienes públicos y privados), asalto (independientemente de quien lo realice) e incumplimiento de promesas por parte de los políticos. Por eso no debe sorprender que la mayoría de estos sectores crea que Fujimori es menos corrupto que García y que Toledo. Para los estratos medios y altos, en cambio, la corrupción es la apropiación privada de los bienes públicos por parte de los funcionarios del Estado. Es probable que el sentido de la corrupción dependa de los tipos de cultura política de los ciudadanos. Los que comparten una cultura patrimonial (que favorece la apropiación privada de lo público apelando a un derecho como ganar las elecciones, por ejemplo) asumen el primer sentido de la corrupción y son más permisivos con ella. Ellos no diferencian con claridad lo público de lo privado como, en su mayoría, sí lo hacen los estratos medios y altos. Las subculturas que conviven con la mayoritaria cultura patrimonial son aquellas que los politólogos Almond y Verba en su clásico libro Civic Culture llaman la cultura parroquial (que se expresa en el dicho muy común: “la política es sucia, yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo”) y la cultura súbdito (que puede resumirse con la siguiente expresión: “confío plenamente en la autoridad que toma decisiones que me favorecen”). A estas sub-culturas hay que añadir la sub-cultura pragmática que ha llegado, a mi parecer, a ser predominante en América Latina y que se resume con la conocida expresión: “Con tal que haga obra, no importa que robe”.

Los ciudadanos que comparten una cultura cívica (que diferencia claramente lo público de lo privado y que, en los 60 del siglo pasado, habitaban predominante en USA y en Inglaterra según Almond y Verba) asumen el segundo sentido de la corrupción. Esta cultura procede del republicanismo cívico que no echó profundas raíces en el Perú ni en AL. La virtud cívica, que es el corazón del republicanismo (los otros dos componentes son la comunidad política pequeña y unánime y el gobierno representativo) es el mejor antídoto contra la corrupción pues ella implica defensa del bien común, sacrificio de los intereses grupales y particulares, ciudadanía activa, moderación y austeridad y ciudadanía armada. La virtud cívica entra en crisis cuando aparece pujante el comercio que buscaba organizar la historia de otra manera. Por eso Maquiavelo se enfrentó a él. Posteriormente otros autores articularon virtud y comercio (Harrington en Inglaterra), o aceptaron su coexistencia en nombre del pluralismo (Montesquieu). Las ciudades-república italianas entraron en crisis cuando aparecieron las facciones de comerciantes ricos que ponían en cuestión el bien común y que elegían a los signori como sus representantes rompiendo la unidad de las mismas. El desafío que los norteamericanos tuvieron que resolver en 1787, después de la independencia y de la guerra con Inglaterra, era como organizar la coexistencia del bien común de la república con los intereses particulares de las facciones, productos de la modernización y de la libertad de expresión. En Pensylvania se desarrolló entonces uno de los debates más interesantes entre un banquero republicano y un artesano liberal. El primero reclamaba el voto de los ciudadanos en nombre del bien común que él defendía, mientras el segundo sostenía que el banquero no defendía el bien común sino el de los banqueros de la misma manera que él (el artesano) defendía el de los artesanos y añadía el argumento liberal de que era legítimo que ambos defendieran sus propios intereses en el campo de la política. Los federalistas (Hamilton, Madison, Jay) se las ingeniaron, a través de imaginativos diseños institucionales, para hacer coexistir el republicanismo, el liberalismo y la democracia. Esta combinación resolvió, sin duda, los problemas que plantea la democracia en una sociedad extensa, muy poblada y compleja, pero desdibujó la idea de bien común. En su lugar, emergió la idea de interés general que tiene una matriz liberal. El interés general es la suma de los intereses particulares e individuales. El bien común de raíz republicana, en cambio, pertenece a la comunidad y los ciudadanos lo comparten en la medida que pertenecen a ella. En el Perú, la tradición liberal es más fuerte que la republicana, de acuerdo a una encuesta que realizó la UNI para la BNP en el 2005. Es cierto que lo que podemos llamar liberales puros (que demandan mercado y libertades individuales) sólo llegan al 7.9%, pero los que tienen algún componente liberal alcanzan cifras mayores: Los comunitaristas-liberales (que demandan comunidad y al mismo tiempo mercado y libertades individuales) son el 10.6% y los estatistas-liberales (que demandan un estado distributivo, mercado y libertades) son el 46.4%. El resto (38.2%) son estatistas-comunitaristas que demandan un estado distributivo y la vigencia de la comunidad de todos los peruanos. Se requiere una investigación más fina que permita distinguir en el comunitarismo el patrimonialismo conservador del elemento republicano.