El azar existe en la historia y en la política, pero me parece que todo el enredo del “caso Pandolfi” es una maniobra consciente y calculadamente planificada por García, el Presidente de la República, con el expreso objetivo de debilitar al Primer Ministro, a quien, en público, le dice, sin embargo, te necesito y el país te necesita, y de redefinir las coaliciones políticas en las que se sustenta su gobierno. Mi hipótesis es que el gobierno de García se parece cada vez más al de Fujimori y que puede llegar a ser un fujimorismo sin Fujimori. He aquí algunos elementos para comparar similitudes y acercamientos: un presidencialismo exacerbado, retórico y autoritario, la voluntad de manejar gabinetes sumisos, la organización de un gobierno de los ricos con el apoyo de los pobres (la aspiración más acariciada de García), el asomo de un manejo perverso de los medios (un ministro que despotrica de la prensa democrática y financia a la corrupta), un desprecio por las instituciones, la sociedad civil (a la que García pretende controlar) y los partidos, la apelación a la austeridad como coartada (el problema no es que los ricos no paguen los impuestos que deben pagar sino que los parlamentarios, los altos funcionarios y los alcaldes se la llevan toda), un manejo cínico de la política (la inclusión en el gobierno de personajes cuestionados y corruptos y la amenaza del secretario general del APRA a la oposición con cerrar el parlamento recurriendo a nunca usados mecanismos constitucionales del semipresidencialismo), la conformación de coaliciones políticas sin ningún criterio ético (desde la integración de la plancha presidencial hasta la constitución de la mayoría parlamentaria).

Lo que está pasando ahora tiene una pequeña historia que es necesario recordar. García pasó ajustadamente a la segunda vuelta, pero su representación parlamentaria, elegida en la primera vuelta, era una segunda minoría. El triunfo electoral en la segunda vuelta, le dio legitimidad para gobernar pero no subsanó la carencia de una mayoría parlamentaria que le diera gobernabilidad. Esta es una de las desventajas de las segundas vueltas mediante elecciones generales. Si la segunda vuelta se hubiera llevado a cabo en el Congreso como sucedía hasta 1962, García hubiera obtenido al mismo tiempo legitimidad y gobernabilidad y se hubiera visto obligado a formar, no alianzas vergonzantes e informales, sino una coalición formal y a la luz del día que sustentara su gobierno. La carencia de una mayoría parlamentaria obligó al gobierno aprista a organizar una coalición informal con la derecha decente de unidad nacional y con la corrupta del fujimorismo. La informalidad de la coalición no niega, sin embargo, que ésta exista y se exprese en las votaciones congresales sobre los asuntos importantes del gobierno y en la elaboración de las agendas públicas. La coalición se expresa también en la conformación del equipo de gobierno, especialmente del equipo económico, con el que, al parecer, se sienten identificados, en mayor o menor medida, los apristas, los de Unidad Nacional y los fujimoristas. Se expresa también en la aplicación de las políticas públicas, especialmente de las políticas económicas y sobre todo en las ridículas e irrelevantes acusaciones de corrupción al gobierno de Toledo para encubrir la gigantesca corrupción del gobierno de Fujimori. La informalidad de la coalición permite, sin embargo, a sus integrantes defender su autonomía y alegar que sus acuerdos expresados en el equipo de gobierno y en las políticas públicas son meras coincidencias.

Mutatis mutandis, esta nueva coalición tiene ciertos aires de familia con la de 1956 en el contenido y en la forma. Entonces la oligarquía conformó una alianza con el APRA. La oligarquía estaba al mando y el APRA, subordinada, a la inversa de lo que pasa ahora. Como ahora, la coalición era informal, pero tenía plena vigencia en las Cámaras legislativas y en la política en general. Cuando la oposición de entonces acusaba al APRA de traición, ésta alegaba que no había tal alianza porque no existía un acuerdo oleado y sacramentado al respecto. Esa coalición fue bautizada por la oposición como el gobierno de la convivencia, un nombre que pasó a la historia y que se prolongó, con pequeñas variantes, hasta 1968. Esa convivencia bloqueó todas las reformas reclamadas masivamente por las nuevas fuerzas sociales, pero permitió un pequeño y languideciente oasis democrático dentro del excluyente Estado Oligárquico de entonces.

La oligarquía pasada y sus voceros han sido reemplazados ahora por el capital extranjero y local y por sus representantes sociales y políticos, configurando una nueva convivencia que, sin duda, define el contenido de las políticas públicas del gobierno actual. Si los rasgos políticos que acercan cada vez más a García con el gobierno y el estilo fujimoristas se acentúan es probable que la alianza del APRA con los representantes del extraditable se consolide y que Unidad Nacional tome distancias de la misma. Me parece que esta reconfiguración de coaliciones políticas en el gobierno ya comenzó a producirse a partir del caso Pandolfi.